claro… me parece que una investigacion, de cualquier tipo que sea, se tiene que armar así, en base a los pequeños detalles, la mayor cantidad posible, que despues se tienen que juntar, y tiene que quedar algo medio coherente… mas vale que tiene relevancia si es un auto o una camioneta, ya que es el vehiculo que tiene que buscar la policia para determinar quien lo tenía cuando ocurrió el hecho, no me parece que sea algo sin relevancia
Obvio , pero el dudar de este chabon hace dudar de los intereses (buenos o malos según quien)de ciertas personas y sus militantes
Hay una enorme diferencia estar dentro de una traffic o una ranger
El 20 a Plaza de Mayo: ¡Justicia por Mariano!
El próximo sábado 20 se cumplirán dos años del crimen de Mariano Ferreyra y del brutal ataque a Elsa Rodríguez y a otros compañeros. El crimen de Mariano sacó a la luz el entrelazamiento de la burocracia sindical con la policía, los concesionarios del ferrocarril y el aparato del Estado, para superexplotar a los trabajadores tercerizados y para desviar a sus bolsillos los subsidios que el gobierno K reparte sin control entre sus amigos.
La lucha popular puso en la cárcel a la patota de Pedraza y en el banquillo de los acusados a una parte de la policía, pero todavía falta un camino a recorrer para obtener la condena de los criminales -y, por esta vía, contribuir también a poner fin a la dominación de los sindicatos por parte de la burocracia sindical.
Las amenazas a los testigos del juicio oral y público a la patota y a la policía, así como el secuestro de uno de ellos, ponen de manifiesto que los responsables políticos del crimen no cejan en sus esfuerzos para arrancar la impunidad.
La incapacidad del gobierno para neutralizar esas amenazas, y para impedir el secuestro reciente y su esclarecimiento, demuestra que solamente la lucha popular podrá conseguir la ¡Justicia para Mariano!
Por eso, convirtamos el segundo aniversario del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra -el próximo 20 de octubre- en una gran jornada de movilización a Plaza de Mayo.
Llenemos la Plaza -y todas las plazas del país- este 20.
Ya salió el disco CUERPO con canciones hechas a partir de Mariano y su lucha, disco hecho por Las Manos de Filippi, Cadena Pepetua, Manu Chao, Vicentico, Raly Barrionuevo, Pablo Lescano, Orquesta Fernández Fierro, Acorazado Potemkin, Gabo Ferro y Palo Pandolfo… y demas artistas…
Dejo un temón de Las manos, junto a Cadena…
Qué grosas las Manos, “Organización”, “materialismo”, fasinpat…
Los metodos piqueteros, cutral-co, musica, working, gracias por ser amigo de Bush, IPHG…
Temasos… musica le re pone…
y loco en que quedo el gran secuestro extorsivo donde la derecha rancia del país demostraba la gran pija que tienen escondida?
¿O sea que esperabas que se concrete un golpe para ganar una discusión de internet?
Dicen las malas lenguas de los esbirros de ernestina herrera de noble que a severo (k confeso) le dijeron querés desaparecer unas horitas por unos cuantos verdes y la habilitación de varios puestos de choripán (ya tiene algunos) porque justo está el quilombo de gendarmeria, con esto desviamos la atención… vaya uno a saber…
Todos los caminos conducen a Pedraza
A partir de la audiencia del jueves 11, el juicio se instaló firmemente en el terreno de los intereses políticos y económicos que rodean el crimen de Mariano. Luego de que más de 30 testigos demolieran la versión infame del “enfrentamiento” y dejaran en claro el carácter artero y criminal de la agresión -que le costó la vida a Mariano y les causó graves heridas a Elsa Rodríguez y a otros compañeros- y la activa connivencia de la Policía con los agresores, el debate está encaminado hacia las responsabilidades de Pedraza y de Fernández. Pero también de empresarios y de funcionarios, que deberían estar sentados con ellos en el banquillo de los acusados.
Los testimonios que se escucharon en esta audiencia -no sólo por las denuncias de Jorge Hospital, sino también en boca de representantes de la burocracia y de Ugofe- ofrecen razones de sobra para desmontar la trama corrupta que empresarios, sindicalistas y funcionarios erigieron sobre el ferrocarril, y que el gobierno todavía encubre y mantiene en pie.
Las tercerizadas, la gran estafa
El gerente de contratos privados de Ugofe, Gustavo Zeni Jaunsarás, ilustró el marco económico que derivó en el crimen de Mariano.
Jaunsarás, desvinculado de la empresa hace pocos meses, describió el mecanismo de contratación de las tercerizadas. Al principio, se refirió a “licitaciones”, pero finalmente quedó de manifiesto que no eran tales. En primer lugar, porque las empresas se “seleccionaban” a dedo, entre las que eran consideradas “idóneas”, por él mismo. Muchas de ellas -si no la mayoría- pertenecían a los mismos grupos económicos que integran Ugofe. De este modo, los empresarios pagaban salarios equivalentes a un tercio de los establecidos en el convenio ferroviario. Los obreros tercerizados llegaron a ser 2.500, frente a un plantel de 4.500 ferroviarios convencionados.
La licitación fraudulenta operaba de la siguiente manera: ganaba la empresa que ofrecía el precio más bajo por jornal: un valor compuesto por el salario, el herramental y la utilidad de la empresa; el porcentaje de este último, “desconocido” para el gerente. El valor de mercado que se tomaba por referencia era el de “la plaza ferroviaria”, dijo el testigo. ¿Qué significaba esto, en términos concretos? ¡Que era el que había fijado la Ugofe misma en el ramal San Martín, que también era administrado por ella!
Como “por la extensión del ferrocarril la directiva era no depender de una sola empresa” -en dichos del testigo-, también se integraba al resto de las empresas que se habían presentado a la “supuesta” licitación, planteándoles que igualaran la oferta ganadora. La conclusión es que finalmente todas las empresas “idóneas” seleccionadas “a dedo” -“privadamente”, dijo Jaunsarás- ingresaban al negocio. Como esto era una práctica sistemática, se reveló falsa la aseveración del testigo de que las empresas “desconocían” que finalmente todas morderían de la torta. El Estado cubría todos los gastos, Ugofe no ponía un centavo. El reparto del negocio lo determinaban, en realidad, el ex subsecretario de Transporte Ferroviario y hombre de La Fraternidad, Antonio Luna, “El Gallego” Fernández y el directorio de Ugofe.
Jaunsarás también explicó que Ugofe embolsa -a título de “utilidades”- el 6% del monto fijo mensual que aporta el Estado para la operatoria del ferrocarril, que asciende a decenas de millones de pesos por mes. Esto, además de los ingresos que obtiene por boletería, de la explotación de los locales comerciales y de la publicidad en toda la línea ferroviaria, como se establece en el contrato de operación celebrado entre Ugofe y la Secretaría de Transporte en épocas de Ricardo Jaime.
La Unión Ferroviaria participaba en forma directa del negocio de la tercerización, mediante la “cooperativa” Unión del Mercosur. Lo que motivó la agresión criminal contra los tercerizados fue que éstos amenazaban con liquidar este fraude monumental.
Empresarios, burócratas y funcionarios manejaban a su antojo una montaña de dinero que, en su codicia, no alcanzó para reponer los frenos del tren que se estrelló en la estación Once, con un saldo de 51 muertos.
Una mujer en problemas
En la misma audiencia declaró Karina Benemérito, secretaria de Relaciones Internacionales de la Unión Ferroviaria. El 20 de octubre de 2010 estuvo en la sede del sindicato, participando del congreso organizado por la revista Latin Rieles. El panel central de aquel evento contó con la participación de Pedraza, de Fernández y del entonces secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi. Benemérito fue a declarar para reforzar la coartada de Pedraza y de Fernández, pero concluyó en un desastre. Por un acuerdo establecido al comienzo del juicio -las acusaciones por falso testimonio serán consideradas a la hora de la sentencia- no fue detenida en el momento. El ensayado cuestionario que preparó con el defensor de Fernández no le sirvió de nada, y seguramente terminará imputada al final del juicio.
Benemérito pretendió hacerle creer al tribunal que ella atendía el teléfono de Fernández, mientras este disertaba. Cuando la fiscal le apuntó que desde ese teléfono se comunicaron 64 veces con Pablo Díaz, 26 con Gustavo Alcorcel y 12 con Mario Giusti, entre otros patoteros, se quedó sin palabras. Su mentira terminó en un enredo que causó algunas risas en la sala. Es probable que el fallido testimonio de Benemérito haya desatado una crisis al interior de la burocracia y de sus abogados.
El clímax llegó al final, cuando nuestra abogada, Claudia Ferrero, puso de manifiesto que Benemérito mintió desde que se subió al estrado, cuando preguntada por las generales de la ley, negó tener “interés particular” en la resolución del juicio. A instancias de nuestra abogada, reconoció su participación en la solicitada publicada por la UF en la víspera del inicio del juicio, en la que se exigía “incondicionalmente” la libertad de nueve de los detenidos. La palabrita (“incondicionalmente”) terminó sepultando su testimonio.
La última testigo fue María Cerisola, empleada de contaduría de la Unión Ferroviaria desde 1977. Brindó algunos datos duros. Por ejemplo, que las firmas autorizadas para los movimientos de fondos eran las de Pedraza, Fernández y Armando Matarazzo, secretario de Finanzas de la UF y directivo de la “cooperativa” Unión del Mercosur. También, que todos los fondos pasan por una cuenta del Banco Galicia. De ese banco, justamente, el contador general de la UF, Angel Stafforini, retiró los fondos destinados a comprar las voluntades de los camaristas de la sala III de Casación.
Las pruebas contra Pedraza y contra su banda se acumulan una sobre otra, audiencia tras audiencia.
Todos los caminos conducen a Pedraza : Prensa Obrera 1244
Alfonso Severo
El jueves 16 declaró Alfonso Severo. Su testimonio en el juicio había generado ciertas expectativas, luego del episodio de su desaparición.
El nombre de Severo comenzó a circular en los medios de prensa al día siguiente del crimen de Mariano. El ex gerente de Ferrobaires -despedido y desalojado de su oficina por asalto- denunció que en la madrugada del 21 de octubre de 2010, un grupo de desconocidos baleó el frente de su casa, en la localidad de Sarandí, y que ese atentado estaba conectado con el crimen de Mariano.
Al declarar en aquel momento, Severo aportó detalles sobre la estructura mafiosa que tiene por base la empresa Ferrobaires y señaló la existencia de depósitos de armas en diversas oficinas de la estación Constitución; también afirmó que el día anterior al crimen de Mariano, Humberto Martínez -secretario general de la seccional sur de la UF- convocó a una reunión en la que llamó a impedir el corte de vías en Avellaneda. Por último, Severo aportó una nota anónima que le fuera depositada en el buzón de su casa, que rezaba (textualmente) lo siguiente:
“Gabi Sánchez (guarda) tiro al piso, dueño de arma. Tano Carnevale convocó a la marcha. C/barba candado le disparó a Ferreyra. Pablo Díaz pagó a los que fueron a Avellaneda. Fueron convocados por Martínez, Pablo Díaz, Fernández, Maldonado, c/una mujer que está en Ferrobaires y (ilegible) el entrepiso UF”. Estos mismos elementos fueron surgiendo en el curso de la investigación a partir de diversos testimonios y otros elementos de prueba.
Acerca de su desaparición, el gobierno hizo correr al principio la versión de que se trataba de un “autosecuestro”. Tras su reaparición y su proclama de apoyo al kirchnerismo, los voceros oficiales pasaron a elogiarlo y -más sorprendente aún- a vincular su desaparición con la aplicación de la ley de medios y la disputa con Clarín. El episodio en cuestión sigue sin esclarecerse.
Lo que Severo declaró no trajo mayores novedades. Introdujo algunos cambios respecto a su primera declaración (la reunión previa al 20 de octubre del 2010 no se habría realizado en oficinas de Ferrobaires sino en el Museo Ferroviario de Avellaneda) e hizo algunos señalamientos generales. Entre sus puntualizaciones, dijo tener conocimiento de que a Alejandro Benítez -el “testigo protegido” que llegó a la causa de la mano del intendente de Quilmes y que habría formado parte del grupo de choque de la patota- lo convocó el delegado Carnovale (´venite a Avellaneda que vamos a sacar a estos zurdos´). Reiteró la descripción de la mafia que anida en Ferrobaires y que encabezan Humberto Martínez, Norberto Saldaña, Daniel Hess y “Chuly” Carruega -ninguno de ellos hasta ahora fue ubicado en el lugar de los hechos- y dio un par de definiciones: “todo el armado de patotas y bandas viene de años”; “Pedraza tuvo una responsabilidad o irresponsabilidad después del ’90, de querer ser empresario, eso llevó a la pérdida de 50 mil empleos y a la tercerización”; “los trabajadores no fuimos defendidos por el sindicato” cuando se privatizó el ferrocarril.
La declaración de Severo es una nueva pieza que se integra al cuadro de descomposición general de la burocracia sindical y del régimen montado en el ferrocarril, y que aflora en cada una de las audiencias. Quedan planteadas dos cuestiones: una, la investigación sobre las bandas que se cobijan en la estructura de Ferrobaires; dos, el esclarecimiento completo y certero del episodio de su desaparición.
Alfonso Severo : Prensa Obrera 1244
Una denuncia implacable
Declaró Jorge Hospital, dirigente de Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra y candidato de la lista Gris
El jueves 11 declaró Jorge Hospital, dirigente de la agrupación Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra y candidato por la Lista Gris a secretario general de la seccional sur de la Unión Ferroviaria, en las elecciones del próximo 27 de noviembre. Su testimonio fue contundente contra Pedraza y la patota, y también contra los empresarios de Ugofe, con los cuales la burocracia estaba asociada en la explotación de los obreros tercerizados, y que fueron cómplices del ataque de la patota pedracista. Hospital hizo una denuncia magistral de la burocracia sindical ferroviaria delante de Pedraza y “El Gallego” Fernández, presentes en la sala.
Hospital es guardatrén de la dotación general del Roca. Explicó ante el tribunal el proceso de lucha de los tercerizados, la hostilidad de la UF contra su justo reclamo y las dilaciones del Ministerio de Trabajo. También describió el régimen de terror impuesto por la burocracia en toda la línea, la regimentación de la organización sindical y señaló a varios de los reclutadores de la patota. Los abogados defensores intentaron interrumpir su declaración, pero el tribunal rechazó sus impugnaciones. La declaración de Hospital fue valiosísima para esclarecer las motivaciones políticas y económicas del plan criminal perpetrado por la patota.
Jorge Hospital: “Participé de todo el proceso de lucha de los compañeros tercerizados. Luego del corte de vías que se hizo en julio de 2010, incluso integré la comisión que presentó los reclamos ante el Ministerio de Trabajo. El período de negociación duró por lo menos un mes y medio. Fueron negociaciones muy engorrosas. Especialmente, los que no tenían solución eran los despedidos. Su incorporación quedó en la nada. Finalmente, en una asamblea en Lanús, se decidió ir a cortar las vías el 20 de octubre”.
“El sindicato no sólo no apoyó jamás a los tercerizados: hicieron campaña en contra, entre los trabajadores y entre los usuarios. Pusieron pasacalles y carteles en lugares donde sólo la empresa puede autorizar a que se pongan. El sindicato operaba sobre los trabajadores de planta, diciendo que si efectivizaban a los tercerizados, no iban a poder entrar sus hijos”. En este punto, el abogado del “Gallego” Fernández pretendió que se le exhibieran a Hospital unas actas donde supuestamente figuran las gestiones de la UF para conseguir el pase a planta de los tercerizados. El tribunal no dio lugar al pedido. Más adelante, se pondría de manifiesto que en ésas no figuraba ni una sola línea sobre los tercerizados y que el defensor de Fernández mentía alevosamente. La declaración de Hospital era exacta.
Hospital denunció que los tercerizados no tenían estabilidad laboral, hacían los trabajos más pesados y cobraban un tercio de los salarios de convenio. “La finalidad de la tercerización -dijo- es pagar salarios inferiores a los de convenio y quebrar la unidad de los trabajadores”. Señaló que varias de las empresas contratistas constituían un fraude laboral, ya que pertenecían a los mismos grupos económicos que conforman Ugofe. Se refirió especialmente a la ‘cooperativa’ Unión del Mercosur, que “pertenece a la Unión Ferroviaria”. Su directorio lo integran altos dirigentes de la UF y la cuñada de Pedraza. Además, su sobrino trabajaba en la administración. “Echaron de la ‘cooperativa’ a trabajadores por reclamar ropa de trabajo y elementos de seguridad”. Esos trabajadores eran los únicos tercerizados afiliados a la Unión Ferroviaria. A través de Unión del Mercosur se canalizaban millones de pesos de la Secretaría de Transporte que iban directo a los bolsillos de la cúpula sindical.
Hospital señaló que todos los ingresos de personal eran manejados por el sindicato. “Desde que llegó Ugofe, el sindicato se convirtió en la oficina de personal de la empresa”. Y recalcó: “la máxima autoridad de la UF es José Pedraza”. Hospital describió varios antecedentes de violencia de la patota, poniendo de manifiesto que se trataba de una práctica sistemática, de la cual el crimen de Mariano fue su punto más alto y no una excepción. Entre otros episodios, Hospital contó que en octubre de 2010, poco antes del crimen de Mariano, fue atacado por seis matones mientras volanteaba los talleres de Escalada. “Los mismos que me agredieron fueron luego los reclutadores de la patota del 20 de octubre”. También señaló a Gabriel Sánchez, “El Payaso”, denunciado por sus compañeros de trabajo por ostentación de armas.
Finalmente, se le exhibieron a Hospital varias fotografías del día de los hechos. En ellas, identificó a Pablo Díaz, Francisco Pipitó, Gabriel Sánchez, entre los imputados, y a otros delegados, como Suárez, Piola, Carnovale, Arias, Miño y a Casas, “que ahora es supervisor”. Varias de estas personas deberían quedar imputadas al final del juicio. También identificó en ellas, a Héctor Hourcade, jefe de la división Transporte de Ugofe, mientras caminaba por las vías junto a Pablo Díaz y sus matones. Esa imagen, tomada por un fotógrafo de Clarín minutos después del asesinato de Mariano, demuestra que la empresa no fue ajena al plan criminal. Por el contrario, buena parte de su gerencia debería estar hoy compartiendo el banquillo de los acusados junto a Pedraza, su patota y los policías.
El testimonio de este luchador ferroviario -que impuso un enorme respeto en la sala- fue implacable.
El ataque de la patota, desde adentro
Una declaración reveladora
El jueves 18 declaró en el juicio Marcelo González, obrero de los talleres de Escalada que participó, el día de los hechos, del lado de la patota. La mitad de sus compañeros de sector fue reclutada por los delegados “verdes” para enfrentar a los tercerizados. El testimonio de González expuso el carácter deliberado y criminal de la agresión, visto del lado de los agresores. González es lo que algunos medios llamarían un “arrepentido”. Su testimonio fue contundente contra Pablo Díaz -jefe de la Comisión de Reclamos del Roca- y contra Cristian Favale.
Lo que declaró
“Ese día me presenté a trabajar en mi puesto, como un día normal. Entre los compañeros se decía que íbamos a salir del taller como lo hacíamos siempre que íbamos a una marcha o a un acto. Yo estaba en mi puesto y vino un delegado, Toreta, a decirnos que íbamos a ir a Avellaneda. Venía con una planilla con nuestros nombres e iba haciendo una cruz al lado de los que íbamos a salir. Quedamos en que a las 8:30 de la mañana nos encontrábamos en la puerta de los talleres y habremos salido tipo 10. Éramos más de cincuenta personas”.
“Cuando bajamos en Avellaneda, había gente del Partido Obrero en el andén, que tenían carteles. Había señoras, chicos. No eran muchos. De nuestro lado, había compañeros de otros sectores: brigada, evasión. Eramos mucho más de 100, seguro”.
“Nos quedamos ahí, charlando en el andén, hasta que un compañero mío me dice ‘che, loco, acompañame que Pablo Díaz mandó a pedir gente, que va a ir a hablar con los del PO que están abajo’. Bajamos y lo veo a Pablo Díaz hablando con dos personas. Hablaban tranquilos, hasta que Pablo Díaz se altera y les grita: ‘si me cortás las vías, te cago a tiros’. Yo estaba a cuatro metros de ellos”.
“La gente del Partido Obrero empezó a marchar y nosotros subimos a la estación. Caminamos sobre el terraplén a la par de ellos, para el lado de Capital. Cuando cruzamos las vías para ir del lado que venían los del PO, Pablo Díaz estaba hablando con un señor alto, de traje oscuro, que le dice: ‘si tenés que hacer algo, hacélo ahora’”.
“Ellos estaban a una distancia considerable. El intercambio fue ahí abajo del puente. Ellos estaban abajo y nosotros, arriba. Es un terraplén alto. Dicen que un grupito logró subir a las vías, pero yo no lo vi. A los nuestros les dieron un par de tuercazos en el cuerpo, no vi nada más. Un grupo de policías les tiraban con balas de goma. No te lo puedo asegurar, pero me parece que estaban, como nosotros, arriba de las vías”.
“Después ellos se van; se retiran más de dos cuadras, seguro. Nosotros estábamos arriba de las vías y ya había compañeros abajo. Abajo estaba Pablo Díaz. Nos empezó a decir que bajemos. Toreta, el delegado que me convocó, nos decía que no, que no bajemos, que teníamos que impedir que corten las vías y que lo habíamos logrado. Pablo Díaz decía que bajemos, que no seamos cagones. Los chicos del Partido Obrero estaban en el fondo de la calle”.
“En eso, aparecieron caminando por las vías unos chicos, del lado de la estación Yrigoyen. Pensamos que eran del PO, porque no los conocíamos. ‘Es gente nuestra’, dijo alguno. No eran ferroviarios. Reconocí a Favale, que venía con el grupo. Venían eufóricos. Llegaron y bajaron a la calle. Favale lo saludó enseguida a Pablo Díaz”.
“Unos días antes, habíamos ido a un acto al estadio de River. Ese día estaban Pablo Díaz y Favale, que lo seguía para todos lados. Los compañeros decían ‘el loco ese es el custodio de Pablo Díaz’. Esa fue la primera vez que lo vi”.
“Cuando llegaron ellos, fue cuando más empezaron a decir con Pablo Díaz que bajáramos. Empezaron todos a bajar y yo también. La idea de correrlos era de Pablo Díaz”.
“Salimos todos a correr. Nos costó llegar, porque estaban lejos. La idea era que vieran que éramos un montón para que se vayan. En ese transcurso, nos encontramos a la periodista (de C5N) y fue como que la corrida se cortó. Arrancamos de nuevo, pero ya éramos menos”.
“Cuando estábamos llegando hacia ellos, había diez chicos con palos, haciendo como una muralla. Se armó otra pelea. Me escondí detrás de un arbolito y agarré un pedazo de ladrillo. Cuando lo agarro, veo una persona que se arrodilla al lado mío y empieza a disparar”.
González llora y su testimonio se interrumpe por unos momentos.
“Yo lo miro: era Favale. Apoyó una rodilla en el suelo y empezó a disparar. Yo escucho ¡pa pa pa pa pa!; no sé cuántas. Fueron varias, todo muy rápido. Tiro el ladrillo al piso y me vuelvo corriendo para el puente. Antes, eché una última mirada. Veo patente que un pibe se agarra la panza y se desploma. Después me entero de que el chico este era Mariano. Yo lo veo al loco de mierda este disparar y un pibe enfrente que se cae agarrándose la panza”.
“Cuando llego abajo del puente, me siento en un cantero. Estábamos todos acongojados. Los miraba a mis compañeros, no caía todavía. No podía hablar. Todos sabíamos lo que había pasado, pero no caíamos”.
“Viene Gustavo Alcorcel caminando con una bolsa con gaseosas. Me acerco para buscar algo para tomar y lo vuelvo a ver a Favale, que se acerca a Pablo Díaz. Escucho que Pablo Díaz le dice ‘loco, ¿no te dije que traigás los fierros?’. Y Favale le dice a Pablo Díaz: ‘¿pero no viste que le di en la panza?’. Yo estaba justo detrás de él”.
“Nosotros, cuando salimos con la venia del gremio, salimos autorizados. Nunca nos sancionaron ni nos descontaron nada. Esta fue la única vez. No sancionaron a nadie, pero nos descontaron el día”.
“Ese día no regresamos al lugar de trabajo, regresamos al otro día. Era un silencio total. Se comentaba lo que había pasado. Un compañero contó que, cuando estábamos ahí, alguien le apoyó un arma en el hombro, usó su hombro de apoyo y disparó; pero que no sabía quién había sido, porque el ruido hizo que diera vuelta la cabeza para el otro lado. Buscábamos a los delegados, pero no había ni uno. Así habremos estado una semana. Nadie hablaba, estaban todos tristes”.
González declaró en la fiscalía seis meses después de los hechos. Según dijo, porque temía por la seguridad de su familia.
El ataque de la patota, desde adentro : Prensa Obrera 1245
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El fracaso de las defensas
Durante las últimas audiencias del juicio, comenzaron a desfilar los testigos convocados por los abogados defensores de Pedraza y su patota. De la nómina original que presentaron, mantuvieron solamente un puñado, y desistieron de buena parte de los testimonios que ofrecieron al momento de la elevación a juicio. Se trata, en su abrumadora mayoría, de personas que no declararon durante la etapa de investigación y que recién lo harían en el juicio oral. Las defensas ‘prescindieron’ especialmente de aquellos mencionados por otros testigos como reclutadores de la patota y protagonistas de la agresión criminal -por ejemplo, entre otros, desistieron de Roberto “Tano” Carnovale, directivo de la seccional sur de la Unión Ferroviaria, y de Marcelo Garro, supuesto ‘herido de bala’ del bando de los patoteros.
Los que sí vinieron a declarar, cumplieron un papel penoso en el estrado. Varios de ellos deberían acabar penalmente comprometidos al final del juicio. En todos los casos se reprodujo la misma mecánica: cuando interrogaban los defensores, los patoteros intentaban ajustarse a un guión pre-armado, reiterando latiguillos y excusas (‘íbamos a hacer acto de presencia’, ‘yo estuve en la parte de atrás del grupo, así que no vi casi nada’, ‘escuché detonaciones, pero no sabía de dónde venían ni vi armas’, etc.); luego, bajo el interrogatorio de los acusadores, las contradicciones e inconsistencias se hacían evidentes, hasta terminar en el ridículo. Ninguno aportó una sola pista sobre los autores de los disparos que acabaron con la vida de Mariano y produjeron graves heridas a Elsa, Nelson Aguirre y Ariel Pintos.
Los dichos de los testigos de la patota fueron sistemáticamente contrastados con otras pruebas reunidas durante la investigación.
En primer lugar, ninguno de ellos pudo sostener el carácter ‘voluntario y espontáneo’ de su presencia en las vías. Está sobradamente acreditado que los delegados de ‘la Verde’ de Pedraza recorrían los sectores de los talleres de Escalada -de donde salió el grueso de la patota- reclutando, lista en mano, hombre a hombre. Esa lista fue entregada por Aldo Amuchástegui -que lo negó, pero fue escrachado por la secretaria administrativa del taller- para ser girado a las autoridades de Ugofe, bajo el elocuente título: “Personal que se retira por corte de vías en Avellaneda”. Entre los participantes, se demostró que varios de ellos debían favores a la burocracia; como en el caso de Ricardo Almada, cuyo nombre y número de legajo figuraban en una nómina de ascensos recomendados por “El Gallego” Fernández, hallada en uno de los allanamientos. Las versiones que brindaron sobre la agresión final fueron tan endebles y contradictorias que resultan imposibles de estructurar en un relato mínimamente coherente: ninguno de ellos se atrevió a afirmar con todas las letras que los manifestantes intentaran regresar a las vías, con excepción de Mariano Maroco, cuya declaración alcanzó, en este punto, ribetes delirantes (“de repente, empezaron a correr hacia nosotros una multitud de mujeres y niños que, cuando estaban a diez metros de distancia, se abrieron hacia los costados y aparecieron tres hileras de hombres con palos que salieron a matarnos”). La versión del ‘enfrentamiento’ se diluyó en la nada. Los que negaban haber estado al frente del ataque, fueron puestos en evidencia a través de la exhibición de videos y fotografías en los que fueron claramente identificados.
Entre sus contradicciones, y apremiados por las preguntas la fiscalía y las querellas, varios de los patoteros dejaron entrever algunas verdades, que dejan mal parados a Pedraza y los suyos. Entre otros, aportaron algunas ‘perlas’ sobre las condiciones de trabajo de los tercerizados de Unión del Mercosur, la ‘cooperativa’ que explotaba la burocracia (“no teníamos baños ni duchas”, “estábamos como animales”, “éramos monotributistas”, “cuando firmé para entrar, me dijeron que no me hiciera ilusiones con el pase a planta”, declaró Jorge Aguirre). También dejaron en claro que para la UF, los tercerizados no eran ferroviarios (como se desprende de las declaraciones de Arias y Krazcowski), demoliendo los intentos de los defensores por presentar a la burocracia como ‘gestora’ de su pase a planta permanente. Los cruces de llamados telefónicos y las escuchas judiciales desbarataron las coartadas de Fernández y Pedraza sobre sus comunicaciones permanentes con la patota y el encubrimiento que ensayaron una vez abierta la investigación (Amuchástegui, Cavazza). El ex delegado Krazcowski incluso se refirió a la ‘verticalidad’ del sindicato, mandando al frente a Pablo Díaz como ‘referente’ en el lugar de los hechos, pero también a Pedraza y Fernández.
Por último, Cristian Favale se convirtió en el lastre que amenaza con hundirlos a todos. Los intentos de los delegados por desconocerlo fracasaron. Terminaron reconociendo que participó con la UF del acto de Moyano en River -en el que Cristina Fernández fue oradora central-, de la apretada contra los tercerizados en el hall de Constitución del 6 de septiembre de 2010, y de la agresión en Barracas. Favale mismo hacía ostentación de su cercanía a la burocracia y aspiraba a integrarse plenamente a ella. Dejó demasiados registros de ese vínculo, como para ahora presentarse como un agente extraño a la patota y que eso resulte creíble.
Las pruebas que se acumulan en el juicio contra los acusados son abrumadoras. Las declaraciones de ‘sus’ testigos terminaron agravando su situación. Lo único que podría interferir en una condena contundente contra ellos es la injerencia del poder político.
No bajemos la guardia ni por un instante: garanticemos, con la movilización popular y la agitación, que Pedraza y su banda terminen sus días en la cárcel.
http://po.org.ar/po1247/2012/11/08/el-fracaso-de-las-defensas/
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El día que declaró Guillermo Uño
El 13 de noviembre declaró el acusado Guillermo Uño, el picaboletos de la estación de Claypole acusado de haber sido uno de los que retiró las armas del lugar, una vez cometida la agresión criminal. Vecino de Florencio Varela, dijo de entrada conocer a Cristian ‘Harry’ Favale de la hinchada de Defensa y Justicia.
Hasta ahora, el único de los imputados que había hablado durante el juicio fue Gabriel Sánchez, aunque lo hizo muy brevemente, para responder una acusación puntual contra él que formuló el testigo protegido Claudio Díaz.
Al igual que Sánchez, Uño puso como condición que las partes no lo interrogaran. El interrogatorio lo llevó adelante el presidente del tribunal, Horacio Días. El defensor de Uño, el abogado Igounet, tampoco formuló preguntas y se limitó a pedir la exhibición de un video, para que su cliente se identifique en él. A diferencia de los testigos, los imputados no están obligados a decir la verdad, y tienen derecho a cesar en su declaración en el momento que lo deseen.
Uño no aportó revelaciones sobre el crimen de Mariano, aunque esto le fue preguntado en forma directa por el juez (“¿usted sabe quién mató a Mariano Ferreyra?”).
Tampoco dio indicios que ayudaran a avanzar sobre el núcleo de la causa, como pudieran ser comentarios oídos en la cárcel, cuestión sobre la que también fue preguntado (“no, en la cárcel se dice de todo. Esta es una causa muy pública, está en todos lados. Si hasta salen a la cancha con banderas de Mariano Ferreyra”).
Su declaración fue similar a la del resto de los testigos de las defensas: un relato anodino, inconsistente, que se torna más vago en la medida que el relato se aproxima al momento del asesinato de Mariano. Sin embargo, Uño brindó información sobre la rígida jerarquía que existe al interior de la Unión Ferroviaria, de su poder de decisión dentro del ferrocarril.
También confirmó que, al momento de la agresión final, la patota superaba numéricamente a los manifestantes, y que corrieron hacia ellos “para que no volvieran nunca más”. Es decir, que los atacaron para ‘aleccionarlos’. De conjunto, Uño dejó la impresión de haber sido el ´conejillo de indias´ de las defensas para medir la actitud de los jueces y sus repercusiones.
Dijo que participó del ‘acto de presencia’ en Avellaneda “de casualidad, porque nadie me convocó a mí. Lo convocaron a mi compañero, Amarilla, pero no sé quién lo llamó a él”. Para poder participar, pidió autorización al delegado Dotta. “Él dijo que sí, que vaya. El delegado es palabra mayor: si el delegado dice que sí, el encargado no puede decir nada”.
Dijo que, luego de la primera agresión, cuando los compañeros intentaron alcanzar las vías y “les tiramos tantos piedrazos que los hicimos bajar”, los manifestantes se replegaron por la calle Luján, y que Uño y su grupo se quedaron sobre el puente ferroviario. “Había dos patrulleros de la Federal que nos separaban. Estuvimos media hora, una hora… De nosotros venía llegando más gente. Ellos eran siempre los mismos. Llegamos a ser 200, muchos más que ellos”.
Según Uño, los manifestantes se retiraron todavía más, “para el lado de Chevallier, se fueron para el fondo, lejos. Ahí mis compañeros bajan de las vías, porque hacía calor”. Afirmó que los que dirigían todo eran los delegados, entre los cuales mencionó a Pablo Díaz, Dota, Marcelo Garro, Toretta, Aldo Amuchástegui, Alberto Carnovale, Piola, Daniel González… Varios de ellos -como Garro y Carnovale- habían sido presentados como testigos por las defensas, pero luego desistieron de ellos.
También ubicó a Favale debajo de las vías, con un grupo de ferroviarios, aunque no individualizó quiénes eran. Además, dijo que alrededor de Pablo Díaz “siempre había un montoncito de gente”, poniendo de manifiesto su preeminencia sobre el grupo.
De acuerdo con Uño, sus compañeros “decían ‘vamos, vamos’ para seguir a esta gente. Yo también hice un gesto a los que estaban arriba de las vías para que bajaran. Íbamos a buscarlos para correrlos, será…”, dijo vacilante. El juez Días insistió para que aclare este punto. “Ibamos a ir detrás de ellos para que se vayan más lejos y no vuelvan más”, dijo Uño, echando por tierra el verso del ‘enfrentamiento’ que hasta ahora venían sosteniendo las defensas.
Fue entonces que el presidente del tribunal le preguntó si sabía quien había matado a Mariano Ferreyra. “No lo sé. Si lo supiera, se lo diría”, dijo mirando hacia la mamá de Mariano, presente en la sala. “Sólo le puedo decir que soy re inocente. ¿Cuántos que aparecen en el video no están en cana? Yo estoy acá por política, si yo no hice nada”.
Uño también dijo ante el tribunal que su primer abogado fue Octavio Aráoz de Lamadrid, el ex juez que ahora se encuentra procesado en la llamada “causa de las coimas” junto a Pedraza y otras personas. Aráoz de Lamadrid prestaba ‘servicios profesionales’ al Belgrano Cargas, cuyo vicepresidente, Angel Stafforini, está procesado en esa misma causa. Por sus ‘servicios’, tenía pendiente de cobro una factura por 370.000 pesos. Según Uño, “yo no tenía plata para pagar un abogado, me lo puso el gremio”.
Solamente Favale, de todos los demás detenidos, estuvo presente en la sala para escucharlo
http://po.org.ar/po1248/2012/11/15/el-dia-que-declaro-guillermo-uno/
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Día 43: Schiavi y Pedraza: entre bueyes, no hay cornadas
Hoy se cumplían nueve meses de la masacre de Once y por una de esas casualidades del calendario, le tocó declarar al ex Secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, uno de los máximos responsables por ese desastre que terminó en la muerte de 52 personas. Su declaración fue breve, en buena medida, porque se escudó en el hecho de estar procesado en la causa que investiga la masacre de Once para evitar responder cualquier pregunta referida al manejo de los subsidios estatales destinados al ferrocarril. Respecto a los hechos del 20 de octubre de 2010, se limitó a decir que se enteró de la posibilidad del corte de vías el día anterior, a través de José Pedraza –poniendo de manifiesto, una vez más en el juicio, que los funcionarios, la UF y los empresarios sabían con anterioridad de la movilización. Por su forma y contenido, la declaración de Schiavi despertó la indignación del numeroso público que acudió a escucharlo a la audiencia.
El funcionario que debió estar imputado
Al estar convocado aquí como testigo –bajo juramento de decir la verdad-, Schiavi se refugió en el derecho que lo asiste a negarse a responder preguntas que podrían llevarlo a autoincriminarse. Durante la investigación de la causa, nuestra querella había solicitado su imputación, justamente por el rol que le cupo en la organización de ese negociado monstruoso de las tercerizaciones, en el que se asociaron el Estado, los empresarios y la burocracia sindical. El Estado proveía los fondos en grandes cantidades, haciendo la vista gorda sobre todo este procedimiento corrupto (sobre el negocio negrero de bajar los costos laborales y estafar al estado a través de los subsidios, provocando., con este mecanismo el enorme vaciamienot que terminó enla tragedia de Once). Por otra parte, además, la burocracia sindical –tanto de la UF como de La Fraternidad- ocupaba puestos clave en la gestión del sistema ferroviario.
Schiavi se limitó a señalar que la operatoria de las tercerizadas “se ajustaba a derecho” porque estaban contempladas en las modalidades de “contratación, que vienen de los años 90”. Dijo cosas que hacían hervir la sangre, como por ejemplo que “el gobierno estaba trabajando sobre el tema (de los tercerizados)”, “este tema estaba planteado a punto tal que nosotros teníamos charlas internas en el gobierno”. “Lo que pasó el 20 de octubre no era algo querido por nuestro gobierno, y seguramente por ese hecho se aceleraron los plazos”. “No fue un proceso de dos días, generó muchos conflictos, porque los tiempos de los trabajadores que querían ser planta permanente y los plazos burocráticos del estado son más lentos”. Hace una década que ´el modelo´ banca la tercerización y la precarización laboral. Aun hoy, al margen de la conquista de los ferroviarios del Roca y de otros movimientos obreros inspirados en esa lucha que arrancaron el pase a planta, los tercerizados se cuentan por centenares de miles. La tercerización ha sido –y sigue siendo- uno de los pilares de la política económica del gobierno ´nacional y popular´.
“Yo hablé con muchachos que venían tercerizados, me mostraban boletas y unos ganaban dos mil quinientos pesos y otros 4 mil. Yo, ante todo, soy peronista, y eso no puede ser”, dijo este ex jefe de campaña de Mauricio Macri hasta 2007 y ex Secretario de Transporte del gobierno kirchnerista hasta marzo de 2012.
Schiavi no se hizo cargo de nada de lo que ocurría en su área, al punto que el interrogante que dejó planteado en la sala es a qué diablos se dedicaba el Secretario de Transporte, además de participar en actos protocolares.
¿Cortes de vías? “No soy experto en seguridad ni policía” ¿Control de las concesiones? “No me corresponde” ¿Control inversiones? “De eso se ocupa la Comisión Nacional de Regulación del Transporte”… y así fue hilvanando sus respuestas.
Dijo que, alguna vez, la Unión Ferroviaria pidió que se ´normalizara´ (sic) la situación de los tercerizados, aunque no recordaba si el sindicato lo hizo por algún canal formal. Puro verso. En la frondosa documentación reunida durante la investigación para la sustanciación de este juicio, incluida la aportada por las partes –incluidas las defensas, por supuesto- no se halla no un acta, ni siquiera un mísero papel con membrete de la UF que planteara el pase a planta de los tercerizados. Por el contrario, lo que sí consta son las actas en las que la UF acepta la tercerización y deja asentado que ´los tercerizados no son empleados ferroviarios´ (sobre esto volveremos luego, en relación a otro testimonio que tuvo lugar en la misma audiencia, el del gerente de recursos humanos de Ugofe, Héctor Messineo). Schiavi hizo lo posible –aunque sea por sus dichos, y sin otro elemento de respaldo- por atenuar la situación de su aliado, José Pedraza. Reconoció, sin embargo, que las audiencias y acciones de lucha llevadas adelante por los tercerizados, tenían lugar al margen de la Unión Ferroviaria –en realidad, la Unión Ferroviaria desarrolló una brutal campaña en contra de ellos, que tuvo su pico máximo en el crimen de Mariano.
En referencia a las disposiciones de la Secretaria de Transporte frente al corte de vías anunciado para el 20 de octubre de 2010 (“se planteó la posibilidada de prevención, sobre todo porque se trata de un servicio eléctrico, y cualquier corte puede traer aparejado la posibilidad de que alguien se electrocute”, dijo el muy sinvergüenza), Schiavi contradijo a media docena de testigos de este juicio. Afirmó que, una vez puesto en conocimiento de la medida, se ajustó al ´protocolo´, dando parte a Ugofe… Por su parte, los gerentes de Ugofe habían declarado exactamente lo contrario: que puestos en conocimiento de la medida, dirigieron notas de aviso a la Secretaría de Transporte. El Gran Bonete.
Una de las funcionarias del área de Transporte que tomó parte en todo esto fue Graciela Cavazza (“una funcionaria con mucha experiencia, que tomó las riendas”, dijo Schiavi de ella). Cavazza –quien ya declaró en este juicio- se comunicó varias veces con Juan Carlos Fernández, tanto el 19 como el 20 de octubre, para preguntarle ´si estaba garantizado el servicio´. Dijo que lo hizo por orden expresa del secretario Schiavi, ya que su superior directo, Antonio Luna, en ese momento se encontraba fuera del país. Todo esto delata que Schiavi prestó su acuerdo a la acción criminal de la patota, es decir, a que ésta ´garantizara la prestación del servicio´ enfrentando a los tercerizados. Las armas y los Favale fueron el recurso con el que los Pedraza, los Schiavi y los empresarios pretendían que esa agresión se convirtiera en definitiva, ´aleccionadora´.
Uno de los jueces le preguntó a Schavi quien era el funcionario a cargo de la Policía Federal en octubre de 2010. “No recuerdo”, dijo primero. Al juez le llamó la atención que un secretario de Estado fuera tan olvidadizo e insistió. “Creo que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Nilda Garré”, repuso entonces Schiavi. Mintió, porque el Ministerio de Seguridad se creó con posterioridad al crimen de Mariano –y a la represión en Parque Indoamericano.
El responsable político de la PFA al momento del crimen de Mariano era Aníbal Fernández, el que dijo que la actuación policial había sido “impecable”. Fernández debería estar compartiendo el banquillo de los acusados con Pedraza, Favale y los jefes del operativo.
Existe una causa judicial conexa a la que investiga el crimen de Mariano, que versa sobre la trama económica. Está caratulada “posible defraudación al Estado e incumplimiento de los deberes de funcionario público” y la tiene el juez Lijo. Sus avances son, hasta ahora, de escasos a nulos.
Detrás del crimen de Mariano y de la masacre de Once, el mismo negociado, la misma trama de intereses, los mismos actores. Schiavi, qué duda cabe, es uno de ellos, al igual que Pedraza.
Messineo
Antes de Schiavi, pasaron por el estrado el gerente de Recursos Humanos de Ugofe, Héctor Messineo, y un policía de apellido Gutiérrez.
Entre 1995 y 2001, Messineo fue gerente general de las tres líneas que explotaba Metropolitano. Luego de un interregno de algunos años –durante los cuales asesoró al sindicato de La Fraternidad-, volvió al ferrocarril, convocado por las tres empresas que componían entonces la Ugofe (Metrovías, Ferrovías y TBA). Su puesto, explicó, “tiene que ver con la selección, la capacitación, la administración de los contratos colectivos de trabajo y con la administración de todo el personal de la línea”.
Respecto al ingreso de personal, dijo que “los convenios colectivos de trabajo estipulan un sistema de prioridades para los postulados por los gremios”.
“Yo podría estimar que ingresan entre un 80 y un 85% de postulados por los gremios. El resto, son por búsquedas específicas que hacemos de técnicos o por recomendaciones de la Secretaria de Transporte. También desde intendencias, diputados, senadores… Siempre hay recomendados y buscamos lo que más se adapta”. El ferrocarril, como se ve, es una bolsa de trabajo monumental para punteros de toda laya.
Dijo que la tercerización fue ´necesaria´ debido al déficit de empleados con el que se encontró Ugofe cuando desembarcó en el Roca, y ´valoró´ la ´comprensión´ que mostró la Unión Ferroviaria al aceptarla, porque “la política del sindicato era la no tercerización”. La empresa y el sindicato firmaron un acta, en 2007, que admitía la tercerización por el lapso de 90 días, que se fueron prorrogando… hasta convertirse en cuatro años. Admitió que, en ese lapso, se produjeron vacantes y se incrementó el personal de Ugofe, pero que no fueron incorporados los empleados de las tercerizadas “porque estaban trabajando en sus empresas”. Una explicación completamente absurda. La tercerización, además, imperaba en el ferrocarril entre el 95 y el 2001, cuando Messineo también era gerente y Pedraza, también secretario general de la UF. Una mentira arriba de otra.
Según Messineo, recursos humanos de Ugofe no tenía ninguna injerencia en el régimen laboral y las condiciones de las tercerizadas, como tampoco la tenía la Unión Ferroviaria (“para nada”, dijo) en relación al ingreso de personal a las contratistas. Sin embargo, las actas suscriptas entre Ugofe y la Unión Ferroviaria no solo admiten la tercerización: a la vez que dejan asentado que los tercerizados no serán considerados empleados ferroviarios (sic), también se refieren a remuneraciones y a la bolsa de trabajo del sindicato. Los firmantes son, justamente, Messineo y Pedraza.
Además, se escucharon en la audiencia los audios de dos conversaciones telefónicas que mantuvo con Fernández, registradas durante la investigación. En ellas, se los oye complotando para hacer ingresar al ferrocarril a 70 postulantes de la burocracia durante el proceso de pase a planta posterior al asesinato de Mariano, y luego a Fernández ordenándoles a los gerentes “poner en caja” a los obreros de la ´cooperativa´ Unión del Mercosur. Toda la declaración de Messineo se derrumbó con estrépito.
Robocop
Claudio Gutiérrez, el policía que declaró en esta audiencia, tuvo un paso destacado por el estrado. Integraba un grupo especial de combate. Dijo que el 20 de octubre de 2010, estuvo desde temprano con su equipo sobre las vías de Avellaneda, hasta que a media mañana los desplazaron a Constitución. Dijo que no vio ferroviarios sobre el terraplén, y que tampoco presenció ninguna incidencia. Se le exhibió un video: allí aparece claramente, con su ´grupo de combate´, a pocos metros de los patoteros –que sumaban más de un centenar- mientras éstos apedreaban a los manifestantes. Resulta difícil discernir si Gutiérrez es mentiroso o simplemente imbécil –o ambos.
En esta audiencia, hubo mentiras en abundancia.
El juicio se reanuda el martes.
http://po.org.ar/blog/2012/11/24/dia-43-schiavi-y-pedraza-entre-bueyes-no-hay-cornadas/
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Día 44: El juicio, ¿en suspenso?
La audiencia de hoy fue breve y concluyó cerca del mediodía. Declararon algunos policías y se repasó una lista de testigos cuya convocatoria quedaba pendiente de resolverse.
El cierre de la jornada dejó planteado un grave problema. Resulta que no está definido en qué la sala continuará el juicio. Al día de hoy, la próxima audiencia tendría lugar recién el próximo martes 4 de diciembre, pero sólo hay sala disponible, algo que todavía no está confirmado. Entramos, por lo tanto, en un limbo.
Desde el 6 de agosto hasta ahora, las audiencias venían desarrollándose en la llamada “sala Amia”, que es la sala de audiencias más grande que dispone el poder judicial dentro del territorio de la ciudad de Buenos Aires –y, probablemente, también del país. Ahora comienza el llamado juicio “ESMA II”, que la ocupará al menos tres veces por semana. La alternativa, en principio, iba a ser que el juicio por el crimen de Mariano se trasladara a otro espacio, llamado SUM –donde actualmente se desarrolla el juicio a De la Rúa y otros, por las coimas en el Senado bajo el gobierno de la Alianza.
Esa sala, de dimensiones mucho menores, no admite la presencia de público ni garantiza la labor del tribunal y las partes. Jueces, secretarios, abogados defensores y querellantes –con sus asistentes-, fiscalía e imputados, suman alrededor de 60 personas en cada audiencia. Además, el público suele llenar la capacidad del salón destinado a tal fin. Si las audiencias se trasladaran a la sala SUM, el público debería seguir el juicio en un salón contiguo, a través de un circuito cerrado de televisión. Sin embargo, ni siquiera está garantizado eso.
Acusadores y defensas manifestamos nuestra disposición a compartir la sala con el TOF 5, a cargo del juicio “ESMA II”, aunque eso significara pasar de tres a dos audiencias semanales, pero la Cámara de Casación aun no se expidió sobre este planteo. El tribunal anunció que se encuentra realizando gestiones al respecto y que informará a la brevedad sobre los resultados.
Nuestra parte defiende la continuidad del juicio, sin más aplazo, y que se garantice su carácter público. La incesante concurrencia de delegaciones de trabajadores y jóvenes –incluso, provenientes del interior del país- son una muestra palmaria del interés con el que la población sigue la evolución del juicio oral contra José Pedraza y su patota y ansía su condena por el asesinato de Mariano Ferreyra y las heridas que sufrieron Elsa Rodríguez y otros compañeros.
Los testimonios de hoy
El primero en declarar fue Ricardo Faranna, que en octubre de 2010 se desempeñaba como Superintendente Federal de Transporte. Su función era asegurar los bienes y el material rodante del ferrocarril y la seguridad de las personas. No estuvo presente en el lugar de los hechos. Siguió sus alternativas desde su despacho.
A través de la declaración de Faranna, quedó demostrado que los informes de “inteligencia” del día 19 de octubre –elaborados por la división que encabezaba Faranna- alertaban sobre la posible presencia de la Unión Ferroviaria para impedir el corte de vías de los tercerizados y que Pablo Díaz –el dirigente de la Comisión de Reclamos que encabezaba la patota- ya había alertado que “no iban a permitir más cortes”. “La posibilidad de la presencia de la Unión Ferroviaria nunca se descartó. No teníamos la certeza, pero el servicio se montó teniendo en cuenta esa probabilidad”. Asimismo, señaló que “sabemos desde siempre que la UF no comulga ni tiene los mismos propósitos que los tercerizados”, algo que según aclaró- tiene conocimiento “por experiencia y por lo que sabe del tema”.
“Desde que empezaron los conflictos con los tercerizados, se sabe que no congeniaban con la forma de pensar de la UF. Yo creo que son diferencias de orden ideológico”, dijo. Y aunque se refirió a la presencia de la patota el 20 de octubre como parte de un “reclamo gremial”, finalmente admitió que no era tal. “No querían el corte de vías. Está bien, no es un reclamo”. Según los partes de inteligencia con los que contaba Faranna, la cuestión pasaba por quién la capacidad por hacer ingresar personal a planta. “Los tercerizados reclamaban ingresos y reincorporaciones, y eso entiendo que chocaba con la Unión Ferroviaria”.
Faranna afirmó que la Dirección General de Operaciones ordena el envío de fuerzas a partir del análisis de la situación que su división elabora. “La fuerza dispuesta era suficiente para operar en esas circunstancias”.
La conclusión que emerge es que tanto la policía como la empresa estaban en perfecto conocimiento de que la patota se haría presente. Esto, por sí mismo, supera largamente la imputación de “abandono de persona” con la que los jefes del operativo y otros policías llegaron a juicio. Del análisis de los hechos, se desprende –a su vez- que la policía prestó apoyo activo a los agresores. Es decir: fueron parte activa del ataque criminal.
Luego declararon tres policías de la División Exteriores de Video de la PFA, compañeros de trabajo del imputado David Villalba. Fueron presentados por su defensa. Villalba tenía asignado hacer un seguimiento con cámara en mano. Evitó adrede registrar dos momentos clave: la represión de la infantería contra los manifestantes, mientras eran apedreados desde los alto del terraplén por la patota, y también el momento exacto de la agresión final: su registro se interrumpe cuando la patota se lanza contra la columna que se retiraba por la calle Luján hacia la avenida Vélez Sarsfield y se reanuda cuando regresa, ya consumado el homicidio de Mariano.
Los tres –Nicolás de Marco, Maximiliano Alegre y César Barrionuevo- fueron preguntados básicamente sobre cuestiones técnicas y de actuación. Aunque intentaron beneficiar a su colega, las precisiones le jugaron en contra. Por ejemplo: “lo que hay que filmar son los incidentes. El jefe del servicio da las directivas, pero por una cuestión de lógica (sic), si el jefe de servicio está distraído y hay incidentes, uno graba”, dijo De Marco.
Luego de los testimonios, el tribunal consultó a las partes sobre la presentación de ciertos testigos. Nuestra querella desistió de la convocatoria del Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, básicamente por dos motivos: en primer lugar, porque el audio de la conversación que mantiene con Pedraza en el mes de enero de 2011, es más que elocuente sobre la ´preocupación´ de éste respecto al ingreso de los tercerizados a la planta permanente del ferrocarril y a la influencia de la izquierda sobre ellos; en segundo lugar, porque no descartamos pedir en los alegatos que el Ministro sea imputado. Por otra parte, Tomada tiene la prerrogativa de contestar el cuestionario por escrito, y por lo tanto sus respuestas carecen de la espontaneidad de la declaración oral –una “frescura” que, en cambio, demuestra en su charla con Pedraza, al que llama “querido” en varias oportunidades.
Por su parte, el abogado Igounet insistió en convocar a Elisa Carrió. Según el defensor de Guillermo Uño, “la diputada Carrió hizo una fundada denuncia de que el Polo Obrero y Quebracho están armados”. En realidad, Carrió –junto al senador radical Gerardo Morales- denunciaron en octubre de 2009 a… la Tupac Amaru y a “grupos afines al gobierno nacional”. Con independencia de sus supuestos ´fundamentos´, la denuncia de Carrió no abarcaba, en ningún caso, ni al Partido Obrero ni a ninguna de las organizaciones que se movilizaron en apoyo a los tercerizados del ferrocarril Roca. De este modo, Igounet está a un paso de sellar una actuación ´descollante´: relevó a Octavio Aráoz de Lamadrid (procesado en la causa de las coimas) en la defensa de Uño; introdujo en la causa al ´perito´ Roberto Locles (procesado por destrucción de prueba); amigo de las adjetivaciones fuertes, presentó un recurso plagado de insultos que los jueces reenviaron al tribunal de disciplina del Colegio de Abogados; sus interrogatorios se caracterizan por una marcada tendencia al disparate. ¿Se atreverá a sumar este nuevo papelón en el juicio?
Hoy, mientras tanto, se realizan las elecciones en la Unión Ferroviaria. Los amigos de Pedraza van como lista única a nivel nacional, ya que el estatuto-cárcel de la UF impone obstáculos insalvables para la presentación de una lista opositora a nivel de todo el país. La disputa se concentra, entonces, en media docena de seccionales. Estas elecciones, serán –en todo caso- un episodio más en la lucha de los trabajadores por acabar con la burocracia sindical y recuperar sus sindicatos como instrumento de las reivindicaciones obreras.
Esa era la batalla política que libraba Mariano.
http://po.org.ar/blog/2012/11/28/dia-44-el-juicio-en-suspenso/
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Pedraza y Schiavi, 20 de Octubre de 2010
Parrillada para cuatro personas al que lea toda esa nota.
No es una nota, son varias de las ultimas 3/4 semanas del juicio…
Advertimos golpe burdo contra el juicio a la patota de Pedraza
A partir de esta semana y hasta el 28 de diciembre, las audiencias del juicio por el crimen de Mariano se reducirán de tres a dos jornadas semanales. Esto se debe a que en la misma sala de audiencia (llamada ‘sala auditorio’) se desarrolla el segundo juicio de la ‘mega-causa’ Esma, que sesiona tres veces a la semana y comenzó hace pocos días, luego de varias postergaciones.
La alternativa ofrecida por la Cámara de Casación -que es la instancia que debe garantizar la asignación de salas- era pasar a la llamada ‘sala SUM’, mucho más pequeña, al punto que reducía o anulaba la posibilidad de la asistencia de público. Empero, al momento de la ‘mudanza’, nos encontramos con que la sala SUM había sido asignada al juicio contra De la Rúa por las coimas en el Senado y, por lo tanto, que allí también la disponibilidad se reducía a dos días semanales. Ante el hecho irreversible de que, en ambas variantes, el juicio por Mariano quedaba reducido a dos audiencias semanales, logramos permanecer en la sala auditorio.
Ahora bien: la Cámara fijó cronograma sólo hasta el 28 de diciembre de 2012. En esa fecha, el juicio por Mariano entra en receso hasta el 16 de enero; esto es, al límite de los diez días hábiles que habilita el Código Procesal para su interrupción.
Reclamamos al Poder Judicial que garantice la continuidad del juicio en tiempo y forma, sin más aplazos, y también su carácter público.
La incesante concurrencia de delegaciones de trabajadores y jóvenes -incluso, provenientes del interior del país- son una muestra palmaria del interés con el que la población sigue la evolución del juicio oral sobre la responsabilidad de José Pedraza, su patota y los policías en el asesinato de Mariano Ferreyra y las heridas que sufrieron Elsa Rodríguez y otros compañeros.
Advertimos golpe burdo contra el juicio a la patota de Pedraza : Prensa Obrera 1251
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Alfonso Severo, ¿secuestrado por la Side?
La semana pasada, el fiscal José María Campagnoli expuso ante los jueces de la Cámara del Crimen sus conclusiones respecto a la desaparición de Alfonso Severo. Afirmó que “fue víctima de un operativo de la Side” (La Nación, 27/11), que habría sido ordenado desde el gobierno.
Severo, ex gerente de Ferrobaires y testigo en el juicio por el crimen de Mariano Ferreyra, estuvo desaparecido durante veinticuatro horas. Según denunció, fue secuestrado por desconocidos la noche anterior a declarar en el juicio.
El fiscal Campagoli basó su hipótesis en rastreos telefónicos, cruces de llamadas, fuentes policiales y otros elementos que -según la fiscalía- figuran en las 1.500 páginas que acumula hasta ahora la causa. De acuerdo con el artículo del diario La Nación, fuentes de la policía “le indicaron al fiscal que el día del secuestro hubo una reunión en la Presidencia, donde se habló de Severo”. Esa información vinculaba la desaparición del testigo con la necesidad de opacar en los medios la protesta de gendarmes y prefectos por la reducción de sus salarios (ídem).
Los jueces de la Cámara desestimaron la versión de Campagnoli y derivaron la causa a un juzgado de garantías de Lomas de Zamora. Dijeron que su teoría “no aparece sostenible en sustancia” y que las supuestas pruebas en las que se basa, son “conjeturales” y “vacías de significado probatorio real”. Ni la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó -que designó a Campagnoli al frente de la investigación-, ni otros funcionarios del gobierno nacional, hicieron declaraciones al respecto.
A dos meses del episodio que lo tuvo como protagonista, y que conmocionó al país, lo ocurrido con Severo continúa siendo un absoluto misterio. En las primeras horas de su desaparición, el gobierno hizo rodar la versión de que se trataba de un autosecuestro. Luego, en un giro insólito, pasó a elogiar la conducta de Severo, y a vincular su desaparición con la aplicación de la ley de medios…
Por otra parte, el testimonio de Severo contenía fuertes denuncias contra la mafia enquistada en Ferrobaires, una empresa que depende del Estado bonaerense. Finalmente, la Side también aparece involucrada en la ‘causa de las coimas’, en la que Pedraza se encuentra procesado junto al agente José Riquelme, un elemento que revestía como “empleado de la Presidencia de la Nación” y brindaba servicios también a otros burócratas sindicales; entre ellos, al buchón del Batallón 601, Gerardo Martínez. Por lo tanto, ninguna hipótesis puede ser descartada. Pero cada vez son mayores las evidencias de una activa intervención de los servicios de inteligencia oficiales en la causa de Mariano Ferreyra.
El Partido Obrero reclama el completo esclarecimiento de la desaparición de Alfonso Severo.
http://po.org.ar/po1251/2012/12/06/alfonso-severo-secuestrado-por-la-side/
de que hablas tarado?
Día 46: Un bolso lleno de armas
La audiencia de hoy se realizó en la sala SUM de Comodoro Py, un salón largo y angosto, donde el público de ambas partes está junto, apenas separado por un corredor entre las filas de la platea. El motivo fue que la sala auditorio quedó inutilizable después la tormenta de anoche: se produjo un escape de gas, las cloacas rebalsaron, no se podían prender los aires acondicionados por temor a una explosión y por la presencia de la ´nube tóxica´… Al margen de esto, definitivamente, la sala SUM no es un ámbito adecuado para la instancia de los alegatos. La sede del juicio es todavía una incógnita que va revelándose semana a semana, incluso día a día.
En esta audiencia, tuvieron lugar testimonios importantes. Uno, muy impactante, fue el de Ángel Oga, vecino de Barracas, que aseguró haber visto a dos personas cargando un bolso en el que él entiende –de acuerdo a su experiencia- llevaban las armas que la patota utilizaría minutos después. Obviamente, esto se vivió con tensión en la sala. El testimonio de Oga fue muy firme –a través de las filmaciones, pudo corroborarse además su presencia en el lugar, lo cual le da una entidad inapelable a su declaración. Los abogados defensores concentraron su munición en aspectos formales de la instrucción, pero no lograron poner en cuestión el contenido sus dichos.
Por otra parte, declararon cuatro policías, que comprometieron aun más a los acusados de la fuerza.
Un bolso con armas
El testimonio de Oga tuvo algo de inesperado, ya que estaba consignado como ´testigo nuevo´ en la orden del día que emitió el tribunal. Esto era inexacto, ya que Oga había declarado durante la instrucción. Aparentemente, la confusión surge de que se trataba de un testigo de identidad reservada, pero finalmente se negó a ingresar al programa de protección al testigo (“ya tengo muchos años caminados como para cambiarme el nombre y el apellido”). Su testimonio, con sus datos filiatorios, se incorporó mucho más adelante, en la ´causa de los policías´, luego de que se labrara un acta en la que se deja sentada su negativa al programa de protección. Oga –que, según dijo en la instrucción, milita en la CTA- llegó a la causa de la mano de Héctor Metón, el cuñado de Aníbal Fernández, a quien le contó lo que había visto. Precisó que lo llevaron directamente a la fiscalía
¿Qué dijo en la audiencia?
“Yo vivía en la calle Luján, a pocos metros del puente Bosch, pero en sentido contrario a la avenida Vélez Sarsfield. Ese día estaba en mi casa, haciendo refacciones. Fue después del mediodía, que escuché gritos. Yo estaba en la entrada, dentro de la casa, con tres personas más. Escuchamos gritos, voces, ruidos y salimos a mirar. En principio, había personas sobre Luján, pasando Santa María del Buen Ayre; serían unas 150 personas. Tenían carteles rojos del PO y estaban retrocediendo, iban hacia la avenida Vélez Sarsfield. Arriba de las vías, había personas insultándolos. Gritaban zurdos de mierda, los vamos a matar, cosas por el estilo. Incluso tiraban cascotes, pero por la distancia no los alcanzaban… Al principio, yo veía en las vías a cuatro o cinco personas, pero cuando bajaron, eran bastantes. Había dos patrulleros en la esquina de Lujan y Santa María, estacionados cruzando la calle. No vi uniformados, pero alcancé a ver al menos una persona de traje con un handy arriba del puente. Entonces baja un grupo de las vías, pequeño, que habla con el personal policial. Tuvo que haber sido en ese momento –yo no lo vi, lo relacioné después- que un auto color borravino estaciona en la casa de al lado, como viniendo del lado del puente Bosch. Dobla, para y se queda ahí, con dos en ese momento. Cuando terminan las personas que bajaron de las vías terminan de hablar con los policías, la policía se retira, y de este auto baja una persona con un bolso que yo –por muchos años de militancia, milito desde los 15 años y me formé en la resistencia peronista- pude identificar que, por la forma y el peso, llevaba armas. Estas personas se acercan a la esquina de Bosch y Luján, y en menos de un minuto empiezan a bajar del terraplén los demás. Las personas se con el bolso se mezclaron con los que bajaban. Era un bolso, tipo mochila o morral, que llevaba al hombro una persona vestida con jean, morocho, de 1.70 de altura”.
“Era una cantidad de gente importante -80 o 100 personas-, y salen corriendo detrás del otro grupo. Había como una división de tareas, aunque no oí a alguien impartiendo directivas. El grupo del PO intentó formar una defensa, llevaban palos, pero tuvieron que retroceder rápido. Ya estaban lejos de mi visión, como a 200 metros”.
“Entonces escuché detonaciones de armas de distinto calibre. Reconozco eso porque milité en la resistencia peronista. No vi armas, solamente escuché los disparos. No sé cuantos, más de 10. Me concentré en ver la situación. Escuché tres tipos de tiros distintos. Una 22, un arma semi automática y la otra no recuerdo”.
“Hubo un momento de discusión de los que bajaron, qué hacían, etc. Apareció un helicóptero, supongo que de la policía, y este grupo se retiró hacia las vías. La policía reapareció después, 8 minutos más tarde. Hicieron lo que hacen muchas veces: se quedaron a mirar”.
“Las personas estas habían dejado el auto estacionado… pero no lo vi irse. Yo después relacioné todo. Permanecí todo el tiempo en el dintel de mi casa, a 25 metros de las vías”.
Oga explicó que no firmó la declaración que prestó en la fiscalía. “No la leí. Repito: yo hablé con Metón y me sorprendió que me dijo ´a mí no me digas nada´, y me llevó a la unidad especial a declarar. Yo pedí medidas de seguridad e identidad reservada. Me ofrecieron protección de testigo, pero la rechacé, porque yo ya tengo muchos años caminados como para cambiar mi nombre y apellido, entonces me negué a firmar”. Las defensas concentraron su munición contra la instrucción, y en particular contra Mariano Domínguez, el fiscal coadyuvante, que llevó adelante el interrogatorio. Pidieron incluso su procesamiento penal por falsedad ideológica. Finalmente, se le exhibió el video de C5N y Oga se identificó en las imágenes: allí aparecen él y su casa, durante una breve fracción de segundo. Durísimo golpe para las defensas.
Los policías
El primero en declarar fue el entonces subinspector (ahora inspector) Pablo Miño. Cuando le preguntaron por las generales de la ley, dijo que conocía los comisarios Mansilla y Ferreyra, a los de la Unión Ferroviaria, “a ninguno”, y a los del Partido Obrero, “menos” (sic). Era el encargado del grupo de combate de servicios especiales. Permanecieron sobre las vías en Avellaneda hasta que se produjo la primera agresión de la patota. Estuvieron a cinco metros, dijo, del epicentro de esa primera apedreada. Luego, le dieron la orden de que su grupo se desplace a la estación Constitución, “por si el problema seguía allá”… ¡mientras la agresión estaba en curso! Corroboró esa directiva con la Dirección General de Operaciones, vía radio.
El siguiente testimonio fue el de Fernando Cozzarín, jefe de calle de la comisaria 30 al momento del hecho y actualmente retirado. Llegó al cruce del puente Bosch a las doce del mediodía y permaneció por apenas unos minutos, ya que le tocaba el relevo. Dijo que no llegó a entrevistarse con el subcomisario Garay “porque estaba hablando con cinco o seis personas de los manifestantes, que le reclamaban no sé qué cosa, pero no lo quise interrumpir”. ¿Sería el relato invertido de lo que declararía poco después Oga?
Luego declararon Gustavo Carca y Ricardo Ortega. Carca, quien era superintendente de seguridad metropolitana de la Policía Federal, habló de directivas generales de actuación (“no criminalizar la protesta”, dijo). El 20 de octubre, lo llamó Lompizano cerca del mediodía, y le dice que hay un problema en la manifestación de ferroviarios. “Sabíamos que iba a haber una manifestación de tercerizados que pedían pasar a planta permanente, ya había habido otras antes, en Constitución”. Fue hasta su oficina para decirle que hubo ´una gresca´ entre dos grupos rivales y que había gente herida. Supieron que había heridos de bala cuando recibieron la información del hospital Argerich.
“Los heridos fueron a 7 u 8 cuadras de Avellaneda. No se tomaron medidas antes de los heridos, porque se estaban desconcentrando, no había motivos”, afirmó.
El comisario mayor (RE) Ortega, por su parte, se refirió a la orden de servicio dispuesta para el día de los hechos. Dijo que su división aportó un servicio ´mínimo´ para ese día, pero que el resto de la fuerza la traía la división Roca. “Mínimo por parte nuestro, no digo en general”. Los policías dicen que, ese día, se vieron sobrepasados. Decenas de testimonios lo desmienten: había un dispositivo impresionante para la cantidad de gente que se movilizaba. La presencia de dos oficiales fiscalizadores, como detalló Ortega, estaba prevista por la posibilidad de que se produjeran desplazamientos. Es decir, el radio de acción que la policía tenía previsto para actuar ese día, iba de Avellaneda hasta Constitución. No hubo ninguna improvisación en su actuación, ni situaciones que los ´desbordaran´: la policía fue cómplice de la patota criminal.
Final
Al final de la audiencia, se trataron algunas cuestiones pendientes. El tribunal aceptó incorporar el artículo del diario Perfil publicado por Diego Rojas la semana pasada, y también convocar a Germán Aguirre como testigo. Asimismo, convocará a declarar a Humberto Martínez, secretario general de la seccional sur de la Unión Ferroviaria, antes desistido por los defensores.
Por otra parte, el tribunal rechazó citar a Elisa Carrió. Como mínimo, se puede decir que le ahorró al abogado Igounet pasar un papelón de antología (Igounet la quería convocarla por una supuesta denuncia de la diputada sobre el ´armamento´ del PO y de Quebracho, pero esa denuncia simplemente no existió nunca).
Finalmente, el tribunal preguntó a los defensores si sus clientes declararían, a los fines de programar las próximas audiencias. Se rumoreaba que Pedraza y otros acusados harían uso de la palabra, pero ninguno de los abogados defensores quiso confirmarlo. En la sala, solamente estuvo presente Guillermo Uño, de los detenidos.
La semana que viene, las audiencias tendrán lugar los días martes, jueves y viernes, y declararán los peritos que participaron de la investigación.
Estamos ingresando en la recta final de este juicio.
Justicia por Mariano. Perpetua a Pedraza.
Avance de la pelicula “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?”
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