Economia
[b]Sí hay fondos para pagar el 82 % móvil a los jubilados[/b]
[b] ¿“NO HAY PLATA” PARA QUIÉN?[/b]
La recomposición del haber jubilatorio deteriorado por la inflación y su sustentabilidad en el futuro que pretende lograr la oposición, sería de unos 16 mil millones de pesos anuales.
La universalización de los casos Badaro y Sánchez representan un total de 15 mil millones de pesos.
¿Cuenta el Estado con recursos para materializar tal recomposición? ¿Es verdad lo que dice el gobierno de que tal medida es inviable? Veamos a grandes rasgos qué nos dicen los números:
- [b]Existen sumas considerables en concepto de contribuciones patronales que no ingresan al sistema previsional desde 1993 porque las empresas han sido beneficiadas exceptuándoselas del pago de obligaciones en concepto de cargas sociales. [/b]
Recordemos que d[b]urante la gestión del Dr. Menem, el modelo neoliberal contempló entre “otros detalles”, la fusión de la Dirección General Impositiva, Dirección General de Aduanas y Recursos de la Seguridad Social como una suerte de broche de oro a las presiones de los grandes grupos económicos para pagar menos tributos, tener mayores ganancias[/b] y, lógicamente no invertirla en el país sino, llevársela al el exterior.
[b]- Volviendo al 2010, se espera para este año un superávit de recaudación del orden de los 10 y 11 mil millones, lo que seguramente será más (ya hemos explicado en varias ocasiones la política de este gobierno de presentar el Presupuesto Nacional con una proyección en recaudación de alrededor de un 50 % menos para luego decir que hubo superávit fiscal y disponer [i]a piacere[/i] de los fondos).[/b]
- El ANSES cuenta con un Fondo de Garantía de Sustentabilidad de unos 150 mil millones de pesos.
Entonces, si sólo se toman los recursos correspondientes a aportes y contribuciones (sin tocar los otros ingresos como el IVA, Impuesto a las Ganancias, Impuesto a los Combustibles, recursos que no se distribuyen a las provincias en concepto de Coparticipación, etc. que también se utilizan para el pago de haberes jubilatorios), no quitándole los beneficios impositivos a las PyMEs -que resultan el motor de la economía nacional- y sí sólo a las grandes empresas, tomando sólo una parte del Fondo de Garantía, se advierte que los recursos para pagar el 82 % móvil alcanzan.
En este esquema las jubilaciones mínimas pasarían a ser de algo más de $ 1200.-, lo que ya resultaría una media un poco más “humana” para nuestros abuelos. Además, redundaría en un incremento del consumo que es lo que se la pasan pregonando desde el Ejecutivo Nacional.
¿Qué argumenta el Gobierno?, muchas cosas; pero de todas ellas sólo pretende instalar la idea de que es un disparate lo que pide la oposición porque con esa medida se destruiría la ANSES, mientras el Ministro de Economía insiste que no hay país en el mundo, con excepción de Luxemburgo que pague el 82 % móvil a su clase pasiva.
“Tiene razón Sr. Ministro, porque tampoco hay país en el mundo que le pague a sus jubilados menos del 40 % de lo que debería pagarles por haber trabajado toda su vida ni implementa leyes como las que implementó el Poder Ejecutivo que Ud. representa otorgándole jubilaciones a personas que sólo aportaron tres meses (sin mencionar el uso y abuso que vienen haciendo de esos recursos de de manera absolutamente discrecional y el salvataje a las AFJP quebradas)”.
¿Quién está destruyendo la ANSES Sr. Ministro?
[RIGHT][RIGHT] Nidia G. Osimani[/RIGHT]
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[u]Sà hay fondos para pagar el 82 % móvil a los jubilados | Tribuna de Periodistas
[/u] Sobre el 82 % movil para los jubilados
1.7.10
La radiografía del sistema jubilatorio no muestra el 82%
Informe con la situación presupuestaria del régimen previsional.
Las iniciativas que obtuvieron dictamen anteayer en las comisiones de Previsión de ambas Cámaras del Congreso contemplan distintos esquemas de aumentos, pero en lo básico llevan la jubilación mínima a un régimen de 82 por ciento móvil
Repaso de la involución del régimen previsional desde los años ’60 hasta 2003, con una sucesión de defraudaciones a los jubilados, incumplimiento de leyes, caída en la cobertura y reducción de haberes, al punto de que en 1996 las jubilaciones equivalían al 37,8 por ciento de los salarios de los activos y en 2002 representaban el 43,8 por ciento –ahora se busca el 82 por ciento móvil–.
Los funcionarios compararon esa situación de “tierra arrasada” con la actual, donde las jubilaciones avanzaron hasta el 50,6 por ciento de los sueldos de los activos, el haber mínimo subió 497 por ciento desde 2003 a la fecha y la jubilación media creció 238 por ciento, mientras que la tasa de cobertura volvió a ser la más importante de América latina, y el dinero invertido por el Estado en seguridad social se duplicó en términos de PIB y también es la proporción más alta de la región.
Uno de los gráficos que presentaron los funcionarios muestra la distancia entre los proyectos de la oposición para llegar al 82 por ciento móvil y la realidad, no sólo en la Argentina, sino en otros países. “El único que tiene 82 por ciento es Luxemburgo”, sostuvo Boudou.
En la Argentina, como se indicó más arriba, la tasa de sustitución es de 50,6 por ciento. Por debajo de ese nivel se ubican España, con 45,7 por ciento, y países de la región, como Brasil (46,1 por ciento), Chile (48,5) y Colombia (49,3). Por arriba aparecen Italia, con 54,6, y Uruguay, que con el 60,1 por ciento marca el techo para América latina. En el país, durante la década del ’90 las jubilaciones representaban en promedio el 40 por ciento de los sueldos medios de los activos. El 82 por ciento móvil fue una ley de 1958, que a menos de cinco años de su aprobación ya había sido incumplida por su elevado costo fiscal.
Para la oposición, de todos modos, los recursos disponibles en la Anses permiten ahora pegar un salto y llegar al 82 por ciento, desde el 50,6 actual. Boudou lo negó y puso en números el costo que tendría cada una de las alternativas barajadas en los proyectos de ley:
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82 por ciento móvil para todos los jubilados y pensionados: la Anses debería desembolsar 140.111 millones de pesos anuales adicionales, 157,4 por ciento más respecto de lo previsto para el Presupuesto 2010. En ese caso, se pasaría a un déficit gigantesco, de 11,4 por ciento del PIB. Para cubrir el de- sequilibrio, el Estado debería volver a endeudarse.
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Jubilación mínima igual al 82 por ciento del Salario Mínimo, Vital y Móvil: este último se encuentra en la actualidad en 1500 pesos, por lo cual la jubilación mínima subiría a 1230 pesos, desde los 895 actuales. El costo fiscal sería de 22.406 millones de pesos anuales, 25,1 por ciento más que el presupuesto de la Anses de este año para el pago de jubilaciones y pensiones. El organismo pasaría a tener un déficit equivalente al 2 por ciento del PIB.
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Actualización de las jubilaciones de acuerdo con el índice Ripte: en este caso, la oposición plantea una recomposición de los haberes previsionales en base a la evolución del Ripte –índice de salarios de los trabajadores activos que elabora el Ministerio de Trabajo– entre diciembre de 2001 y diciembre de 2007. La iniciativa tiene un impacto fiscal anual adicional de 10.252 millones de pesos, 11,5 por ciento del presupuesto de la Anses para jubilaciones y pensiones, que llevaría a un déficit del organismo equivalente al 0,9 por ciento del PIB.
Es decir, en todos los casos los ingresos actuales de la Anses no alcanzan para cubrir los mayores gastos, por lo cual se necesitan nuevas fuentes de financiamiento. Los proyectos de la oposición avanzan poco en la cuestión. Claudio Lozano, de Proyecto Sur, plantea una suba de los aportes patronales a la seguridad social –si se hiciera de un día para otro, lo cual parece difícil por la probable reacción empresaria, podría haber traslado a precios–, mientras que diputados como Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, o senadores como Rubén Giustiniani, del socialismo, sugieren utilizar el stock de ahorros previsionales que acumula la Anses desde la eliminación de las AFJP (ver aparte). Otra alternativa sería volver al endeudamiento del Estado, que fue la opción del menemismo y la Alianza hasta generar un pasivo impagable que llevó al colapso económico y al default.
El ministro de Economía explicó por qué utilizar los ahorros de la Anses sería inconveniente. El organismo tiene 149 mil millones de pesos en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de las jubilaciones. Es el dinero que el Estado tomó de las AFJP cuando estas dejaron de operar –en realidad, habían sido 98.225 millones de pesos y la cifra creció 52 por ciento bajo la gestión pública–. Como se mencionó más arriba, el costo de los proyectos “más moderados” de la oposición, que contemplan el 82 por ciento móvil de la jubilación mínima y la actualización de los haberes entre 2001 y 2007, asciende a 32.600 millones de pesos. Extraer esa cifra del FGS haría que éste se agotara en un plazo de cinco a seis años, y después ya no habría reaseguro para las jubilaciones ni fondos para cubrir el ingreso de nuevos beneficiarios, ya que ahora todos los jubilados son estatales. Se dejaría al sistema jubilatorio expuesto otra vez a una quiebra generalizada, como ha ocurrido cíclicamente desde mediados de los años ’60 hasta 2003.
Boudou agregó que ni siquiera es posible echar mano a los ahorros de la Anses tan mecánicamente. Esto se debe a que el dinero está invertido en activos financieros –acciones, bonos, plazos fijos, obligaciones negociables, préstamos a empresas, fondeo para créditos hipotecarios– y proyectos productivos –obras de infraestructura– cuya realización no es tan sencilla. El 40 por ciento de los 149 mil millones de pesos se encuentra en activos líquidos y el 60 por ciento restante en inversiones que demandarían hasta diez años para su liquidación.
Igualmente, si se pretendiera rematar todo para que la Anses dispusiera de efectivo para pagar el 82 por ciento móvil, habría una pérdida mayúscula para el Estado. Vender a las apuradas acciones, bonos y demás títulos ocasionaría una pérdida de unos 74 mil millones de pesos, de acuerdo con el cálculo de Boudou. Además, esto generaría problemas económicos de difícil resolución, como una expansión de la base monetaria, un incremento abrupto del consumo sin capacidad de respuesta de la oferta, inflación, pérdida del valor de la moneda y suba de las tasas de interés.
En conclusión, Boudou y Bossio señalaron que no es cierto lo que dice la oposición que la plata está disponible para pagar el 82 por ciento móvil y que el Gobierno no la utiliza porque prefiere darle otros usos. Negaron, por ejemplo, que haya una expansión en el financiamiento al Estado con los recursos de la Anses. Cuando existían las AFJP, el 59,5 por ciento de los ahorros previsionales los invertían en títulos públicos, mientras que en la actualidad la participación llega al 61,0. Países como España tienen hasta el 80 por ciento en bonos del Estado.
En el Gobierno hay una gran indignación con la oposición por los proyectos previsionales, a los que considera “oportunistas” e “irresponsables” por despertar expectativas en los jubilados que no son realizables. Pero también apuntan a la UCR, la Coalición Cívica, el Peronismo Federal y el PRO, porque en su momento votaron en contra de la disolución de las AFJP y la estatización del sistema jubilatorio. Al senador Giustiniani, del socialismo, le reprochan que además de esta propuesta es autor de un proyecto de ley para quitarle a la Anses el 15 por ciento de los recursos coparticipables, que pasarían a financiar a las provincias. “Quiere aumentar las jubilaciones y al mismo tiempo quitarle fondos a la seguridad social”, cuestionó Bossio.
“Vamos de menos a más. Falta mucho, pero es muchísimo lo que se avanzó. Este gobierno es el que más hizo por los jubilados en varias décadas y lo seguiremos haciendo, pero con responsabilidad”, agregó el funcionario. Uno de los logros de la gestión que se inició en 2003 –recordó– es haber entregado jubilaciones por moratoria a más de 2,3 millones de personas que de otro modo nunca hubieran accedido a ese beneficio y a la cobertura del PAMI. Representan en la actualidad el 41,8 por ciento del total de jubilados y pensionados.
PAVEL 2.0: Sobre el 82 % movil para los jubilados
*Sobre el presupuesto nacional y sus manejos:
Economia
[b]¿MALVERSACIÓN DE FONDOS?[/b]
[b]LA INSÓLITA TRAMPA DEL PRESUPUESTO 2010[/b]
[IMG]http://www.periodicotribuna.com.ar/aimages/200909/5720-malversacion-de-fondos-500x300.jpg[/IMG]
El artículo 75 de la Constitución de la Nación Argentina referido a las atribuciones del Congreso Nacional, expresa en su inciso octavo: “Fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso 2 de este artículo, [b]el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión[/b]”.
Cada año entonces, el Poder Ejecutivo Nacional remite el “Proyecto de Presupuesto” al Congreso que contempla los ingresos y gastos que se prevén para el siguiente ejercicio y a ese respecto debe expedirse.
La elaboración de un presupuesto público debe respetar lo establecido por la Ley 24.156/92 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y sus modificaciones, como así también Principios en dicha materia tales como “transparencia, exactitud, especificación”, entre otros, y una serie de recomendaciones muy puntuales con el objetivo primario de evitar distracciones presupuestarias de todo tipo que obedezcan tanto a la órbita de los actos penalmente sancionables como a los involuntariamente pasibles que pudieran inducir a irregularidades.
Ahora bien, analizando el Proyecto Presupuestario Nacional 2010 que el Ministro Amado Boudou defendió tan efusivamente días pasados en relación a una batería interminable de argumentaciones demasiado técnicas como para exponer aquí, y que suelen ser manipuladas por el gobierno nacional en sintonía con aquello de “a río revuelto, ganancia de pescadores” —donde perfectamente puede sustituírse el término “río” por el de “conceptos o ideas” en una clara intencionalidad de confundir a la opinión pública—, es muy fácil ceder a la tentación de quedarse meditando acerca del artículo 37 de la Ley 24.156, generador de los públicamente conocidos “escandaletes” referidos a los nunca bien ponderados “superpoderes si, “superpoderes no”, “que son míos”, “que no te los presto”, “y yo” (dijera un tal Néstor) “ con la plata del pueblo hago lo que quiero y no me importa nada porque como la Presidenta es Cristina decido todo yo” (a lo que sigue un berrinche, un breve zapateo a lo malambo y generalmente un portazo bien estruendoso, que en caso de no resultar efectivo, continúa con una serie de medidas tendientes a amedrentar a quien ose pensar distinto).
Personalmente, cada vez que me da el brote de indignación antes espectáculos tan grotescos, respiro profundo y me digo: “Nidia, dá igual, [b]ya que está mas que comprobado que billetera mata Gobernador[/b]…..Si Néstor no fuera Néstor, algunos Legisladores igual serían “esos” Legisladores ejerciendo la “obsecuencia debida” frente a las máximas autoridades de sus provincias….
Pero si uno resiste la poderosísima tentación de enfurecerse con estos señores que solo parecen “iluminarse repentinamente” cuando el Soberano Idiota (el pueblo) harto, se “predispone” mal y empieza a movilizarse, corta calles, toma edificios públicos o privados, golpea bombos o cacerolas con ira, puede encontrase en su periplo con el artículo 42 de la misma norma que establece: “Los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año se cancelarán, durante el año siguiente, con cargo a las disponibilidades en caja y bancos existentes a la fecha señalada. Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año se afectarán automáticamente al ejercicio siguiente, imputando los mismos a los créditos disponibles para ese ejercicio. El reglamento establecerá los plazos y los mecanismos para la aplicación de estas disposiciones”.
El “Principio de Devengado” dice algo así como que todo hecho económico generador de resultados positivos o negativos en un determinado período, deben ser imputado o reconocerse para ese período sin entrar a considerar si se pagó o cobró.
No se puede, porque vulneraríamos este Principio, pagar gastos en los que se haya incurrido en el año, por ejemplo 2008, con partidas presupuestarias de año 2009, no corresponde. Al 2008 se lo atiende con lo del 2008 y al 2009 se lo atiende con lo calculado para gastos de 2009.
El Estado muchas veces se atrasa en el pago a sus proveedores por varias razones, y cuando hace esto por no contar con los recursos, esos pagos los efectúa al año siguiente, pero imputando el gasto a las partidas presupuestarias del año en que corresponda, es decir en este caso, año 2008 aunque las hubiera pagado en 2009.
Ahora bien…. Volvamos al “Proyecto de Presupuesto 2010” y leamos el artículo 79 del mismo: “sustitúyese el Artículo 42 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional por el siguiente texto:
“Artículo 42.- Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año se afectarán automáticamente al ejercicio siguiente, imputando los mismos a los créditos disponibles para ese ejercicio.
Los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año podrán ser cancelados, durante el año siguiente, con cargo a las disponibilidades en caja y bancos existentes a la fecha señalada.
[Los gastos mencionados en el párrafo anterior también podrán ser cancelados, por carácter y fuente de financiamiento, con cargo a los recursos que se perciban en el ejercicio siguiente.
La programación de la ejecución financiera, prevista en el Artículo 34 de la Ley Nº 24.156, del ejercicio fiscal siguiente deberá ajustarse a fin de atender las obligaciones financieras determinadas en el párrafo precedente.
El Poder Ejecutivo Nacional promoverá, en la Ley de Presupuesto del ejercicio fiscal siguiente la aprobación de las obligaciones financieras determinadas en el tercer párrafo del presente artículo. El reglamento establecerá los plazos y los mecanismos para la aplicación de estas disposiciones.””]
¿Me parece a mi o esto habilita la malversación de caudales públicos?, sobre todo cuando al remitirnos al artículo 34 de la misma norma 24.156 leemos: “A los fines de garantizar una correcta ejecución de los presupuestos y de compatibilizar los resultados esperados con los recursos disponibles, todas las Jurisdicciones y Entidades deberán programar, para cada ejercicio la ejecución física y financiera de los presupuestos (…)”.
En fin, echando un manto de piedad sobre lo propuesto en el Proyecto Presupuestario 2010….¿no suena bastante sugestivo?, sobre todo si recordamos la definición del término “Malversación”, como “Utilización ilegal del dinero o bienes ajenos o del Estado en cosas diferentes a las que iban destinados, generalmente en beneficio propio: la malversación de fondos del Estado es un delito grave.
[RIGHT]Nidia Osimani
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*Consideraciones de Boudou
[ECONOMIA](http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/index.html) › TAMBIEN CRITICAN EL IMPACTO SOBRE EL FONDO DE GARANTIA
[b]Los efectos colaterales[/b]
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El ministro de Economía, Amado Boudou, ofreció ayer por la mañana una larga conferencia de prensa para cuestionar el proyecto opositor que propone pagarles el 82 por ciento móvil a los jubilados que perciben el haber mínimo. Además de destacar el impacto que esa medida tendría sobre el presupuesto (ver nota central), el ministro sostuvo además que [b]si la Anses tuviera que salir a vender de un día para el otro los activos que tiene en acciones de empresas privadas y títulos públicos, el Fondo de Garantía de la Seguridad Social tendría una pérdida de al menos 74.000 millones de pesos.[/b]
El ministro remarcó que sólo en Luxemburgo está vigente el 82 por ciento móvil y en todo momento buscó dejar en claro que el proyecto de la oposición no está acompañado de un análisis técnico consistente. “[b]Si la Anses se viera forzada a liquidar sus acciones provocaría una fuerte pérdida en el capital social y privado de los argentinos porque impactaría en la valuación de las empresas y las pondría claramente a tiro de capitales especulativos internacionales”[/b], aseguró. Incluso [b]dio[/b][b] una serie de ejemplos concretos sobre cuál sería el impacto sobre las empresas donde la Anses tiene participación. El precio de las acciones de Telecom, Siderar y Banco Macro caerían 50 por ciento, las de Pecon Energía 56, las del grupo Galicia 63, las de Transportadora Gas del Sur 44 y las del Grupo Clarín 77 por ciento. El funcionario recordó además que la Anses concentra el 11 por ciento del total de los plazos fijos que hay en el sistema financiero local y si tuviese que disponer de esos recursos de golpe “variaría por completo la solvencia del sistema financiero y del sistema de crédito en nuestro país”.[/b]
Boudou también cuestionó a la oposición por propiciar el 82 por ciento móvil al mismo tiempo que intenta sacarle a la Anses el 15 por ciento de la masa de coparticipables. “Señores diputados y senadores, seamos serios. Quieren aumentar las erogaciones y disminuir los recursos del mismo organismo”, sostuvo. Luego les apuntó directamente a algunos diputados que cuando tuvieron responsabilidades de gestión perjudicaron a los jubilados y ahora piden que les aumenten el haber. “Cuando al diputado Felipe Solá le tocó administrar la provincia de Buenos Aires, entre los años 2005 y 2007, la mínima jubilatoria del IPS aumentó cero”, dijo y enseguida completó recordando la gestión de Patricia Bullrich como ministra de Trabajo de la Alianza. “Bullrich firmó el decreto de reducción del 13 por ciento a los jubilados. Si no fuera trágico sería gracioso. No necesitamos ni siquiera decir ‘van a hacer otra cosa’, podemos contar que ya hicieron otra cosa cuando les tocó administrar”, remató.
El ministro también le dedicó una parte de su intervención al Grupo Clarín, al que vinculó con una de las mayores pérdidas que sufrió la Anses en los últimos años. “En el 2008 Clarín salió a la Bolsa local con una acción que rondaba los 30 pesos. Las AFJP compraron esas acciones y desde entonces ni un solo día dejaron de perder valor. Hoy la acción vale 12 pesos, siendo la peor pérdida que tiene la Anses con 458 millones de pesos. Alguien podría decir que tiene que ver con la volatilidad de los mercados, pero el promedio del Merval desde la fecha de la emisión de la acción de Clarín a la fecha perdió el 2 por ciento contra el 60 por ciento que perdió la acción de Clarín”, concluyó. Por último, adelantó que el próximo 13 de julio asistirá a la Cámara de Senadores para reiterar sus argumentos.
Consideraciones personales:
-La modalidad no contributiva del sistema se focaliza en la expansión de la cobertura en detrimento de la mejora del servicio. Es la política que el Gobierno determinó para el sistema, por lo que el 82% móvil no va a ser contemplado por los Kirchner hasta que la Anses tenga los recursos necesarios para hacer frente a semejantes erogaciones.
-Que la medida sea impulsada por el Grupo A da la pauta de las intenciones detrás de la misma: quebrar a la Anses y volver al viejo sistema privado.
-La postura presentada por proyecto sur da cuenta(desde su perspectiva) de que es posible tal aumento quitandole al supuesto modelo nacional una de sus patas: las ganancias de las patronales. La contrapartida sería el traslado de los costos al consumidor, una mayor inflación. Se puede criticar a PS por hacerle el juego a la derecha(al grupo A) pero la realidad es que tarde o temprano se tienen que discutir aspectos oscuros del modelo que impulsan desde el gobierno: sectores de la economía que no contribuyen al fisco (el juego por ejemplo), las escasas políticas en defensa de los recursos( minerales y pesqueros, por ejemplo). Por acción u omisión de la oposición estos temas están entrando de a poco en la agenda pública, lo cual es bueno más allá de los intereses detrás de cada partido.
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