El asesinato que no fue
Hoy se cumplen 34 años del hallazgo del cuerpo del coronel, post mortem, Argentino Larrabure. La afirmación de que había sido ahorcado por el ERP sirvió como argumento para el golpe de 1976. El periodista Carlos del Frade lo rebate. Ni la autopsia ni el expediente judicial prueban que haya sido un homicidio. Tampoco el testimonio de su compañero de cautiverio, un empresario que fue amenazado para que confirmara la versión oficial.
Por Carlos del Frade
Hoy se cumplirán treinta y cuatro años del descubrimiento del cuerpo del entonces mayor del Ejército Argentino del Valle Larrabure, en un barrio de la periferia rosarina. Las Fuerzas Armadas, parte de la justicia federal y grandes medios de comunicación impusieron la idea de que el oficial había sido torturado y luego asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Pero el expediente original de la causa, que incluye la autopsia realizada en el momento del hallazgo, dice con absoluta claridad que no hubo tortura ni asesinato. Ese indispensable documento de obvio interés público descansa en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Coincide en ese punto el empresario René Vicari, quien compartió el cautiverio con el militar (ver recuadro). He aquí, por primera vez, un resumen de algunos fragmentos de aquel expediente que demuestran que no se trató de un asesinato.
[b]Los hechos[/b]
El 10 de julio de 1974, el ERP tomó la Fábrica Militar de Villa María, en la provincia de Córdoba. Allí fue apresado el subdirector, mayor Argentino del Valle Larrabure. La guerrilla lo necesitaba como técnico para la fabricación de explosivos. El 19 de agosto de 1975, el mayor Larrabure se suicidó estrangulándose con un cordel en la “cárcel del pueblo” donde se encontraba, ubicada en calle Garay 3254, en Rosario.
El Ejército difundió que se lo había torturado. “Acostumbrado a torturar y fusilar a todo combatiente que cae en sus manos, el Ejército quiere justificar su miserable actitud atribuyendo falsamente a los revolucionarios los mismos métodos que él utiliza”, contestó el ERP. El sábado 23 de agosto, el cadáver del oficial fue encontrado en un zanjón ubicado en inmediaciones de calle Ovidio Lagos y Muñoz, poco antes de la intersección con la ruta 178, en las afueras de la ciudad.
Alguien había llamado a la comisaría 18ª y sostuvo que “hay un bulto que les va a interesar”. El 4 de septiembre de 1975 el cadáver fue entregado al entonces teniente coronel Casals y las objetos personales de Larrabure fueron a manos del coronel Juan Pablo Saa, jefe del Servicio de Inteligencia del Batallón 121. El comandante del Segundo Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario y jurisdicción sobre las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos era Roberto Eduardo Viola. El 9 de septiembre lo reemplazaría Ramón Genaro Díaz Bessone. El diario La Nación tituló que “oficiales del Ejército informaron que el coronel Larrabure fue ahorcado por extremistas después de entonar el Himno Nacional”. Pero el expediente judicial jamás habló de torturas, mala alimentación y mucho menos de asesinato. Sin embargo, desde los grandes medios de comunicación se impuso la falsificación de la realidad.
[b]Aquella madrugada[/b]
El 11 de agosto de 1975, René Alberto Vicari fue secuestrado cuando se disponía a ingresar a su oficina en calle San Juan 2460, en la ciudad de Rosario.
–Policía Federal. Nos tiene que acompañar. Hubo un asalto en un banco y tenemos que averiguar –le dijo uno de los tres hombres que lo rodearon mientras le apuntaban con un revólver.
Lo subieron en su propio automóvil Renault Break e iniciaron una marcha que pasó por el Parque Independencia, tomaron por avenida Godoy hasta que le vendaron los ojos.
–¡Pará, pará! Acá está la camioneta –escuchó Vicari.
–Ahora te vamos a cambiar de coche –le indicaron.
Lo metieron en un cajón de madera y recomenzaron el viaje. Notaba que era un terreno barroso.
–Bueno, ahora te vamos a poner una inyección porque tenés que hacer un viaje muy largo...
A los pocos segundos, Vicari perdió el conocimiento. Cuando despertó, el comerciante estaba en una pequeña habitación amueblada con una cama, un banquito y un inodoro de plástico. Le contaron que había sido secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo.
–¿Cuánto quieren por mi rescate?
–Mil millones de pesos –fue la respuesta.
Lo llevaron a un sótano. Allí Vicari notó que había otro detenido, que tosía mucho y expectoraba y se quejaba para que bajaran el aparato de radio y que no prendieran el extractor de aire.
Alrededor de las 3 de la madrugada del 14 de agosto escuchó un fuerte grito, y la apertura de la puerta de la otra habitación que se hallaba en el sótano. Descendieron varias personas. Durante un largo rato escuchó conversaciones nerviosas. Todos fumaban mucho. Después vino un médico. Por la mañana, Vicari se dio cuenta de que estaba solo. Ya nadie cantaba el Himno Nacional.
A las horas, sus captores se llevaron todos los trozos de soga, cables, hojas de afeitar y cualquier objeto punzante. No querían más sorpresas.
Aquel grito que escuchó fue ahogado, como un quejido. El descubrimiento del cuerpo muerto de Larrabure desató un movimiento desacostumbrado. Algo raro había ocurrido. Sus secuestradores estaban preocupados.
El 4 de septiembre de 1975, Vicari, al advertir que no había nadie en el predio, saltó una pared de madera. Subió la escalera hacia la planta alta y al no ver a nadie, salió corriendo por una calle de tierra.
[b]La invención del asesinato[/b]
“Larrabure, Argentino del Valle-su muerte.” Así decía el expediente que se tramitó en el Juzgado Federal Número 1 de Rosario, a cargo del doctor Pedro Alegría Cáceres. Llevaba el número 27.513 y luego se le acumularon el 27.522 y 27.526.
No hablaba de asesinato. El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas tomaron el poder. El presunto asesinato de Larrabure fue uno de los elementos que consolidaron el frente interno militar y minimizaron las resistencias sociales. En agosto de 1979, el entonces coronel José Herman Llera, a cargo del denominado Juzgado de Instrucción militar número seis, dependiente del Ministerio de Defensa en la Dirección General de Fabricaciones Militares, recibió una notificación desde Rosario.
En aquella carta se informaba que no estaba “agregada la partida de defunción del occiso” y explicaba que la inscripción de la defunción de Larrabure fue ordenada por el juez nacional de primera instancia en lo criminal y correccional federal número cuatro de la ciudad de Buenos Aires, doctor René Daffis Niklison. Esa nota es una doble confesión: cuatro años después de encontrado el cuerpo de Larrabure la propia burocracia del terrorismo de estado que había hecho del caso un símbolo y una permanente excusa para secuestrar y torturar opositores políticos y sociales a la dictadura, decía que se trataba de “una muerte” y ni siquiera dudosa y, por otra parte, señalaba que desde el primer momento la reconstrucción política del caso fue llevada adelante desde Capital Federal, a más de trescientos kilómetros en donde fue encontrado el cuerpo del oficial del Ejército Argentino. No hay referencias a ningún asesinato. La palabra homicidio fue impuesta por los jueces federales de Capital Federal, Daffis Niklison y Ramón Ojeda Febre, quienes le ordenaron que lo calificara así a su par rosarino, Aguirre Stegmann. Esa invención de la realidad se produjo el 24 de agosto de 1975, al día siguiente de la aparición del cuerpo en un baldío rosarino.
Un dato relevante es que las directivas de Febres y Daffis Niklison se emiten al mismo tiempo que se practicaba la primera autopsia, a las ocho de la mañana. “La muerte de Argentino del Valle Larrabure fue producida por asfixia por estrangulación”, dice, y también apunta que se encontraba en un “buen estado nutricional”. En ningún lugar de la autopsia se afirma que Larrabure haya sido estrangulado por un tercero. El 27 de septiembre de 1975, otro informe elaborado por los médicos forenses Avelino Do Pico y Guillermo Osman Dick, determinó que “no surgen lesiones producidas por el paso de corriente eléctrica”, lo cual contradijo las afirmaciones de la acción psicológica castrense y del gobierno de María Estela Martínez de Perón. El médico legista de la Policía Federal, Horacio José Marinoni, comenzó el examen del cadáver a las 8 de la mañana pero con un detalle no menor: no contaba con los medios ni el equipo de ayudantes que llevaron otros profesionales. Marinoni destaca la nutrición de un sujeto normal con respecto a su talla. Y el profesional dice algo más: su primer informe “fue hecho condicionado al resultado de la autopsia forense y de los exámenes complementarios que luego se requirieron, habiendo actuado con escasos elementos para su examen con los antecedentes que se brindaron en ese momento”. En síntesis, la autopsia practicada en el cuerpo de Larrabure jamás ofreció como conclusión la certeza de un homicidio, al contrario, era un cadáver que presentaba indicios de buena alimentación y buen cuidado sin la menor marca de tortura o golpe alguno.
Larrabure no estaba siendo castigado ni tampoco mal alimentado. No se lo iba a matar.
Página/12 :: El país :: El asesinato que no fue
