Es un tema viejo pero muy cierto.
El tema con “Las Casitas” es que no son cualquier prostíbulo. Hay cientos de denuncias de todo tipo de delitos en relación a las famosas Casas de Tolerancia. A mí me hace ruido además de todo, el tema de dar tierras fiscales a los prostíbulos.
Para muestra vale un montón, uno de los tantos casos que levantó en su momento Página 12 (entre otros medios) sobre Las Casitas.
SOCIEDAD › EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, PAGINA/12 CUENTA LA HISTORIA DE VICTIMAS DE LA MAFIA
Rescatadas de una red de trata
Laura y Marisa son dos de las tantas mujeres que fueron llevadas bajo engaño a los prostíbulos de Río Gallegos, conocidos como “las casitas”. Una brigada de la Policía Federal y un equipo del Ministerio de Justicia lograron ponerlas a salvo.
Por Mariana Carbajal
Les llaman “las casitas de tolerancia”. Pero no son otra cosa que burdeles, donde explotan como esclavas sexuales a muchachas llevadas hasta allí, casi siempre con engaño, desde el norte y el centro del país. Los locales se ubican uno al lado del otro en un puñado de callecitas del barrio Belgrano, en Río Gallegos, Santa Cruz. Y exhiben a las mujeres como objetos, en vidrieras, igual que en el barrio rojo de Amsterdam. La diferencia es que en la Argentina los prostíbulos están prohibidos. Abren cerca de la medianoche y cierran entre las 8 y las 9 de la mañana. Patrulleros de la policía provincial se encargan de controlar que se cumplan los horarios. De una de esas vidrieras fue rescatada días atrás Laura M., una joven de 22 años de un pueblo del interior de Chaco, que pidió ayuda a través de un celular a su marido. Había llegado con una falsa promesa de trabajo y cuando descubrió el engaño no la dejaron ir. Las estadísticas del Ministerio de Justicia revelan que en los últimos nueve meses fueron liberadas de prostíbulos 184 mujeres, 68 de las cuales eran menores de edad, en distintos operativos realizados por fuerzas federales. La cifra refleja la magnitud del negocio de compra y venta de mujeres en el país. Página/12 accedió al testimonio de Laura y reconstruyó su historia, una de tantas de las víctimas de mafias de tratantes que hoy, ahora mismo, están encerradas en algún local disfrazado de whisquería o cabaret, obligadas a ejercer la prostitución, para llenar los bolsillos de un proxeneta.
El procedimiento para rescatar a Laura lo realizó la División Trata de la Policía Federal, con agentes que viajaron desde la ciudad de Buenos Aires y se camuflaron como clientes para constatar la presencia de la joven. Intervinieron también en el operativo dos profesionales de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia, que se encargaron de la inmediata asistencia a las muchachas liberadas. Al llegar por Laura se encontraron con Marisa T, otra joven, santafesina, de 24 años, que también estaba esclavizada y les imploró socorro.
Laura fue rescatada el 20 de febrero del prostíbulo El Deseo, ubicado sobre la calle El Ceibo. El allanamiento fue ordenado por la jueza federal Zunilda Niremperger, de Sáenz Peña, provincia de Chaco. Quedaron detenidos a disposición de la magistrada el dueño del lugar, conocido como Beto, y otras dos jóvenes, de 22 y 24 años, que regenteaban el burdel. Próximamente serán trasladados a Sáenz Peña para ser indagados, acusados del delito de trata, una figura penal que no existía en el país hasta hace un año y que prevé penas de 3 a 6 años de prisión, que se pueden elevar a 15 si las víctimas son menores de edad.
Laura y Marisa son testigos de identidad protegida: por eso sus nombres son ficticios y no pueden aparecer en fotos. La protección de la identidad de las víctimas es muy importante ya que las bandas mafiosas las amenazan y por temor, algunas chicas terminan retractándose y retirando la acusación contra los tratantes. Ya sucedió en varios casos. Sin su testimonio, cuando no son menores de edad, es frecuente que los acusados recuperen su libertad y la causa judicial se cierre. Es una de las graves fisuras que tiene la Ley de Trata. En el caso de las víctimas mayores de edad, se debe probar que no dieron su consentimiento para ejercer la prostitución.
“Muchas veces por falta de capacitación de los magistrados en la caracterización del delito se pierde evidencia clave para la condena. Los jueces se quedan con una parte del relato de las víctimas: ‘Usted podía salir del local’, les dicen, pero desconocen que cuando salen lo hacen extremadamente vigiladas y les aplican penalidades si tienen alguna actitud sospechosa de intentar pedir ayuda. Muchas veces son los jueces los que terminan haciendo caer el testimonio de la víctima”, advirtió Zaida Gatti, coordinadora del equipo de profesionales de la Oficina de Rescate, que empezó a funcionar después de la sanción de la nueva normativa.
Laura y Marisa están ahora en Buenos Aires, bajo la custodia y la atención de la Oficina de Rescate, que encabeza la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, Silvina Zabala. No van a volver a sus pagos por un tiempo para estar protegidas. Las reclutadoras, en cada caso distintas, merodean por los barrios donde vivían. “Las víctimas de trata tienen la característica de ser adolescentes y jóvenes en situación de gran vulnerabilidad social. Eso explica que acepten sin demasiadas dudas un ofrecimiento laboral para trabajar ‘en un bar sirviendo copas’, por ejemplo, con la promesa de sueldos suculentos en la otra punta del país sin sospechar que se trata de un señuelo para captarlas y prostituirlas”, explicó Gatti.
El viaje
Laura vivía en un pequeño pueblito del interior de Chaco (su nombre se mantiene en reserva para preservar a la víctima). Está casada y con su marido tienen dos hijos, de 3 y 6 años. Su situación económica es precaria. A comienzos de febrero llegó una llamada a su celular, de una mujer desconocida que le ofreció un trabajo de camarera en un bar de Río Gallegos. Nunca le preguntó quién le había dado su teléfono. El sueldo sería de entre 4000 y 5000 pesos, con la posibilidad de viajar periódicamente a ver a su familia. La oferta la tentó. Conversó con su esposo y decidieron que tenía que aceptar. El trabajo consistía en servir las copas. Nada más, le enfatizó la reclutadora, y pactaron verse en la ciudad de Resistencia. Ahí le daría los pasajes para su aventura hacia el sur. Así ocurrió. Se encontraron y Laura recibió los tickets para viajar primero a Retiro y de ahí a la capital santacruceña. El viaje duró tres días. Llegó el 11 de febrero. En la terminal de Río Gallegos, según relató, la esperaba Beto, el dueño del burdel. Laura nunca había ejercido la prostitución. Pero cuando estaba llegando a la zona de “las casitas” se dio cuenta crudamente de que ése sería su “trabajo”. La pista se la dio la vestimenta de las chicas que vivían en El Deseo. Beto se lo confirmó. Ella le dijo que había sido engañada. Beto le replicó que ahora tenía una deuda por el gasto de los pasajes, de 960 pesos, y que hasta que no la saldara no se podría ir. Las reclutadoras saben a quién elegir: en general son chicas sumisas, que no se rebelan ni cuestionan un planteo de ese tipo.
Laura recibió entonces la que sería su ropa de “trabajo”: una minifalda transparente, zapatos de taco alto y un conjunto de ropa interior sensual. Con ese mismo atuendo fue rescatada ocho días después de la vidriera de El Deseo, por efectivos de la División Trata de la Policía Federal.
El Deseo
En Río Gallegos el dinero abunda entre empresarios petroleros que llegan a la ciudad para hacer negocios. De ellos se nutre la clientela de “las casitas”. La rotación de clientes es constante. Muchos, contaron las dos chicas, eran extranjeros. Cada pase de 15 minutos con las mujeres obligadas a prostituirse en El Deseo costaba entre 100 y 120 pesos. Una copa, 50. Cuando llegó Laura, en el burdel había cinco chicas. Dos días después de su arribo, tres de ellas, también del Chaco, se escaparon. Beto estaba furioso. Y Laura, aterrada. A diferencia de otros burdeles, donde las jóvenes explotadas sexualmente viven en condiciones infrahumanas, aquí el rendimiento del negocio se traslucía en lindas habitaciones para las chicas. Ni siquiera tenían que compartir la cama para dormir de día, como ocurre en ese tipo de sitios. Y hasta tenían baño con bidet, según relataron las víctimas rescatadas.
Al día siguiente de llegar a ese infierno, Laura y otra chica fueron llevadas por Beto a una oficina pública, como un registro civil, según describió la joven, a tramitar un certificado de domicilio. Ese mismo día, un jueves, la llevaron a sacar la “libreta sanitaria” que exige el municipio de Río Gallegos a las empleadas de esas “whisquerías”. Para “servir copas” les exigen exámenes médicos como hisopados vaginales y otros que demuestren que no tienen enfermedades venéreas ni VIH-sida. Es la tolerancia para “las casitas”. “Es increíble pero ningún empleado o empleada pública tuvo una entrevista a solas con ella para preguntarle si estaba allí por su propia voluntad o la habían llevado engañada”, observó Gatti.
Beto le dejó claras las penalidades que se aplicaban en El Deseo: si no quería trabajar le cobraban una multa de 1500 pesos, aun si estaba menstruando; si tenían alguna actitud “sospechosa” con algún cliente, que podía interpretarse como un pedido de ayuda, 300 pesos. Pero a Laura no le sacaron el teléfono celular. Ese fue su camino hacia la libertad.
–¿Cómo se explica que les dejen usar el celular? –le preguntó Página/12 a Gatti.
–Son hábiles. Es un argumento para su defensa: la chica tenía libertad, tanta como para hablar por teléfono celular con su familia cuando quisiera. Lo que sucede habitualmente es que llaman, piden ayuda y nadie las puede ayudar. O se encuentran con un marido que al enterarse de la verdadera situación la rechaza y la trata de puta. De cien pibas que intentan que las rescaten, una sola lo logra.
Laura pidió ayuda a su esposo y él pudo llegar, a través de contactos, a que lo escucharan en una comisaría chaqueña y de ahí se iniciara la causa judicial que derivó en la intervención de la Oficina de Rescate y el procedimiento policial.
Laura estuvo apenas ocho días virtualmente secuestrada. Todavía, cuenta Gatti, está muy afectada por la experiencia que le tocó vivir en el prostíbulo. Y está recibiendo atención psicológica y contención. La preparan para la declaración como testigo en el juicio.
Marisa
La otra joven rescatada el día que Laura recuperó la libertad había llegado, también engañada, tres semanas antes. “La rotación de mujeres es muy alta. Los dueños de prostíbulos suelen tener otros locales en otras ciudades y las van rotando. Lo que atrae a los clientes es la novedad”, apuntó Gatti. Ella también pretendió pedir ayuda a su familia por celular. Pero su mamá, que la escuchó desesperada del otro lado de la línea, recibió al ir a una comisaría del pueblo la siguiente respuesta: “Señora, no podemos hacer nada”, contó Gatti. Marisa es jefa de familia: tiene dos hijos, uno de 9 años y un bebé de 8 meses, que habían quedado al cuidado de la abuela.
Marisa nunca había ejercido la prostitución. También llegó a El Deseo engañada. Ya se había resignado a que tendría que pasar un tiempo en ese infierno. Por eso pegó un grito de auxilio cuando se dio cuenta de que se trataba de un operativo policial. Los agentes de la Federal secuestraron talones de depósitos bancarios que daban cuenta del movimiento del burdel: dos por día con cifras de cuatro dígitos. También se llevaron las libretas sanitarias de las mujeres que trabajaban en el prostíbulo. Beto y las dos jóvenes que lo regenteaban por ahora están presos y el burdel cerrado. La causa judicial está en pleno trámite.
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