EL DEMORADO PROCESAMIENTO DE GRANERO Y ABBOUD POR EL DESVIO DE EFEDRINA Más vale tarde El procesamiento de los responsables de la Sedronar, José Granero y Gabriel Abboud, por el desvío de efedrina al mercado clandestino de México puso en evidencia un negocio que según la jueza Servini ronda los 500 millones de dólares. Pasaron cinco años desde la columna que reveló aquí sus entretelones. Con la remoción de Granero, el día en que asumió su segundo mandato CFK cegó un pozo de corrupción que contaminaba las aguas políticas.
Por Horacio Verbitsky
La contundencia de la resolución por la cual la jueza federal María Servini procesó al ex secretario de lucha contra el narcotráfico, José Granero, al ex Subsecretario Técnico de Control de la Sedronar, Gabriel Yuseff Abboud, al Director de su Registro Nacional de Precursores Químicos, Julio De Orue, y a cinco responsables técnicos de farmacias y droguerías, se sintetiza en el gráfico que ilustra esta página: entre 2004 y 2008 se importaron 47,6 toneladas de efedrina, de las cuales 41 fueron desviadas hacia personas denunciadas, procesadas o condenadas por maniobras de narcotráfico internacional. Esto ocurrió mientras el control de esas importaciones estuvo confiado a la Sedronar y se redujo a sólo 24 kilos en cuanto esa responsabilidad fue asignada a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, Anmat. Servini los consideró partícipes necesarios “del delito de haber introducido al país materias primas destinadas a la fabricación de estupefacientes, habiendo efectuado una presentación correcta ante la aduana y alterando posteriormente su destino de uso”. Granero es uno de los funcionarios designados por el ex presidente Néstor Kirchner que Cristina removió a su muerte. Lo hizo ante testigos, que no olvidan el episodio. El 10 de diciembre de 2011, Granero llegó a la casa de gobierno con traje nuevo y familiares para el acto de asunción del segundo mandato presidencial. En el camino hacia el estrado de los burócratas que permanecerían en sus cargos lo interceptó otro pingüino:
–Bochi, vos no seguís. Tenés que devolver los celulares y los autos. Después hablamos –le dijo Carlos Zannini.
El año de gracia con que Granero contó desde octubre de 2010 hasta diciembre de 2011 obedeció al temor de CFK por un conflicto en la patria chica durante la campaña electoral, en la que intentó limar todas las aristas molestas. Con la ablación de Granero, la presidente cegó ese pozo de corrupción que contaminó las aguas de la política con sustancias lesivas para la democracia. Los intentos que se iniciaron a partir del procesamiento de Granero de asociar a la presidente con esas prácticas no resisten la prueba de los hechos.
Quién es Granero Ex vicegobernador desarrollista y rival político de Néstor Kirchner en Santa Cruz, el odontólogo Granero fue designado subinterventor del PAMI en 2003. Pero la titular de la obra social de los jubilados, Graciela Ocaña, le pidió a Kirchner que lo relevara porque obstruía su lucha contra los proveedores que comercializaban medicamentos adulterados. Uno de ellos era el por entonces desconocido Sebastián Forza. Esos proveedores eran protegidos por el Superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, y por el interventor en el Hospital Francés, José Luis Salvatierra. En 2007, Forza aportó 200.000 pesos a la campaña electoral del Frente para la Victoria, cuyo recaudador era Capaccioli. En diciembre de ese año, al asumir su primer mandato presidencial, CFK designó ministra de Salud a Ocaña, quien dio de baja a esos proveedores, cuya relación con el PAMI se había iniciado durante la concordancia radical-menemista de Enrique Nosiglia y José Luis Barrionuevo, y los denunció a la justicia. El jefe de gabinete Alberto Angel Fernández había confiado a Capaccioli la SSS y la colecta de fondos para la política, dos destinos que no deberían acumularse en la misma persona. Ocaña también denunció ante la Justicia a Capaccioli, pese al pedido en contrario de Alberto Fernández, quien renunció a la jefatura el 23 de julio de 2008, según se interpretó siempre como coletazo del largo conflicto con las cámaras patronales agropecuarias. Dos semanas después de su alejamiento aparecieron en General Rodríguez los cadáveres de Forza y de los también empresarios farmacéuticos Damián Ferrón y Leopoldo Bina. Según el fallo judicial que condenó a prisión perpetua a cuatro sicarios, los mataron para eliminarlos como competencia en el mercado mexicano ilegal de la efedrina. En octubre de 2008, tanto Clarín como La Nación destacaron con grandes titulares el respaldo presidencial a Ocaña para desmantelar la red organizada por Capaccioli, quien en noviembre fue forzado a renunciar. En 2011 el juez federal Norberto Oyarbide lo procesó por encubrimiento de lavado de dinero, pero hace tres meses terminó por sobreseerlo, luego de que la Cámara Federal revocara aquella decisión. Capaccioli irá de todos modos a juicio oral por otros delitos, junto con el ex sindicalista bancario Juan José Zanola.
Granero debió dejar el PAMI en 2004 pero siguió vinculado con las drogas. Luego de un paso fugaz por la SIDE fue designado en la Sedronar, con su registro de precursores químicos. Esa Secretaría fue creada en 1989 por decreto del presidente Carlos Menem, de acuerdo con un modelo continental impulsado por la DEA estadounidense. El mismo año, la ley 23.737 estableció un registro para la inscripción de las empresas que produzcan, fabriquen, preparen, exporten o importen sustancias o productos químicos autorizados que puedan derivarse en forma ilegal a la elaboración de estupefacientes. Durante el interinato del senador Eduardo Duhalde al frente del Poder Ejecutivo, el decreto 2300/02 asignó ese registro nacional a la Sedronar, y como responsable fue designado el Comisionado de Planeamiento, Control y Legislación de la Sedronar, Gabriel Yusef Abboud, quien había sido secretario de la fiscalía de Casación de Juan Romero Victorica. El Subsecretario era Francisco D’Albora, quien ahora lo defiende en los tribunales. Cuando Granero quedó al frente de la Sedronar, Abboud se convirtió en su hombre de confianza y fue el autor intelectual del traslado a esa Secretaría de las competencias en materia de drogas que correspondían a los ministerios de Relaciones Exteriores, Salud, Interior y Justicia, lo cual fue motivo de constantes conflictos con esas carteras, entre los que se destacó la abierta inquina entre Granero y Aníbal Fernández, quien creó un comité científico asesor de alto nivel. Ese comité que integraban algunos de los más destacados especialistas del país en cuestión de adicciones y lavado de dinero, como Horacio Cattani, Patricia Llerena, Mónica Cuñarro, Roberto Falcone, Martín Vazquez Acuña, Eva Giberti y Alberto Calabrese, documentó la connivencia entre la Sedronar y las empresas a las que debía controlar. Firme opositor a cualquier política de reducción de daños y despenalización del consumo, Abboud tramitó la firma de una docena de convenios internacionales en los que, a pesar de su falta de competencias constitucionales, la Sedronar actuó como autoridad de aplicación para temas judiciales. En 2005, la ley 26.045, impulsada por la senadora salteña Sonia Escudero, dispuso que sin “previa y expresa autorización” del Registro no podrían importarse ni exportarse precursores químicos y que los inscriptos deberían someterse a su fiscalización. Junto con Rosario y con la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Salta tenía la mayor cantidad de inscriptos en ese registro y autorizados para importar y exportar las sustancias químicas que se usan para cortar la cocaína. De contacto constante con la DEA estadounidense, profesor de Seguridad en la Escuela de Posgrado Ciudad Argentina, dirigida por Roberto Dromi en la Universidad del Salvador, Abboud participó armado en varios procedimientos de frontera conjuntos con la Gendarmería, para los cuales se embutía en un uniforme verde de tortuga ninja. En 2008, Escudero propuso una nueva reforma, ampliando las facultades de la Sedronar y el Registro de Precursores. Ese proyecto, redactado por Abboud y con apoyo de la DEA y de la SIDE, provocó una dura respuesta del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, del que dependían las fuerzas federales de seguridad. El 9 de mayo de 2008 su titular, Aníbal Fernández, cuestionó en una nota a Escudero que se atribuyeran “facultades policiales y judiciales a una autoridad administrativa creada por decreto”. También señaló que desde que la Sedronar se hizo cargo del registro no hubo “un solo caso, ni una sola investigación o proceso serio, ni procesados confirmados por cámara. Este no es un dato menor, ya que sin desvío de sustancias de corte no hay sustancia ilegal. Es allí entonces donde debe ponerse el acento para mejorar las investigaciones”. CFK laudó en contra de Granero y el proyecto no avanzó.
El 27 de julio de 2008, cuatro días después de la renuncia de Alberto Fernández a la Jefatura de Gabinete y dos semanas antes del triple crimen de General Rodríguez, el Comité Asesor elevó al ministerio de Justicia una propuesta de reforma integral a la ley de estupefacientes y un cronograma de acciones. Ese documento alertaba sobre la llegada a México “de elevadas cantidades de efedrina para elaboración de metanfetamina provenientes de la Argentina”. Entre las acciones recomendadas incluía “la adopción de mecanismos administrativos nacionales y provinciales en materia de control de calidad y desvío de sustancias de corte o precursores químicos que permitan garantizar, por un lado la calidad de los productos, y por otra parte efectuar un debido contralor al mercado ilegal”. El hallazgo de los cuerpos de Forza, Bina y Ferrón impidió que Granero siguiera resistiendo la disposición que había preparado el interventor en la Anmat, Ricardo Martínez, quien pudo firmarla apenas 48 horas después del triple crimen. Esa disposición 4712 estableció que las droguerías y los laboratorios de medicamentos que contuvieran efedrina y seudoefedrina deberían solicitar autorización para importarlos al Instituto Nacional de Medicamentos dependiente de la Anmat. Desde entonces se redujo en forma vertical el desvío de metamfetamina a México para la producción de éxtasis. Un camino similar fue seguido por Brasil, donde la Sedronar estaba bajo conducción política y ejecutiva de las Fuerzas Armadas y dependía en forma directa del presidente. Lula transfirió buena parte de sus competencias a justicia y Relaciones Exteriores y Dilma asignó a la nueva Secretaría de Seguridad sus atribuciones sobre delitos complejos y drogas, el mismo paso que ahora se dio en la Argentina. La motivación en ambos casos fue cortar con el paradigma estadounidense, responsable de corrupción, laxitud institucional y violaciones a Derechos Humanos, y acompañar la reforma institucional contra la despenalización del consumo. La Argentina fue pionera en proponerlo, pero Uruguay se le adelantó en su aplicación. En Brasil, el ex presidente Fernando Henrique Cardozo recomendó que esas decisiones fueran concertadas en los organismos supranacionales como Mercosur y Unasur.
La magnitud del negocio La resolución de la jueza Servini sostiene que sólo cinco empresas y una persona importaron toda la efedrina que ingresó al país entre 1999 y 2010 y luego se desvió al mercado ilegal, salvo una tonelada y media. La persona es el mencionado Ascona y las empresas las droguerías Chutrau, Saporiti, Libertad, Farmacéuticos Argentinos y Unifarma, delito del que fueron partícipes necesarios Granero, Abboud y De Orúe. “En contraste, las otras cinco importadoras en esos mismos cinco años sólo compraron 93 gramos de efedrina”, constata la jueza. Durante la investigación se probó la relación existente entre Granero y Alfredo Augusto Abraham, uno de los directivos de Farmacéuticos Argentinos, cuya pareja Sandra Oyarzábal trabajaba en las oficinas de esa empresa y también en la Sedronar, como asesora de Granero. En su defensa, Granero dijo que no tenía relación personal con Abraham, a quien sólo conoció como proveedor de PAMI. Pero según De Orué, Abraham tenía acceso al despacho de Granero, quien se lo presentó como “un amigazo que tenía que hacer un trámite en el Registro”. En la sentencia por el triple crimen, dos testigos mencionaron a Abraham como uno de los proveedores de la efedrina que se enviaba al Cartel de Cancún, en México. Otra asesora de Granero, Susana Muzzio, quien cumplía funciones en el Registro de Precursores, declaró en una causa ante el TOF 4 de la Capital, que varias veces había visto a Abraham en el despacho de Granero y que Abraham había hecho entrar a Oyarzábal a la Sedronar, lo cual expone los distintos eslabones de la cadena delictiva. En su defensa Abboud atribuyó el incremento vertical en la importación de efedrina al proceso de recuperación económica y el aumento sostenido de la industria farmacéutica. De Orué alegó que el Registro no contaba con capacidad técnica para relacionar el incremento de importaciones con el desvío al circuito ilegal. El análisis de los informes trimestrales que las empresas deben presentar al Registro estaba a cargo de dos personas. Ninguno era experto en química, y realizaban su labor de manera aleatoria puesto que recibían 23.000 informes trimestrales al año, que se analizaban “a mano” por lo que resultaba materialmente imposible hacer un análisis total de las presentaciones. También dijo que nunca “se logró que los usuarios cargaran digitalmente la información, vía internet a ese software. El sistema recibió muchas quejas por lo engorroso, la gente seguía prefiriendo el papel, las mayores quejas eran que el sistema era demasiado rígido”.
Nora Fitanovich, Coordinadora de la Comisión de Buenas Prácticas de Preparación de Medicamentos Magistrales del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal, declaró que con medio kilo una farmacia cubre las necesidades de seis meses, por lo cual consideró una infamia y un absurdo técnico atribuir a preparados magistrales la compra de 2500 kilos de efedrina. Para Servini “no fue casual, ni un descuido. La real y única problemática es una operación de narcotráfico internacional”, con destino a México, “país que para los primeros nueve meses de 2011 declaraba una tasa de homicidios vinculados al narcotráfico cercana a los 13.000 muertos”. A la misma razón atribuye el Triple Crimen de General Rodríguez y otros dos homicidios cometidos en el Unicenter Shopping de Martínez. Por esto, desdeña “la liviana invitación a discurrir sobre colirios, jarabes para la tos y pastillas para adelgazar, que se pretende imponer en la causa” como “vano intento de justificar lo injustificable. Me niego a seguir discurriendo sobre nimiedades”, dice Servini. Para impedir la maniobra hubiera bastado con controlar a seis importadores, dos intermediarios y quince bocas finales de desvío. “¿Nadie, absolutamente nadie vio un negocio ilegal de cientos de millones de dólares?”, se pregunta. Según la propia Sedronar, el precio en el mercado ilegal oscilaría entre 8.000 y 12.000 dólares el kilo. La jueza calcula que “la maniobra de narcotráfico internacional aquí pesquisada rondaría entre los 123.916.000 y los 491.666.000 dólares estadounidenses”.
Cinco años después
Por Horacio Verbitsky Desde que el mecanismo criminal que ahora expone Servini fue descripto por primera vez en esta columna (Página/12 :: El país :: Campaña sucia) pasaron dos años hasta que Granero fue expulsado de la Sedronar y cinco hasta su procesamiento junto con los demás responsables y su relevo de otros cargos oficiales: Granero era director de ENARSA y Abboud continuó en un cargo menor en Seguridad, cuando las tareas represivas pasaron a ese ministerio y la Sedronar se concentró en las de prevención y asistencia, bajo la dirección del cura Juan Carlos Molina, un hombre de extrema confianza personal de la presidente y de su cuñada Alicia Kirchner. Aquella nota, en la que también se analizaba la relación del diputado nacional Francisco De Narváez con uno de los entonces procesados por el tráfico de efedrina, Mario Roberto Segovia, transcribía las comprobaciones de tres causas judiciales que ya entonces comprometían a Granero.
Una fue instruida por el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky. Al procesar a Segovia por el contrabando de 525 kilos de efedrina, que se dirigían a México escondidos en doce toneladas de azúcar, Aguinsky dijo que “la Sedronar ignora el destino dado a la efedrina adquirida por Segovia, cuando de acuerdo a lo establecido por la ley, resulta obligatorio para los operadores de la sustancia brindar un informe trimestral sobre los movimientos de dichas partidas”. La Argentina es uno de los tres únicos países de la región en los que se producen los denominados precursores químicos y uno de los diez mayores del mundo, donde compite de igual a igual con Estados Unidos por el mercado chino. Segovia consiguió en 24 horas, por vía telefónica y con una compañía que declaró dedicarse al negocio de las golosinas, la inscripción en el registro de la Sedronar, cuya autorización era imprescindible para comercializar esos productos, dentro o fuera del país.
Los otros expedientes judiciales mencionados en aquella columna de abril de 2009 dieron origen a la causa que hoy lleva Servini: dos diferentes cámaras federales sin relación entre ellas ordenaron que se investigara al jefe de la Sedronar. En la causa “Ascona” los jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña Jorge Ballestero y Eduardo Farah dispusieron denunciar a sus responsables por las 2fallas notorias en los procedimientos de control”. El procesado en esa causa, Guillermo Raúl Ascona, obtuvo su inscripción presentando una fotocopia de su DNI, y la Secretaría ni siquiera constató si sus domicilios declarados eran reales, hasta que se comprobó que actuaba como prestanombre de poderosos empresarios farmacéuticos. “El carácter endeble de los controles” también se refleja en que se otorgaron los certificados de importación sin averiguar “cuáles eran las empresas que adquirirían la efedrina”. Según los jueces, los responsables de la Sedronar incurrieron en “responsabilidad penal”. En un voto propio el camarista Eduardo Freiler agregó que no es la justicia sino “la instancia administrativa la que debe arbitrar mecanismos efectivos de control que antes de la comisión de un delito den respuesta a la inquietud social” y no flexibilizar “las funciones de fiscalización que le son propias” (Ascona fue luego condenado a cuatro años de cárcel por el TOF 4 de la Capital).
En la simultánea causa “Poggi”, los camaristas de San Martín Daniel Mario Rudi y Alberto Daniel Criscuolo fueron aún más directos: sostuvieron que Granero “a primera vista no habría cumplido con el ejercicio del poder de policía” que le asignó la ley, por lo cual ordenaron que se lo indagara como partícipe en los delitos investigados: guarda de materias primas para la producción o fabricación de estupefacientes, producción, fabricación, extracción o preparación de estupefacientes, comercio de estupefacientes y de materias primas para su producción y fabricación, agravado por la participación de tres o más personas organizadas. En una cuarta causa, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, investigó a Granero por el hallazgo de más de siete kilos de cocaína en la puerta de una camioneta de la Sedronar, y procesó por ello al jefe de automotores y chofer de Granero, Carlos Oreiro, y a los choferes Fernando Salcito y Hernán Claudio Aboy. Granero dijo que la cocaína provenía de un procedimiento previo realizado en Santa Fe antes de que el vehículo fuera asignado por el juez de aquella causa a la Sedronar, pero según el análisis de laboratorio ni el tipo de producto ni su envase coincidían. Granero fue citado a declaración indagatoria pero Armella dejó pendiente su procesamiento.
En cuanto a De Narváez, el juez federal Federico Faggionatto Márquez lo llamó a indagatoria pero no llegó a escuchar su descargo, porque antes fue removido en juicio político, por causales que nada tienen que ver con la investigación por el tráfico de efedrina, en la que desde uno de los teléfonos del diputado del Peronismo Opositor se produjeron varias llamadas al principal detenido en la causa, Mario Segovia. El juez subrogante Adrián González Charvay anuló la citación, invocando una cuestión procesal y sin determinar que rol cumplió De Narváez. En su resolución dijo que no era admisible acusar en base a una prueba obtenida en forma ilícita. Mencionó en ese sentido un correo electrónico en el que De Narváez le anticipaba al periodista de La Nación Carlos Pagni, que recusaría a Faggionato. Según González Charvay esos correos que ingresaron a la causa en forma anónima podrían haber sido conseguidos en forma ilegal. Pagni está procesado por recibir correos electrónicos robados. De Narváez logró instalar la idea de que las acusaciones en su contra eran una maquinación del oficialismo para desacreditarlo. Ni la nulidad dictada por el subrogante ni las aberraciones procesales de Faggionato en que se basó, equivalen a una proclamación de la inocencia de De Narváez.
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Cristina Kirchner aún no se pronunció públicamente sobre el escándalo de la efedrina, que se reactivó hace dos semanas a partir del procesamiento del ex titular de la Sedronar, José Granero, y de otros dos ex funcionarios, acusados de desviar 40 mil kilos de efedrina hacia el narcotráfico. Pero no es un tema ajeno al kirchnerismo. En 2010, según pudo saber Clarín de fuentes del mercado de los medicamentos, el ex presidente Néstor Kirchner tuvo acceso a un informe privado que daba cuenta de la maniobra e involucraba a los hermanos Zacarías, estrechamente vinculados a la familia Kirchner. Luis, uno de los hermanos, actualmente trabaja en la privada de la Presidenta, aunque en los últimos días fue desplazado por las repercusiones del caso.
El informe fue entregado a Néstor Kirchner en la quinta de Olivos. Los laboratorios de primera línea estaban preocupados por los perjuicios ocasionados por el avance de la efedrina, que en parte se desviaba para los medicamentos truchos.
“Cuando hicimos el informe el 16% de los medicamentos de base eran truchos”, contó una fuente que participó de la elaboración del documento. Para entonces, ya se había limitado el ingreso de la efedrina al país: desde septiembre de 2008, apenas un mes después del Triple Crimen, solo pueden comprar los laboratorios inscriptos en el Registro de especialidades medicinales.
Kirchner recibió el informe (estaba dividido en dos partes) de manos de un importante empresario. Aunque apuntaba al negocio de los medicamentos truchos, el estudio destacaba el rol de los Zacarías y de la Sedronar para importar la efedrina en grandes cantidades. Rubén Zacarías era por entonces jefe de Protocolo y Ceremonial de la Rosada. Pese al contenido del informe, siguió en su cargo hasta enero de 2013. Miguel era el secretario privado de Granero y tampoco sufrió las consecuencias. En cambio, Luis Zacarías, quien revestía en las filas del Ministerio de Planificación, fue desplazado por Julio De Vido. “Tiempo después fue rescatado por Rubén y ahora está al lado de Cristina ”, confirmó un ex empleado de la Rosada que conoce a todos los integrantes del clan.
En la causa judicial que tiene a cargo la jueza Servini de Cubría, Miguel Zacarías, actualmente en el PAMI de Santa Cruz, aparece haciendo llamados a líneas de la Casa Rosada. Las comunicaciones, entre 2005 y 2008, siempre están vinculadas a importaciones de efedrina. Fuentes judiciales consultadas por Clarín no descartaron que sea llamado a indagatoria. También se está desarrollando un juicio oral en el Tribunal Oral Federal 4, donde se investiga a los empresarios que importaron más efedrina: Augusto Abraham, Alberto Salvador López y Guillermo Manfredi. En ambas causas hay pruebas sobre los vínculos entre el círculo de Granero y Abraham, el empresario que logró ubicar a su pareja de entonces, Sandra Oyarzabal, como asesora del titular de la Sedronar. “Granero conocía a otros personajes involucrados en este escándalo desde el PAMI”, explicó un ex empleado de la Sedronar. ¿A quién se refiere? Fabio Manuel Trossero, ex jefe de Gabinete de la Sedronar y vinculado al ex secretario de Comercio Guillermo Moreno. También aparece Susana Muzzio, otra ex asesora de Granero que terminó trabajando en Prefarm, uno de los laboratorios que más efedrina importó.
El informe elaborado por un grupo de abogados para los laboratorios también menciona a los ex los jefes de Gendarmería Juan Alberto Rossomando y José Spadaro. El primero pasó a retiro a fines de 2004 por una purga en la cúpula de esa fuerza. “El nexo de los gendarmes con los Zacarías fue Máximo Zacarías, incluso antes de 2003, después se afianzó la relación y conocieron a Luis y a Rubén”, dijo una fuente que accedió al informe. Y agregó: “Para ese grupo, la Sedronar era considerada una unidad de negocios”.
