Verguenza son los que salen a robar, eso es gente de mierda.
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Que hizo la mujer con el bebe? estoy viendolo sin audio.
Verguenza son los que salen a robar, eso es gente de mierda.
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Que hizo la mujer con el bebe? estoy viendolo sin audio.
Los que aprovechan este momento para generar mas psicosis merecen paredon.
Parrafo aparte merece el boludo de capitanich, que es mas boludo que abal, pero le pegan menos jjaja, como lo odiaban al gangoso.
El mismo rumor que genera psicosis, genera también la instigación a aquellos oportunistas para ir a saquear. Entonces hasta cierto punto la psicosis tiene fundamento.
Lo que entendí yo de lo de Once es que hubo un robo común y corriente a un local y como las agarraron a las minas los que estaban afuera de campana empezaron a gritar que habia saqueos para que la gente se descontrolara y aprovechar ahí el tumulto para escapar. Hay que ver si es verdad o no…
Salí de trabajar voy para el subte y estaba cerrado, decían que estaban saqueando once, voy a tomarme el colectivo y la gente les decía a los comerciantes que cerraran que venia para el centro. El colectivo pasa por Puyrredon y se subieron un par que dijeron que los jefes les habían dicho que se vayan que ya no iban a abrir por los saqueos y todo el recorrido tenia una mina al lado que miraba por la ventana re psicótica cualquier grupito por la calle en algún kiosko o esquina. No se con quien hablaba por telefono que le decia que queria llegar YA a la casa.
Acerca de los sindicatos policiales
El conflicto con las policías de casi todo el país ha devuelto al debate público el asunto de la sindicalización policial, con la cual ahora están de acuerdo hasta los macristas de PRO y los “renovadores” de Sergio Massa, junto con un amplio arco político que va desde Víctor De Gennaro, Hugo Moyano y Héctor Recalde hasta dirigentes de la Unión Cívica Radical y del FAP. Todos ellos se preguntan si el sindicato “podría servir para ponerles fin a los autoacuartelamientos (y) terminar con el autogobierno policial” (Página/12, 15/12). Es decir, si podría ser un instrumento eficaz de regimentación y control de crisis.
En estos planteos resulta evidente la ausencia de caracterización de la policía en el Estado capitalista, por un lado, y de las rebeliones policiales contra su propio Estado, por el otro. En febrero de 1974, una asonada policial en Córdoba (el “navarrazo”), impulsada desde la jefatura de la fuerza y desde el propio gobierno de Perón, dio el punto de partida a un proceso contrarrevolucionario que culminó con el golpe militar del ’76. No estaba en juego en aquella ocasión ninguna cuestión relativa a la sindicalización, sino el rescate del Estado por parte de las fuerzas represivas y de las paraestatales. Los acuartelamientos recientes responden a otro conjunto de factores: uno, la crisis inflacionaria, o sea la crisis fiscal, que siempre tiene un efecto disolvente en los aparatos estatales; dos, una manifiesta crisis del aparato policial, como consecuencia de depuraciones debidas a su entrelazamiento con el delito organizado y en especial con el narcotráfico; tres, una pérdida de autoridad del gobierno como resultado de la crisis general y de su derrota electoral.
Que Gendarmería reprima a la policía tucumana, responsable de delitos y desapariciones de personas, y que inmediatamente esa policía reprimida reprima, a su vez, a los vecinos que le reclaman seguridad, o que se enfrente al gobierno de Alperovich, que ha protegido sus delitos y negocios; o que Daniel Scioli y su ministro del área, el matón Alejandro Granados, admitan la disgregación y la podredumbre policial cuando proponen privatizar la “seguridad”, son síntomas extremos de esa descomposición y de esas crisis. Enarbolar los reclamos salariales para justificar una “salida sindical”, mientras se deja a un costado la caracterización concreta de la policía, por un lado en cuanto fuerza de choque contra los trabajadores y contra la juventud y, por el otro, en su situación actual de descomposición, equivale a dar status legal a la mafia del aparato estatal e incluso al narcotráfico, que tienen amplias posibilidades de infiltración y control de esos “sindicatos”.
El derecho de huelga
Carlos Tomada y Jorge Capitanich, a diferencia de los anteriores, se oponen a los sindicatos policiales porque, según dicen, la sindicalización implica derecho de huelga y eso no puede reconocerse en el caso de la policía. Capitanich añade que no puede haber sindicatos “de gente armada”. Uno y otro agitan espantapájaros, porque nadie propone un derecho de huelga policial y menos que nadie la CTA, principal abogada de la sindicalización de “los azules”.
Los defensores K de la sindicalización, como Raúl Zaffaroni y Marcelo Sain, intentan tranquilizarlos. Vinculan el sindicato de policías con una “reforma policial” que consideran indispensable y, al igual que De Gennaro, Recalde y, por supuesto, PRO y el Frente Renovador, hacen hincapié en que un sindicato policial no debe tener derecho de huelga. Es más: coinciden en esa negación del derecho de huelga algunos agrupamientos policiales que pugnan por la sindicalización, como Apropol y otros. Por tanto, no proponen un sindicato sino un instrumento de mediación para contener la crisis y, en el caso de Apropol, para hacer incluso una defensa corporativa de la policía con toda su carga de corrupción y criminalidad. Esas propuestas no hablan, por ejemplo, del personal de la Guardia de Infantería, que se encarga del asalto a las movilizaciones populares, ni del personal de los servicios de inteligencia.
Zaffaroni, como León Arslanián, propone, además de sindicatos policiales, descentralizar la policía, dividirla en pequeñas fuerzas a cargo de los intendentes. Policías comunales, en definitiva. Es una propuesta vieja que pondría a la policía, más aún, bajo control de las intendencias y de los punteros barriales; es decir, del delito organizado. En ese contexto, el sindicato policial sería, simplemente, una nueva organización mafiosa.
Los socialistas y la policía
Como es sabido, lo que distingue a los socialistas de los anarquistas es, principalmente, la reivindicación, por parte de los primeros, del trabajo en las instituciones del Estado. Este trabajo no se limita al parlamento o los municipios. Se trata de una diferencia de método que tiene que ver con dos factores fundamentales. En primer lugar, esas instituciones son un producto histórico, o sea, creado por grandes transiciones históricas que los pueblos solamente pueden superar a través de la experiencia -o sea, de otra transición histórica. En segundo lugar, no pueden evitar, incluso en su condición de instrumentos despóticos contra las masas, que se refracten en su seno las contradicciones de la sociedad capitalista y sus crisis. Muchos izquierdistas admiten este postulado solamente para el parlamento, al cual transforman, para estos fines, en una representación de la voluntad popular. Por su contenido, sin embargo, el parlamento es el padre material y espiritual de la coacción contra el pueblo, simplemente porque es el que dicta las leyes que organizan al conjunto del Estado, incluidos la policía y los servicios de inteligencia. Esos mismos izquierdistas, de todos modos, violan cotidianamente la acción reservada al parlamento cuando se presentan ante otro poder del Estado, la Justicia, con denuncias y apelaciones. ¿Por qué dejar al margen, entonces, a la policía, que hace cumplir las leyes del parlamento y las órdenes de la Justicia? En 2011, el Frente de Izquierda estuvo a punto de presentar una lista para la elección del Consejo de la Magistratura (una elección que, finalmente, no tuvo lugar).
No hay ninguna necesidad de darles a los policías la categoría de “trabajadores” o “proletarios” para orientar un trabajo político hacia ellos. Encerrar la actividad socialista entre esos términos (trabajador, no trabajador) es, simplemente, una cretinada. En numerosas empresas, destacadamente en el subte y en aeronáuticos, el activismo ha organizado sindicalmente al personal de seguridad, que se encarga, como es obvio, de proteger la propiedad de los patrones. La institución policial (represora) incorpora una contradicción entre su jerarquía y la base, entre las camarillas superiores -entrelazadas con el aparato estatal y las grandes corporaciones- y un personal de agentes, que estalla, si no periódicamente, sí cada vez que la crisis social y política alcanza niveles excepcionales. Ignorar la importancia de estas crisis en la disolución del Estado burgués sería imperdonable; la cuestión de los salarios aparece, en forma recurrente, en estas crisis. Sin un trabajo socialista profundo en la policía, la lucha contra la represión y, a término, por el desmantelamiento del aparato represivo, sufriría serias limitaciones. Rechazar este trabajo es puro anarquismo, no es socialismo.
Ahora bien: para este trabajo en la policía es necesario un programa. La cuestión de los salarios es muy importante, claro, pero lo es mucho más la relativa a los códigos de faltas, o sea la persecución sistemática de la juventud, que lleva al gatillo fácil y a la tortura en las comisarías. Asimismo, la oposición a reprimir las movilizaciones populares. La lucha popular contra los códigos de faltas y por la inspección de las comisarías por comités populares, debe ser llevada a los parlamentos y al interior de la policía -¡incluido el boicot a la aplicación de los códigos de faltas! Los partidarios de la sindicalización no hablan de este trabajo, o sea que sindicalizarían al gatillo fácil. Solamente sobre la base de un trabajo socialista sistemático y solamente sobre la base de la formación de una fracción socialista importante en la policía, tendrá actualidad la reivindicación de un sindicato de la categoría inferior de la policía. Una posibilidad de este tipo, como lo prueban numerosos ejemplos históricos, depende en gran medida de un ascenso excepcional de la lucha de los trabajadores. Lo que está claro, de cualquier manera, es que en caso de que se legisle la formación de (pseudo)”sindicatos” policiales, los socialistas deberíamos desarrollar un trabajo político adentro de ellos.
“Semana Santa”
Las asonadas policiales últimas, que han tenido diferencias marcadas en cada provincia, no tienen nada que ver con aquel “navarrazo” cordobés de 1974 ni responden a una tendencia golpista de la burguesía, cuyos partidos políticos se unieron al gobierno para denunciar la llamada “extorsión” de la policía. Los levantamientos ocurrieron en medio de una verdadera disparada inflacionaria, que hizo estallar la crisis salarial en la policía; por eso los aumentos salariales han tenido un impacto muy grande entre los trabajadores y un impacto político en general. El estallido sacó a flote (por si faltaba) la pugna entre camarillas vinculadas con los punteros políticos, al delito organizado y al narcotráfico. Puso en evidencia, en este plano, la tendencia disolvente en los aparatos del Estado, que se hará más intensa con el agravamiento de la crisis fiscal. Las asonadas pusieron de relieve, precisamente, el “trabajo político” de todas las fracciones, legales o ilegales, de la burguesía adentro del aparato policial.
El conjunto de la burguesía se colocó del lado del gobierno, pero además ha puesto sordina a la designación de César Milani al frente del Ejército (una medida que tiene mayor alcance estratégico que las asonadas policiales). Dado el control que Milani tiene de la inteligencia estatal, no hay que excluir que hubiera dejado andar estas asonadas para reforzar su pretensión a encabezar el Ejército. Todavía no ha sido dicha la última palabra acerca de la negativa del gobierno de enviar la Gendarmería a Córdoba antes de los saqueos, ni del papel de Milani, que cuenta con una red de punteros en esa provincia, en esa negativa.
Ningún socialista necesita “defender” la asonada policial (incluso debe denunciar todas las combinaciones mafiosas que han intervenido en ella) para señalar a los trabajadores la oportunidad que esas asonadas han creado para reclamar un básico de 8.500 pesos, equivalente a una canasta familiar. La posición, sin embargo, de numerosos izquierdistas, que cuestionan esos aumentos como una “extorsión” de la policía, sirve directamente al ajuste que reclaman el FMI y el capital financiero internacional. Estamos ante un caso único de cretinismo izquierdista. Coinciden con el “acta democrática” firmada en el Congreso, que precisamente denuncia la “extorsión” con la mirada puesta en la necesidad de ocultar su propio papel en la descomposición policial y, sobre todo, en la de impedir que esos aumentos se conviertan en un reclamo generalizado de los trabajadores. Hay que hacer notar, además, que el argumento de la “extorsión” ha sido utilizado sistemáticamente por los K o los Macri contra los trabajadores del subte y de otros servicios públicos, con el objetivo puesto en una regimentación del derecho de huelga bajo la excusa de asegurar “servicios esenciales”.
Estos izquierdistas coinciden, especialmente, con la posición oficial del gobierno y del kirchnerismo, que consideran a esas asonadas o sediciones como una reacción política contra un gobierno “nacional y popular”. La consigna: “Para los trabadores, sí; para la yuta, no”, significa plantear el desmantelamiento de los aparatos represivos por la vía de la disminución los salarios de su personal, un absurdo.
Conclusión
En el contexto de la crisis fiscal, inflacionaria y de pagos internacionales, y de la disgregación del gobierno -ahora coparticipado con un jefe de Gabinete y distintos funcionarios ajenos a la camarilla oficialista-, Argentina ingresa en una etapa excepcional de desarrollo de los antagonismos acumulados desde 2002. Hay, al mismo tiempo, un frente único (mayoritario) en favor de que el gobierno pueda mantener el control de las cosas, en el marco de la renegociación de deuda externa y la entrega petrolífera. La devaluación de la moneda, y la hiperinflación que podría desatar, amenaza esta coalición frágil. Se plantea, como nunca, la reivindicación de que la crisis la paguen los capitalistas, o sea salario básico de 8.500 pesos, jubilación de 82% móvil, control obrero, nacionalización de la banca, del comercio exterior y de los recursos estratégicos, cese del pago de la deuda externa.
Sobre la base de esta orientación se abre la oportunidad de extender el campo de acción conquistado por el Frente de Izquierda y desarrollar una alternativa de poder de la clase obrera.
De nuevo, un “pacto democrático”
Firmaron desde Pinedo hasta Lozano
Convocados por Julián Domínguez, presidente de Diputados, todas las fuerzas políticas estamparon su firma en un acta “en defensa de la democracia”, supuestamente contra los motines policiales. El texto, elaborado por el gobierno, fue firmado por Federico Pinedo (PRO), Juliana Di Tullio (FpV), Elisa Carrió (Unen), Mario Negri (UCR), Carlos Brown (FE), Jorge Valinotto (Frente Cívico de Córdoba), Gerardo Milman (GEN), Carlos Heller (Nuevo Encuentro), Darío Giustozzi (Frente Renovador), Mario Das Neves (Trabajo y Dignidad), Claudio Lozano (Unidad Popular) y Juan Carlos Zabalza (Partido Socialista). El Frente de Izquierda no fue convocado, en una temprana acción de proscripción política.
El acta dice que “la forma de expresarse de los efectivos es una injustificada modalidad, que no se corresponde con la situación de personas que se encuentran armadas en defensa de la ley”. El gobierno, con este trámite, desmintió de un plumazo que hubiera habido una “mano negra” de la oposición -o sea de la burguesía en su conjunto- detrás de la presunta “desestabilización”.
Para mayor claridad, el acta declara también “el apoyo de los partidos políticos aquí representados a la gestión de los gobernadores”. Es decir, que avala la gestión de los motines policiales por parte de los gobernadores, territorios liberados incluidos. El acta plantea, asimismo, que los aumentos salariales a la policía son “excepcionales”, e imposibles de otorgar, en un frente único contra los reclamos que empiezan a desarrollar trabajadores y sindicatos.
El acta propone una defensa de la democracia, que nunca estuvo en cuestión por parte de los amotinados, para escamotear el derrumbe del régimen político vigente. El acta no dice que la policía ‘extorsiona’ con la necesidad de mantener en pie a las fuerzas destinadas, precisamente, a reprimir a la clase obrera y a las protestas populares. En esa línea, el gobierno acaba de otorgarle aumentos, también, a las fuerzas federales. El “pacto democrático” avala, entonces, el reforzamiento de las fuerzas de seguridad que, con Milani a la cabeza del Ejército, forman parte de una política asentada en la ley antiterrorista, el Proyecto X, la intervención de la gendarmería en el control y represión social, y la novedosa intervención del ejército en cuestiones internas, que debutó en Santa Cruz contra ocupantes de tierras. En estos días, el Ejército ha sido puesto en “orden de apresto” ante posibles desbordes el 19 y 20 de diciembre.
La declaración de oficialistas y opositores oculta, por otra parte, que los motines policiales fueron el emergente de una crisis inflacionaria que afecta a todos los trabajadores. Por lo tanto, para el movimiento obrero se plantea la cuestión de intervenir en la crisis con sus propias reivindicaciones. En cambio, la firma de Lozano expresa una completa adaptación de su grupo político -integrante de la CTA Micheli- a las instituciones de la clase capitalista.
Más adelante, el acta le reclama, a las mismas fuerzas policiales que se amotinaron, que “asuman el sentido y la responsabilidad institucional que el Estado y la sociedad les delegó como garantes de “la seguridad pública y la paz social”.
Pero la única “seguridad pública y paz social” que se pretende resguardar, tras los aumentos a las fuerzas de seguridad, es contra la intervención del movimiento obrero. La disyuntiva no es saqueos u orden público, sino ajuste o defensa del salario, junto a las demás reivindicaciones obreras. Ese será el gran sentido de la movilización de la CTA y la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero, entre otros agrupamientos, que estará ganando la calle el 19, por 8.000 de salario mínimo vital y móvil, por el 82% móvil, por la reapertura de paritarias, contra todo despido y suspensión, denunciando el fallo antiobrero contra los petroleros de Las Heras, y contra la designación de Milani.
Es decir, por un programa obrero ante la crisis.
Creo que los saqueos son provocados y a ellos se asocian tipos que no necesitan y se llevan cajones de cerveza y televisores o lavarropas.Ahora,viendo que los comerciantes roban con os precios que ponen te digo que se lo merecen …Hay un hijo de puta que esta vendiendo 20 mangos el tomate que es una simple verdura de mierda.
lo mismo estan haciendo con los precios en lugares de veraneo…Despues se quejan de que “nadie veranea en argentina” y por ejemplo mar del plata es una cuidad de mierda ,con agua helada y 10 cuadras a la redonda de lugares buenos,el resto es una villa y miseria…prefiero pagar mas y rajarme a brasil porque con todas esas desventajas que ofrece mar del Garca no vale la pena.la costa es un robo.
Hoy el kilo de tomate lo pague 5 pesos, lo peor es que uno va a la vuelta de casa y lo ves 15 mangos y todo podrido, para colmo lo compran igual.
[quote=“Super Peres, post:1852, topic:105802”]
Hoy el kilo de tomate lo pague 5 pesos, lo peor es que uno va a la vuelta de casa y lo ves 15 mangos y todo podrido, para colmo lo compran igual
[/QUOTE]no le compre un carajo…ojala sele pudra todo.
La semana del 24 de navidad ,si bien tengo suerte que no cortan la luz por mi casa, queria comprar un faron de noche de esos de gas por la dudas no vaya ser cosa que en una de esas …y la misma poronga que cosataba 200 pesos hace 1 mes el chorro me la queria vender 850 pesos.Eso es ser un ladron tambien…
Beatle siempre metido acá.
Después anda preguntando qué pasa con Punga y Cruchorra y por qué todos estamos metidos en el General y no le damos bola a sus threads iluminadísimos sobre Política. :twisted::mrgreen:
Pregunta:
¿Alguien lee los comunicados del PO y el FIT? Sinceramente, cuando pasa algún hecho conflictivo se les cruza por la cabeza “¿qué pensará el PO de todo esto?”.
Enviado utilizando la aplicación móvil de tuRiver
Para mí van directamente a la carpeta “Correo spam”. :mrgreen::twisted:
O sea… yo qué sé, alguuuuuunas ideas del PO no me parecen descabelladas. Muy pocas.
Claro, igual a mi lo que me pasa es que me rompe un poco las pelotas que para cada suceso o conflicto político el PO tenga su comunicado y por ende “EscarabajoAcaudalado” su post. Siempre lo mismo: el mismo tono, las mis palabras, todo se va al tacho, el mundo se prende fuego, el pais es un polvorín, estamos a la deriva y el infaltable cierre con declaraciones de alto fervor revolucionario y combativo. Es un cassette.
Enviado utilizando la aplicación móvil de tuRiver
Ya es spam lo que hacen
Es que a ver… la política para mí, es algo que tiene muchos matices.
Para el PO es SIEMPRE blanco o negro. Por lo cual, puedo llegar a coincidir con ellos en el 5% de lo que dicen, porque hay cosas que sí en la vida son o blanco o negro, o te parás de una vereda o te parás de la otra. Pero en el otro 95%, en lo que hace a cosas que pueden tener matices, el PO siempre está parado en la vereda contraria. Y si vos mágicamente adquiriste los poderes del hombre elástico y podés tener un pie en cada vereda, quedate bien tranquilo que el PO está parado en la calle. :mrgreen::twisted:
Además, otra cosa… andá a buscar un archivo de la Prensa Obrera de la pesificación en 2002, o de la renegociación de la deuda, en la página del PO. No lo vas a encontrar ni por puta, y ¿sabés por qué? Porque siempre sacan titulares tan tremendistas que después, cuando no se termina cumpliendo lo que sus tapas dijeron, las borran para no quedar escrachados.
Ellos no se equivocan nunca. No no.
Mirá, si me voy a la Wiki a buscar la definición de secta, creo que voy a llegar a una definición muy exacta del Partido Obrero, qué querés que te diga.
Los textos no los leo ni a palos porque son larguísimos, pero los videos si los veo. En general siempre me parece muy acertada la lectura de la realidad que hace Altamira. Lo que generalmente no coincido es con las soluciones que proponen. Siempre quieren expropiar todo y dejarlo al mando de los trabajadores, je.
Tengo tomada la postura de que al analizar la realidad social y económica, la izquierda marxista suele acertar en los diagnósticos, pero falla en las soluciones que propone.