[quote=“IL_SAVIOLITA, post:79, topic:102235”]
pero el alberto les da wi fi gratis en toda la provincia… no me crees?
[Alberto Rodríguez Saá Presidente - Wi Fi - YouTube](Alberto Rodríguez Saá Presidente - Wi Fi - YouTube
[/QUOTE]:lol: pongale su voto al alberto…
Estuve en San Luis y funciona como el ojete el wifi ese
[quote=“Matias_Carp, post:82, topic:102235”]
Estuve en San Luis y funciona como el ojete el wifi es
[/QUOTE]si ,mejor no te quejes si sos puntano porque el alberto te saca tu racion de comida…es un ejemplo de democracia!!
Entonces te funcionaba de maravillas. Cuando estuve, me tiraba en una reposera abajo de la antena y tenia señal. Caminaba 5 mts y ni me conectaba.
Este viejito mantiene congelada hace 3 años una cautelar que permite a La nación evadir 280 millones a AFIP, y está casado con la hermana de José Escribano, del directorio del diario
Página/12 :: El país :: Regalo de Reyes
EL PAIS › LA CAUTELAR MAS LARGA NO ES DE CLARIN SINO DE LA NACION
Regalo de Reyes
Este año cumple una década la medida cautelar que permitió al diario La Nación acumular una deuda que la AFIP calcula en 280 millones de pesos. Tres años y medio de esa dilación transcurrieron en la propia Corte Suprema, ominoso presagio sobre lo que puede ocurrir con el Grupo Clarín y con la Sociedad Rural. Las diferentes posiciones de Highton, Fayt, Maqueda, Zaffaroni y Lorenzetti. Jueces y partes.
Por Horacio Verbitsky
La medida cautelar contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no es la más extensa. En esta competencia entre evasores de raza de sus obligaciones, la cocarda de gran campeón no la luce Clarín sino su socio La Nación, que desde hace diez años cuenta con la protección judicial que impide a la AFIP cobrarle una deuda estimada en 280 millones de pesos. Una tercera parte de esa dilación fue concedida al diario de los Saguier por la Corte Suprema de Justicia.
Otra duda que me quedó: si supuestamente el límite de 6 meses para las cautelares contra el Estado fueran sólo para cuestiones patrimoniales, ¿se aplica también a jubilaciones o juicios laborales sobre cuestiones patrimoniales con el Estado o quedan al margen?
Pónganle primera al pibe de la cámpora que esta hablando
Cambios en la Justicia
Martes 09 de abril de 2013 | 21:00
En 2005, Cristina defendía un cambio opuesto en el Consejo de la Magistratura
Era la impulsora de un proyecto que reducía la cantidad de consejeros y que requería dos tercios de los votos para elegir a los jueces; conozca qué argumentabaEl kirchnerismo, hace poco más de siete años, ya reformó el Consejo de la Magistratura. Por entonces, Néstor Kirchner era presidente y la primera dama, Cristina Kirchner, defendía a capa y espada el proyecto desde el Senado.
La iniciativa, en dos de sus puntos principales, era radicalmente contraria a lo que ayer presentó la jefa de Estado: reducía de 19 a 13 los miembros y exigía dos tercios de los votos para la selección y remoción de jueces.
El proyecto que ayer, como Presidenta, dio a conocer Cristina plantea volver a aumentar la cantidad de consejeros a 19 miembros. Y propone que alcance una mayoría simple, la mitad más uno, para decidir la suerte de los magistrados. Es decir, ya no 9 de 13, sino 10 de 19.
Según surge de las versiones taquigráficas del Congreso, Cristina Kirchner tuvo otro parecer sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Corría diciembre del 2005 y la Cámara alta se vivía un debate agitado. La primera dama era la impulsora del proyecto oficialista y, con largas argumentaciones, criticaba largamente a los medios de comunicación y a la oposición.
En la sesión del 21 de diciembre, cuando el proyecto obtendría media sanción, la por entonces senadora defendió fuertemente los puntos que planteaba la iniciativa.
En su alocución justificó por qué se debían reducir de 20 a 13 a los consejeros. “Esta reducción no es casual”, inició Cristina Kirchner y señaló que ese órgano se había transformado en una “superestructura de más de 230 funcionarios” y que era necesaria una simplificación. “No solamente va a tornar menos burocrático a este organismo e implicará menores erogaciones para el Estado”, dijo.
Luego, defendió la necesidad de que existan mayorías calificadas con dos tercios de los votos para la selección y para la destitución de los jueces “con el objeto de evitar la conformación de mayorías fáciles en procedimientos tan importantes como la selección de magistrados”.
“Nosotros propusimos una mayoría sumamente agravada para la selección y para la destitución de los jueces, precisamente para dar una mayor garantía de transparencia en lo que respecta a la conformación del sistema de decisión y al consenso que debe existir en cuestiones tan importantes como la designación y destitución de los jueces”, enfatizó Cristina Kirchner.
Por entonces, sí hizo una defensa de la necesidad de que hubiera mayor representación popular en el Consejo, tal como lo hizo ayer. En aquel momento dijo: “Yo estoy aquí sentada en nombre de más de tres millones de bonaerenses. Convengamos que no es como la representación de abogados y jueces, que es esencialmente corporativa”.
“De todos modos, quiero decir que seguramente este proyecto de ley tampoco va a solucionar el severo cuestionamiento que sufre hoy la Justicia, porque en definitiva todos sabemos que es imposible garantizar a través de un instrumento la honestidad y el buen funcionamiento de los poderes. Se así fuera, sería muy fácil, señor presidente”, concluyó Cristina Kirchner en 2005.
Recién en febrero de 2006, con el voto en Diputados, se lograría convertir en ley la primera reforma de la Magistratura del kirchnerismo.
En el link están las versiones taquigráficas y todo.
En 2005, Cristina defendía un cambio opuesto en el Consejo de la Magistratura - lanacion.com *
¿O sea que para La Nación, siempre hay que gobernar y tomar decisiones políticas en un mismo camino sin importar, contextos y coyunturas?
Esto sería como decir: “Argentina hoy tiene un gobierno democrático pero antes era gobernada por una monarquía extranjera”
Ojo, para mí 8 años es tiempo suficiente para variar algo el pensamiento. El tema es que lo que se cuenta del proyecto sobre la elección por voto popular no me cierra mucho. Sólo lo puse como dato de color.
Una cosa sobre eso. Se especula con que “el día que gobierne la derecha, el PRO, tendremos la magistratura copada por la derecha, el PRO” ¿Y hoy no tenemos jueces de la dictadura o fachos marca cañón? ¿Cuál sería la diferencia?
Hay de todo en la justicia. El hecho de que haya tipos que hayan sido jueces durante la dictadura per se no significa nada en la medida que no tengan una participación directa avalando aberraciones, de hecho Zaffaroni era juez durante la dictadura y nadie le plantea nada. El problema no debería ser ideológico sino de idoneidad para ocupar el cargo. Hay soluciones jurisprudenciales con las cuales uno no puede estar para nada de acuerdo pero que se ajustan a derecho y, en ese sentido, te la tenés que fumar. Es inevitable que jueguen las ideas que cada una de las personas tienen (los jueces no son robots), el tema es que no fuercen la ley o directamente fallen arbitrariamente para adaptar la realidad a sus ideas.
Me refería a los que fueron jueces durante la dictadura y se identificaban. No los que simplemente les tocó esa época. Sí, seguramente que siempre tienen que ser los más idóneos, el tema es especificar que sistema y si con este cambio, se pueda llegar allanar ese camino.
Justicia democrática, como en Santa Cruz
Martes, 9 de abril de 2013 hbarabino
El gobierno de Cristina está empeñado ahora en democratizar la justicia en la nación. Una lástima que tan noble iniciativa no haya prosperado en la provincia madre del modelo donde rige desde hace dos décadas.
Tal vez porque Carlos Zannini el ideólogo del proyecto era arte y parte, y a medida que iba democratizando la justicia se iba encaramando en los puestos de mando de la pirámide judicial hasta alcanzar el cargo superior en la corte provincial sin siquiera haber ejercido la abogacía.
Aunque hay que reconocerlo, con una carrera política brillante: fué fundador de la UB Los Muchachos Peronistas en los ochenta, secretario legal del municipio, luego de la provincia, reformador constituyente, y diputado provincial hasta que finalmente hizo cumbre en la justicia democratizada.
Para que Zannini acceda al Tribunal Superior hubo que ampliar el número de miembros de 3 a 5; reformar la constitución -vía per saltum- para garantizarse mayoría legislativa y reelecciones indefinidas; y desplazar a díscolos como el procurador independiente Eduardo Sosa.
Alistada la tropa de funcionarios judiciales ungidos por selección natural del dedo del Ejecutivo, imperó, y aun perdura en Santa Cruz, la justicia democratizada .
Una justicia absolutamente dependiente y temerosa del poder político que ya ingresó al guinness por su extraordinaria habilidad para no ver lo evidente. Plagada de consanguíneos, parientes, y allegados (Clickear “la justicia en la sangre”) quienes jamás se enteraron del secuestro, exilio, y desaparición de 1200 millones de dólares de las arcas públicas; del uso particular que hicieron los K del avión sanitario; de la apropiación de tierras fiscales por parte de funcionarios K; dejaron en libertad al arrollador de manifestantes, Daniel varizat; plancharon el expediente de la causa que debió condenar al golpeador de estatales, Carlos García de la Uocra, igual que en 2002 bendijeron a los funcionarios que abollaron las cabezas de los caceroleros.
Una justicia democratizada que en 22 años ni siquiera procesó a un solo funcionario público por actos de corrupción.
La que es de locos en Santa Cruz es que la fiscal de la compra de tierras fiscales a precio vil en Calafate de los Kirchner y amigos era -no sé si sigue siendo- Natalia Mercado, fiscal en Calafate -designada por Sergio Acevedo por decreto-, que no es otra que la hija de Alicia Kirchner y obviamente sobrina de Néstor y Cristina, y parte interesada porque lo que pertenece a su madre seguramente lo heredé parcialmente ella.
De hecho hasta se había rechazado la recusación presentada a pesar de que es familiar directo de uno de los interesados (una de las causales de recusación con causa).
No apartan a sobrina K - Ambito.com
Esa resolución fue confirmada por el juez Rubén Lobos que está a cargo del Cámara Penal de Santa Cruz.
Si es para que pasen estas cosas no sólo con los Kirchner sino en el futuro, estamos hasta la pija.
caso emblematico de la justicia democratizada en santa cruz fue el de varizat…se cargo con la camioneta a 20 tipos y bien gracias…ni ahi que se lo condeno por nada.
La ‘democratización’ de la Justicia, un estado de excepción
Los anuncios realizados por Cristina Kirchner sobre la Justicia apuntan en un sentido contrario a la supuesta “democratización” que dice pregonar. No puede ser de otro modo de parte de un gobierno que viene incumpliendo, de manera sistemática, las sentencias judiciales ganadas por los jubilados contra la Anses y que ha impuesto una ley de ART que niega a los trabajadores accidentados la posibilidad de que la Justicia corrija las magras indemnizaciones que establecen las aseguradoras privadas.
Una reforma reaccionaria
La Presidenta puso un énfasis especial en atacar las medidas cautelares, las que -entre otras cosas- tienen frenada la aplicación de algunos artículos de la ley de medios. De acuerdo con el proyecto oficial, las cautelares (que suspenden la aplicación de una ley o decreto) no podrán tener una duración mayor a seis meses y su función suspensiva cesará de inmediato en caso de apelación del gobierno. De este modo, el sistema de cautelares queda virtualmente suprimido y deja abierto el camino para la aplicación de medidas de gobierno que, tiempo más tarde, podrían ser juzgadas inconstitucionales. Implica un cambio de régimen en materia judicial, que en la actualidad reposa en la defensa del interés privado frente al poder público, cuya primacía queda confinada al ejercicio de la soberanía. No se trata, sin embargo, de un giro político limitado a los K: Chipre ha suspendido el seguro estatal a los depósitos bancarios inferiores a 100 mil euros (una medida que podría extenderse a toda la zona euro), para preservar el pago de la deuda pública con los acreedores nacionales e internacionales.
También Macri tiene en carpeta una reforma similar para el sistema judicial porteño. Cuestiona, como si fuera un clon K, a los “jueces que quieren gobernar” y que le “atan la mano a su gobierno”. La queja de Macri viene a cuento porque son justamente medidas cautelares las que tienen parado el tarifazo del subte, así como la construcción de la estación de subte de la Línea H debajo de Plaza Francia, el funcionamiento de las UAC que absorben las funciones de las Juntas Comunales o la construcción de una playa de estacionamiento debajo del Parque Las Heras. La reforma del PRO se parece como dos gotas de agua a la anunciada por Cristina. Ambas establecen que la apelación del Estado sea suficiente para anular el carácter suspensivo de una cautelar y obligan a los jueces a darle parte al Estado antes de dictar una cautelar en su contra.
Este enfrentamiento judicial no tiene nada que ver con una defensa del interés general contra el ‘egoísmo’ privado o, en la variante contraria, del derecho individual frente a la invasión confiscatoria del Estado. Expresa la crisis del orden jurídico establecido para enfrentar la crisis capitalista, que amenaza con arrasar con las finanzas públicas, la moneda y la capacidad de arbitraje del Estado. El planteo oficial equivale al establecimiento de medidas de excepción al orden constitucional, para poder accionar en defensa del Estado, en especial contra los trabajadores -como los casos señalados de las deudas con los jubilados, el 82 por ciento móvil, los accidentes laborales, los tarifazos y así de seguido.
Otro de los proyectos oficiales establece la creación de Cámaras de Casación en todos los fueros (hasta ahora sólo tiene el fuero penal). El propósito del gobierno en este caso es, por un lado, nombrar nuevos camaristas -cuya función es dictaminar sobre los fallos de los jueces- y, por el otro, alargar los trámites judiciales, demorando de este modo la llegada a la Corte. Es esto lo que precisamente viene haciendo en forma ilegal el gobierno con los jubilados, al dilatar el cumplimiento de las sentencias judiciales. La necesidad de poder ejercer un poder de excepción o arbitrario es manifiesta, porque el gobierno procuró, recientemente, hacer todo lo contrario: saltar todas las instancias judiciales para llegar en forma directa a la Corte para aplicar la ley de medios (per saltum). El establecimiento de un régimen de excepción se hace en la mayor de las improvisaciones.
Consejo de la Magistratura
El plato fuerte de la “democratización” estaría en la elección por el voto popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, el organismo que interviene en la selección de los jueces. Para despejar toda duda, Cristina Kirchner fue clarísima: “El Consejo debe estar sometido también a las reglas del conjunto del poder político”.
Aquí está dicho, sin ambigüedades, que el kirchnerismo pretende abolir la división de poderes. Para esto, sin embargo, no es suficiente con ‘kirchnerizar’ el Consejo, porque bajo un gobierno distinto al actual se restablecería nuevamente la falta de afinidad entre el Ejecutivo y la Justicia. Una regla única para “el conjunto del poder político” requiere, entonces, la re-reelección. La denuncia de una falta de regla común para el régimen político es el reconocimiento más claro, aunque interesado, de una crisis política de conjunto. Un gobierno de trabajadores supera la contradicción entre la aplicación de una regla política común, de un lado, y la vigencia de la soberanía y autonomía popular, del otro, mediante la elección y revocabilidad de todos los órganos públicos deliberativos. La madeja de reglas contradictorias que caracteriza al Estado capitalista obedece a la contradicción insoluble que representa un sistema democrático ejercido por una clase minoritaria.
Es claro, entonces, que no hay ni podría haber un propósito democratizador, sino ‘verticalizador’ del Estado. Aunque se elija por la vía del sufragio, el Consejo seguirá siendo una camarilla, la cual no puede ser revocada por el mismo método con el que fue elegida.
Por otro lado, la elección de los miembros del Consejo se hará en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) de agosto, lo cual supone que será parte de una boleta sábana de senadores, diputados, concejales y otros cargos -o sea que quedará afuera de cualquier debate popular sobre la administración de Justicia. Los postulantes responderán a las camarillas que manejan los aparatos políticos. Sin la menor ironía hay que señalar que el intento posiblemente naufrague, de cualquier modo, por alguna medida cautelar.
Reforma constitucional
Los representantes de las corporaciones de abogados y jueces, así como los partidos de la ‘opo’ ya anunciaron que objetarán la constitucionalidad del proyecto. Incluso Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema, admitió que ésta podría tener que intervenir una vez que los diputados y senadores cumplan con la voluntad presidencial. Se recrearía un escenario similar al de la ley de medios. En este caso, si el proyecto queda trabado por un fallo judicial que determine su inconstitucionalidad, el gobierno utilizará el tema en las elecciones, para denunciar a la oposición y para impulsar una reforma constitucional, cuya finalidad fundamental será la re-reelección presidencial.
Los choques entre el gobierno y un sector de la Justicia son el resultado de una crisis de régimen político. La Corte Suprema se opone al establecimiento de un estado de excepción, que para que sea tal requiere la “re-re”. El kirchnerismo lo reclama para poder arbitrar en la crisis que se manifiesta en la inflación creciente, la fuga de capitales, el dólar blue y el aumento los desequilibrios económicos. El gobierno necesita proseguir el saqueo de la Anses para pagar la deuda y asegurar los subsidios a las empresas. Pero el ‘programa alternativo’ que esgrime la ‘opo’ necesitará a su turno de nuevas medidas de excepción, que hoy se ocultan por conveniencia.
En oposición a ambos bloques capitalistas, planteamos la elección y revocabilidad popular de los jueces, como parte de una transformación social y política bajo la dirección de la clase obrera.
Estos buscan quedar impunes de los desastres que están haciendo. De la plata ya se olvidaron, pusieron en marcha alguna obra? Vamos por todo, le dieron dictamen en un par de horas sin debate, lo que se dice una verdadera democracia… declamada. El último poder que les faltaba controlar.
Si tenía dudas con la llamada ley de democratización de la justicia, ayer escuchando a Julián Alvarez en 678 me las confirmó todas y me espantó la precariedad de alguno de sus argumentos. ¿Puede ser eso de que el secretario de Justicia de la Nación se recibió hace un año y medio?
Te cambio el tema para una consulta, puede ser que al final de todo este circo la corte declare inconstitucionalidad de lo que no le guste y quede todo en la nada?