No, todos tropezaron y cayeron de cabeza en una bala que habia en el piso.
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Una persona de bien, sea del signo político que fuera, si les hace hacer cola a su gente para comprar productos bàsicos, tiene que renunciar y dejarle el mando a alguien con 2 dedos de frente. No hay complot ni excusa vàlida para semejante desmanejo.
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Venezuela es el claro ejemplo de como vamos a terminar con estos peronistas hdp. Hay que ser K para defender a semejante pais nefasto. Son la involucion estos tipos. En vez de mirar como se manejan las grandes potencias, se quieren reflejar en ese pais bananero y vendehumo que cada dia se sume mas en la miseria.
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Se terminó el kirchnerismo (gane Manco, Mauri o Massa).
Pero la culpa es del empresariado que guarda la mercaderia, no del gobierno popular que lucha contra la tirania del mercado…
Yo pienso que a esta altura ninguna persona con 2 dedos de frente opina eso.
lee algunas paginas atras y te vas a sorprender… :lol:
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Bueh, leì a un soquete decir que la inflaciòn acá del 2008 a 2012 era del 15%… Todo dicho.
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Dijo 2 dedos de frente, no seas generoso
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Que Dios te oiga.
Si pero ya sabes lo que va a pasar. El kirchnerismo va a empezar a mutar y a horrorizarse con el mandato K como hicieron con Menem. Hay que exterminar el peronismo.
Sigan informándose sobre venezuela con Pagni y joaco Solá.
Ellos sí tienen más de “dos dedos” de frente
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Dicen que el contrabando de alimentos a Colombia ya deja mas guita que la droga.
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Sobre el tema del decreto de Obama dejo una nota:
[b]Venezuela: ¿Una nueva guerra del Tesoro?
21 marzo, 2015 [/b]
El decreto del presidente de EEUU donde declara a Venezuela como amenaza a la seguridad nacional de ese país fue contestado desde Sudamérica por presidentes y cancilleres, calificándolo como un ataque a la soberanía venezolana. En la respuesta oficial desde Caracas, el presidente Maduro señaló, como parte activa de una denominada estrategia golpista, a un actor que se ha vuelto fundamental para la política exterior de Washington, muchas veces soslayado: el Departamento del Tesoro de los EEUU.
El lunes 9 de marzo el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, firmó una resolución oficial declarando una emergencia nacional respecto a la inusual y extraordinaria amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos que emana de la situación en Venezuela (1). El absurdo de tal declaración parece evidente, teniendo en cuenta la desproporcionada diferencia en todos los niveles que existe entre uno y otro país, lo que ha motivado un análisis histórico práctico: es la antesala diplomática a una escalada directa o indirecta contra la institucionalidad venezolana. Otras resoluciones similares han acompañado interrupciones en la gobernabilidad de países como Ucrania, Libia, Nicaragua o Irak, entre otros (2). Como respuesta, los cancilleres de los países integrantes de UNASUR se han reunido el sábado 14 de marzo para reclamar la derogación de dicho decreto.
Pero que parezca evidente el absurdo no significa que lo sea, no en el sentido de que Venezuela sea realmente una amenaza a la institucionalidad de los Estados Unidos, sino de que su política exterior afecta los intereses geopolíticos de Washington en Centro América y el Caribe. Lo absurdo es que la Casa Blanca esgrima como causa para dicha resolución la existencia de una situación crítica para los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos, generada por el Estado. De hecho, el timming para la firma de esta resolución coindice con una gira por Europa de las Víctimas de las guarimbas, como denominan en el chavismo a las protestas opositoras de febrero y marzo de 2014, en las que se registraron detenidos y muertos entre los manifestantes, oficiales de las fuerzas de seguridad muertos y manifestantes chavistas también muertos. El presidente Nicolás Maduro acusó al opositor Leopoldo López de orquestar dichas protestas con un objetivo desestabilizador, siendo luego este procesado y encarcelado por la justicia de ese país. Desde entonces, la Casa Blanca reclama por su liberación.
Maduro lleva tiempo alertando sobre una guerra económica contra Venezuela y con apoyo estadounidense. En su primera respuesta oficial a la resolución del presidente Obama y por cadena nacional buscó sembrar la duda en Washington al contar que ya tenía conocimiento, gracias a fuentes dentro del Estado norteamericano, en junio de 2013 de una reunión de alto nivel entre la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) en donde se buscó delinear una estrategia de guerra económica, comercial y financiera como elemento central de la guerra contra Venezuela para debilitar al país. Independientemente de si realmente contaba con esa información (y dichas fuentes) o no, la mención al Departamento del Tesoro como actor relevante en dicha estrategia no es nada menor. Desde los atentados del 11/9 dicho organismo federal ha devenido en la principal herramienta para el ejercicio de los cambios de régimen en otros países mediante la guerra financiera. Algo que ciertamente podría enfrentar Venezuela en el corto plazo.
Contexto
En dicho decreto se dice que la orden no apunta al pueblo venezolano sino hacia las personas involucradas o responsables de la erosión de las garantías a los derechos humanos, de la persecución a la oposición política, de ataques a la libertad de prensa, del uso de violencia y violaciones a los derechos humanos y abusos en respuesta a protestas anti gubernamentales y al arresto arbitrario y la detención de protestantes anti gubernamentales, así como a la exacerbada presencia de corrupción pública en ese país. Maduro viene sosteniendo que en todas las situaciones derivadas de las protestas opositoras encontraron injerencia de elementos estadounidenses, constituyéndose una escalada de cruces diplomáticos desde el inicio de su mandato, luego de un fallido intento de relanzamiento de las relaciones bilaterales desde Caracas.
El último episodio ocurrió tres semanas atrás cuando Caracas denunció un intento de golpe de Estado encarado por el alcalde de esa ciudad y opositor chavista, Antonio Ledezma, presentando pruebas del mismo y logrando su detención, lo que motivó una visita del Secretario General de la UNASUR, Ernesto Samper y de representantes de otros países para analizar la denuncia y velar por el restablecimiento de las relaciones entre gobierno y oposición. El Departamento de Estado desechó la denuncia y pidió garantías para el alcalde. El Parlamento europeo también se ha manifestado en ese sentido, con disidencias de algunos eurodiputados.
Independientemente de la situación interna en Venezuela, el decreto despertó sorpresa en la región por venir de la misma administración que dio hace poco un giro en la relación bilateral con Cuba. Más si se tiene en cuenta que Obama busca relanzar la Organización de Estados Americanos con la inclusión de Cuba, expulsada de la misma por iniciativa de los EEUU en la década del ’60. Con sede en Columbia, la organización ha perdido terreno en la configuración del debate político regional y en influencia frente a CELAC y UNASUR. El presidente estadounidense se aseguró la presencia de Cuba en la próxima Cumbre de las Américas (organizada por la OEA) a realizarse en Abril en Panamá. Pero su presidente, Raúl Castro, ya anunció que dejará sentado allí el rechazo total de la Habana al decreto del presidente Obama así como a la injerencia de Washington en la política interna de Venezuela (3). Preocupaciones similares despierta en la isla el acercamiento que ofreció Obama en Diciembre pasado, en la medida que sigue sosteniendo que busca una apertura democrática en el sistema político cubano (4). La posibilidad de un boicoteo a la cumbre sigue latente.
El proceder de Obama revela como mínimo lo lejos que está Washington de los procesos políticos latinoamericanos de estos y otros países: Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. O, en otro sentido, lo cercano que están estos de China. Al respecto, Venezuela representa la piedra en el zapato de la política exterior de la Casa Blanca en el subcontinente. El politólogo Atilio Borón señaló en la TV Pública de Argentina que el país caribeño posee las reservas estratégicas de petróleo que Estados Unidos necesitaría en caso de agravarse la situación en Medio Oriente y en Nigeria, clásicos proveedores de crudo hoy hostigados por el Estado Islámico. Pero la misma situación enfrenta China que, con la construcción de su propio canal marítimo en Nicaragua, empieza a pisar fuerte en la defensa territorial de sus intereses en el extranjero. En una nota de Julian Snelder para The National Interest se explica lo siguiente:
“El canal de Nicaragua priorizaría el transporte marítimo chino: contenedores hacia la frontera marítima oriental de los EEUU, buques petroleros desde Venezuela, transportadores de mineral de hierro desde Brasil, incluso quizás buques de guerra de la Armada del Ejército de la Liberación (china). Esto suena bastante impresionante. ¿Pero qué ganancia existe en esto? Como se señaló antes, el canal esta mayormente replicando lo que ya existe en Panamá. La distancia de transporte a la costa oeste del Atlántico no se reduce; Hong Kong es equidistante vía el canal de Suez. Y las costas del sur del Atlántico ofrecen otros puntos de entrada. Si el objetivo específico es asegurar el pasaje de las embarcaciones navales chinas a través del istmo de América Central hacia dentro del Caribe, debe ser obvio para Beijing que (con o sin un segundo canal) esto solo puede hacerse bajo el permiso de los EEUU. Y esos buques de guerra de la AEL estarán muy lejos de sus puertos.
Hay aquí obviamente una agenda más amplia. Con su ‘torbellino’ diplomático China esta buscando un mayor acceso a los mercados mundiales y quiere que se abran nuevas rutas de intercambio, preferiblemente bajo su influencia” (5).
Snelder se refiere con torbellino a la política china de inversiones en infraestructura en la región para la explotación y transporte de recursos naturales. Un segundo canal permitiría evitar el de Panamá, cuya seguridad sigue en manos de la armada estadounidense, no así su explotación comercial, en manos de dicho país. Desde una posición política distinta, estas consideraciones del autor amplian el análisis geopolítico que hace Borón sobre las necesidades energéticas de los EEUU en el largo plazo, con la posibilidad de tener que suministrar energía a Europa en caso de que la situación en Ucrania desemboque en un conflicto armado con participación abierta de la OTAN y Rusia (principal proveedor de gas y petróleo del viejo continente). No obstante, en el plano petrolero americano actual, el boom del shale en los EEUU permitió volver a ese país al autoabastecimiento. Pero el modelo de negocios de la industria del shale funciona sobre un esquema financiero de perforación y extracción continua, que se vió seriamente agravado con el descenso de los precios del barril a menos de 50 dólares. Bloomberg lleva tiempo señalando que la industria tomó préstamos bancarios y colocó bonos muy por encima de sus capacidad de repago, bajo la expectativa de un barril entre 80 y 100 dólares: calcula la deuda del sector en unos 550.000 millones de dólares generados entre 2010 y 2014 (6). Simplemente no pueden parar la producción sin cortar la cadena de pagos y mandar a la industria (y los bancos y fondos de pensión que invirtieron en esta) a la ruina, aún con estos precios internacionales del crudo y operando a pérdida.
Aún más: Estados Unidos está alcanzando su límite para el almacenamiento de crudo refinado o no. Este nuevo cuello de botella insólito está levantando alarmas en la industria por la presión que ejerce sobre los productores de shale para reducir su producción, cosa que no pueden permitirse. Curiosamente, esta situación de la industria petrolera sucede en momentos donde el Secretario de Estado, John Kerry, declara que si Petrocaribe llegara a caer debido a los acontecimientos en Venezuela podría suceder una grave crisis humanitaria en la región (7). Petrocaribe es un programa creado en 2005 por el difunto presidente venezolano Hugo Chavez para proveer a Centro América y el Caribe con petróleo financiado a bajas tasas o intercambiado por productos y servicios. Unos 19 países integran este programa que el propio Maduro defiende como una herramienta irrenunciable para le integración de la región. Pero en la Cumbre de Seguridad Energética celebrada en enero pasado en Washington (sin participación de Venezuela) el vicepresidente Joe Biden hizo lobby en contra del programa y a favor de la industria del shale.
En este contexto, el decreto del día lunes 9 de marzo de Obama sugiere una coordinación ahora explícita entre la Casa Blanca, la CIA y el Pentágono para recuperar la presencia sobre América Central. Fue sugestiva la rendición de cuentas al Senado tres días después del general John F. Kelly, jefe del Comando Sur de Estados Unidos (responsable de patrullar las costas de Sudamérica, América Central y el Caribe), en donde señaló que unas cien personas se sumaron al Estado Islámico desde países del Caribe y Sudamérica, existiendo redes de contrabando que podrían ser usadas para infiltrarse en los Estados Unidos: esos países son Jamaica, Trinidad y Tobago, Surinam y Venezuela (8). Vale recordar que en Estados Unidos sigue vigente la Ley Patriota, sancionada en la era Bush para darle poderes al ejecutivo en el despliegue de la guerra contra el terror en cualquier lugar del planeta.
¿Guerra financiera declarada?
En el decreto del día lunes el presidente estadounidense sancionó a 7 funcionarios de los servicios de seguridad venezolanos acusándolos de violaciones a los derechos humanos de ciudadanos de ese país. Mediante la misma le da autoridad al Departamento del Tesoro para congelar sus activos y cuentas en territorio o sucursales de bancos estadounidenses y para prohibir su acceso a los sistemas financieros internacionales. También deja abierta la puerta a que el Tesoro aplique las mismas sanciones a cualquier otro funcionario, empresa o sujeto que ingrese en la lista bajo la misma acusación o que provea a alguno de los sancionados con servicios financieros y bancarios.
Este tipo de sanciones son una evolución en las políticas de aislamiento internacional que implementa Washington sobre otros países. Históricamente las potencias militares han utilizado tácticas de asedio económico sobre sus rivales, como método de erosión de la legitimidad y gobernabilidad de estos. Washington en particular ha aplicado bloqueos comerciales contra Cuba, Siria e Irak entre los ’60 y ’80. Pero con la evolución de las finanzas a nivel internacional los Estados han podido encontrar canales de financiamiento y transferencia de activos y dinero que desafiaban la efectividad de los mismos. Hacia la década del 1990 ya estaba a la vista que la capacidad de bloqueo de un Estado a otro era mínima, al no poder doblegar con tácticas económicas a los gobiernos de Fidel Castro, Muamar el Gadafi y Saddam Hussein.
El enfoque cambió entonces hacia la promoción de guerras financieras, apuntando a objetivos individuales (sujetos o empresas) para aislarlos del sistema financiero y bancario internacional o congelar sus cuentas y/o activos. Para esto, Washington se valió de la doble ventaja estratégica de ser la primera economía mundial y de tener en Nueva York la principal plaza financiera internacional. Desde entonces, quienes quisieran tener relaciones comerciales y financieras con los EEUU no debían proveer a dichos objetivos con servicios de este tipo. La pequeña Oficina de Control de Activos Extranjeros dentro del Departamento del Tesoro (OFAC por sus siglas en inglés), encargada de la implementación de todos los programas de sanciones, se transformaría luego de los atentados del 11/9 en una de vital importancia dentro de la política exterior.
Juan C. Zarate explica en su libro Treasury’s Wars que el terrorismo hace un proceso inverso al lavado de dinero tradicional: en lugar de emplear esquemas financieros o transacciones para transformar fondos ilegítimos en legítimos, las organizaciones terroristas obtienen sus fondos de fuentes que recaudan dinero a favor de causas legítimas. Tras los atentados de 2001, Washington decidió avanzar decididamente sobre el sistema financiero internacional con dos medidas importantes. En primer lugar, el presidente Bush firmó una orden ejecutiva desligando al gobierno de la responsabilidad legal de demostrar que los individuos y entidades designados dentro de la lista de la OFAC hubieran apoyado de hecho a redes terroristas, ni siquiera si sabían que su dinero o actividades estaban siendo utilizados para apoyar al mismo. En segundo lugar, al votarse y aprobarse la Ley Patriota en Octubre de 2001, en su artículo tres el Congreso y la Casa Blanca brindaron poderes al Departamento del Tesoro para expandir el régimen de anti lavado de dinero sobre actores financieros y comerciales: los requerimientos fundamentales para el combate al lavado de dinero ahora comprendían no solo a los bancos pero también a industrias financieras y comerciales no bancarias, incluyendo negocios de servicios de monedas como Western Union, compañías de seguros, y agentes de bolsa y comerciantes de metales y piedras preciosas.
Pero el paso más importante lo dio el Tesoro por ese mismo mes de Octubre, al alcanzar un acuerdo secreto con el Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales (SWIFT por sus siglas en inglés), una cooperativa con base en Bélgica que opera un sistema de mensajería financiera inter bancaria para las transacciones entre los bancos miembros. El Tesoro entendía perfectamente que para llevar el combate al plano internacional debía contar con acceso a las bases de datos de dicho sistema, el cual monopoliza virtualmente ese tipo de información sobre transacciones en el mundo financiero. Mediante negociaciones secretas se llegó a un acuerdo para la creación del Programa del Tesoro para el Rastreo del Financiamiento al Terrorismo (TTFTP por sus siglas en inglés), el cual fue develado al público por el New York Times en 2006.
El programa iba en la misma línea de los decretos presidenciales y la Ley Patriota: bajo el lema de la guerra contra el terror, eran medidas que daban atribuciones al Estado en materia de prevención y seguridad nacional para sortear los procedimientos legales básicos. Para el caso de las nuevas atribuciones del Tesoro, el argumento específico era que, de requerirse notificaciones previas o un debido proceso antes de que un sujeto fuera especialmente designado dentro de la lista, se perdería el propósito de congelar activos de manera preventiva. Si alguien se enterara de que el gobierno consideraba congelar sus activos, los fondos serían transferidos fuera de los bancos sujetos a la jurisdicción estadounidense en cuestión de minutos.
En el caso del TTFTP, miembros del Parlamento Europeo expresaron su malestar con las autoridades del SWIFT y de la Comisión Europea por permitir que Washington accediera a la información financiera de un sistema presuntamente neutral y por fuera de controles políticos (1). Zarate da cuenta en su libro de las discrepancias existentes al momento de rubricar un acuerdo y de cómo la buena voluntad de cooperación entre las partes primó por sobre las dudas. El programa le dio al Tesoro una herramienta de colección y coordinación de inteligencia financiera que posicionó a la OFAC en un lugar privilegiado para el diseño de la política exterior estadounidense. El caso más claro de guerra financiera fue contra Muamar el Gadafi: congelando las cuentas y activos, así como el acceso al sistema financiero internacional, de su entorno más cercano, lograron minar su liderazgo interno y su capacidad de respuesta a la situación civil interna en Libia. Zarate da cuenta en su libro de cómo se le hizo la guerra financiera a Libia y al Qaeda.
Bajo este nuevo paradigma financiero, es entendible que una vez publicado el decreto el Departamento de Estado aclarara rápidamente que las sanciones no son contra el Estado, industrias o la sociedad venezolana, sino sobre los 7 individuos mencionados. En un momento en donde el precio del petróleo obliga a Estados exportadores de petróleo como Rusia, Irán y Venezuela a ajustar presupuestos, un ataque directo al sistema bancario y financiero venezolano sería visto como una agresión directa a la estabilidad y gobernabilidad venezolanas. Por esto mismo Caracas está en alerta ante cualquier intento interno de generar un episodio que involucre a ciudadanos o activos estadounidenses y que provoque un jaque del Departamento del Tesoro sobre la gobernabilidad del país, al restringir el acceso de la nación a los mercados de deuda en dólares.
Hay gente ignorante porque no accede a la información, y otra porque no posee la mínima capacidad para interpretarla. Esta clase de negado, que vive de lugares comunes o la exposición visiones ajenas, suele hacer hincapié en que lleva la verdad absoluta y no hace falta hablar más.
Cuando se vive rodeado de gente medio pelo impera la realidad de los obtusos.
---------- Mensaje unificado a las 23:17 ---------- El mensaje anterior habia sido a las 23:15 ----------
Quedar bien ante los idiotas no pasa de convertirte en un idiota importante.
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:lol::lol::lol:
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[u]Venezuela les cierra la canilla del crudo a Cuba y sus aliados del Caribe - La Nacion[/u]
Venezuela les cierra la canilla del crudo a Cuba y sus aliados del Caribe
Con su economía asfixiada, el gobierno chavista recortó a la mitad el envío diario de barriles de petróleo
El Presidente Nicolás Maduro recortó a la mitad los envíos de combustible. Foto: Archivo
MIAMI.- Venezuela recortó a la mitad los despachos subsidiados de crudo a Cuba y los países miembros de Petrocaribe, y hoy representan cerca de 200.000 barriles diarios en lugar de los 400.000 enviados en 2012, indicó un informe de Barclays.
Además, el banco de inversión calificó de “irónico” que Venezuela mantenga los despachos de crudo, al resaltar que mientras el país donante sufre dificultades extremas, está subsidiando a otros que gozan de una mejor salud económica.
Debido a los recortes en los envíos de petróleo a los países del Caribe, la firma recortó su pronóstico de déficit en moneda extranjera de Venezuela a 22.600 millones de dólares, desde los más de 30.000 millones que preveía para este año.
“Los acuerdos petroleros han sido una pesada carga para Venezuela. Estas entregas alcanzaron los 400.000 barriles diarios en su punto más alto, en 2012, pero Venezuela sólo obtuvo pagos por la mitad”, dijo Barclays, que citó cifras de Petrologistics, firma que hace seguimiento de los movimientos de buques cisterna.
“En la última década, los acuerdos le costaron a Venezuela hasta 50.000 millones de dólares”, agregó el informe, titulado “Reduciendo la generosidad”. Sorprendentemente, Cuba -el más importante aliado del gobierno de Nicolás Maduro- no ha sido exonerada de los recortes, que se profundizaron después de agosto pasado, cuando los precios del crudo comenzaron a disminuir.
“Cuba recibió alrededor de 55.000 barriles diarios desde septiembre, casi la mitad de lo que recibió en 2012”, señaló el informe.
La reducción de las entregas a Cuba es más importante que las de los otros países beneficiarios de la generosidad venezolana, dado que, a diferencia de los países miembros del programa Petrocaribe, que al menos pagan una porción de las entregas, el régimen de La Habana no desembolsa pagos en efectivos por el intercambio.
Bajo los pactos de cooperación entre los dos países, Cuba paga el crudo con el envío de médicos y entrenadores deportivos para los programas sociales chavistas y a través de los servicios del aparato de inteligencia de la isla.
Sin embargo, los envíos a los países de Petrocaribe también disminuyeron significativamente. Los despachos a República Dominicana y a Jamaica, que abarcan la mitad del programa, cayeron 56% y 74%, respectivamente, frente a los niveles de 2012. Los recortes reducen a sólo 80.000 barriles diarios el crudo que envía a sus aliados sin recibir a cambio efectivo. Es un mayor ingreso que mejora el cuadro financiero del país en cerca de 7500 millones de dólares.
“Estimamos que el déficit del flujo de caja en moneda dura aumentará a 22.600 millones de dólares este año, desde los 15.000 millones de dólares de 2014, lo cual reduce significativamente nuestro estimado previo de más de 30.000 millones de dólares”, señaló Barclays.
“Nosotros estimamos que el gobierno podría obtener financiamiento de 17.500 millones de dólares, lo que significa que su posición en activos tendrá que disminuir en cerca de 6300 millones para poder cerrar la brecha”, agregó.
Venezuela, que acaba de salir de una de las más prolongadas bonanzas petroleras de su historia, ahora está en una de sus peores crisis económicas debido a la sistemática destrucción del aparato productivo y la drástica caída de los precios del crudo, sostienen economistas.
El desplome en los precios del crudo aunado a las pesadas obligaciones externas dejaron al país con menos de la mitad de los 33.000 millones de dólares que usó para importar productos en 2014, año en que el país ya empezaba a sufrir la crisis de desabastecimiento.
Además, los problemas económicos por los que hoy atraviesan los venezolanos también pueden ser atribuidos a la asistencia que brindó a Cuba y a otros países.
“Si Venezuela hubiese vendido ese crudo bajo condiciones de mercado y ahorrado esos ingresos, tendría más de tres veces de las reservas internacionales que tiene hoy”, indicó el informe de Barclays.
[u]El chavismo extiende su ofensiva y ahora busca controlar Twitter - La Nacion[/u]
El chavismo extiende su ofensiva y ahora busca controlar Twitter
Funcionarios del gobierno dijeron que había que regular las redes para evitar campañas de desprestigio
El gobierno de Nicolás Maduro quiere regular el uso de la popular red social Twitter. Foto: Archivo
CARACAS.- Inquieto con la libertad con que millones de venezolanos expresan sus opiniones por Twitter, el gobierno de Nicolás Maduro está dando señales de que busca la manera de cortar las alas a la participación de los ciudadanos en la popular red social y altos funcionarios del chavismo se pronunciaron a favor de regular las ideas y los mensajes transmitidos a través de Internet.
“Este tema de las redes sociales hay que regularlo -manifestó la fiscal general Luisa Ortega Díaz en su programa de radio-. La conducta del hombre en sociedad tiene que ser regulada.” La fiscal advirtió que aun cuando su propuesta “no busca coartar la libertad de expresión”, la introducción de nuevas regulaciones es necesaria para contener el uso de las redes sociales para generar zozobra y lanzar campañas de desprestigio contra el gobierno.
Ortega formuló los comentarios en medio de las acusaciones lanzadas por el chavismo de que los enemigos de la revolución bolivariana lanzaron una campaña de desinformación a través de las redes sociales sobre presuntos secuestros de chicos. El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, atribuyó los rumores a J.J. Rendón, estratega político residente en Miami, a quien acusó de lanzar una “campaña psicológica” contra los venezolanos a través de las redes sociales. “Cuánta angustia están creando en madres venezolanas”, dijo Rodríguez.
“Con esta nueva escalada en la guerra sucia instaurada por la derecha, están sellando el papel más vergonzoso que haya tenido un grupo político de la historia reciente de Venezuela”, sentenció antes de solicitar una investigación de las cuentas de Twitter por las que la información fue difundida.
“Todas estas cuentas tienen que ser investigadas porque son las que de forma tradicional se utilizan para instaurar estas campañas repudiables”, indicó el alcalde, al develar la más reciente conspiración presuntamente emprendida por la oposición para tratar de desestabilizar al régimen de Maduro.
Pero los observadores ven con mucho recelo los nuevos pronunciamientos del chavismo sobre el uso de las redes sociales, al advertir que acusaciones similares fueron esgrimidas antes de lanzar la denominada ley resorte, legislación que limitó seriamente el ejercicio periodístico en el país. Para los especialistas, el gobierno que instauró una virtual hegemonía comunicacional en el país ahora ve a las redes sociales como la última frontera a ser controlada.
“Hay un área que no han podido regular, que donde ahora se entremeten, pero que aún no controlan, y ésa es el área de las redes sociales”, dijo en Miami el consultor de medios digitales Fernando Núñez-Noda.
“Es el área donde los venezolanos aún se pueden expresar libremente, como debería ocurrir en toda sociedad democrática, y es un área a la que ellos [el chavismo] le vienen dando vueltas desde hace algún tiempo para ver cómo controlan, para ver cómo hacen, para ver cómo la censuran y para promover la autocensura entre los usuarios”, aseveró.
Hasta el momento, los esfuerzos de Maduro por controlar Twitter han consistido en acusar de conspiradores a algunas de las personas con un alto perfil en la red social y encarcelarlos posteriormente.
Según datos del Instituto Prensa y Sociedad (IPyS), el gobierno encarceló a siete personas por hacer uso de la red social, incluido un joven de 26 años por subir en Twitter fotos del cadáver del asesinado dirigente chavista Robert Serra, y la ciberactivista Inés González, conocida como @inesitaterrible. González, conocida por su fuerte crítica hacia el gobierno, se encuentra encarcelada aún bajo cargos de delitos de instigación pública, ultraje violento y ultraje contra funcionario.
También el periodista Gerald Evans fue retenido por agentes del Servicio Boliviariano de Inteligencia Nacional (Sebin) por postear en su cuenta de la red social fotos de una estación de subte de Caracas repleta de usuarios que esperaban el restablecimiento del servicio de transporte. @Evansth_ tuiteó: “¿Saben las fotos que tuiteé hace rato? Bueno, guardias del Sebin me retuvieron tras eso. Luego de tomar las fotos, me llamaron”. Los agentes le exigieron al periodista borrar las fotos. Evans lo hizo. Pero al salir, reportó en Twitter el incidente. “¿Y mi libre ejercicio a la información dónde queda? No lo hay. Las fotos no tienen algún mensaje «desestabilizador» o algo. Bueno…”
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[u]Alarmante caída del stock de alimentos en Venezuela - La Nacion[/u]
Alarmante caída del stock de alimentos en Venezuela
Según la principal cámara de empresarios, en algunos casos los inventarios alcanzan para apenas un mes
Nicolás Maduro. Foto: Archivo
MIAMI.- Los venezolanos, que llevan meses formados en largas filas para poder ingresar en los supermercados, no han visto aún lo peor de la escasez provocada por el colapso del modelo populista del chavismo, pero podrían hacerlo dentro de poco ante las advertencias de que los inventarios de los alimentos en el país han caído a niveles alarmantes.
“Los organismos gremiales, que incluyen a las industrias farmacéutica y alimentos, están llegando a inventarios críticos”, dijo recientemente Eduardo Garmendia, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) en una entrevista.
“Todo el sistema industrial está afectado por las dificultades para adquirir materias primas, pero obviamente es natural que los productos de primera necesidad sientan el efecto más importante porque el impacto directo es mayor, estamos hablando de medicinas y alimentos”, afirmó Garmendia.
En el caso de los alimentos, los inventarios de las principales industrias productoras del país alcanzan para menos de un mes, según datos de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea).
“En lo que va del año, hay empresas de alimentos a las que no se le ha asignado ni un dólar”, dijo Pablo Baraybar, presidente de Cavidea. “En algunas líneas nos quedan inventarios de 10 a 20 días.”
Para el venezolano en la calle, eso significa que las ya extensas dificultades que enfrenta para poner el pan sobre la mesa están por incrementarse exponencialmente.
“Hay una verdadera tormenta que se está formando por falta de dólares. La situación es desesperada y está en vías de tornarse peor”, comentó Russell M. Dallen, editor en jefe de Latin American Herald Tribune, que lleva años siguiendo de cerca el comportamiento de la realidad venezolana.
“En los próximos dos o tres meses, vamos a ver una escasez terrible, mucho peor de la que se ha visto hasta el momento. No solamente porque los niveles de inventarios ya están por el piso, sino porque en este momento aún no se están autorizando las importaciones” de los productos que se van a necesitar dentro de ocho o 12 semanas.
La mayoría de las industrias que operan en el país llevan ya bastante tiempo operando a niveles muy inferiores de su capacidad instalada de producción, debido, entre otras razones, a las grandes dificultades para encontrar materia prima.
Pero lo que podría producirse al cabo de pocas semanas es la paralización total al secarse los insumos, ya que las empresas no están recibiendo del gobierno los dólares para importarlos, dijo Dallen.
Algunos empresarios piensan que esto se debe a las dudas entre las autoridades económicas del gobierno de Nicolás Maduro sobre cuál de las distintas tasas cambiaras debería ser usada para realizar la operación, debido a las vastas diferencias entre cada una de ellas, con una tasa que se encuentra vigente en 6,3 bolívares por dólar, otra que está en cerca de los 12 bolívares, una tercera que está en 190 bolívares y la del mercado negro que está actualmente en 250 bolívares.
Pero la teoría que cobra mayor fuerza es la de que el gobierno simplemente no tiene los dólares requeridos para importar los productos.
El colapso de los precios del crudo, generador de más del 95 por ciento de los dólares que ingresan en el país, aunado a las enormes deudas contraídas por el gobierno bolivariano a lo largo de los últimos 15 años han dejado al gobierno este año con una necesidad de conseguir financiamiento externo por más de 23.000 millones de dólares para poder mantener los niveles de abastecimiento que tuvo el año pasado.
Ésa es la razón por la que el gobierno le ha estado realizando gran publicidad a la posibilidad de que China esté dispuesta a aportar $ 10.000 millones en préstamos para el desarrollo de proyectos en Venezuela, dijo Dallen.
Pero el dinero chino cuando llegue, sí es que llega a materializarse este año, podrá ser usado sólo para importar bienes del país asiático a ser usados en los proyectos concretos que fueron aprobados, lo cual no necesariamente brindará alivio para los millones de venezolanos que a partir de unas semanas podrían no encontrar leche o harina de maíz en las góndolas después de pasar todo el día haciendo cola para ingresar en el supermercado.
Para el economista Alexander Guerrero, una agudización de la escasez afectaría en primera instancia la oferta de alimentos y productos de las grandes cadenas de supermercados y los grandes mercados, los cuales ya están siendo controlados por el gobierno para implantar límites a las ventas de productos dependiendo de la terminación de los números de las tarjetas de identidad de los consumidores.
Y gran parte de los productos que sí estarán disponibles en Venezuela terminarán apareciendo en el mercado negro, que aun cuando se ha convertido en el blanco de frecuentes acusaciones del propio gobierno de ser uno de los principales causantes de la escasez del país es, en realidad, alimentado por funcionarios corruptos.
se sigue llamando venezuela despues de chaves…