El mal relativo
Por Nicolás Tereschuk (Escriba), el 13 de febrero de 2012.
Algunas puntas para pensar los conflictos sobre la minería en el país. Amantes del pensamiento lineal, favor de abstenerse.
Por un lado:
La represión a quienes se manifiestan en contra de explotaciones mineras resulta inaceptable. Es así porque quien quiera oponerse a este tipo de emprendimientos no cuenta con canales institucionales adecuados para expresar su disidencia. Pensemos. ¿En qué mesa se negocia la llamada (e intangible) “licencia social”? La apertura de ese tipo de canales sería un avance. Las protestas son legítimas. Tan legítimas como el triunfo de la presidenta Cristina Kirchner y de los gobernadores por enormes márgenes en la mayoría de las zonas en conflicto (escuchemos acá, en el minuto 12, cómo el asambleísta Luis Agüero, de Tinogasta, explica “cómo no va a ganar -Cristina- si por la asignación esa por hijo que dio a partir de los tres meses empieza a pagar y luego hasta los 18 años, las mujeres están todas con ella, obvio”). Si chocan legitimidades, hay que negociar, no reprimir.
Tampoco puede ser admitida cualquier mención a la llamada legislación “antiterrorista” en estos casos de protesta social, protesten uno o cinco mil, sean del pueblo en cuestión o de otro lado.
Salvo Proyecto Sur, que en los últimos comicios nacionales no llegó a participar de la elección presidencial por falta de votos, no conozco ninguna fuerza con representación parlamentaria que plantee “no a la minería”. Y acá con un matiz, porque en lo que se escucha de Pino Solanas hay dos vertientes argumentales para oponerse a estos emprendimientos. Está el tema ambiental pero está también el tema económico. Así, si hubiera un más férreo control o apropiación estatal de las ganancias de estas explotaciones, ¿se avalaría su desarrollo? (Léanse unas declaraciones de Hermes Binner, para complejizar un poco más).
Ahora ampliemos el foco. Encontraremos entonces que los gobiernos latinoamericanos -muchos de los que tanto queremos, porque nos gustan la política y las contradicciones que ella conlleva-, enfrentan en este momento un conjunto de “conflictos ambientales”.
Aquí, la agencia France Presse, nos informa sobre nueve conflictos en marcha por emprendimientos mineros, en Argentina, Perú, Chile, Colombia, Uruguay, Costa Rica, Ecuador y Panamá.
Asociated Press nos dice sobre Ecuador:
El gobierno de Correa cifra grandes esperanzas en la explotación minera bajo los términos de una ley aprobada en el 2009 y negocia actualmente con firmas extranjeras los contratos de explotación de cinco proyectos de gran escala, incluido uno ambicioso para extraer oro que está a punto de concretar con la empresa canadiense Aurelian Ecuador.
La nueva política de fomentar la explotación minera, no obstante, tropieza con las críticas de numerosos sectores, incluidos la Cámara de Minería de Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) –que es la mayor organización indígena del país– y las autoridades de las provincias amazónicas y andinas en las que se negocian los contratos de explotación minera.
Se le cuestiona al gobierno una falta de diálogo con las comunidades aledañas a los yacimientos en la negociación de los contratos, el exceso de trámites burocráticos, las escasas medidas ambientales para proteger a los pobladores de las zonas de explotación y, sobre todo, las exigencias económicas que se hacen a las compañías. Sus detractores afirman que el estado quiere una tajada tan grande de las ganancias que ahuyentará a los inversionistas.
En Bolivia, parece que “una decena de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos están paralizados por demandas ambientales de pueblos indígenas del oriente, principalmente los guaraníes, la tercera etnia del país, informó el lunes la estatal petrolera.Los guaraníes demandan compensaciones económicas ante posibles daños ambientales y sus reclamos frenan una decena de planes petroleros, dijo la compañía en un informe de prensa”.
En Perú tuvimos la “Marcha por el Agua”, principalmente para rechazar el proyecto minero de Conga, en Cajamarca.
Vamos a los “países serios”.
En Brasil, se viene construyendo la represa de Belo Monte, la tercera más grande del mundo. Por el avance del proyecto fue criticada Dilma Roussef en el último Foro Social Mundial por organizaciones ambientalistas. “Belo Monte generará energía para grandes empresas, pero de poco ayudará a la población local”, aseguró allí Greenpeace. Como un dato extra podemos ver que en el último Foro de Davos, Greenpeace Suiza declaró a la empresa que construye Belo Monte como la peor del mundo en cuanto a respeto al medio ambiente y a los derechos humanos -te regalo el award-. Al mismo tiempo, en Brasil se trata en el Congreso, aún con final abierto en cuanto a la redacción final que avalará el Ejecutivo, el Código Forestal, que ya motivó críticas y movilizaciones de organizaciones ambientalistas.
En Uruguay, se conoció hace unos días la decisión del gobierno de Pepe Mujica de pasar la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), que antes era parte del Miniterio de Vivienda, a la órbita de la Presidencia. En ese caso, la oposición de derecha afirma que “el Poder Ejecutivo quiere flexibilizar los requisitos y controles ambientales y sobreponer a ellos otros intereses. Rechazamos de pleno tal posición y reafirmamos los principios de protección ambiental establecidos en la Constitución y las leyes, los que no debemos abandonar para defender nuestro ‘Uruguay Natural’“.
Volvamos aquí. La presidenta Cristina Kirchner habló de “exigir calidad ambiental pero con responsabilidad y seriedad sobre los planteos que se realizan, sin posiciones dogmáticas y cerradas que se resisten a cualquier matiz”. Dos cositas:
El planteo, si bien moderado, se da en el marco de un conflicto que aparece como creciente, con finales abiertos y donde se ve que las autoridades provinciales y las empresas tienen distintas estrategias según la envergadura de las protestas. Muchas manos en un plato. Pregunto: ¿pensar en aquellas viejas cadenas de voceros que para plantear un tema arrancan con un secretario de Estado, siguen con un ministro y luego recién llegan al Presidente son herramientas políticas que debilitan o que fortalecen una posición?
Como vimos, los gobiernos latinoamericanos parecen tironeados entre un cierto ambientalismo y un cierto desarrollismo como parte de los valores que podrían abrazar a la hora de hablar del sector primario de la economía. Hasta dónde y hasta dónde es algo que se va definiendo “a mano”, en cada caso, por múltiples razones. Pero eso sí: me parece que para el Gobierno nacional, una situación perjudicial sería no quedar ni de un lado ni del otro. Si va a contradecir los planteos ambientalistas “a ultranza” de algunos, debería quedar claro que al mismo tiempo, tiene argumentos “desarrollistas” concretos a mano. Dicho en criollo: las mineras extranjeras tienen ahora la obligación de liquidar las divisas que generan aquí, aunque, claro, el dinero sigue siendo de ellos. En este sentido, la posibilidad de discutir si es correcto el actual nivel de regalías mineras sería un aporte más que interesante a este debate.
El mal relativo