por qué? solo estoy haciendo lo mismo que vos las últimas dos páginas… vos podés, yo también 
A lo que voy es que tu punto de vista, que para vos es indiscutible (hasta dijiste que era estúpido pensar otra cosa) es simplemente bajar la edad de 16 a 14 años. O sea que, para vos, los de 14 o 15 deberían tener las mismas condenas que un adulto. Donde estábamos de acuerdo era que ante un delito violento, irreparable, alguien debe hacerse cargo, pero con un régimen especial, y que ese “hacerse cargo” incluya a los adultos responsables. Si llevas a la cárcel común a un quinceañero y que sus padres diagn “me saqué de encima a este incontrolable” a la larga va a ser peor.
Por eso insisto, ¿ante todos los delitos, alguien de 14 o 15 años debe ser condenado como adulto?
Les dejo un artículo de un amigo al respecto:
¿Cuántos presos necesita la Argentina?
¡Qué pregunta para el primer post de este blog! Escapa a toda lógica, incluso al más llano sentido común, que una sociedad “necesite” presos. Pareciera más razonable interrogarse sobre la necesidad o utilidad del castigo o sobre su real incidencia en la prevención del delito y la violencia. Preguntas – a diferencia de cuanto pueda suponerse – que no tienen respuestas obvias.
Sin embargo, al momento de decidir qué hacer con la cuestión de la inseguridad urbana, buena parte de los políticos – temerosos de los medios u oportunistas – se limitan a abordar el “problema” sin apartarse del estrecho margen de la política criminal que, en concreto, no es sino la decisión política acerca de cuántos presos son “necesarios”. Desde ya, esto nada tiene que ver con una preocupación y atención seria a la problemática de la inseguridad y del delito. Por lo general, estas decisiones tienen lugar en momentos de emergencia punitiva, un particular hecho social – esporádico, pero que se repite con frecuencia cada vez mayor – en el que se combinan y retroalimentan la acción de los medios, el oportunismo político y la ansiedad social; y que se traduce en reformas normativas que generan superpoblación y hacinamiento en las cárceles, lo que a su vez es causa de una serie de violaciones a los derechos humanos, que van desde el agravamiento de las condiciones de detención hasta torturas y ejecuciones encubiertas. Por supuesto, en nada contribuyen a solucionar la problemática del delito o a disminuir la preocupación de la sociedad al respecto.
Hace algunas semanas, el economista Orlando Ferreres publicó en el diario La Nación una columna de opinión que no merece el menor análisis criminológico, pues su falta de rigor la refuta por sí sola. Sin embargo, si nos detenemos un instante a analizar el razonamiento de Ferreres, en seguida nos damos cuenta de que “nos hace ruido” por lo burdo y rudimentario de su análisis, pero que, en cuanto al fondo de la cuestión, no dista demasiado del discurso mediático dominante y del de un buen número de políticos. Ferreres, luego de juzgar que “la inseguridad es actualmente el principal problema de la Argentina”, afirma que “ha existido un aumento importante de la población, pero no creció en igual medida la represión del delito”. De este modo, comparando el índice de encarcelamiento de nuestro país con el de los Estados Unidos, llega a la conclusión de que la Argentina necesita más presos, puesto que “andarían sueltos unos 250.000 delincuentes”.
Dejemos de lado la curiosa alquimia demográfica que emplea Ferreres. Estados Unidos – que concentra menos del 5 por ciento de la población mundial pero un cuarto de los presos de todo el planeta – es también el país industrializado con mayor índice de homicidios. Las cárceles de los Estados Unidos, por otra parte, no están llenas de homicidas, violadores o asesinos seriales como los de las series que nos venden, sino de delincuentes bagatelares, consumidores de estupefacientes y reincidentes de pequeñas infracciones. Con más de 700 personas presas por cada 100.000 habitantes, tiene el índice de encarcelamiento más alto del mundo: si se considera solamente a los adultos, 1 de cada 10 estadounidenses está preso. De los cuales, una gran mayoría son negros y pobres.
No escapa al economista que el sistema de encierro de los Estados Unidos es económicamente insostenible para nuestro país, pero curiosamente afirma que la sociedad “estaría dispuesta a pagar el costo económico” de vivir con menos temor. De ese modo, sostiene, el Estado absorbería muchos costos que hoy en día asume el sector privado, como los gastos en seguridad privada de las empresas o de los barrios cerrados. La conclusión, entonces, es que habría que construir más cárceles. Son muchos los motivos que se oponen a esto, quizás la ineficacia preventiva de la prisión sea el de mayor peso. Pero lo cierto es, además, que un sistema de encierro como el norteamericano es impracticable en sociedades como las nuestras, en razón de sus elevadísimos costos. Por ello, visto que no resulta posible neutralizar a un número tan vasto de personas como el que se pretendería, se promueve una “incapacitación selectiva”, que encuentra hoy en los jóvenes su blanco predilecto. El Estado, ausente en todo momento, aparece en sus vidas tarde y con el garrote.
La situación carcelaria en nuestro país es crítica, como lo revelan los informes de los principales organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales. En diez años la población carcelaria argentina aumentó más del doble, no precisamente al ritmo de los delitos. Más del 60% de los presos de nuestro país aún no han sido condenados, y muchos de ellos serán declarados inocentes. Esta cifra es mucho mayor en la provincia de Buenos Aires, donde todavía se sienten las nefastas consecuencias de las reformas procesales del ex gobernador Carlos Ruckauf, que en diez años triplicaron la población penitenciaria. No suele estar entre las preocupaciones de los políticos y, por esta razón, es imperioso que alguien – desde el poder – se haga cargo del problema carcelario. Los jueces, antes de enviar una persona a la prisión, deberían cerciorarse de poder hacerlo sin vulnerar ningún derecho más allá de la libertad del condenado. Es su obligación como garantes de la vigencia de la Constitución nacional.
Es de esperar que quienes aspiran a cargos electivos en el año en curso, no caigan en la tentación oportunista de manipular los legítimos intereses de seguridad y protección estatal de la ciudadanía, ofreciendo “soluciones mágicas”. En particular, es imprescindible que tomen conciencia del alto riesgo que corren los jóvenes de clases bajas, víctimas de una sociedad excluyente que, además, ya los ha estereotipado. En días recientes, una vez más, se ha instalado en la opinión pública la cuestión de la “edad de imputabilidad”. Estos reclamos ignoran la incidencia real de los delitos cometidos por menores (en el orden del 4% en la provincia de Buenos Aires). Es de esperar, también, que a diferencia de lo sucedido en otras oportunidades, si en algún momento emanara del parlamento alguna respuesta demagógica de corte punitivo, el gobierno nacional vetara esas normas.
Conclusiones como las de Osvaldo Ferreres, o proyectos de disminución de la edad de punibilidad, entre otras improvisaciones, son sólo posibles ante la falta de datos fidedignos sobre el delito, carencia que favorece la manipulación de la opinión pública. Por ello, es imprescindible la aprobación del proyecto de creación del Observatorio del Delito y la Violencia. El gobierno de la Ciudad, por su parte, debe reglamentar la ley 2.593 (¡de 2007!) que creó el Sistema de Información para la Prevención Comunitaria del Delito y la Violencia, y realizar las encuestas de victimización anuales establecidas por la Legislatura porteña. Sin conocer el fenómeno sobre el que se pretende actuar se corre el riesgo de promover “soluciones” que sean parte del problema o, incluso, la causa de nuevas y mayores tragedias.
Sin dudas la edad de imputabilidad debería bajar a 10 u 11 años. Con este gobierno de mierda es un imposible, ya que no hicieron absolutamente nada para frenar la inseguridad.
Me tienen los huevos llenos con el discursito de la exclusión social, la desigualdad y no sé cuantas idioteces más, típicas de un pueblo inmaduro como este. Acá no se roba para comer ni se mata para sobrevivir, se mata por deporte. Se mata porque la Justicia es una joda, porque si te cargas a uno sabés que va a saltar un fiscal o un juez garantista y al otro día estás en la calle como cualquier otro ciudadano. Se mata porque para ¨ellos¨ su vida no vale nada (y muy acertados están), pero la del que tienen al lado tampoco vale.
Es decadente que se meta a todos los excluidos sociales en la misma bolsa. Hay mucha gente que vive en la villa o en barrios carenciados y salen a pelearla día a día, ya sea laburando 15 horas como esclavo o juntando cartones o pidiendo una moneda, pero no por eso salen a afanar, ni mucho menos a matar para después ponerse una chapa en el barrio de que ya ¨bajó¨ a uno. Mayores o menores, afanaron o mataron, a la cárcel a pagar los años que tengan que pagar. T
Hay casos de tipos que se pueden reinsertar en la sociedad (menos los violadores, que está comprobado que no se recuperan más), pero esto es sabido que no es aplicable a todos, que muchos eligen esta forma de vivir, se enorgullecen de matar y robar (algunos delante una cámara de TV, totalmente patético) , y a esa gente donde la vas a reinsertar? O cárcel o justicia por mano propia y a otra cosa, a esto llevan este tipo de situaciones límites.
Ahí está el punto. Hasta que no se purifiquen bien las heridas que dejaron más de 30 años de políticas económicas de exclusión, hambre y desocupación, vamos a seguir corriendo la edad de punibilidad hasta la placenta de la madre.
La sociedad es muy hipócrita en este aspecto. Pide justicia y sigue votando proyectos anacrónicos de los 90s.
Sigamos con este modelo de crecimiento unos 20 años más y no sólo llegaremos al hambre cero sino, a colocar a todos estos pibes en un pupitre escolar…
A ese pelotudo de Orlando Ferreres habría que suicidarlo en defensa propia. :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Despues que estos pibes colocaran a varios en ataúdes.
La justicia que se pide es que los que cometan actos delictivos paguen con un castigo según la gravedad del acto que cometan y no que entren por una puerta y salgan por otra beneficiandose de todas las leyes favorables a ellos.
Si no atacamos el tema de fondo que es netamente político y económico, no arreglás nada con meter en cana a estos pibes si cuando salgan, su situación social/familiar continúa de la misma manera.
Reitero, si este modelo sigue 20, 25 años más, estos pibes se meten de lleno dentro del sistema productivo.
Correcto, estoy de acuedo, pero mientras tanto? un guachito mata a uno y le perdonamos todo? no hermano, que vaya en cana de por vida.
Angelito Labruna…
No comparto para nada lo del modelo, de hecho soy bastante anti K. Pero suponiendo que tengas razón, te hago dos preguntas.
-
Hablas de acá a 20, 25 años… pero que hacemos en el medio? Como se trata de una solución a corto plazo esto sigue siendo un viva la pepa hasta que se puedan desarrollar plenamente esas políticas que decís? Demás está decir que estos delincuentes que, amparados por las propias leyes, matan y roban impúnemente dentro de 20 años van a tener 33, 34, 35 años, y ya no creo que les caliente mucho estar en un banco escolar.
-
Especificame bien qué se está llevando a cabo a nivel nacional para que en 20 años podamos decir que hay hambre 0 y para que cada pibe pueda tener derecho a una educación digna.
Igual la solución no es bajar la edad de imputabilidad en general. Pero parece necesario establecer algún régimen para delitos violentos en esas edades
Claaaaaaaaaro, Roberto. De eso estoy hablando yo, por lo menos. Los delitos no violentos no me inquietan ya que creo que esa gente es muchísimo más recuperable.
Abrazos, Martín.
En general esos delitos son parte de la rebeldía adolescente, no representan su futuro comportamiento. Por eso creo que, simplemente, bajar la edad de imputabilidad empeorará el panorama