Debería estar preso para que no se escape.
---------- Mensaje unificado a las 23:38 ---------- El mensaje anterior habia sido a las 23:37 ----------
Caso Mariano Ferreyra: Tras la suspensión, el tribunal escucha los alegatos
El Tribunal Oral en lo Criminal 21 inició la etapa de alegatos en el juicio oral por el crimen de Mariano Ferreyra luego de que un policía acusado de liberar la zona se entregara el fin de semana y quedara preso por no haberse presentado a la audiencia del viernes pasado.
La defensa del comisario Hugo Ernesto Lompizano explicó que no había conseguido pasajes para volver de vacaciones desde San Martín de los Andes y llegar a tiempo a la audiencia donde debían comenzar los alegatos.
Pero el tribunal rechazó las excusas y dictó la orden de captura del policía que se entregó el sábado pasado en el Departamento Central de Policía y permaneció tras las rejas en una sede de Villa Lugano de la policía Federal.
La querella en el juicio acusó hoy a la “patota” del sindicato Unión Ferroviaria y definió al crimen como “una cacería humana con al menos cuatro armas usadas en este hecho”.
“(Cristian) Favale hizo un número indeterminado de disparos y en la vereda (Gabriel) Sánchez hizo otro tanto, también hubo otras dos personas no identificadas que hicieron disparos”, señaló el abogado querellante Maximiliano Medina en el alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal 21 (TOC21).
El letrado, que representa a la familia del joven militante del Partido Obrero, aseguró que luego de la balacera “(Juan) Pérez guardó las armas que le entregaron (Guillermo) Uño y dos personas más, para retirarlas del lugar y encubrir el crimen”.
“Todos los testigos hablaron de haber oído al menos unos diez disparos”, sostuvo Medina en su alocución y también acusó a los efectivos de la Policía Federal porque, dijo, “liberaron el escenario y colaboraron con los atacantes, se permitió el ataque”.
Caso Mariano Ferreyra: Tras la suspensión, el tribunal escucha los alegatos | TN.com.ar | TN.com.ar
---------- Mensaje unificado a las 13:09 ---------- El mensaje anterior habia sido a las 13:08 ----------
---------- Mensaje unificado a las 13:12 ---------- El mensaje anterior habia sido a las 13:08 ----------
A pesar de la lluvia, estuvimos todos ahí movilizandonos para que la paguen todos los responsables del asesinato de nuestro compañero!
---------- Mensaje unificado a las 13:40 ---------- El mensaje anterior habia sido a las 13:08 ----------
Beatle que pasó con Elsa Rodríguez al final??? Pudo salir del coma???
Sí, hace bastante igual. Quedo en silla de ruedas con problemas motrices, y sin poder hablar.
Nunca más se supo nada de Elsa, la prensa habó mucho del pibe pero no de Elsa, justicia por ambos!
En Prensa Obrera salen notas hablando de la salud de Elsa, sobre la campaña que hicimos para mejorarle la casa, etc.
Qué voy a leer prensa obrera igual???
El Cels pidió perpetua
Para Pedraza, Fernández y otros doce imputados
El martes 19 comenzaron los alegatos, postergados por la ausencia -en la audiencia anterior- de uno de los imputados, el comisario Hugo Lompizano.
El primer turno fue para el Cels, que representa jurídicamente a la familia de Mariano. El alegato duró diez horas -y ofreció un despliegue abrumador de pruebas contra los 17 imputados. Para Pedraza, Fernández y otros doce acusados solicitó la pena de prisión perpetua, en calidad de coautores del homicidio agravado de nuestro compañero. En el caso de Juan Carlos Pérez y Guillermo Uño -dos de los patoteros detenidos-, una condena a cuatro años por encubridores, y en el de David Villalba -el camarógrafo policial que dejó de filmar en el momento preciso del ataque-, la pena máxima por ‘omisión de deberes’, de apenas un año de prisión en suspenso. También pidió que se investigue a otros cinco patoteros de la Unión Ferroviaria por su participación o encubrimiento en el crimen de Mariano, y a otros diez dirigentes y delegados de la UF y policías por la comisión de falso testimonio durante el juicio oral. A pesar de realizar algunas denuncias puntuales, no solicitaron medidas de investigación sobre funcionarios políticos ni sobre los empresarios de la Ugofe.
Los abogados Maximiliano Medina y Alberto Bovino alegaron la existencia de un ‘plan criminal’ urdido por Pedraza y Fernández para proteger su participación en el negocio de la tercerización y su hegemonía política en el gremio, y definieron la agresión de la patota como “una cacería humana”. Acusaron a los policías de haber liberado la zona y facilitado la fuga de los agresores. La existencia de una complicidad policial con el ataque “no requería, dijeron, de acuerdo previo” con los agresores. Evitaron avanzar, de este modo, sobre la línea de responsabilidades que conduciría a la cúpula de la policía y a Aníbal Fernández, encubridor consuetudinario del accionar policial y de los vaciadores ferroviarios. Al momento del crimen de Mariano, Aníbal Fernández se hallaba políticamente a cargo de la Federal.
La exposición de Medina y Bovino tuvo momentos brillantes, especialmente en su tratamiento de los videos, ‘escuchas’ y cruces telefónicos acumulados en la causa. Por caso, revelaron las gestiones personales de Pedraza para poner en contacto a un “prestigioso estudio jurídico” con Cristian Favale, apenas producida su detención. Se trataría -algo muy comentado en ese momento- del estudio encabezado por el ex Procurador General de la Nación, Esteban Righi.
El alegato del Cels tuvo características monumentales en cuanto a la descripción de los hechos, pero no tuvo esa altura para las derivaciones políticas y económicas. El entrelazamiento de intereses existente entre Estado, gobierno, burocracia sindical y empresarios estuvo marcadamente ausente. Esos límites habían sido definidos a priori por Horacio Verbitsky, tanto en diversas editoriales de Página/12 como en la conferencia de prensa que brindó en la sede del Cels poco antes del inicio del juicio. Para Verbitsky, Pedraza es “una rémora de los ’90″; la muerte de Mariano hay que atribuirla a Menem, no a la tercerización K. Cinco días antes de la emboscada criminal, CFK había tratado de reconciliar ‘rémoras’ aún más antiguas -la Juventud Sindical y la JP- en la cancha de River, rodeada de gorritos pedracistas de la Unión Ferroviaria. El kirchnerismo tejió una alianza estratégica con Pedraza, Maturano (La Fraternidad) y los empresarios Cirigliano, Roggio y Romero para la administración de los ferrocarriles, que derivó en un vaciamiento ferroviario escandaloso, en el crimen de Mariano y en la masacre de Once.
Veremos lo que dice la fiscal. En su edición del miércoles 12, el oficialista Tiempo Argentino informó que en el equipo de la fiscalía, designado por la Procuradora, Gils Carbó, no existía certeza de que reclamara la perpetua.
En la misma audiencia, el tribunal resolvió excarcelar al comisario Lompizano e imponerle una caución institucional.
El viernes 22 será el turno del alegato de nuestra querella, representada por Claudia Ferrero (Apel) y María del Carmen Verdú (Correpi).
El Cels pidió perpetua : Prensa Obrera 1257 – 21/02/12
---------- Mensaje unificado a las 17:49 ---------- El mensaje anterior habia sido a las 17:48 ----------
eh?
El “igual” lo escrií de más… Estaba con 20 cosas en la cabeza
Si queres… te recomendaría que la leyeras, la comprendas, la critiques y si queres despues la discutimos.
Perpetua para Pedraza y sus secuaces
Lo que sigue es una colaboración solicitada para el periódico La Alameda, que fue publicada el 12 de febrero. Lamentablemente, el texto modifica en forma considerable el primer párrafo del artículo enviado por Altamira. Lo publicamos en su forma original, porque constituye una caracterización de la etapa final del juicio oral y público por el asesinato de nuestro compañero Mariano y de las graves heridas infligidas a los otros tres compañeros.
El asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, el 20 de octubre de 2010, conmovió al país. Lo mismo vale para la gravísima condición de vida en que quedó nuestra compañera Elsa Rodríguez. Sacudió al poder político y tocó a fondo al movimiento popular. El impacto llevó al oficialismo a imaginar que había sido el detonante de la muerte de Néstor Kirchner una semana más tarde. Se podría decir, incluso, que provocó una crisis política; es que cinco días antes, en el estadio de River, Cristina Fernández había pretendido consagrar una unidad política con la burocracia sindical. Ante una tribuna en la que se destacaban los gorros de la Unión Ferroviaria y se refugiaba la figura de Cristian Favale (uno de los que gatilló el arma asesina), la jefa del Estado anunciaba la reconciliación con la nefasta Juventud Sindical de los años 70.
El asesinato de Mariano devolvió a la superficie el carácter criminal de la burocracia sindical y su transformación en una casta empresarial que prospera mediante la explotación de los trabajadores de su propio gremio. Puso asimismo al descubierto la trama mafiosa del armado kirchnerista en el transporte ferroviario. Un año y medio después, esa trama se volvería a poner en evidencia en la masacre de Once. Denunciamos, desde el primer momento, todas estas circunstancias, y con ello produjimos una delimitación política que aportó una claridad decisiva al movimiento popular a la hora de la movilización por el Juicio y Castigo a los culpables. Miles de jóvenes y trabajadores se reconocieron en la condición social y militante de Mariano; los trabajadores tercerizados se sintieron interpelados, no ya entre los ferroviarios, sino en toda la dimensión del territorio nacional. Las tentativas de cooptar a los allegados políticos y personales de la víctima -la táctica empleada por este gobierno y los anteriores, para neutralizar el repudio- fracasaron en forma miserable. El método político empleado en la lucha por el Juicio y Castigo, en el caso de este crimen, se diferenció del utilizado en los casos de los compañeros Qom o del docente neuquino Carlos Fuentealba. Nosotros fuimos de entrada por los responsables políticos -incluido el gobierno nacional y el Poder Ejecutivo, al que conminamos a que procediera a una investigación en sus propias filas. Debido a la recusación de esta requisitoria a proceder a investigar el aparato del propio Estado, el gobierno ha quedado como responsable último de la masacre de Once.
Las escuchas telefónicas han dejado probada la colaboración de los titulares del Ministerio de Trabajo con Pedraza. La reacción inicial del gobierno y de sus alcahuetes (en particular José Pablo Feinmann y otros de Carta Abierta) fue enrostrar la responsabilidad del crimen al Partido Obrero, que habría estado en el lugar y en el momento inadecuado. “Nos tiraron un muerto”, acusaron las eminencias que viven del presupuesto del Estado. La misma Presidenta utilizó la mayor parte de la entrevista que concedió a los familiares de Mariano, a atacar al Partido Obrero. Claro: en octubre de 2009, al inaugurar una sede sindical de los ferroviarios, Cristina había consagrado a Pedraza como la encarnación del -textual- “sindicalismo que construye”. No insistieron en esta vía de exabruptos cuando, el 22 de febrero de 2011, otros 51 muertos cayeron en la estación de Once, como tampoco lo habían hecho antes, en ocasión de la decena de accidentados fatales en los pasos a nivel. Los compañeros tercerizados que se habían convocado, aquel 20 de octubre, para reclamar por el pase a planta permanente, no estaban allí por “apresuramiento”: habían trajinado durante dos años los pasillos ministeriales con esa misma reivindicación.
“Un crimen político contra la clase obrera” -esa fue la síntesis de la caracterización política que guió nuestra lucha. Un crimen ejecutado para defender un sistema de concesión parasitaria y corrupta del transporte, así como la explotación del trabajo precario de miles de trabajadores tercerizados. Un crimen para defender el monopolio de una burocracia sindical patronal, integrada al Estado. Un crimen para detener el movimiento por la independencia de la clase obrera, que hoy mismo progresa en todos los sindicatos. Pocas veces antes había quedado definido con tanta claridad la naturaleza social y política de un crimen contra luchadores populares. Lo que se puso en juego, entonces, en esta lucha por el juicio y castigo, es una confrontación de naturaleza histórica.
Es esta lucha y la claridad con que fue empeñada lo que permitió llegar al juicio oral y público, que se encuentra en la etapa final, con los responsables políticos de la patota entre los acusados. Antes de que la prisión preventiva cayera sobre Pedraza, la ministra actual de Seguridad, Nilda Garré, desplegó la última tentativa para evitarla: montó un operativo mediático para encarcelar a los compañeros ferroviarios que habían luchado con Mariano, a los que acusó de actos de vandalismo en la estación Constitución, con la clara finalidad de desnaturalizar la lucha de los tercerizados. Garré había llegado a ese ministerio como parte de una maniobra cuidadosa del gobierno para apartar a Aníbal Fernández de la conducción política de la policía y sacarlo del foco de la responsabilidad por las órdenes que dio a la fuerza aquel 20 de octubre. Luego de la condena que dicte el Tribunal Oral habrá que ir por la investigación y juicio de Aníbal Fernández. En el juicio oral y público “no están todos los que son”: faltan los concesionarios del Roca, que habilitaron la salida laboral de la patota y que están entrelazados en la explotación de los tercerizados y en el desvío de los subsidios; no está la cúpula de la policía, que monitoreó el operativo desde la Jefatura; no está el ministro encargado de las fuerzas de seguridad en aquella ocasión.
¿Cuál es el desafío político en esta fase final? El gobierno no es impasible o neutral en esta circunstancia. Se ve que ha seguido un lento y penoso peregrinaje gatopardista, que consiste en depurar en forma aséptica (sin sangre) y limitada la trama mafiosa para conservar la conducción del aparato de negocios y sindical del ferrocarril. Los Luna y los Schiavi enfrentan ahora su propio juicio oral y público por Once; el nuevo ministro de transporte, Randazzo, no es del palo de Maturano (La Fraternidad) ni del pedracismo; se ha removido a la conducción macrista-moyanista-pedracista del Belgrano Cargas; está intentando manejar la UF con un pedracismo sin Pedraza. Por último, pretende que la culminación del juicio oral y público sea el final de la historia, o sea que no se trasvase a los concesionarios, a la jefatura policial, a los ministros de Seguridad.
Las querellas representadas por los abogados del Cels y los del Partido Obrero alegarán, en los próximos días, por la condena a perpetua de Pedraza y de sus cómplices. No se conoce, sin embargo, el planteo de la fiscal, que representa al ministerio público y que, en esa condición, influye en la formación de la opinión del Tribunal. La fiscalía atravesó una crisis seria, hace un par de meses, cuando la procuradora K, Alejandra Gils Carbó, le puso dos comisarios políticos como “ayudantes”. Del juicio oral y público se desprende una conclusión de conjunto acerca de la responsabilidad de Pedraza como instigador político de las acciones que llevaron al crimen, que para sus defensores no alcanzan el carácter de una prueba firme. Si prevalece este criterio judicial, jamás sería posible probar una responsabilidad política y la impunidad quedaría consagrada con carácter universal. En este caso, Pedraza -el mismo que intentó sobornar a los jueces de Casación, para obtener una excarcelación- hasta podría ser declarado ¡inocente!
Otro capítulo merece la posición de la troika que integra el Tribunal, la cual se encuentra atravesada, por lo menos, por dos condicionamientos: uno tiene que ver con la presión de la cruzada del gobierno en el Poder Judicial, para reemplazar con jueces propios a los que reputa afines a la “corpo”; el otro es, digamos, ideológico, con referencia al garantismo. En relación con esto último, los defensores de la patota alegan la falta de pruebas “materiales”; o sea, la ausencia de una orden escrita y firmada de matar. Recordemos que el garantismo es una posición de defensa de la población, que carece de la capacidad material de defender sus derechos ante la acción del Estado y de las fuerzas de seguridad, que se mueven con recursos y desarrollan una conspiración impune. No debería servir como escudo para defender a ese mismo aparato (burocracia, policía, funcionarios, ministros, pulpos económicos concesionarios), que precisamente conspira contra quienes carecen de derechos, trabajadores tercerizados, privados del derecho elemental del convenio colectivo.
Este conjunto de señalamientos apunta al objetivo de dar las armas intelectuales y, por lo tanto, organizativas, para impedir un nuevo caso de impunidad. La perpetua para Pedraza y para sus cómplices no solamente daría impulso a las cuestiones excluidas de esta causa desde su fase de instrucción; también impulsaría la lucha por el esclarecimiento, juicio y castigo por la desaparición de Jorge Julio López y de Luciano Arruga; por los asesinatos de campesinos Qom y del Mocase; por llevar a tribunales a Sobisch, por Carlos Fuentealba, y por tantos y tantos compañeros sometidos y reprimidos: las mujeres agredidas, las trabajadoras y trabajadores esclavizados en el campo y la ciudad.
Vamos con todo, compañeros.
Perpetua para Pedraza y sus secuaces : Prensa Obrera 1257 – 21/02/12
Excelente!!
Ya circula en la web el trailer de la película “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?”
A mediados de abril, se estrenará en el cine “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?”, una película de los directores Julián Morcillo y Alejandro Rath, basada en el libro homónimo de Diego Rojas y cuenta las peripecias del periodista Andrés Oviedo -Martín Caparrós le pone cuerpo al personaje- para lograr desenredar la madeja de complicidades que terminó con el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra.
Pese a que el film de Morcillo y Rath se estrenará dentro de un mes y medio, en Internet ya circula el trailer donde se lo puede ver a Caparrós buscando a los autores intelectuales y materiales del crimen que desnudó la alianza entre Estado, burocracia sindical y la patronal.
Actualmente el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra está en la etapa final de los alegatos.
“El rodaje lo iniciamos en abril del año pasado y lo terminamos el 19 de diciembre, una fecha también cara para los argentinos”, reseña Morcillo.
“El film se basa en el libro de Diego Rojas que tiene tres líneas narrativas; de las cuales nosotros tomamos dos, las referidas a las entrevistas a los testigos, que reproducimos entrevistando a las mismas personas. Además, hay otra línea en tono de policial que describe lo sucedido ese 20 de octubre. En esas escenas participaron 150 extras, de los cuales el 80% son los propios trabajadores y testigos que estuvieron ese día. Fue una reconstrucción colectiva del asesinato de Mariano con detalles aportados por los protagonistas”, explica a Clarín uno de sus directores.
Finalmente, la película termina de componerse con el personaje de Oviedo/Caparrós que “en tono de ficción hace atractivo el relato para los espectadores, contando las contradicciones del trabajo periodístico, donde muchas veces la línea editorial no permite al periodista realizar una investigación independiente y contar toda la verdad debido a distintas presiones que recibe”.
Ya circula en la web el trailer de la película “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?”
Muy bien hecha parece la película, en poco tiempo también, ojalá sirva para difundir aun mas la causa y que se termine haciendo justicia.
Día 61: El alegato de la fiscalía y la impunidad
Hoy comenzó el alegato de la fiscalía, que finalmente se extenderá a dos jornadas y culminará el viernes 1 de marzo.
Su principal característica fue que los fiscales aislaron cuidadosamente el crimen de Mariano de todas las conexiones políticas que conducen a ampliar la investigación hacia los funcionarios de la Secretaría de Transporte, hacia quienes eran los jefes políticos de la Policía Federal y hacia los empresarios de Ugofe, que actualmente monopolizan la administración de todo el transporte ferroviario metropolitano.
El equipo conducido por María Luz Jalbert –´robustecido´ por la Procuradora Gils Carbó con la designación de dos fiscales ad hoc dos meses después de comenzado el juicio- pasó por alto todas las pruebas acumuladas que involucran al poder político y a los empresarios. Este ´abordaje´ debilita notablemente la acusación contra Pedraza como autor del plan criminal dirigido a aleccionar a los tercerizados, cuyas movilizaciones estaban poniendo en jaque fuertes negociados de la burocracia con Ugofe y el Estado, y el dominio político de ésta en el gremio. Se trata de un hecho que no puede quedar disimulado por el pedido de perpetua para Pedraza, Fernández, Favale, Sánchez y Díaz que –según anticiparon- formalizarían el viernes. Este retaceo se complementa con el hecho de que los fiscales decidieron desglosar su alegato en dos partes, para referirse a la actuación de la policía en forma separada, sobre la cual mantendrían la acusación por ´abandono de persona´, un reproche que coloca sus responsabilidades en el terreno de la negligencia o la omisión de deberes. La policía, en realidad –y esto es lo que terminó por develar el juicio-, fue parte activa y fundamental del plan criminal. Sin su deliberada colaboración, éste jamás hubiera podido haberse llevado a cabo.
Por último, en esta primera jornada, los fiscales solicitaron la absolución de dos de los patoteros acusados que se encontraban detenidos, Juan Carlos Pérez y Guillermo Uño, quienes fueron liberados inmediatamente, al final de la audiencia, entre aplausos de los coimputados, sus abogados defensores y un puñado de familiares.
El alegato de la fiscalía
La exposición de los hechos estuvo a cargo de la fiscal Jalbert. Según la fiscal, “entre el 19 y 20 de octubre de 2010, Pedraza ordenó a Fernández que para el 20 de octubre de 2010, convocara a trabajadores de la línea Roca a fin de evitar el corte de vías de los tercerizados. La orden (impedir el corte de vías) se concretó con la muerte y las heridas. Fernández ordenó y determinó para que se cumpliera la orden de Pedraza, quedando a cargo los detalles de cómo se haría, y ese plan que se cumplió”. En realidad, el ´plan criminal´ consistía en ´aleccionar´ a los tercerizados a los tiros, no en impedir el corte de vías. La convocatoria a otros empleados para ´impedir el corte ´ tenía por función cubrir al grupo de choque del cual formaban parte los patoteros imputados, quienes de ese modo actuarían ´disimulados´ dentro de un grupo más numeroso, en el cual no todos conocían necesariamente lo que Pedraza, Fernández y Díaz tenían previsto hacer.
El relato de Jalbert coincide en buena medida con los argumentos de los defensores: para ellos también, la finalidad de la convocatoria también era ´impedir el corte de vías´, infamia en la que se apoyan para presentar la agresión criminal como un acto de ´legítima defensa´ que derivó en ´excesos´ (un muerto y tres heridos de bala).
Los fiscales se refirieron solamente de pasada a la explotación de la ´cooperativa´ Unión del Mercosur, perteneciente a Pedraza y administrada por sus familiares y dirigentes allegados, y al temor de la burocracia a que el pase a planta de los tercerizados pusiera en jaque su dominio político sobre el gremio (“No pueden minimizarse las consecuencias que una renovación de las bases podía traer para ellos”, fue todo lo que dijeron al respecto). La superficialidad del tratamiento de estos dos aspectos fundamentales deja indemne lo que Antonio Luna llamó, con total desparpajo, ´el sistema´: la alianza tejida por el gobierno con la burocracia sindical y los grupos empresarios que integran Ugofe (Cirigliano, Roggio y Romero) para la administración de los ferrocarriles; la complicidad del Estado con el vaciamiento ferroviario, el papel fundamental de la policía y de los agentes de la empresa en la perpetración de la agresión criminal, y la cadena de responsabilidades penales y políticas derivadas de esta trama.
Los más de 1500 tercerizados estaban distribuidos en una veintena de empresas contratistas, de las cuales gran parte –como se reveló en el juicio- pertenecían a los mismos grupos económicos que integran Ugofe. Los fiscales señalaron el conocimiento previo que burócratas, empresarios y funcionarios de la Secretaría de Transporte (y policías) tenían de la movilización de los tercerizados a los fines de desacreditar la tesis de la ´autoconvocatoria de los ferroviarios´; sin embargo, no avanzaron en una conclusión que cae por su propio peso: los intereses en juego –la defensa de la tercerización- no importaban, por lo tanto, solamente a Pedraza sino también a los empresarios, que permitieron la salida de empleados de los talleres de Escalada, enviaron gerentes a las vías de Avellaneda y emitieron un comunicado posterior al hecho que prácticamente saluda la acción de la patota contra los “partidos políticos hostiles”. La participación empresaria en el ´plan criminal´, por lo tanto, también debe ser investigada. Esto estuvo completamente ausente en el alegato de los fiscales. Mientras se perpetraba el ataque, la conducción de la UF, los empresarios y los funcionarios de Transporte se encontraban juntos, todos ellos reunidos en el congreso de Latin Rieles. A la hora de describir el marco general de la acción de la patota, la fiscalía deliberadamente pasó por alto la presencia de personeros de la burocracia en puestos clave de la administración ferroviaria (Antonio Luna, Araya, Villafañe, Special, Stafforini, Coria), incluidos aquellos desde los cuales se avalaba el desembolso de fondos públicos que alimentaban el negociado. Asimismo, las ´escuchas´ revelaron la íntima vinculación que existía (y existe) entre burócratas, empresarios y funcionarios (solidaridades varias, como las de Luna, Tomada y Rial; complicidades como las que revelan las conversaciones con Héctor Messineo o Ricardo Vitali, de Ugofe). Todas las pruebas ventiladas en el juicio, que revelan estas conexiones, fueron ignoradas adrede por los fiscales. Habiendo hecho caso omiso de ellas, sería francamente sorprendente que concluyan su alegato impulsando alguna investigación al respecto. Por el contrario, prepara el terreno de la impunidad para empresarios y funcionarios, que fueron cómplices del ataque y de muchos otros ilícitos.
En cuanto a las calificaciones penales, los fiscales atribuyeron a Pedraza y Fernández el carácter de “instigadores de homicidio calificado” y a Díaz, Favale y Sánchez, el carácter de “coautores de homicidio calificado”. Esta calificación conduce al pedido de prisión perpetua, ya que el Código Penal es rígido al respecto. Sin embargo, por otra parte, a Gustavo Alcorcel le reprocharon haber sido “partícipe secundario de homicidio agravado” y a González y Pipitó, haber sido “partícipes de homicidio simple”, colocando a los tres un escalón más abajo en el grado de responsabilidades. En el caso de Sánchez y Uño, como dijimos antes, los fiscales pidieron su absolución.
Uño y Pérez habían sido señalados por un testigo imposible de ser caratulado como parcial (José Sotelo) como quienes retiraron las armas del lugar del hecho, luego de la agresión que culminó con el homicidio de Mariano. Por su parte, Pérez fue además denunciado durante el juicio por los periodistas de C5N como uno de los matones que los redujeron para que evitar que registraran con su cámara el momento del ataque fatal. Sin embargo, la fiscalía consideró “insuficiente” el testimonio de Sotelo y denunció que las amenazas a los periodistas de C5N “no habían sido parte de la requisitoria de elevación a juicio contra Pérez”. Dicho esto, los defensores de ambos solicitaron sendas excarcelaciones; la fiscal manifestó que no tenía oposición y el tribunal concedió el pedido en el acto.
En conclusión, los fiscales alegaron la existencia de un ´plan criminal´ para terminar desahuciándolo.
La fiscalía continuará alegando el viernes
Esta lucha sigue.
Cárcel a TODOS los responsables.
Día 61: El alegato de la fiscalía y la impunidad : PARTIDO OBRERO
Día 62: Continúan los alegatos. La fiscalía y Pedraza.
4 marzo, 2013
En la audiencia de hoy, la fiscalía concluyó su alegato y luego comenzó la ronda de los defensores. La fiscal acusó a los policías por ´abandono de persona´ y formalizó los pedidos de prisión perpetua para Pedraza, Fernández, Díaz, Sánchez y Favale. Para el resto de los patoteros, solicitó penas menores a diez años de prición. Sánchez y Uño, los dos patoteros que fueron excarcelados en la audiencia anterior luego de que la fiscal pidiera su absolución, paseaban y charlaban por los tribunales de Retiro. La fiscal tampoco formuló cargos contra el camarógrafo policial, David Villalba.
Por la tarde, alegó Carlos Froment, el abogado de Pedraza. Sostuvo que “no hay pruebas” contra su defendido, pidió la nulidad de nuestro alegato, atacó a la instrucción y, en una réplica perversa a la acusación que pesa contra Pedraza, dijo que está basada en “móviles políticos y económicos”. Pidió la absolución de su cliente.
Fiscales y policías
La fiscal completó su alegato refiriéndose a la conducta de los policías y formalizando los pedidos de pena hacia los acusados.
La acusación contra los policías que formuló la fiscalía resulta incoherente con la descripción que hicieron de los hechos. De ese relato, surge con claridad la intensa colaboración policial con los agresores, pero los fiscales acusaron a los policías por ´abandono de persona´, es decir, de haber mantenido una conducta irresponsable o negligente, por fuera del plan criminal que derivó en el asesinato de Mariano y en las heridas de Elsa y los demás. Esa acusación deja fuera de toda responsabilidad a los funcionarios que impartieron las ´órdenes políticas´ a la policía, a las que hizo referencia en su indagatoria el subcomisario Echavarría.
En la primera parte de su alegato, cuando se refirieron a Pedraza y la patota en la audiencia pasada, los fiscales omitieron toda referencia a la administración tripartita del ferrocarril que llevaban a cabo la burocracia, los empresarios de Ugofe y los funcionarios de la Secretaría de Transporte. Ahora, con respecto a la policía, retacearon su papel en la agresión, a pesar de haber destacado que los acusados son “funcionarios policiales experimentados” y de dar por probado que su actuación “generó un escenario propicio para que se produjera la emboscada”, ya que “abandonaron a su suerte a un grupo de personas indefensas frente a un ataque con palos, piedras y botellas”, y que “luego de ver a los ferroviarios atacar, volvieron caminando alegremente con ellos hacia Avellaneda”.
Entre otras cosas, la fiscalía dio por probado que los jefes policiales contaban con informes de inteligencia que anticipaban la presencia de la patota ferroviaria en Avellaneda, y con efectivos más que suficientes para hacer frente a la situación (“en un evento deportivo de alto riesgo, como un partido Boca-River, hay un agente cada 70 personas; aquí, había 90 efectivos para 300 o 350 manifestantes, que permanecieron estacionados a cinco minutos de donde se produjo la emboscada”, dijeron). Señalaron que luego de la primera agresión de la patota de Pedraza, en el único intento de los manifestantes por alcanzar las vías, no se produjeron modulaciones ni partieron órdenes de la Dirección General de Operaciones, que “estaba al tanto de todo lo que ocurría por las imágenes satelitales que recibía en directo”. Dieron por acreditado que “luego de esa primera incidencia, no informaron a la fiscalía, como sí lo hicieron por un episodio de tenor mucho menor”, ocurrido simultáneamente en otro punto de la ciudad.
Entre esa primera agresión y el ataque final, transcurrió más de una hora. En ese lapso, la única actitud que adoptaron los jefes del operativo fue trasladar a un grupo de combate (y a otras unidades, afectadas a otros operativos) a Constitución, ante la posibilidad de que los manifestantes se dirigieran hacia allí. Tampoco se dispuso la movilización de la fuerza ante la llegada de Cristian Favale al frente de su grupo de 30 patoteros, hecho que quedó registrado en las modulaciones.
“Las decisiones operativas, en el lugar de los hechos, eran tomadas por Mansilla y Ferreyra, quienes tenían conocimiento previo del conflicto entre la Verde y tercerizados. Es más: los informes que daban cuenta de ese conflicto, se basaban en información suministrada por ellos, que estuvieron el 6 de septiembre en Constitución”, en referencia a un episodio anterior de la patota contra los tercerizados.
“¿Mansilla y Ferreyra no pudieron advertir el peligro? ¿Qué entendieron cuando desde abajo del puente, Pablo Díaz ordenaba ‘bajen cagones’? Mansilla y Ferreyra tuvieron tiempo, oportunidad y medios para interponer una fuerza disuasiva y no lo hicieron…”.
Respecto al subcomisario Garay, los fiscales destacaron que “es un hombre de experiencia, acostumbrado a manifestaciones mucho mayores en el Puente Pueyrredon, y vio cuando los ferroviarios bajaban del puente. Garay sabía perfectamente que podía separar a ambos grupos con los móviles y no lo hizo. Luego, cuando los manifestantes corrían a los agresores, Garay sí se interpuso, sí tuvo un papel más activo… En el momento crucial, Conti ordena a Garay pasar ‘via POC’, cuando todo tenía que quedar registrado y no estaba saturada la frecuencia”.
Luego de esta descripción, la acusación de los fiscales sonó ridícula en la sala.
A pesar de no haber hallado “atenuantes ni razones de inculpabilidad”, los pedidos de pena para los policías, no alcanzaron la máxima prevista para el tipo de delito que se les imputó. Los fiscales pidieron 10 años de prisión para Hugo Lompizano y Luis Mansilla, 9 años para Jorge Ferreyra, 8 años para Luis Echavarría y 7 años para Rolando Garay y Gastón Conti. Los fiscales no fundamentaron esta graduación de penas. Por último, como dijimos antes, pidieron la absolución de Villalba.
Con respecto a la patota, las penas solicitadas por los fiscales fueron: prisión perpetua para José Pedraza, Juan Carlos Fernández, Pablo Díaz, Gabriel Sánchez y Cristian Favale; 10 años para Gustavo Alcorcel; 9 años para Daniél González y Francisco Pipitó; la absolución de Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez.
El equipo de fiscales fue intervenido por la procuradora Gils Carbó, pocas semanas después de iniciado el juicio oral, cuando designó dos nuevos fiscales para ´robustecer´ la representación del ministerio público. A la luz del alegato de la fiscalía, queda clara cuál fue el objetivo que persiguió el gobierno con esas nuevas incorporaciones: limitar las derivaciones políticas de la causa, dejar fuera de cualquier investigación a empresarios y funcionarios públicos (no pidieron ninguna medida sobre ellos) y así preservar el régimen de administración de los ferrocarriles formado por el kirchnerismo en el curso de la última década. El resultado es que el alegato de la fiscalía debilita la acusación contra Pedraza, algo que no puede quedar disimulado por el pedido de perpetua.
El alegato de Pedraza
Carlos Froment, el defensor de José Pedraza, comenzó su alegato negando que se haya “aportado prueba contundente para acreditar la responsabilidad penal de Pedraza”. Esto, porque “no estuvo en el lugar del hecho”, no “tuvo contacto con Pablo Díaz ni lo conocía a Cristian Favale” y sostuvo que sus comunicaciones con Fernández “eran algo normal”. Las expectativas de la defensa de Pedraza se centraron en acogerse a los beneficios del ´garantismo´, a que su aplicación doctrinaria haga abstracción del cuadro político y social que rodea el crimen de Mariano y del papel preponderante de Pedraza en el sindicato y en la gestión del sistema ferroviario. Si ello ocurriera, si se cumplieran las expectativas de los defensores, quedaría consagrada definitivamente la impunidad de todos los responsables políticos de los crímenes contra el pueblo.
Froment aumentó la apuesta a los fiscales al preguntar en forma retórica “tanto la Policía Federal, las autoridades de Ugofe y el Estado sabían de la movilización de los tercerizados, (los ferroviarios) ¿vamos a armar un plan criminal informándoles del plan criminal?”. Sin inmutarse, Froment pidió asimismo la nulidad de nuestro alegato, justamente porque denuncia la existencia de una “connivencia entre gobierno, empresarios y sindicato de UF en la ejecución de un plan criminal”, lo que el defensor presentó como ´un hecho nuevo´ por el cual Pedraza “no fue indagado”. Esto es obviamente falso, porque la acusación por la instigación de un ´plan criminal´ determinado a ´aleccionar a los tercerizados´ fue recogido por la Cámara de Apelaciones de nuestra presentación, y desde el inicio de la causa exigimos que se investigara la participación o complicidad de empresarios y funcionarios con ese plan criminal. El objetivo del defensor de Pedraza fue evitar, de este modo, responder a las contundentes denuncias que formulamos en nuestro alegato.
En un desborde de cinismo, el defensor de Pedraza atribuyó a la causa un “pseudo armado” motivado por móviles económicos (“Pedraza y la UF son los únicos que podrían responder económicamente a una demanda civil”) y políticos (“Pedraza es un viejo dirigente sindical y esta situación les vino como anillo al dedo a los opositores para sacarlo del sindicato”). Froment afirmó que la ´causa de las coimas´ constituye un hecho posterior al crimen de Mariano y dijo –sin rubor- en referencia a esa causa, que “estamos ante un proceso sin juicio aún, pero no podemos olvidarnos que puede Pedraza ser víctima de un delito de estafa”. También negó que la ´cooperativa´ Unión del Mercosur redituara beneficios a Pedraza y reivindicó su ´espíritu cooperativo´ en base a las declaraciones de un alcahuete confeso de la lista Verde. Froment acusó a todos los testigos que declararon contra Pedraza de “animosidad” contra su cliente, pidió la nulidad de buena parte de las ´escuchas judiciales´ y negó que la Unión Ferroviaria fuera una organización “vertical”.
El juicio continúa el martes 5, con los alegatos de los defensores de Gabriel Sánchez y Juan Carlos Fernández.
Día 62: Continúan los alegatos. La fiscalía y Pedraza. : PARTIDO OBRERO
---------- Mensaje unificado a las 01:32 ---------- El mensaje anterior habia sido a las 01:30 ----------
Diario del Juicio por Mariano Ferreyra / Día 63: ¿Un homicidio justificado?
Hoy alegaron los defensores de Juan Carlos Fernández y Gabriel Sánchez. El primero, Alejandro Freeland, se explayó durante unas seis horas para dejar establecido el ´relato oficial´ de la patota, sobre los hechos ocurridos en Barracas. Al segundo, Gustavo D´Elía, le alcanzó con apenas una hora. Fernández está acusado como instigador de homicidio calificado y Sánchez, como autor material. Ambos enfrentan pedidos de prisión perpetua.
En sus alegatos, Freeland y D´Elía negaron la existencia de un ´plan criminal´, calificaron la agresión de la patota como “una riña mutuamente consentida” y pidieron la absolución de sus clientes. “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?”, se preguntaron ambos defensores en sus respectivos alegatos. “No lo sabemos”, se contestaron a sí mismos.
La palanca de la impunidad
Freeland calificó la acusación contra Fernández y el resto de la patota como “un relato desmesurado, infundado y ficcional”. Sobre los 14 pedidos de prisión perpetua formulados por el Cels, dijo que “ni en los juicios de Nüremberg ni en la ´causa 13´ se llegó a tanto”, en referencia a los procesos judiciales que se les siguieron a los jerarcas del nazismo y a la Junta Militar argentina de 1976-1983. Desde un principio, Freeland renunció a todo intento de contestar a las contundentes denuncias de nuestro alegato. Dijo que se trató de un “relato político, interesante aunque no sorprendente”, pero que “el relato hay que sostenerlo en datos objetivos de la realidad”. Mal que le pese, esas denuncias se apoyan en la voluminosa prueba reunida en la causa. Dicho esto, Freeland dedicó la mayor parte de su tiempo a tergiversar pruebas y –pecado de vanidad- divagar sobre cuestiones jurídicas a partir de premisas falsas.
Para Freeland, el asesinato de Mariano y las heridas con armas de fuego que sufrieron Elsa y los demás compañeros, estuvieron justificados: la patota fue la víctima y ´alguien´ que llevó a Barracas un arma, la utilizó para “defenderse” de los manifestantes, “disparando al suelo y al aire”. Durante tres o cuatro largas horas, Freeland desgranó una narración aberrante. No tuvo empacho en tergiversar pruebas y testimonios, y en retorcer hechos probados, completando baches y lagunas de su relato con mentiras. Describió a los manifestantes como un grupo “agresivo”, formado por hombres y “mujeres más violentas que los hombres”, que concurrieron a las vías “armados” y “decididos a confrontar”. En un extremo nauseabundo, destacó que “Mariano Ferreyra recibe el disparo cuando avanza para correr”. Freeland se apoyó en los testimonios de tres o cuatro patoteros, entre los casi 300 testigos que pasaron por el juicio. Cuanto más delirantes habían sido sus dichos, más excitado se mostraba el defensor.
A esta altura, solamente un energúmeno a sueldo puede sostener una infamia de este calibre sin inmutarse. En el desarrollo del juicio, el contraste entre los testimonios genuinos, llenos de dolor y dignidad, de manifestantes y testigos circunstanciales de la agresión, y las mentiras calcadas que murmuraron en el estrado los elementos que la patota trajo para declarar a favor suyo –todos ellos, gente que le debe su ingreso al ferrocarril u otros favores a la burocracia-, resultó abismal. Las filmaciones, las fotografías, las pericias y la inspección ocular simplemente ratifican los dichos de las víctimas: no se trató de un ´enfrentamiento´ ni de una ´riña´ sino de un ataque deliberado y por la espalda contra una columna de hombres, mujeres y chicos que se retiraban del lugar, cargando varios heridos, luego de haber sido apedreados y reprimidos por la infantería policial y de ver frustrada la realización de la medida que se proponían hacer para reclamar por la reincorporación de los tercerizados despedidos y el pase a planta permanente. El encubrimiento de Freeland alcanza también a Cristian Favale, ratificando que la defensa de la patota no le suelta la mano al barrabrava. Sin dudas, es la condición para mantener un pacto de silencio.
Freeland intentó negar la existencia de un ´plan criminal para aleccionar a los tercerizados`, que fue la acusación que la Cámara de Apelaciones y la justicia de instrucción recogieron de nuestras presentaciones. Consciente de los puntos débiles del alegato de la fiscalía, Freeland desafió al tribunal. “La Unión Ferroviaria avisó al gobierno, a la empresa y a la policía. ¿Avisaron que iban a matar? ¿Son todos cómplices? ¿No es más razonable pensar que no había ningún plan?”. Por su parte, el defensor de Sánchez también señaló que “la tesis del ´plan criminal´ se desmorona, como revela la pérdida de interés del ministerio público en mantener la acusación contra Uño y Pérez”. Los defensores se valen de las presiones oficiales dirigidas a encubrir a funcionarios y empresarios como palanca para lograr la impunidad de Pedraza y los suyos. A la hora de referirse a la tercerización, se limitó a explayarse sobre los supuestos ´beneficios´ de la ´cooperativa´ Unión del Mercosur, que Pedraza explotaba en forma directa. Destacó que sus lineamientos y balances habían sido aprobados sistemáticamente por el Estado. Al margen de que la ´cooperativa´ efectivamente enriquecía a Pedraza, en nuestro alegato señalamos que la incursión homicida de la patota no tuvo lugar exclusivamente en defensa de un negocio personal de Pedraza, sino de un negociado mucho más amplio, que involucra directamente a los empresarios de Ugofe y a los funcionarios de la Secretaría de Transporte. Roggio, Romero y Cirigliano subcontrataban empresas de su propiedad con fondos públicos que eran aprobados por la cartera de Transporte. Los más de 1500 obreros tercerizados estaban repartidos en una constelación de más de 20 empresas ´contratistas´ que recibían millones de pesos del Estado.
En cuanto a las motivaciones políticas del ataque, Freeland dijo que “la premisa de que los tercerizados votarían por la oposición se reveló falsa a la luz de los últimos resultados electorales de la UF”. Lo único falso aquí es la premisa Freeland. Las ´escuchas´ revelaron que, en las cabezas de Pedraza y Fernández, predominaba la idea de que el pase a planta de los tercerizados daría lugar a la incorporación de “150 cuadros del Partido Obrero” (Pedraza) y su temor radicaba en que “armen un sindicato paralelo como en el subte, y aunque no les den la personería, te juntan 500 tipos y hacen quilombo” (Fernández). Es por esto que el ministro Tomada consuela a su ´querido´ Pedraza diciéndole que “los tercerizados no son todos del PTS o del PO” y le recomienda “trabajarlos políticamente”.
A la hora de justificar los llamados cruzados entre Fernández y Pablo Díaz –quien dirigía a la patota en el terreno de los hechos-, Freeland inventó contenidos del tipo “hablaban de fútbol, porque uno es de Independiente y el otro de Racing”, que resultan un agravio a la inteligencia humana.
Sus últimas palabras fueron: “no me dio gusto participar en este juicio. Ni gusto ni orgullo, porque está contaminado por pasiones que nada tienen que ver con el derecho. Lo que valoro es haber conocido a Fernández, un hombre sencillo y trabajador”.
“Una lluvia de pruebas”
Gustavo D´Elía, el defensor de Sánchez, tuvo una intervención acotada. En cuanto a los hechos, dijo que se remitía “a la brillante exposición del profesor Freeland”. La situación de Sánchez es muy comprometida: al menos tres testigos, de orígenes distintos y que presenciaron el ataque desde posiciones también diferentes, coincidieron en señalarlo como uno de los tiradores.
A D´Elía se lo vio disperso y los nervios le jugaron varias malas pasadas. Por ejemplo, refirió que la patota recibió una “lluvia de pruebas”, en vez de piedras, y calificó al testigo protegido Claudio Díaz como “un arrepentido”, sin explicar, en todo caso, de qué cosa se arrepintió.
El defensor se metió en camisa de once varas a la hora de cuestionar al testigo Esteche (el de ´los buenos y los malos´) cuando señaló supuestas ´contradicciones´ entre lo que éste declaró en la comisaria 30 el mismo día de los hechos y lo que declaró en la fiscalía poco tiempo después. Las declaraciones en la comisaría 30 no tienen validez probatoria por una razón elemental: uno de sus jefes, el subcomisario Rolando Garay, ¡está imputado en esta causa!
D´Elía se refirió a Favale, que en su indagatoria le atribuyó el homicidio de Mariano al ´Payaso´ Sánchez, con la obvia intencionalidad de distraer la investigación sobre otro involucrado. Ambos fueron careados durante la instrucción. D´Elía se limitó a citar los argumentos defensivos de Sánchez, con cuidado de no agravar la situación del matón de Florencio Varela. Por último, el abogado pidió la absolución de su defendido en virtud… del beneficio de la duda.
A esta altura, es casi como tirar la toalla.
El juicio continúa el viernes, con los alegatos de los defensores de Pablo Díaz y Francisco Pipitó. La semana siguiente, el juicio continuará a razón de tres audiencias semanales.
