Podria ser…
Yo creo que se viene un gran momento de despegue del mercado accionario argentino. No tanto porque la economía se vaya a recuperar, sino porque el gobierno esta implementando algunos cambios para facilitar/promover la inversion extranjera directa en acciones argentinas, especialmente las “small caps” o empresas de pequeña capitalización. Es mas timba que otra cosa, pero una timba que se avisora muy rentable para aprovechar en la primera mitad de 2017.
Ademas hay que tener en cuenta que otras alternativas de inversion se irán pinchando. Los bonos tanto en pesos como en dolares parecen estar ya demasiado caros, con poca posibilidad de ganancia por ahi, un poco que ya paso el tren. En el caso del dolar, el panorama para 2017 es que suba bastante por debajo de la inflación, así que a pesar de estar barato no sería buena alternativa. Los plazo fijos, a las tasas actuales, tampoco se gana mucho salvo en caso de poner la guita a un año, y de esa manera escapar a la baja de tasas que habría en 2017. Renovandolo cada un mes, se nulifica esa ganancia.
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Gracias… ahora te pregunto sobre las small caps, traducido a la accion, que son, nombres, formas de acceder, plazos de rentabilidad, tenes idea?
Apuesta por small caps
Desde el primer trimestre del 2014 hasta hoy, las small caps (las que están fuera del panel general, como Grimoldi, Agrometal, Longvie, Juan Minetti) subieron ocho veces su precio medido en dólares. “Es más probable que las small caps tripliquen el valor antes de que los bancos suban 30%. Pasará lo mismo que en Brasil, como cuando se abrió el mercado con participación de los hedge funds a través de los ETF, que figura en la reforma de la ley de mercado de capitales”, sostienen encumbrados analistas de la City, que estiman que un ETF de small caps del Merval saldrán a cotizar en la Bolsa de Wall Street.
En efecto, en los últimos 20 días fue más fácil vender diez papeles chicos antes que la acción de YPF, lo que marca que el comprador no es Doña Rosa, sino fondos de inversión del exterior.
¿Por qué el Merval se va perfilando como un mercado apetecible y con gran expectativa? La recategorización a emergente, que seguramente obtenga en el primer cuatrimestre de 2017; el muy probable ingreso a la OCDE; y la reforma de la ley, que anulará los artículos 19 y 20. Además, el BYMA permitirán aumentar sustancialmente los volumenes negociados en acciones, lo que traerá aparejado que nuevas empresas se listen. “Veo también que puedan listarse en el mercado doméstico empresas argentinas que hoy cotizan exclusivamente en Nueva York, como Merado Libre y Globant. A la par veo crecer los volúmenes negociados en los distintos bonos, tanto en pesos como en dólares. Estos son los fundamentals que hoy justifican la revalorización de la acción del Merval y permiten ver y decir que el mercado local está pegando un giro copernicano”, advierte un ex presidente de la Bolsa.]
Aca esta el tema de porque pueden despegar las small caps. Para acceder, generalmente estas acciones las podes comprar teniendo cuenta abierta en alguna sociedad de bolsa, como esta https://www.bullmarketbrokers.com/ A traves de estas sociedades, se puede operar por internet en forma minorista en el mercado e invertir en la mayoria de los papeles, hasta los mas pequeños. Obviamente, te cobran comision por las operaciones. Pero las posibilidades de ganancia son grandes: por ejemplo Agrometal es un caso de suba impresionante en un año. http://www.ravaonline.com/v2/empresas/perfil.php?e=AGRO
En noviembre de 2015 valía alrededor de 5 pesos, y hoy vale 25
No entiendo muy bien por qué la FED en 2004-2006 sube los tipos, sabiendo que hasta personas de bajos ingresos estaban comprando hipotecas y subir las tasas les haría imposible cumplir con las cuotas (perdiendo su casa)
Burbuja, el precio de las casas subia constantemente y pensaban que con eso iban a poder ir cubriendo las hipotecas.
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Pues precisamente por eso, para quedarse con sus casas.
Nota que ya tiene unos años, pero muy interesante.
El mito del libre mercado: siempre hay regulación, de lo que se trata es de saber a quién beneficia
El reconocido economista norteamericano Dean Baker destruye analíticamente los mitos en boga sobre la relación entre mercados y regulación.
Por Dean Baker
El extraordinario colapso financiero de los últimos meses se ha venido describiendo como el testamento del fracaso de la desregulación. Y lo ocurrido es de hecho el testamento de un fracaso el fracaso de las políticas públicas. Culpar a la desregulación es un error.
En general, los debates políticos sobre la desregulación se han enfocado erróneamente hacia disputas sobre la extensión de la regulación, donde los conservadores se asume que prefieren menos regulación mientras los liberales prefieren más. Pero en realidad los conservadores no necesariamente quieren menos regulación, ni los liberales de izquierda quieren necesariamente más. Los conservadores apoyan regulaciones que hagan que la renta se quede en las clases altas, mientras que los liberales de izquierda apoyan la regulación que promueva la igualdad. “Menos” regulación no implica mayores desigualdades, ni es tampoco cierto lo contrario.
Encuadrar los debates en términos de más o menos regulación no es sólo impreciso; ello además sesga enormemente la discusión a favor de las posiciones conservadoras, cuando se caracteriza a una estructura muy intrusiva de, por ejemplo, reglas y patentes sobre derechos de reproducción, como si fuese el libre mercado. Durante las últimas dos décadas en el reino de las finanzas y los seguros, las llamadas a la desregulación han sido tapaderas para normas descaradamente pensadas para favorecer los intereses corporativos. Y los últimos cambios en las leyes sobre bancarrota, aclamados por los conservadores, requieren mucho más presencia del gobierno en la economía.
Las proclamas ideológicas falsas han copado el debate público sobre la regulación y nos han cegado ante la gran variedad de opciones sobre las que en realidad podemos elegir. Sin esas proclamas, ¿qué sería lo que guiase la política regulatoria? ¿Qué tipo de alternativas tendríamos?
Las patentes y la protección de los derechos de reproducción son buenos ejemplos de políticas gubernamentales oscurecidas en este debate. Son mecanismos de regulación, no el “libre mercado”.
No importa que llamemos “propiedad” a las patentes o al copyright, ni siquiera que tengamos una cláusula en la Constitución que autorice al Congreso a garantizar patentes y copyrights. Imaginemos que se diese a los trabajadores de la industria automovilística un derecho de propiedad sobre su puesto de trabajo, un derecho que incluso pudiesen vender. ¿Diría nadie que ese derecho sobre un puesto de trabajo es parte del libre mercado?
Las patentes y los copyright son protecciones garantizadas por el gobierno y diseñadas para un propósito público específico, como señala la Constitución: “para promover el Progreso de la Ciencia y de las Artes útiles”. Pero garantizar derechos de propiedad intelectual es sólo uno de los muchos mecanismos para llevar a buen término ese importante bien público. Si las patentes o los copyright son o no la forma más efectiva de promover las artes y las ciencias es una cuestión empírica. Y la respuesta puede variar según las distintas circunstancias sociales y económicas.
Sin embargo, no podremos tener una discusión seria sobre los relativos méritos o desventajas de las patentes y los copyright hasta que no reconozcamos que se trata de políticas públicas y no de rasgos intrínsicos del mercado. Los debates tanto sobre las patentes como sobre los copyright se han visto enormemente distorsionados por el hecho de no ser capaces de reconocer esa obviedad.
En el caso de la protección a las patentes, las disputas suelen aparecer en relación a la prescripción de medicamentos. Si los medicamentos se vendieran en un libre mercado (es decir, sin la protección de las patentes), la inmensa mayoría de ellos se venderían por solo unos dólares. Wal-Mart y otras cadenas de grandes almacenes que venden medicamentos están ofreciendo genéricos por menos de 10 dólares por receta – sabemos que estos medicamentos pueden producirse de forma segura y venderse provechosamente a precios bajos.
Los medicamentos que están disponibles como genéricos no se diferencian químicamente de sus contrapartidas de marca, que suelen venderse por cientos de dólares cada receta. La única diferencia es que éstos últimos disfrutan de un monopolio garantizado por el gobierno. Las patentes son pues una política gubernamental que de hecho sube los precios de los medicamentos en más de un mil por cien respecto al precio de un mercado libre.
Reconocer esto debería ser el punto de partida de cualquier debate sobre qué políticas llevar a cabo. La siguiente pregunta es si esta política destinada a apoyar la innovación es el mejor mecanismo para financiar la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos. Lo que está claro es que no es el único.
El gobierno podría, por ejemplo, sostener la investigación farmacéutica mediante un sistema de precios mediante el cual compra patentes sobre medicamentos y luego los pone a disposición del público de manera que los medicamentos recién desarrollados podrían ser producidos y vendidos como genéricos.
Cuando dejamos de lado la ideología, vemos como se trata de un debate entre dos estrategias para mantener los precios de los medicamentos bajos.
Alternativamente, el gobierno podría pagar por la investigación inicial y hacer de todos los descubrimientos y patentes algo totalmente público. De hecho ya gasta 30 mil millones de dólares al año financiando investigación biomédica a través del Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés N. del T.), una cantidad al menos tan grande como la que la industria farmacéutica sostiene que invierte en su propia investigación. Las innovaciones del NIH son muy respetadas, y casi todos los observadores coinciden en que, en términos generales, el dinero está muy bien gastado. Mientras que el NIH se centra en la investigación básica (lleva a cabo también algo de investigación farmacéutica en las últimas etapas, incluyendo test clínicos), no hay a priori ninguna razón por la cuál el gobierno no pueda simplemente doblar su compromiso con la investigación biomédica para así reemplazar la que actualmente se sostiene mediante patentes monopolísticas.
Pero puede que el gobierno quiera usar un sistema distinto para fomentar el desarrollo de nuevos medicamentos. Puede que elija establecer un pequeño grupo de contratistas principales, que posteriormente externalizarían el uso de los fondos para investigación y así minimizar la interferencia política en su utilización. Independientemente de la estructura que vaya a tomar el programa en cuestión, la expansión de la financiación pública directa es claramente posible.
Habría así también un gran beneficio social además del de reducir el precio de los medicamentos al de su coste marginal. Eliminar las enormes rentas monopolísticas derivadas de las patentes sobre medicamentos acabaría con los incentivos de las compañías farmacéuticas para meter en el mercado como sea productos que no son especialmente beneficiosos, e incluso perjudiciales. Ni habría incentivos para ocultar descubrimientos científicos que sugieran que un medicamento no funciona demasiado bien. Aún más, al hacer de dominio público todos los descubrimientos, de modo que los científicos puedan rápidamente aprovechar la investigación de otros, el proceso de innovación farmacéutica posiblemente se acelere.
Si un sistema de adquisición pública de patentes o de financiación pública directa sería preferible al actual sistema de patentes es lógicamente algo debatible; pero lo importante es que las patentes son solamente un mecanismo entre los muchos que pueden potenciar la investigación farmacéutica. Y uno que requiere garantizar enormes rentas monopolísticas a las grandes empresas del sector.
Es importante dejar claro que las patentes son de hecho una forma de regulación, pues ha habido muchas ocasiones en las que la regulación de los medicamentos se ha convertido en un tema importante, y se ha acusado a los que desearían una caída de los precios como enemigos del libre mercado. Por ejemplo, las actuales presiones para que Medicare (institución parecida a la Seguridad Social española – N. del T.) negocie menores precios para los medicamentos que compra como parte de sus prestaciones médicas, es considerada ampliamente como una interferencia en el libre mercado. Incluso el New York Times y otros medios de comunicación muy respetados suelen presentar la cuestión de Medicare – precios negociados como un debate entre defensores del libre mercado contra partidarios de la intervención estatal. Pero cuando dejamos de lado la ideología, vemos como se trata de un debate entre dos estrategias reguladoras para mantener bajos los precios de los medicamentos.
Ocurre algo parecido con los copyright, aunque en este caso el derroche económico es incluso mayor y las medidas reguladoras incluso más perversas. En la era de Internet, casi cualquier material impreso o grabado – música, películas, libros, video juegos – puede ser transferido instantáneamente a cualquier lugar del mundo y con un coste casi nulo. Sin embargo, en vez de dejar a la gente que se beneficie totalmente de esta tecnología, el gobierno ha lanzado un rocambolesco despliegue de nuevas leyes y restricciones diseñadas para hacer más difícil, y legalmente más arriesgado, el pasarse material que esté sujeto a copyright.
Así como con las patentes farmacéuticas, los copyright cumplen una función pública importante. Proveen un incentivo para la producción de trabajos artísticos y creativos. Pero para proteger los copyright, el gobierno ha puesto en marcha un agresivo régimen de sanciones para incluso las transgresiones más pequeñas. Por ejemplo, una mujer de Minnesota tuvo que afrontar una multa de más de 200 mil dólares por permitir que la gente se descargase música de su ordenador. Se ha dicho a las universidades que pongan vigilancia en las residencias para asegurarse de que los estudiantes no estén bajándose material protegido por copyright, y se las ha animado para que den clases dónde se enseñe que está mal hacer copias no autorizadas de material con derechos de reproducción.
El gobierno ha prohibido repetidamente la producción de varios tipos de hardware hasta que ha sido posible instalar protecciones para evitar la copia de material protegido con copyright. Ha impedido el desarrollo de software que pueda romper las protecciones de copyright. En una ocasión un científico ruso que trabajaba en el campo de la informática fue arrestado por el FBI después de dar una conferencia en la que describía una forma de sortear un tipo de protección de copyright.
La lista de medidas gubernamentales extraordinarias que se han llevado a cabo para proteger la protección del copyright es interminable. Y sorprendentemente, dichas medidas nunca se describen como una forma de intervención reguladora. Se tratan como medidas necesarias para proteger la legalidad del copyright. Sin embargo, así como las patentes no son la única forma de fomentar la innovación, un monopolio garantizado por el estado mediante una extensa legislación y muy duras penas no es la única forma de fomentar la creatividad.
Una gran cantidad de trabajo artístico y creativo ya se lleva a cabo gracias a mecanismos que no dependen de la protección que brindan el copyright. Las fundaciones privadas son una alternativa de financiación muy importante, así como los fondos más reducidos de programas estatales como el National Endowments for the Arts and Humanities. Las universidades y sus facultades posiblemente sean ya la mayor fuente de financiación que no depende de los copyright. A los profesores se les exige llevar a cabo investigación y publicarla además de su actividad lectiva normal.
Es fácil imaginar sistemas para aumentar el apoyo al trabajo creativo y artístico que no estén dentro del régimen de copyright. Por ejemplo, sería posible diseñar un pequeño crédito impositivo para quienes o bien apoyen directamente actividades creativas o bien contribuyan a organizaciones que lo hagan. El crédito podría aplicarse después de las deducciones por donaciones sin ánimo de lucro o caritativas. Incluso un crédito impositivo muy modesto por ejemplo de 100 dólares por persona – de modo que los contribuyentes pudiesen asignarlo a un artista, escritor, músico, o productor cinematográfico que eligieran – posiblemente fuese suficiente para financiar todo el trabajo actualmente sostenido mediante copyright.
Pero siendo honestos, rara vez ninguna de la partes argumenta en contra de la regulación como tal. La verdadera cuestión es qué estructura toma la regulación y su impacto en los resultados económicos, especialmente la distribución de la renta.
Las alternativas al copyright son viables y probablemente mucho más eficientes que el propio sistema de copyright. Y remplazarían un gigantesco despliegue de medidas coercitivas que pueden ser perfectamente vistas como una intervención innecesaria del gobierno en la economía.
Un último ejemplo de excesiva regulación estatal, y nunca tratado como tal, es el proyecto de ley sobre insolvencia que aprobó el Congreso en 2005. Dicho proyecto de ley endureció sustancialmente las condiciones que se imponen a la gente para acceder a la protección que conlleva declararse insolvente, haciendo de ella una opción mucho menos atractiva.
El debate público sobre el proyecto de ley se plasmó en una caricatura de liberales vs. conservadores que distorsionó totalmente lo que realmente se estaba dirimiendo. La posición liberal se decantaba por una cierta compasión hacia la gente que se declara insolvente; se basaba en estudios que mostraban como una gran mayoría de las personas que se arruinan no es porqué hayan despilfarrado y acumulado deliberadamente enromes deudas en su tarjeta de crédito, sino más bien porque les han pillado malos tiempos debido a la pérdida de su empleo, a haber caído enfermos o a que se ha roto su familia. Quienes se oponían pues a endurecer las condiciones sostenían que esta gente necesita y merece el respiro que la declaración de insolvencia permite.
La posición conservadora se centró en cambio en la responsabilidad individual. Nadie le fuerza a uno a endeudarse; la gente voluntariamente elige hacerlo. Todo el mundo sabe que los imprevistos ocurren. Aquellos que ahora pidan la protección de la insolvencia deberían haber tomado precauciones.
Esta versión del debate sobre la reforma de las regulación de la insolvencia les resultó sin duda coherente a aquellos que se inclinan por aceptar que a la gente le va bien o mal debido en gran medida a sus propias acciones, pero lo más importante es que oscureció la verdadera cuestión a la que se dirigía el proyecto de ley: ¿en qué medida debe el gobierno hacerse cargo de las facturas impagadas de la gente? En esta historia quién está buscando la ayuda del gobierno son los acreedores, no los deudores.
Bajo la anterior ley sobre insolvencia, los acreedores podían reclamar casi todos los activos de sus deudores y en algunos casos incluso tenían derechos sobre los futuros ingresos. La nueva ley amplió muchísimo esos derechos sobre los ingresos futuros de los deudores. Ello significa que el gobierno estará en el futuro mucho más metido en la tarea de gestionar deudas de lo que lo ha estado hasta ahora, posiblemente controlando los salarios de millones de personas insolventes que aún deban algo a sus acreedores (para aquellos que se preocupan por los incentivos negativos que producen los impuestos, vale la pena poner de manifiesto que deducir una cuantía de la nómina para pagar a los acreedores produce el mismo tipo de desincentivo al trabajo).
Además el razonamiento sobre la responsabilidad individual podría aplicarse por igual a los acreedores como se hace con los deudores. Una parte importante de llevar bien un negocio implica saber cuándo conceder crédito. Nadie obligó a nadie a conceder créditos a aquellos que luego se declararon insolventes. Sencillamente juzgaron mal al dar crédito a personas a las que era arriesgado hacerlo. ¿Por qué debería el gobierno ayudar a quienes no supieron cuantificar bien los riesgos de dar créditos? La batalla ideológica sobre el proyecto de ley resultó ser una distracción. Era en realidad un esfuerzo por involucrar más al gobierno en ayudar a los bancos. Así de simple.
Los otros casos en los que su puede esperar que la posición conservadora implique una mayor presencia del gobierno en la economía que la posición liberal abundan. Durante años, Ben and Jerry’s Homemade ha estado afrontando intentos de los gobiernos estatales para prohibirles que etiqueten los productos lácteos como libres de hormona del crecimiento bovina recombinada (rBGH). Algunos grupos de presión asociados con la industria lechera sostiene que el etiquetar como “libre de rBGH” implica que las hormonas bovinas del crecimiento son dañinas, lo que no ha sido dictaminado por la Food and Drug Administration (organismo federal que regula el control sobre alimentos y medicamentos – N. del T.). Obviamente, Ben and Jerry’s Homemade no está tratando de impedir que sus competidores sostengan que sus helados son innocuos. Está tratando de decir la verdad sobre sus propios helados.
En el mismo sentido, el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) recientemente prohibió a una industria de envasado de carne que analizase sus propios productos por si tenían la enfermedad de las vacas locas. La empaquetadora había intentado hacer analizar privadamente toda su materia prima, mientras que el USDA comprueba sólo el 1% de todas las reses. Pero el USDA, diciendo que si en un caso se analizaba todo el stock ello iba a llevar al público a cuestionar la seguridad del resto de la carne, tomó medidas para impedirlo.
Pero siendo honestos una vez más, ninguna de la partes vuelve a argumentar en contra de la regulación como tal. La verdadera cuestión es de nuevo qué estructura toma la regulación y su impacto en los resultados económicos y la distribución de la renta.
Volvamos a la cuestión de la crisis financiera con eso en mente. Durante las décadas que han precedido el colapso financiero, la regulación destinada a proteger el público y garantizar la estabilidad del sistema financiero se debilitó ostensiblemente, pero el sistema estaba (y está) bastante lejos de ser desregulado.
La regulación clave que sigue en pie es la doctrina del “demasiado grande para hundirse”. En esencia, lo bancos y otras instituciones financieras tomaron enormes riesgos con una garantía implícita de que sus acreedores podrían contar con la protección de gobierno si las cosas iban mal. Para todos excepto para los acreedores de Lehmann Brothers y los principales accionistas de Fannie Mae y Freddie Mac, dicha creencia resultó ser correcta.
Esta concesión partidaria no es desregulación. Si los que han estado fijando la política financiera las últimas décadas hubiesen estado realmente interesados en la desregulación, habrían garantizado a los mercados financieros que las instituciones financieras que hiciesen malas inversiones se quedarían de patitas en la calle y que a sus acreedores se les habría acabado la suerte. La Reserva Federal y el Tesoro habrían advertido que los inversores estaban actuando bajo su propia cuenta y riesgo cuando depositaban su dinero en Bear Stearns, AIG y compañía.
En cambio en un contexto de “demasiado grande para hundirse”, la eliminación de restricciones al apalancamiento (a los bancos de inversión se les permitió un ratio de endeudamiento de 40 a 1 sobre su capital, comparado con el 10 a 1 que se les permite a los bancos comerciales), y la relajación de otras medidas preventivas (el valor nominal de los credit default swap o CDS, un nuevo tipo de derivados, creció más de 70 billones, con “b”, de dólares en un mercado casi totalmente desregulado), dieron básicamente a los bancos carta blanca para apostar con el dinero de los contribuyentes.
Los bancos hicieron exactamente lo que predice la teoría económica. Asumieron grandes riesgos, hipotecándose ellos mismos hasta el cuello comprando activos muy cuestionables, sabiendo que iban a seguir ganando durante tanto tiempo como siguiese creciendo la burbuja inmobiliaria. Y lo hicieron con la complicidad servicial de los fondos de pensiones, los hedge funds y el resto de inversores, porque sabían que el gobierno les iba a rescatar si las cosas iban mal.
La desregulación puede ser una posición de principio sostenida por aquéllos que realmente creen en el libre mercado. Pero en Wall Street lo que se quería era una regulación parcial y partidaria, que les proveyese de una enorme manta de protección estatal sin costes ni condición alguna. Nadie de Citigroup, Goldman Sachs o J.P. Morgan fue nunca al Congreso a pedir explícitamente que se acabase con la doctrina del “demasiado grande para hundirse”. Y mientras mucha gente en Wall Street perdía su trabajo cuando estalló la burbuja, las decenas o centenares de millones de dólares que ganaron los altos ejecutivos de los bancos durante los buenos tiempos son suyos y están a buen recaudo. Incluso habiéndose colapsado el mercado, la gran mayoría de ellos estén posiblemente mejor de lo que habrían estado si hubiesen trabajado honestamente durante la última década.
Si el auténtico debate es sobre el tipo más que la extensión de la regulación, ¿entonces por qué siempre se plantea en términos de lo segundo? Para los conservadores, la respuesta es obvia. Muchos americanos comulgan con la idea del libre mercado y tienen una fuerte aversión hacia el gobierno. La fe en el gobierno va y viene, incluso en las épocas más liberales. Casi siempre va a ser ventajoso pues asociar una posición política con el libre mercado.
No es tan claro por el contrario porqué los liberales iban a aceptar tan amablemente una caricatura de sus posiciones tan perjudicial. La respuesta requiere horadar un poco más a fondo en qué implicaciones tienen su postura respecto a la naturaleza y resultados de la dinámica económica. Como los conservadores, los liberales generalmente aceptan que la gente triunfa gracias a sus habilidades y trabajo duro, con una pequeña dosis de suerte de por medio. La principal diferencia entre las visones liberal y conservadora de la economía es que los liberales están dispuestos a creer que mucha gente tiene que afrontar serias dificultades para salir adelante, y no tiene de hecho las mismas oportunidades que quienes provienen de un entorno con mayor riqueza. Los liberales suelen también sentirse culpables por esa diferencia en las oportunidades de la gente, y por ello apoyan medidas políticas que ayuden a reducir esa brecha y mejoren las condiciones de aquellos que están peor. Sin embargo, muchos liberales siguen aceptando la proposición básica de que la distribución de la renta se decide fundamentalmente en el mercado, y no mediante decisiones políticas como las patentes, los copyrights o las leyes sobre insolvencia.
¿Pero que ocurriría si aceptas la idea de que casi la totalidad de la economía se encuentra moldeada por multitud de decisiones políticas que podrían cambiarse fácilmente? Los banqueros de inversión se hicieron inmensamente ricos porqué el gobierno les proporciona el refugio de la doctrina del “demasiado grande para hundirse” pero no les impone a cambio ninguna regulación preventiva seria. Bill Gates se hizo increíblemente rico porqué, a través de patentes y copyrights, el gobierno le está dando un monopolio sobre los sistemas operativos que usan (o usaban) el 90% de los ordenadores del mundo. A los médicos se les paga bien porqué, al contrario que otros trabajadores menos politizados, disfrutan de protección ante la competencia internacional. Y lo mismo ocurre con los abogados y otros profesionales altamente remunerados. Los altos salarios dependen menos de la pericia o el trabajo duro y mucho más de la habilidad para estructurar el mercado laboral de formas que los trabajadores de la industria textil o los conductores de taxi no pueden.
Hay una larguísima lista de requisitos legales para la profesionalización en diversos trabajos (y muchos de los cuales nada tiene que ver con mantener los estándares de calidad) que hace difícil para los profesionales de fuera venir a trabajar a EEUU. Mientras que acuerdos comerciales como el NAFTA (North American Free Trade Agreement) han sido diseñados explícitamente para eliminar las barreras institucionales que obstruyan la inversión en los países en vías de desarrollo y potenciar la libre circulación de mercancías que llegan de vuelta a EEUU, no ha habido ningún esfuerzo comparable para reducir o eliminar las barreras que impiden a los profesionales altamente cualificados de esos países venir a ejercer en EEUU. Algunos profesionales ambiciosos de los países en desarrollo se las arreglan para sortear esas barreras, pero sus homólogos de los EEUU siguen gozando de mucho mayor grado de protección ante la competencia internacional que los trabajadores menos cualificados.
El planteamiento de menos-o-más regulación sostiene la premisa de que hay ahí fuera y a priori un mercado desregulado, y de que algunos de nosotros queremos reinar en dicho mercado desregulado mientras otros preferirían dejarlo como está. Esta visión es consistente con la idea de que las grandes desigualdades de renta aparecen como resultado de las fuerzas del mercado. Pero como ilustran los anteriores ejemplos, nadie está en realidad hablando de un mercado desregulado – más bien estamos todos hablando de a quién va a beneficiar la regulación. La distribución de la renta no ha precedido nunca a la intervención del gobierno.
El estado está siempre presente, llevando los beneficios en distinta dirección dependiendo de quién está al mando. Aceptar esta caracterización de la realidad económica ofrece un punto de partida político mucho más adecuado para hablar de una regulación progresista. Después de todo, los conservadores quieren también la gran mano estatal metida en el mercado. Sencillamente se trata de que los beneficios fluyan luego hacia los de arriba.
Esta visión comprehensiva de la regulación pone en el punto de mira todo el tinglado, incluidos los altos salarios de muchos de los que sostienen posiciones liberales. ¿Quieren los liberales realmente que todo el mundo pida el mismo trato y se quiten por tanto las barreras comerciales para servicios médicos o legales como hacemos con las de los tejidos o los coches? Los liberales sacan también tajada de la ofuscación que implica el debate en términos de más-o-menos regulación.
Con todo, la catástrofe producida por la desregulación parcial y partidaria de la industria financiera, junto con una larga lista de regulaciones fracasadas en otros ámbitos de la economía, va a llevar sin duda a un importante replanteamiento de la política regulatoria en los próximos años. Queda por ver si este replanteamiento irá o no más lejos del debate habitual. Sabemos que cuando salgamos de la actual crisis la economía estará extensamente regulada. La pregunta es, ¿para beneficio de quién?
Dean Baker es codirector del Center for Economic and Policy Research.
Leyendo un libro de Olivier Blanchard me tomo el atrevimiento de citar un parrafo que me dejo bastante shockeado:
“La Argentina tenia en 1913 un PBI per capita semejante al de Francia, dos veces el de Japon, cuatro veces el de Mexico, el doble del de España y casi el 60% del de Estados Unidos. A mediados de la decada de 1960, la Argentina representaba aproximadamente el 60% del PBI per capita de Francia, cinco veces el de Corea, el 40% del de Estados Unidos y el 60% del de Japon. A fines de la decada de 1980, la Argentina tuvo un PBI per capita cercano al 30% del de Estadoos Unidos, el 40% del de japon y de Francia, solamente el 90% del de Corea y una cifra muy semejante al de Mexico.”
Claramente en algo fracasamos constantemente, ¿Sustitucion de importaciones? ¿Libre comercio con atraso cambiario? ¿Un estado que no para de gastar ineficientemente?. Ojala podamos crear las bases para crecer firme algun dia.
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Eso no es libre comercio, pero si, todas esas son grandes causas… si querés resumir un poco más: populismo destructor de capital humano
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absolutamente.
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Chocar la calesita
El impresionante endeudamiento en pesos y en dólares, en el mercado local e internacional, no derivó en una fiesta económica. El desmanejo en la gestión económica tiene como saldo recesión, fuga de capitales, mayor desequilibrio externo y aumento del déficit fiscal.
La deuda en pesos y en dólares emitida por el gobierno de Mauricio Macri en el mercado local e internacional no suma 44 mil millones de dólares en lo que va del año. Ni serán los 50 mil millones de dólares que calculan analistas para fin de 2016. Hasta el último día de octubre la nueva deuda emitida en once meses de gestión de la dupla Alfonso Prat Gay - Federico Sturzenegger totalizaba 87 mil millones de dólares. Hasta fin de año superaría los 90 mil millones de dólares. Este monto impactante se integra con una cuenta que no se contabiliza en las evaluaciones corrientes pero que debe sumarse para dar cuenta de la magnitud del endeudamiento público: la emisión de Lebac. Es la deuda que está acumulando a mucha velocidad el Banco Central y que es aún más inquietante que la colocada por el Ministerio de Finanzas puesto que es de cortísimo plazo. El actual stock de Lebac está generando pagos de intereses en pesos equivalentes a 1000 millones de dólares mensuales, monto que se acelera a medida que se incrementa esa deuda que se ha convertido en la cadena de la felicidad para el mundo de las finanzas.
Si cualquier analista local o del exterior, ortodoxo o heterodoxo, hubiera planteado antes de las elecciones presidenciales un escenario económico 2016 con la posibilidad de emitir deuda (Nación, provincias, empresas y BCRA), en pesos y en dólares, por un total de 87 mil millones dólares en apenas once meses, no habría dudado de que quien estuviera al frente del gobierno estaría en condiciones de desplegar una fiesta económica y asegurarse el poder por más de un mandato. Pero esa bonanza global no se ha presentado. En lo que va del gobierno de Macri se ha sumado esa inmensa masa de recursos pero la economía se ha sumergido en una recesión fuerte. Y las dudas políticas aparecieron en el amplio dispositivo de propaganda oficial con miras a las elecciones de medio término del año próximo.
En 2017 continuará el festival de la deuda. Un reporte del agente del mercado financiero Research for traders calculó que por el pago de intereses (9217 millones de dólares), el vencimiento de capital (28.520) y el financiamiento del déficit fiscal previsto en el Presupuesto de 4,2 del PIB (23.052) la emisión de deuda será de por lo menos 60.790 millones de dólares.
El saldo en dos años sería entonces de unos 150 mil millones de dólares. El endeudamiento desenfrenado es utilizado por el gobierno para pagar deudas, entregar divisas para la fuga de capitales y para cubrir el déficit gemelo (fiscal y comercial). Respecto al desequilibrio comercial creciente, el endeudamiento facilita el pago del incremento de las importaciones de bienes de consumo final que desplazan a la producción nacional. O sea, los empresarios nacionales que estaban desesperados por comprar dólares sin restricciones ahora lo pueden hacer, pero otros empresarios también lo pueden hacer para comprar en el exterior productos que hunden en la recesión a los empresarios dedicados a la producción nacional. Ambos hoy pueden comprar los dólares que aporta la deuda, aunque sólo pueden estar aliviados los importadores.
La cuenta de APG
Otro informe de Research for traders detalla que el Ministerio de Finanzas a cargo de Alfonso Prat Gay (APG) lleva emitida deuda en pesos por 220.496 millones con Bonos del Tesoro en pesos atados al CER 2020 (Boncer 2020), Bonos del Tesoro en pesos atados al CER 2021 (Boncer 2021), Bonos del Tesoro a tasa fija con vencimiento en 2018, 2021, 2023 y 2026, y Bonar 2018 y 2020 (a tasa Badlar). A un tipo de cambio mayorista de 15,175 pesos representa unos 14.500 millones de dólares.
También colocó deuda en dólares en el mercado local por 5915 millones de dólares en Letras del Tesoro a corto plazo (que ya vencieron cerca de 1200 millones), a tasas de rendimientos en dólares de 3 y 4 por ciento anual.
En plazas financieras del exterior se colocaron papeles de deuda para cancelar la capitulación a los fondos buitre, los bonos para comprar cupones ligados al PIB y los bonos en Euros por un total de 22.080 millones de dólares.
Varias provincias y grandes empresas salieron a buscar dólares luego de que el pago a los buitres abriera las puertas del financiamiento externo. Por esa vía acumulan 12.038 millones de dólares hasta fines de octubre. La orgía del endeudamiento no se detiene. Por primer vez en su historia el Banco Provincia de Buenos Aires salió al mercado local a colocar títulos de deuda en pesos. En primera fila se ubican la ciudad de Rosario, Mendoza, Tierra del Fuego, Entre Ríos y decenas de empresas que están saliendo a buscar financiamiento en el exterior.
El gobierno nacional, provincias y empresas privadas han emitido deuda por 34.118 millones de dólares en el mercado internacional, bajo legislación de Nueva York insistiendo con el pecado de la cesión de la soberanía jurídica a favor de tribunales pro buitres. Hasta fin de año habrá colocaciones por unos 2300 millones más.
De ese modo, la cuenta de deuda de APG (en pesos y en dólares) será de 44.795 millones de dólares en 2016.
La cuenta de FS
Para desalentar la compra de dólares al tiempo que retira pesos del mercado con el esquivo objetivo de bajar la inflación, el Banco Central conducido por Federico Sturzenegger emite Lebac. Al 31 de octubre, el stock de esa deuda de cortísimo plazo era de 685.000 millones de pesos, superior al total de la Base Monetaria de 669.905 millones de pesos (dinero en circulación en manos de público y de los bancos depositados en el BCRA). El monto de esa deuda que crece en forma vertiginoso es equivalente a 45.670 millones de dólares. La cuenta de FS sigue en alza en forma permanente.
Como se adelantó en esta columna en abril pasado, los intereses a pagar en este año por las Lebac serán de unos 200.000 millones de pesos, equivalente a unos 13.500 millones de dólares. En los últimos dos meses de 2016, la autoridad monetaria desembolsará unos 30 mil millones de pesos en intereses de las Lebac, activos que hoy devengan una tasa de 26,75 por ciento anual.
Esas tasas siguen siendo atractivas para bancos e inversores conservadores: poco más de la mitad de las Lebac fue suscripta por empresas y particulares a través de bancos. Las Lebac ofrecen la oportunidad para inversores extranjeros de realizar lo que se denomina carry-trade sobre el peso argentino: ingresar dólares a la plaza local, luego venderlos y con los pesos obtenidos comprar Lebac, para que en un plazo determinado recomprar más dólares con el capital e intereses de esa inversión en pesos. Esta bicicleta es facilitada por la dupla Prat Gay-Sturzenegger porque el primero garantiza la provisión de dólares vía el festival de deuda y el otro asegura la estabilidad del tipo de cambio con una tasa elevada.
Competencia
La disputa por el nivel de la tasa de interés entre Prat Gay y Sturzenegger entretiene a los analistas orientando la cuestión al impacto del elevado costo del dinero sobre la actividad económica. En realidad, la discusión entre ellos oculta detrás de la controversia acerca de la tasa de interés quién de los dos lidera el nuevo gran ciclo de endeudamiento público. Es una pelea que está muy pareja. La competencia además es quién de los dos puede orientar mejor las expectativas de los agentes económicos, tarea en la que ambos no pueden mostrar resultados positivos. El ministro de Finanzas y Deshacienda sólo exhibe una gestión efectiva en emitir deuda y sus declaraciones acerca del repunte de la economía para alentar el consumo y la inversión se derriten ante cada nuevo indicador de actividad. El titular del Banco Central puede mantener el mercado cambiario sin alteraciones por la lluvia de dólares especulativos y la tasa de interés elevada armando una impresionante bola de nieve especulativa. Mientras su estrategia de manipular las expectativas sociales respecto a que la inflación del año próximo tendrá un techo del 17 por ciento no recibe acompañamiento ni de las propias filas del oficialismo.
Esta carrera del endeudamiento seguirá el año próximo de acuerdo al proyecto de Presupuesto 2017 que tuvo media sanción en Diputados.
Carlos Heller (Partido Solidario) argumentó en su rechazo en el debate en el recinto que del total de esa nueva deuda un ínfimo 0,6 por ciento se destinará a Gasto de Capital, el 42 por ciento se dedicará a la amortización de deuda, el 18 por ciento a gastos corrientes (principalmente pago de intereses), un 3 por ciento para aplicaciones financieras y el restante 36 por ciento sin asignación específica. “Algo que ocurre en todos los Presupuestos, aunque en éste llama la atención por su elevado volumen”, indicó Heller. El vertiginoso endeudamiento tiene como contrapartida un incremento muy importante del pago de intereses. La secuencia de ese rubro en el presupuesto nacional es la siguiente:
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2015: 96.000 millones de pesos
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2016: 186.500 millones de pesos.
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2017: 246.629 millones de pesos.
Esta suma equivale al 11,5 por ciento del total de los gastos corrientes y al total del monto de los salarios de la administración nacional del año próximo.
El mejor equipo
Para el mundo de la ortodoxia, el recorrido negativo de la economía en estos meses con elevado endeudamiento es consecuencia de lo que consideraran el error inicial del gobierno de no haber realizado un fuerte ajuste fiscal en el primer año de gestión cuando existía un nuevo liderazgo político. Ahora dicen que el macrismo agudizará aún más el descalabro fiscal con el objetivo conseguir un buen resultado en las elecciones del próximo año. Soportan semejante descalabro de las cuentas públicas sin agudizar críticas por simpatía política apostando a que Macri gane las elecciones de 2017, esperanzados con que luego despliegue un mayor ajuste fiscal en 2018.
Para la heterodoxia, el diagnóstico de la dupla Prat Gay-Sturzenegger acerca de las tensiones que tenía la economía fue equivocado y la estrategia de gestión por consiguiente estuvo desvariada. Indica que la política económica ha estado subordinada a provocar exclusivamente una fuerte transferencia de ingresos hacia grupos concentrados. Para señalar que la recesión, el alza del desempleo y el deterioro social son consecuencia de esa estrategia regresiva en la distribución de la riqueza.
Una y otra lectura analítica acerca del desmanejo económico, que abrió las puertas a una recesión cuya salida por ahora son expresiones de deseos, coincide con un impactante aumento de la deuda que está financiando los desequilibrios provocados y la fuga de capitales. El mejor equipo de los últimos 50 años tiene el mérito de haber chocado la calesita con un endeudamiento record de más de 90 mil millones de dólares en pocos meses.
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Me referia a una apertura de importaciones con atraso cambiario, como en los 90 o durante la dictadura
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Esta pasando algo muy loco. La victoria de trump fue un terromoto para los mercados emergentes en general. Para Argentina en particular, esta implicando una corrección muy importante en el Merval, y un derrumbe de toda la deuda del estado a largo plazo en dolares. A pesar de semejante despelote, que ensombrece las perspectivas de tener un 2017 “tranquilo”, el dolar acá apenas reacciona. Yo esperaba “mínimo”, una caída del 5-7% y apenas se movió, desafiando toda lógica. Estoy empezando a pensar de que esto no es un comportamiento de mercado. El gobierno, directa o indirectamente DEBE estar interviniendo para que el precio del dolar no se mueva, cosa que no podemos saber hoy, recién podremos dilucidar en un par de semanas. Si efectivamente el dolar sigue tranquilo porque el gobierno esta interviniendo, esa situacion no se va a poder prolongar mucho tiempo.
La deuda argentina, junto con la de otros países emergentes, esta siendo vapuleada en estos momentos. El bono argentino en dolares de mayor plazo, el AA46, cayo un 15% desde el maximo del 29 de septiembre. En este momento, su tasa se esta acercado peligrosamente al 8%, lo que pone dudas sobre la capacidad del gobierno de seguir colocando deuda alegremente. El impacto del efecto “Trump” sobre el mercado de bonos realmente obliga a la actual gestiona replantearse muchas cosas. Antes de esto, había cuerda para sostener un deficit estratosferico por 2 años o mas si era necesario. Ahora, eso se ha visto disminuido
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Esta semana se evaporaron un trillón (americano) de dólares en el mercado de bonos.
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¿Como afectaría a nuestra deuda que EEUU suba las tasas de interés? Tengo entendido que ahora en diciembre se juntan para decidir.
¿Al ganar Trump se podría retrasar esto? Tengo entendido que no se lleva muy bien Yellen
Para la deuda argentina seria malo, cuando EEUU sube las tasas, provoca el mismo efecto en la deuda de los demás países del globo. Por ahora no hay muchos argumentos para que se retrase la suba de tasas, mas bien al contrario, hay argumentos para acelerar el proceso. Esto se debe a que la victoria de Trump desperto las expectativas inflacionarias en EEUU, en parte gracias a su ambicioso plan de infraestructura
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Muy buen dato
Increíble lo que exporta Chile, en contra de los que muchos piensan exporta tanto como lo que importa. Para analizar, como nos pasaron por arriba en estos años.
---------- Mensaje unificado a las 22:49 ---------- El mensaje anterior habia sido a las 22:37 ----------
“Argentina es uno de los países más proteccionistas del mundo. Según datos de Global Trade Alert, el país mantiene 278 medidas comerciales discriminatorias, más que cualquier país de América Latina. No casualmente, el 75% de estas barreras fueron impuestas a partir del 2011, año en el cual comenzó a sentirse la presión sobre las cuentas externas. La mencionada entidad es una organización independiente patrocinada, entre otros, por el Banco Mundial. Si bien la información puede presentar falencias (la cobertura geográfica no es completa y los registros se concentran sobre medidas aplicadas en los últimos años), sirve como aproximación al grado de proteccionismo de una economía. Los datos reflejan algo contundente: Argentina no sólo es el país que más restricciones comerciales impone a nivel regional, sino que figura tercero en el ranking global, detrás de India (355 medidas) y Rusia (346). El impacto económico de las barreras es bastante amplio. A nivel geográfico, las trabas implementadas por Argentina afectan a 156 países, prácticamente la totalidad de nuestros socios comerciales. Los más golpeados son China (162 medidas), Brasil (85) y Estados Unidos (77). Por otra parte, estas restricciones repercuten sobre 75 sectores, de un total de 79 relevados. Los rubros más protegidos están relacionados con productos textiles, químicos, caucho y máquinas y equipos. Estos sectores representan casi 2/3 de las importaciones y también exhiben una balanza comercial deficitaria (superior a los US$ 20.000 millones en 2013), lo que explica la necesidad de evitar el drenaje de divisas vía restricciones.”
http://www.eleconomista.com.ar/2015-01-argentina-un-pais-proteccionista-2/
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