Historia negra
En 1964, bajo la dictadura de una Junta Militar, el gobierno de Ecuador entregó en concesión a la petrolera Texaco-Gulf el oriente ecuatoriano. En los tres primeros años, Texaco exploró la provincia de Sucumbíos, en la Amazonía norte de Ecuador. Realizó cientos de perforaciones y construyó enormes piletas, al aire libre, con residuos tóxicos. Y explotó el petróleo hasta 1990, cuando abandonó Ecuador y dejó 480.000 hectáreas contaminadas.
En 1993, un grupo de afectados ecuatorianos denunció a Texaco en Nueva York por contaminación y afecciones a la salud. El 16 de mayo de 1994, se conformó el Frente de Defensa de la Amazonía, que representa a los 30 mil afectados por Texaco.
En 2001, Chevron se fusionó con Texaco, en una operación de 45.000 millones de dólares.
La Corte de Apelaciones de Nueva York envió el caso a la justicia ecuatoriana, a pedido de Chevron, con la condición de que la petrolera acate la decisión del tribunal de Ecuador.
En febrero de 2010, mientras la causa judicial continuaba y se acumulaban pruebas y testimonios contra Chevron-Texaco, la multinacional acusó (con la Ley Federal de Estados Unidos para el Crimen Organizado) a los demandantes (en su mayoría indígenas y campesinos) de ser una “asociación criminal” que tenía la intención de extorsionar a la petrolera.
El expediente judicial contaba ya con 230.000 páginas, 106 informes periciales (60 de ellos pagos por la petrolera), 80.000 resultados químicos de las muestras de suelos y aguas. El juez inspeccionó los daños causados en 54 sitios operados por Chevron.
En febrero de 2011, la Justicia de primera instancia encontró a Chevrón culpable de contaminación y la condenó a pagar 8,6 mil millones de dólares para remediar las zonas contaminadas. Sentencia, y cifra, históricas a nivel mundial.
En enero de 2012, ya en segunda instancia, el tribunal ecuatoriano confirmó la sentencia. Y exigió que Chevron pidiera disculpas públicas a los afectados. En caso de negarse, estipuló que se duplicaba el monto (17,2 mil millones de dólares).
Chevron retiró todos sus activos de Ecuador. Pero la sentencia es ejecutable en cualquier parte del mundo (confirmado incluso por los tribunales de Estados Unidos).
En mayo de 2012, la justicia de Ecuador inició la primera acción internacional del cobro de sentencia (en Ontario, Canadá). Un mes después, comenzó la segunda acción, en Brasil (donde Chevron tiene activos).
El presidente de la multinacional, John Watson, pidió en julio de 2012 al Congreso de Estados Unidos que suspenda las preferencias arancelarias para los productos ecuatorianos. El Congreso de Estados Unidos negó el pedido de represalia comercial.
El 3 de agosto de 2012, la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos liquidó el total adeudado y ordenó a Chevron a pagar 19 mil millones de dólares en el término de 24 horas.
El 7 de noviembre de 2012, en Argentina, el juez civil Adrián Elcuj Miranda aceptó el pedido de los tribunales ecuatorianos para establecer un embargo preventivo por 19 mil millones de dólares sobre los bienes de la petrolera Chevron.
La multinacional apeló la medida. Pero obtuvo otro revés: la Cámara de Apelaciones en lo Civil confirmó el embargo en enero pasado.
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Responsabilidad Social Empresaria
Chevron-Texaco contaminó dos millones de hectáreas, construyó 880 fosas (sin recubrimiento ni aislante) y quemó gas durante décadas en sus más de 1.000 mecheros. Los demandantes la acusan de haberse cobrado cientos de vidas en las provincias de Sucumbíos y Orellana, donde se registran los índices más altos de cáncer del Ecuador.
El accionar de la petrolera afectó el territorio y la vida de los pueblos indígenas Tetetes, Sansahuaris, Cofanes, Sionas, Secoyas y Waorani.
Territorios contaminados, pérdida de cultivos y muertes de animales fueron el mal (menor) que padecieron pueblos indígenas y campesinos.
El Frente de Defensa de la Amazonía desnudó la estrategia de Chevron durante el juicio: negaron la contaminación, responsabilizaron al Estado de Ecuador. Luego presionaron al gobierno ecuatoriano y, por último, argumentan “fraude” de los demandantes y sus abogados.
Los 30 mil afectados no desean el dinero de manera individual. Ya consensuaron: la indemnización será utilizada para la remediación ambiental, hospitales, escuelas y suministro de agua potable.
