Totalmente en desacuerdo. No es por defender al sector público y defenestrar al privado, pero evidentemente tenemos ciertas tendencias que nos demuestran la actitud de unos y otros, definitivamente la actitud del sector privado en los últimos 40 años está lejos de ser una postura liberal y capitalista. Eso es lo que me gustaría que se pueda entender de aquellos que pretenden instaurar leyes de régimen del mercado y sanidad macroeconómica por intermedio del Estado, ¿para qué? ¿para que se beneficie una lacra que luego gira millones de dólares al exterior, generando corridas cambiarias, especulando con la degradación de la moneda para beneficiarse, hundiendo las posibilidades de crédito y bajando el techo de aspiraciones de ingresos que cualquiera de los que estamos en este foro puede llegar a pretender? A lo que voy, la actitud del sector privado es, por un lado, producir barato, fundamentalmente con ingresos provenientes del agro (y no hablo de pequeños o grandes productores, hablo de Grobocopatel, Nidera, Molinos, etc.), poca inversión (se puede ver en la capacidad instalada ociosa desde 2003) de la cual en su mayoría a la actualidad es obsoleta y en los casos que se han diversificado o mejorado tecnológicamente, lo han hecho al amparo del Estado Nacional a partir de 2005 que no son aquellos beneficiarios de la devaluación de 2002. Recordemos que los beneficiarios de ese proceso son las empresas transnacionales, grupos económicos y directorios de accionistas de capitales extranjeros como las telefónicas, sector energético, de transporte aéreo y marítimo, etc; que precisamente a partir de la ley 25.738/03 ningún accionista mayoritario de capital extranjero responde por las operaciones de una entidad financiera para comenzar a revertir el cuadro de situación de la inversión del capital extranjero.
Como bien expresan los economístas Andrés Asiain y Agustín Crivelli en función a lo aludido anteriormente: “Durante los años noventa se fomentó la venta de empresas públicas y privadas nacionales a capitales extranjeros para que ingresen dólares con el objetivo de sostener el régimen de convertibilidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, las utilidades y dividendos que las empresas extranjeras remiten al exterior comenzaron a pesar cada vez más en el sentido contrario. Así, el fuerte crecimiento económico de los últimos años generó un incremento de magnitud en la remisión de utilidades y dividendos, que pesan cada vez más sobre el balance cambiario. Según datos del Banco Central, entre 2003 y 2011 cerca de 22.000 millones de dólares fueron remitidos al exterior por las empresas extranjeras. En 2012, las regulaciones cambiarias dispuestas por el gobierno nacional paralizaron totalmente ese egreso, abriendo un interrogante sobre cómo se reconfigurará la dinámica del capital extranjero en la economía argentina. Un cambio en la legislación puede institucionalizar algunas de las nuevas regulaciones que, de forma informal, comenzaron a aplicarse, tanto en lo que respecta a la limitación de la remisión de capitales como a otros aspectos vinculados con el nivel de integración con la economía nacional en materia de proveedores, desarrollo tecnológico y balance de divisas a nivel firma.”
No por ello adhiero a ideales socialistas de intervención económica en toda las actividades productivas o que ellas DEBAN depender íntegramente de la instrucción estatal, ni abogo por la desaparición de la actividad privada. Simplemente refresco la memoria sobre el comportamiento del sector privado, de quienes se han beneficiado de procesos anti democráticos para la transformación de la valorización del capital con las dictaduras militares, con distorsiones económicas como la tablita de Martínez de Hoz y la póstuma nacionalización de la deuda privada que todos pagamos (repitiendo nuevamente lo dicho en el post anterior).
“Las mayores concesiones otorgadas por la legislación nacional al capital extranjero no fueron consideradas suficientes para brindar la “seguridad jurídica” que asegurara el necesario ingreso de divisas para sostener el plan de convertibilidad. Fue así que se resolvió comprometer internacionalmente al país mediante la firma de numerosos Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y la adhesión al convenio del Ciadi, prorrogando la jurisdicción en favor de tribunales extranjeros. En América del Sur el comportamiento fue dispar, entre posiciones extremas caracterizadas por la experiencia argentina (casi 58 tratados firmados, de los cuales más del 90 por ciento fueron ratificados) y las de Colombia y Brasil, con un número muchísimo menor de tratados firmados, aunque ninguno de ellos fue aprobado por las legislaturas nacionales.”
Los TLC nos ponen en una situación desventajosa, o mejor dicho de genuflexión, ante los mercados extranjeros principalmente Europa, Asia, EEUU e Israel por ser éstos productores de manufacturas que, no nos van a vender su tecnología para que nosotros podamos producir lo que ellos nos venden (se les caería el negocio y entrarían en problemas como los nuestros), sino que obligaría aún más a la primarización de las exportaciones y producción de bienes alimenticios que no son los GRANDES valores agregados que devienen de la producción y del desarrollo industrial (como los que ellos poseen y sustentan sus posiciones de mayor privilegio que el nuestro. Además, como bien decís, debemos rezar a todos los santos para rogar que no caiga un commodity como la soja, sustentando lo que te digo.
Aparte, recordemos como el mismísimo grupo Clarín dejó “al desnudo” que, precisamente la estrategia del Gobierno actual es … pesificar la deuda con organismos internos e “hipotecar el futuro”, es decir, en vez de tener tribunales extranjeros y tomando deuda externa como presión, utiliza organismos internos para la financiación del proceso de desarrollo productivo y la inclusión social mediante los subsidios (que muchos de ellos recibimos todos en sectores claves como transporte y energía, e inclusive recibe el agro) politizando así la cuestión de la deuda, rigiéndose por acuerdos políticos con organismos del Estado. Se endeuda hacia adentro con la perspectiva de poder generar un mejor futuro, algo elemental, para desarrollarse hay que endeudarse y en ese sentido creo que todos estamos de acuerdo, y discrepemos si efectivamente se tiende al desarrollo, pero en ese sentido podemos argumentar largamente y vamos a terminar siempre pensando distinto, solo el tiempo nos dará la respuesta. De mi parte podría decir que me encantaría poder insertarles un chip a muchos conciudadanos para que hagan un uso más responsable de los aportes que todos hacemos para mejorar su calidad de vida y aspiren como todos nosotros hacemos, mediante la educación y el trabajo, a una mejor calidad de vida sin depender necesaria y únicamente de un subsidio, sino que ello sea simplemente un pequeño empuje para que pueda aliviar mejor la tarea de la inserción social en la escala de valores típicos de la clase media.
“El año pasado, junto al periodista de Clarín, Ismael Bermúdez, Lanata repasó cómo, pese al relato oficialista, la deuda pública argentina se incrementó sostenidamente durante la última década. En 2001, la deuda pública era de 125 mil millones de dólares mientras que hoy trepó a 250 mil millones de dólares. ¿Qué pasó? Para pagar la deuda externa el gobierno se “endeudó” con organismos internos como la ANSeS y el Banco Central. Aunque la deuda “interna” es en pesos y se “resuelve” con más emisión, mientras que la otra es en dólares y “se come” las reservas, el problema es que la Argentina no canceló parte de su deuda externa con recursos genuinos, sino “hipotecando el futuro”. Además, se registró una menor entrada de dólares, por diversos factores: aumentó el giro de intereses y servicios financieros al exterior, se achicó el ingreso de dólares por inversión directas, entraron menos dólares por préstamos del exterior y se hicieron pagos de deuda. En 2012 entraron 3.744 millones de dólares, el año pasado 2.413 millones y el primer trimestre de este año 207 millones de dólares. Además, la periodista Marcela Pagano explicó cómo, pese al discurso del Gobierno, el dólar siguió siendo la mejor inversión para el ahorrista.”
Por otra parte, es interesante, o irrisorio, como siempre con una pretensión científica o al menos en el sentido positivo con el cual se habla de economía por muchos medios, de que “hay que hacer esto para lograr tal cosa”, en particular, “hay que reducir la base monetaria o evitar la emisión para reducir la inflación”, “la inflación es un exceso de oferta de dinero”, etc etc etc. Pero para siempre terminar hablando en términos psicologistas de “confianza”. Entonces no se trata de una relación aritmética sino de una relación de percepción subjetiva. Por ej, en El Economista, Héctor Rubini agrega lo siguiente:
“Para que no sea un nuevo fracaso se requiere, sin dudas, un programa antiinflacionario creíble. Esto exige, fundamentalmente, eliminar el predominio de la política fiscal sobre la monetaria. En la práctica significa instrumentar reformas institucionales que impidan financiar una y otra vez el gasto público con emisión monetaria. Este tipo de problema fue analizado, entre otros, por los economistas François Velde y Thomas Sargent quienes casi veinte años atrás rescataron una frase de Jacques Necker, ministro de finanzas de Luis XVI en 1776, 1778 y 1789: “Uno puede reavivar o sostener la confianza pública sólo brindando reaseguros de las intenciones del soberano, y dando pruebas de que ningún motivo lo puede incitar a incumplir sus obligaciones”. Acertadamente, Sargent y Velde observaron que Necker definió así lo que se conoce como política creíble: aquella tal que el gobernante no tenga incentivos, ni vía material alguna, de incumplir obligaciones o compromisos.”
Desde ya inclusive eso va a contrapartida de lo que ocurre en EEUU, donde el incremento de la base monetaria y la diferencia con las reserva que posee, sumado al creciente déficit fiscal que supera el 100% del PBI no resulta ser un inconveniente ni tampoco generar inflación de la manera que se genera en nuestro país. Quizás, se deba sí al hecho de que en EEUU existen regulaciones como en Europa donde las empresas están mucho más controladas por el Estado para impedir el tipo de comportamiento que en Argentina se sustentó a través de la dictadura militar y de las leyes de los 90: la cartelización de determinados sectores mediante monopolios u oligopolios, una práctica sana de competencia mediante el ajuste de precios en beneficio del consumidor y reinversión para mantener y aumentar el nivel productivo. Pero eso también resulta ser un doble discurso, porque mientras que al interior de esos países se rige férreamente la libre competencia, hacia afuera, hacia países como los nuestros, tienen otro tipo de actitudes que argumentan “no son actitudes fraudulentas, es que ustedes tienen malas leyes”. Los capitales extranjeros se rigen por el interés de sus accionistas, por la rentabilidad de sus bolsillos y no por la producción o los bienes en sí, sino por a valorización de mercado de las acciones. ¿De qué le sirve a un ciudadano de a pié conocer el valor accionario de una u otra empresa o del Merval en general si ello no depende del rendimiento de la empresa sino de como opera un intento por valorizar una empresa mediante la compra venta de papelitos? Es decir, si bajan las acciones de Telecom, ¿es por culpa de un desperfecto técnico sobre los usuarios o porque es una mala empresa? Nada de eso, sino de una simple especulación como lo puede ser un cambio de directores y gerentes, de posibilidades de venta o de adquisición de determinadas posiciones de mercado, otra vez, la valorización de una empresa en el mercado bursátil resulta ser subjetiva, basada en psicologismos como la “confianza” o “las perspectivas de valoración y de rentabilidad, de un buen balance financiero” pero que nada de ello depende de la producción en sí de lo que se ocupe al interior de la empresa. De la misma manera sucedió con la compra de Aerolíneas Argentinas, donde se eliminaron rutas comerciales y se aparecieron a competir únicamente en los destinos rentables como Bariloche, Iguazú, Europa y EEUU con otras aerolíneas y la de bandera de nuestro país cayó en la peor de los abandonos, con aviones viejos que hoy requirieron una inversión millonaria de la cual sigue sufriendo la ahora empresa estatal para la renovación de naves y tecnología que la empresa privatizada descuidó. Cabe destacar que actualmente el presidente de Marsans (comprador de AR) en diciembre de 2013 fue condenado por la Audiencia Nacional a dos años y dos meses y 99 millones de euros de multa por fraude a la Hacienda española en la compra de Aerolíneas Argentinas.
En resumen, mi postura es que, más que estar atento y pendiente a la sanidad fiscal es generar una nueva cultura de empresarios y sector privado en Argentina. Sino aspiramos a crecer y desarrollarnos para que unos pocos se terminen enriqueciendo y acrecentando su poder, manejando los destinos del país a su antojo. Como por ejemplo, pretender que la inversión la haga el estado para después ellos usufructuar de la misma. Un ejemplo es el espectro radioeléctrico y el lanzamiento del satélite, ante la posible pérdida del Nahuel 1A, el Gobierno abrió la posibilidad de que las empresas se hiciesen cargo de la banda disponible que se generaría con la apertura de mayor frecuencia, pero ni Personal (la primera elegida para que se hiciese cargo), ni Movistar, ni Claro quisieron afrontar los gastos de inversión que se suponía semejante estructura y beneficio, esperaban que el Estado lo hiciese primero y luego ellos utilizar las radiofrecuencias y el nuevo ancho de banda disponible. Siempre que se habla de que “el Estado debería invertir” es precisamente para el beneficio de algunos pocos que quieren que el Estado invierta por ellos para que se beneficien. Otro caso es el del dragado de canales de riego y de ríos en la zona de Formosa para la expansión de la cosecha de soja, sugerido muchas veces como “necesaria inversión estatal”. O mismo la reducción de las retenciones, para ¿generar mayor confiabilidad? ¿en el agro? o aumentar la rentabilidad de unos pocos