EL PAIS › LA OPOSICION CONTABA CON LOS VOTOS PARA APROBAR EN LA CAMARA DE DIPUTADOS EL AUMENTO DE LAS JUBILACIONES
El 82 por ciento móvil, con media sanción
Al cierre de esta edición, la oposición se aprestaba a aprobar el aumento de las jubilaciones mínimas al 82 por ciento del salario mínimo. El proyecto no contempla la fuente de financiación, como pretendían los bloques de centroizquierda.
Por Miguel Jorquera
La Cámara de Diputados se aprestaba esta madrugada a darle media sanción al proyecto para llevar las jubilaciones mínimas al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil y su actualización de acuerdo con los fallos de la Corte Suprema en los casos Badaro y Sánchez. Oficialistas y opositores reconocían que el recuento de votos favorecía al dictamen del Grupo A –UCR, PJ disidente, CC y PRO–, que no contempla ningún tipo de financiación para los aumentos en los haberes jubilatorios, más allá de los recursos de la Anses. Mientras que distintos bloques de centroizquierda –Proyecto Sur, PS, GEN y Nuevo Encuentro– apostaban a modificar en el debate en particular la incorporación de la restitución de los aportes patronales a grandes empresas para financiar los incrementos. El kirchnerismo, esta vez sin el respaldo de varios aliados, resistía la embestida opositora afirmando que la implementación del proyecto sin ningún financiamiento extra “vaciaría en dos años el fondo de sustentabilidad del sistema previsional”. Apostaban todas sus cartas a que el Senado frene la iniciativa, que consideraban “irresponsable”.
Posiciones
“Los últimos tres aumentos alcanzan al 20 por ciento, pero, según las consultoras, el aumento de los precios ha sido del 34 por ciento. Esto significa que la Ley de Movilidad –votada el año pasado– no ha resuelto el problema de los jubilados”, sostuvo el peronista disidente sanjuanino Eduardo Ibarra. El presidente de la Comisión de Previsión y miembro informante del Grupo A –UCR, PJ disidente, CC y PRO– no acertó los aumentos que arrojó la fórmula de la Ley de Movilidad (sólo el de septiembre de este año llega al 16,9 por ciento), pero Ibarra igual fundamentó que el aumento de las jubilaciones mínimas busca que “la economía real no esclavice a los jubilados porque el salario actual no les alcanza”.
Ibarra abrió el debate sobre el aumento en las jubilaciones después de que los distintos bloques opositores sentaran, a las 14.30, a 135 diputados en sus bancas para iniciar la sesión que la larga lista de oradores prolongaría hasta avanzada la madrugada de hoy.
Claudio Lozano y Graciela Iturraspe, del interbloque de Proyecto Sur, fueron los encargados de defender su dictamen de minoría. “La clave del financiamiento es la restitución de los aportes patronales. Ni el gobierno ni el Grupo A ni las grandes cámaras patronales quieren ceder. Quieren transformar en derecho adquirido lo que es el financiamiento genuino del sistema previsional, arrancado por el liberalismo a través de (Domingo) Cavallo”, sostuvo Lozano.
“La recomposición de haberes y llevar la jubilación mínima al 82 por ciento del haber mínimo, vital y móvil es una urgencia porque los jubilados no tienen tiempo”, sumó Iturraspe y cuestionó las palabras de la Presidenta: “Hemos venido escuchando en estos dos meses que esta propuesta es irresponsable, imposible de llevar adelante, y hoy que dejaría al país en default. Por supuesto que esto no es cierto. Desde el primer día nuestro dictamen en minoría contempla financiamiento genuino y hay plata para pagarlo”.
El primero en replicar las propuestas opositoras fue el presidente de la Comisión de Presupuesto, Gustavo Marconato. “El Gobierno no es una máquina de impedir para llegar al 82 por ciento para el haber mínimo de los jubilados”, comenzó el diputado oficialista, para luego defender la política previsional del kirchnerismo: “Fuimos los únicos que recuperamos el sistema jubilatorio. Desde 2003 hasta la fecha hemos dado un 500 por ciento de aumento a los jubilados”.
“El primer año lo van a manejar bien, pero en dos o tres años no lo van a poder solventar porque es imposible pagar el 82 por ciento móvil con el actual sistema previsional. Y estoy de acuerdo con Lozano en que se debe discutir el sistema integral jubilatorio. Pero hoy, con este proyecto, van a secar el Fondo de Sustentabilidad de Garantía del sistema previsional”, sentenció Marconato.
[b]Debates internos[/b]
La lista de oradores tenía anotados a otros 50 diputados que prolongarían el debate hasta avanzada la madrugada, aunque la suerte de la votación ya estaba echada. El Grupo A tenía garantizadas las manos necesarias para aprobar su dictamen después de sumar a los seis diputados del socialismo y los cinco del GEN a la votación en general, aunque ambos bloques habían firmado el dictamen de minoría que proponía el financiamiento a través de la restitución de los aportes patronales al mismo nivel que en el ’93, cuando el tándem Carlos Menem-Domingo Cavallo lo redujo a la mitad.
La postura del PS y el GEN abrió un debate interno dentro del interbloque de Proyecto Sur. Algunos propusieron abandonar la postura intransigente de defender su propio dictamen y de abstenerse a la hora de votar el dictamen del Grupo A. “No podemos aparecer junto al kirchnerismo en contra del aumento del 82 por ciento”, argumentaron unos. Otros se abroquelaron detrás de la postura que sostuvo Eduardo Macaluse en el recinto: “No decir las fuentes de financiamiento es hacer política con las necesidades de los viejos”. La discusión dividió aguas y Miguel Bonasso fue el primero en desertar, afirmando que votaría a favor en general del dictamen del núcleo duro opositor. Solanas dudaba, mientras el debate continuaba avanzada la noche.
Los aliados del oficialismo tampoco querían oponerse al aumento de las jubilaciones, por lo que la mayoría se abstendría en la votación en general.
Carlos Heller fue el encargado de fijar la postura del bloque de Nuevo Encuentro que encabeza Martín Sabbatella: “El 82 por ciento móvil es una medida justa, necesaria y posible”, afirmó y respaldó la restitución de los aportes patronales para las grandes empresas, que “aportarían 12 mil millones de pesos” al sistema previsional. Además de agregar un proyecto propio que incluye como otras fuentes de financiamiento “la eliminación de las exenciones a la compra venta de acciones, a las ganancias obtenidas por intereses en los títulos públicos, a los intereses de los depósitos en entidades financieras y de los ingresos de magistrados y funcionarios”. Pero decidieron abstenerse cuando se vote el dictamen del Grupo A, que no incluye otras fuentes de financiamiento que los fondos de la Anses.
La radical K Silvia Vázquez y los neuquinos del MPN también se abstendrían y no votarían en contra cuando se vote en general el proyecto. También se sumarían a favor de introducir fuentes de financiamiento en el dictamen del Grupo A, que a su vez resistirá cualquier intento de solventar los aumentos jubilatorios con el aporte empresario.
“¿De dónde deben salir los recursos para que la sociedad tenga un principio de justicia?”, se preguntó Elisa Carrió para volcar sus propios argumentos: “No puede haber redistribución del ingreso entre pobres, lo que es intolerablemente injusto y reaccionario es que los jubilados financien a los niños y no la renta financiera”, sostuvo Carrió para denostar que parte del dinero de la Anses se destine al Ingreso Universal a la Niñez. Aunque el dictamen que apoya la líder de la Coalición Cívica tampoco establece ningún gravamen al sector privado para financiar el aumento a los jubilados.
En franca minoría y con varias ausencias, no pocos oficialistas no veían con buenos ojos la postura de oponerse al aumento de las jubilaciones mínimas al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil. Por lo bajo muchos compartían la posturas de sus aliados de abstenerse, aunque el jefe del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, trabajaba junto a la mesa chica de su bancada en abroquelar la postura del oficialismo en contra de las propuestas opositoras.
Nadie quería dejar sentada su postura y la lista de oradores dejaba en claro que la votación sería bien entrada la madrugada y que la discusión por el financiamiento le agregaría varias horas más al debate.
Página/12 :: El país :: El 82 por ciento móvil, con media sanción
Lo del grupo A es incomprensible, parece que buscan el veto a propósito para después quedar como víctimas, manga de cagones tanto miedo tienen de enfrentarse a los grupos patronales? :evil: estoy a full con Macaluse, Bonasso se mandó cualquiera.
EL PAIS [b]› OPINION
[/b] Lo importante es competir
[IMG]http://www.pagina12.com.ar/commons/imgs/go-gris.gif[/IMG] Por Mario Wainfeld
Al cierre de esta columna, madrugada del jueves, comenzaba la discusión en particular. El Grupo A logró una votación favorable, ayudado por Proyecto Sur, que le dio quórum y aprobación en general. Lo hizo a sabiendas de que perdería su moción de debatir también nuevas fuentes de financiamiento, lo que, todo lo indicaba, sucedería horas más tarde.
“La oposición” concretó el objetivo de “ganarle” al oficialismo, una de sus obsesiones, mandato perentorio del establishment económico-mediático. En este caso, la victoria tiene una yapa potencial: esta norma, a diferencia de otras “institucionales”, puede restarle legitimidad al oficialismo. Dejarlo en off side, correrlo “por izquierda” en el área distributiva, justo uno de sus fuertes. Sea que el Senado frene la iniciativa, sea que lo haga el veto presidencial, “la oposición” supone que el Gobierno pagará un costo simbólico. Si esa profecía se cumple, habrá ganado dos veces.
La política siempre tiene mucho de picardía y encubrimiento. El sistema político argentino actual supera la media general. En este caso, ninguno de los que votó afirmativamente espera (de veras) que la ley se aplique. Todos dan por hecho que quedará en el camino, aspirando a sacar ventaja de esas circunstancias. Si se creyera viable la ley, los “contreras” con expectativas atendibles de ganar en 2011 (el panradicalismo, el espacio peronista federal-PRO) hubieran actuado con más cautela, de modo similar al que gobernaron en años cercanos: sin jamás haber imaginado una ley análoga.
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Abruma la vaguedad matemática de la polémica. Algunos estiman el impacto fiscal de la medida en 20.000 millones de pesos, otros en 30.000. Hay terceros que miran al techo y bartolean algún otro guarismo. Esos vueltos de diferencia no importan porque “la plata está”. Para llegar a esa edificante conclusión se proponen eliminar subsidios, aunque algunos, como los del transporte público, son salario indirecto de trabajadores. Minga de aumentar impuestos, la propuesta fiscal de la oposición es maravillosa: bajar las cargas, aumentar el gasto.
Proyecto Sur, ya se dijo, iba por un camino más congruente: crear o restaurar tributos, progresivos y cargo del capital. El cronista no califica para juzgar si esos cambios son suficientes en términos financieros, sí para señalar que la propuesta es compatible con una lógica distributiva y con la trayectoria del partido del diputado Fernando Solanas.
Pero, en el brete de ser puesto en off side por sus aliados, eligió darles la derecha y dar vía libre a un proyecto que deja indemne al gran capital. Si no lo hacía, hubiera sido imputado de “ser funcional al kirchnerismo”, el peor de los pecados. Dictar una norma inviable e incoherente, sin sustento financiero, es venial en comparación. Máxime si, como se descarta por consenso tácito, no se está tratando una ley sino un posicionamiento político.
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Graciela Camaño, peronista federal, con astucia y experiencia que le faltan a muchos de sus compañeros de ruta, encontró precedentes de incrementos jubilatorios (dos de gobiernos kirchneristas) en que no se estipulaba el modo de hacerse cargo. Replicó así la denuncia del Frente para la Victoria en el sentido de que la ley sería nula. Sin embargo, andando el discurso reconoció tácitamente que la ley es chueca pues le falta indicar su fuente de financiamiento. La ex ministra de Trabajo confesó que en esos casos se facultó al jefe de Gabinete a reasignar partidas aduciendo que esa delegación puede ser sustituida por el Congreso. El punto es que el Congreso no reasignó partidas, dejando a la ley enclenque. De nuevo, no importa tanto...
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Un tramo de la narrativa opositora es interesante y debería servir de puntal para debates y propuestas más eficaces. Efectivamente, ahora hay más plata que en otras etapas de la recuperación democrática. También hay un grado superior de previsibilidad, reservas generosas, una relación deuda externa-PBI mejor que cualquier precedente. También, con las salvaguardas del caso, cierta estabilidad institucional. Se cuenta, pues, con plafond y bases materiales para encarar proyectos de mediano y largo plazo, inimaginables hasta hace pocos años. Podría ser la hora del rigor y no de la oratoria hueca y del voluntarismo... si primara otra cultura política.
En relación con el sistema jubilatorio, como viene señalando con tenaz claridad el colega Alfredo Zaiat, deben revisarse mitologías. Se reprisarán en palabras de este cronista y a su riesgo. La primera es aquella de que existe algo así como una caja fuerte donde está guardada, intacta, “la plata de los jubilados”. Esa plata bastaría para pagarles mucho más, porque les corresponde personalmente y porque alcanza. Todas esas premisas son falsas de medio a medio: el dinero de la Anses proviene de vertientes variadas, los aportes son una parte, manifiestamente insuficiente. Esta falacia es de cuño opositor.
En otra incurre todo el arco político, claro que con sesgos diferentes. Es imaginar que nuestro país está a salvo de los problemas que aquejan a todos los sistemas jubilatorios, concebidos en los gloriosos años ulteriores a la Segunda Guerra Mundial. Las personas viven más tiempo, el número de trabajadores activos que aportan para cada jubilado se reduce, también la proporción de trabajadores formales. “La oposición” subestima esas variables porque hay un canuto con plata, ignorando la diferencia entre un stock y un flujo, tan luego.
El kirchnerismo, a su turno, se enfada en el recinto, pero muy a menudo sostiene un discurso similar en otros ámbitos. Es habitual escuchar a funcionarios comentar que la Argentina va contra la corriente mundial, “en otros lados reducen, acá subimos”, sin dar(se) cuenta del carácter coyuntural del fenómeno.
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Eva Perón proclamaba que donde hay una necesidad, hay un derecho. Su verbo, imbatible, fue parafraseado ayer y en días precedentes por oradores menos calificados, sumados con delay a causas edificantes. El argumento debería ser resguardado en el futuro: la injusticia debe ser reparada ya. La Constitución garantiza derechos sociales no plasmados. Las jubilaciones móviles están entre ellos, no así el 82 por ciento, de creación legal. Combatir esas injusticias desde sus raíces es imposible sólo a base de esfuerzos fiscales con “lo que hay”. Esa tortilla, como cualquiera, requiere romper algunos huevos. Grandes.
Es necesario forzar mayor solidaridad entre clases sociales, acrecentando la carga impositiva de los más ricos.
La exigüidad de las pensiones es injusta, la riqueza feroz también. Sorprende que el afán reparador se ciña al universo de los trabajadores retirados. La Carta Magna estipula la participación del trabajador “en las ganancias de la empresa, con control de la producción y colaboración con la dirección”. Esa regla es letra muerta. Si se pusiera en acto proveería de más recursos a los laburantes y, por ende, a las cajas de jubilaciones y evitaría evasiones. Claro que, en una entente conducida por las corporaciones, de eso no se habla.
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En esta madrugada parecía un dato la aprobación de una enorme inversión social adicional, sin tener la gentileza de decir de dónde salen los pesos “que no están”. La oposición sumará un poroto, los medios afines la aplaudirán. De ganar se trata, en un juego limitado, bilardista por antonomasia. El horizonte deseado son las elecciones de 2011, no el socorrido “bolsillo de los abuelos”.
El devenir en el Senado es imprevisible. Si aprobara la ley, el veto es una fija.
Página/12 :: El país :: Lo importante es competir
Se acaba de aprobar en diputados, 135 a favor, 88 en contra y 18 abstenciones.