Ah y me olvidaba, no hay desaparaciones por parte del gobierno, pero hay muertes “dudosas” de empresarios enemigos, como gotti, y de testigos, el testigo clave de la causa zaffaroni, y empresarios y testigos donde la muerte no parece un accidente, como el de la causa de once y el empresario pesquero de sta cruz.
Ah y la tortura que no ha desaparecido, viejos vicios que todavía quedan en las prácticas de las fuerzas de la represión, digo del orden…
La tortura goza hoy de perfecta salud
POR MARCELO A. MORENO
Trece policías bonaerenses están siendo juzgados por “tortura seguida de muerte” de Fabián Gorosito, de 22 años, que trabajaba en un frigorífico y cuyo cuerpo apareció en agosto del 2010 en la localidad de Mariano Acosta con signos de tormentos fatales. Este horror tiene características particulares: detenido ilegalmente, según la acusación, fue trasladado a la comisaría 6a de Merlo donde fue golpeado con salvajismo y allí o en otra parte intervino en el martirio la mujer de uno de los policías, que habría tenido una relación íntima con la víctima -¿arrepentimiento o expiación a través del ejercicio de la crueldad?-. La venganza, entonces, habría sido el plus de la trama brutal.
“Finalmente:/cuando creemos conveniente,/después que nos divertimos/grandemente, decimos que al salvaje/el resuello se le ataje;/y a derecha/lo agarra uno de las mechas/mientras otro lo sujeta/como a potro de las patas/que si se mueve es a gatas./Entretanto nos clama por cuanto santo/tiene el cielo;/pero ahí nomás por consuelo/a su queja/abajito de la oreja/con un puñal bien templao/y afilao/que se llama quita penas/le atravesamos las venas/del pescuezo.
/¿Y que se le hace con eso?/larga sangre que es un gusto, /y del susto/entra revolver los ojos.” Los terribles versos corresponden al poeta Hilario Ascasubi y fueron escritos en 1842, es decir, 29 años después de que la Asamblea del año 1813 declaraba abolida la tortura en el país y quemara públicamente sus instrumentos.
Pero siguió y sigue, pertinaz, protegida, constante.
Hace unos días en el Congreso se realizó un muy oficial Encuentro contra la Violencia Institucional. En él participaron integrantes del gobierno y notorios simpatizantes de la gestión de la doctora Kirchner, desde Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo hasta la ministra de Seguridad, Nilda Garré, pasando por el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, el ex canciller Jorge Taiana y la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
La intención indisimulada era servir de soporte intelectual a la ley que pretende hacer del Poder Judicial una dependencia del Poder Ejecutivo. Para quien tuviera dudas, Estela de Carlotto leyó en el documento final del Encuentro un párrafo referido a “las dificultades que la democracia todavía tiene para entrar de lleno y apropiarse de la instituciones de seguridad y de justicia.” Curiosa palabra la empleada: “apropiarse”.
Pero en lo que casi todos los disertantes coincidieron fue en la vitalidad de la represión y la tortura en la Argentina. Julián Domínguez, kirchnerista presidente de la Cámara de Diputados, enumeró: “En los últimos 12 años murieron 1.893 personas en hechos de violencia institucional con participación de integrantes de las fuerzas de seguridad y el 49 por ciento de estas personas murió por disparos efectuados por policías que estaban de servicio”.
Jorge Taiana fue mucho más allá y trazó un cuadro sociológico. “La tortura es una práctica social, ya que no sólo es un medio para sacar información o justificarla sino que también constituye un elemento de disciplinamiento social. Se tortura al delincuente porque se entiende que se está autoexcluyendo del Estado de Derecho; pero (además) es una forma pedagógica de mantener disciplinado al conjunto de los excluidos que hay en la sociedad. Es el miedo al levantamiento del conjunto de los excluidos lo que lleva a mantener la tortura un instrumento de disciplinamiento social. Muchas de nuestras policías provinciales lo que hacen no es combatir sino administrar el delito. En esta administración la tortura es un elemento de convocatoria y disciplinamiento sobre todo de los jóvenes.” Nótese que omite a la Federal, como si fuera impoluta.
Es decir, de lo que hablan los funcionarios o ex funcionarios de este gobierno es de una práctica sistemática que se ejerce en cárceles y comisarías como en tiempos de la dictadura militar.
La primera pregunta que surge es: ¿qué hacen o hicieron estos funcionarios y entusiastas del “modelo” para terminar con estas salvajadas? Nilda Garré sostuvo que hay que “monitorear la gestión y del desempeño de la Policía y controlar el uso y abuso de la fuerza.” ¿Pero ella no es ministra de Seguridad? ¿No está justamente para eso?
La segunda pregunta es: ¿por qué continúan estas aberraciones luego de casi una década de un kirchnerismo que agita la bandera de los derechos humanos en cuanto foro participe como si fuera propia?
La respuesta es simple como el mango de la sartén o la punta de un cuchillo: porque el poder lo permite, lo cobija y lo estimula, sin mostrar el menor síntoma de voluntad política para cortar de cuajo estas ferocidades. Más: parecería que le convienen.
¿Y quien detenta abrumadoramente el poder en la Argentina? El kirchnerismo, que ha hecho del doble discurso el instrumento más potente y filoso para su proyecto inclaudicable de dominación total de la sociedad.
