[b]Yo creo que el Gobierno salteño tiene razón al pedir la denuncia de la violación ante el Ministerio Público antes de proceder a la ejecución del menor “bastardito”.
La “no judicialización” es clara barbarie, pues, o se protege a un violador, o se inventa una violación, y ambas hipótesis son claramente antijurídicas.
Veamos lo que informa al respecto Luis Andolfi:
[/b]
http://www.eltribuno.info/salta/1796…caso.note.aspx
[b]Salta ORSAI
Y a la Justicia ¿quién le hace caso?
02:19
Luis Andolfi[/b]
En marzo de este año la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por unanimidad de sus miembros, confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Chubut que, en marzo de 2010, autorizó la realización de un aborto a la joven A.G., de 15 años de edad, que quedó embarazada por haber sido violada por su padrastro.
La Corte fundamentó su decisión en lo dispuesto sobre la materia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y en distintos pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos y del Comité de los Derechos del Niño, ambos organismos de las Naciones Unidas que recomendaron al Estado argentino la necesidad de garantizar el acceso seguro a los abortos no punibles en su país y la eliminación de los obstáculos institucionales y judiciales que impidan a las víctimas de violaciones gozar de una derecho reconocido por la ley.
Ese fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó claramente tres normas: 1) Que la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos no sólo no prohiben la realización de abortos en casos de violación en atención a los principios de igualdad, de legalidad y de dignidad de las personas. De esa manera se acabó con las dudas sobre el alcance del artículo 86, inciso 2, del Código Penal. Algunas personas creían que este artículo sólo era aplicable para víctimas con discapacidad mental y, a partir de esa creencia, se judicializaba el asunto con resultados casi siempre adversos y negativos.
-
Que los médicos, en ningún caso, tienen que pedir autorización judicial para efectuar esa clase de abortos, debiendo practicarlos requiriendo, únicamente, la declaración jurada de la víctima, o de su representante legal, en la que se exprese que el embarazo es consecuencia de violación.
-
Que los jueces tienen la obligación de garantizar derechos y su participación no puede convertirse en obstáculo para ejercerlos, por lo que deben abstenerse de judicializar el acceso a estas intervenciones, las que quedan exclusivamente reservadas a lo que decidan la paciente y su médico. Y nadie más.
Pero el Gobierno de Salta, a horas nomás, de conocerse el unánime veredicto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, emitió un decreto estableciendo que las mujeres embarazadas como consecuencia de una violación deberán efectuar una denuncia en la policía o pormenorizar la violencia padecida en una declaración jurada ante el todopoderoso Ministerio Público, a cargo del Procurador General de la Provincia Pablo López Viñals, si desean interrumpir el embarazo, en explícita contradicción con lo decidido por la Corte Suprema.
Fidelidad
De esa forma el gobierno lugareño demostró seguir fielmente los pasos y conducta del gobierno cristinista sobre desobedecer, tergiversar o ignorar sistemáticamente los dictámenes de la Justicia.
Ahora, una ONG, el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades y la defensora oficial Natalia Buira, presentaron un recurso de amparo pidiendo que se declare inconstitucional el decreto del gobernador Juan Manuel Urtubey.
La mencionada ONG estima que el Grand Bourg trata de demorar la interrupción del embarazo, poniendo así en riesgo el derecho de las víctimas. Para más, los ministros urtubeítas María Pace, Derechos Humanos, y Enrique Heredia, Salud Pública, elaboraron una guía para realizar abortos a mujeres abusadas. Y como no podía ser de otra manera, el gobierno de J.M. Urtubey contestó la demanda negando que la actuación del Ministerio Público tenga el propósito de entorpecer o demorar el aborto legal. Añadió que actuó acorde con el pensamiento de la Corte Suprema. ¿Cómo se puede decir eso?
Después de estas vacaciones invernales la Corte de Justicia de Salta tendrá que resolver el entripado, como dice el tango