Eso no quita que su labor parlamentaria sea de rasgos conservadores.
Increíble lo de la UCR, se bajan los pantalones estos tipos, no se animan a hacer nada. Si votan en contra, creen que se convierten en cipayos. Al final, no representan a la masa que los vota. Más allá de la mayoría que tiene el kirchnerismo, con una oposición así, es natural que se animen a hacer lo que quieran.
Si votaran en contra estarían yendo en contra de la historia del propio partido.
Lo sé, pero siempre es que no pueden votar en contra por algún motivo. Están de acuerdo con la expropiación, pero no están de acuerdo con los actores políticos que van a ejecutar la expropiación y porque esos mismos actores políticos son co-responsables del desastre en YPF. Bueno, entonces que voten en contra y propongan un plan alternativo diciendo “estamos a favor si es con este plan”. Es lo que está haciendo el peronismo disidente.
Votan a favor porque no se quieren quemar políticamente.
Al contrario. Aplausos para la UCR demostrando estar a la altura de las circunstancias y no de lo que pide La Nación y el establishment. No importa quien esté en el poder hay medidas que trascienden los gobiernos que las disponen. Saben además que quien está hoy en el poder tiene justamente el poder, el contexto necesario y las espaldas para hacerlo. Si mañana quieren gobernar saben que será una herramienta mas para un mejor gobierno. Lo que quizás debería replantearse el votante de la UCR que lee y disfruta de La Nación es que la UCR no es el partido que lo representa y votar al PRO. En este país hay mucha gente confundida con respecto a los principios de la UCR, se dicen radicales pero lejos están de serlo porque no comparten ni uno de los principios y postulados del partido.
Morandini de mierda
Pero pusiste “siempre” no, “desde que asumió su labor parlamentaria”…
Largá “The Nation”, flaco…
La reprivatizacion ha comenzado
Los diarios oficialistas caracterizan la seguidilla de reuniones de los interventores de YPF con petroleras internacionales, como una verdadera “maratón” -o un “casting de inversores” (Página/12). Estas tratativas demuestran cuán lejos están los K de una estatización petrolera o de una ‘recuperación de soberanía’. La saga comenzó con el viaje de Julio de Vido a Brasil, para interesar a Petrobras, a la que prometió la devolución de la concesión que le había retirado el gobernador Sapag en ‘asociaciones’ de exploración de Argentina. La ronda continuó con la francesa Total; las norteamericanas Exxon, Chevron, Phillips Conoco; la china Sinopec y otras firmas de carácter local. Uno de los enemigos de la “expropiación”, el diario La Nación, sacó sus conclusiones: “No bien pasó a manos del sector público, YPF comenzó a ser reprivatizada” (23/4).
Es cada vez más claro que la expropiación parcial a Repsol sólo ha sido la puerta de entrada para una reasignación de negocios entre monopolios petroleros. Mientras tanto, el gobierno se sirve de la caja de YPF para continuar financiando las importaciones de combustibles y los subsidios a la energía. Una de las principales facturas es la que paga por el gas importado de Bolivia, a Petrobras y Repsol. En la entrevista con Total, los funcionarios y la empresa acordaron incrementos de producción en función del programa Gas Plus, que el gobierno había derogado hace un par de meses, que reconoce a los pulpos un precio superior al corriente. En otra reunión, el gobierno prometió “un programa de incremento en el valor del gas que lo vaya acercando a los precios regionales” (Clarín, 25/4). Los precios de Bolivia triplican los valores locales. O sea que la “soberanía petrolera” conjuga una nueva perspectiva de negocios para grupos privados, con un tarifazo. British Petroleum, interesada en “quedar libre para poder postularse a prospecciones y exploraciones futuras” (AF, 25/4), ha decidido acelerar la resolución de sus pleitos con el grupo Bulgheroni en Pan American Energy. Así ‘leen’ los monopolios petroleros la “expropiación” de YPF.
Esta redistribución de negocios pone de manifiesto la imposibilidad de Repsol para seguir operando YPF, debido a la bancarrota de sus principales accionistas -la Caixa de Cataluña, Sacyr Vallermoso e incluso Pemex. Las dos primeras, atrapadas en la bancarrota hipotecaria y financiera de España, necesitan las utilidades de YPF para sobrevivir -no están capacitadas para desarrollar inversiones petroleras. Ha quedado probado que ha endeudado a la filial argentina para retirar dividendos que duplican las utilidades registradas. Los K se han quedado con una empresa cargada de deudas que seguramente se verán obligados a renegociar, pero que deberán finalmente pagar. La expropiación integral de YPF sin compensación significaría, por el contrario, el desconocimiento de este pasivo que no representa otra cosa que un vaciamiento.
Para algunos observadores, la expropiación de Repsol se precipitó cuando los K tomaron conocimiento de que la petrolera “española” estaba a punto de ser comprada por la china Sinopec, precisamente por su incapacidad para seguir con el petróleo. La ‘expropiación’ sería funcional a un bloqueo a una mayor presencia de China (que ya opera en PAE) y a una apertura a sus rivales. La cuestión del petróleo es el punto principal de enfrentamiento entre Obama y China en relación con Irán -de donde viene el 55% del petróleo que importa China. “Hombres del Departamento de Estado norteamericano confirmaron que no todos los sectores del gobierno de Obama eran tan críticos con el proyecto estatizador” (La Nación, 22/4). Mientras tanto, las ‘sanciones comerciales’ que Repsol y Rajoy han exigido contra Argentina no encontraron eco: el FMI declaró que la disputa era un “asunto bilateral”. Puertas adentro, la cruzada condenatoria no logró quorum en la Unión Industrial: “El avance sobre YPF provoca en las corporaciones más adhesiones que las que se sospechan” (ídem), piensan asociarse a los negocios en danza. Macri ya declaró que mantendría la “empresa mixta”. El ‘establishment’ político y económico de Argentina se ‘fastidia’ por las ‘formas’, pero es plenamente conciente de que la continuidad de Repsol en YPF era inviable.
El “modelo boliviano”, fantasía y realidad
Los interventores propondrían a los grupos privados una nueva modalidad de contratos: a cambio de sus inversiones, las petroleras podrían disponer libremente de una parte del petróleo extraído; la otra porción quedaría en manos de YPF -”sociedad anónima”. Sería el ‘modelo’ de la nacionalización boliviana. Las petroleras podrán certificar su parte de reservas, o sea integrarlas a su capital en Bolsa. Bolivia sólo destina el 20% de su producción de gas al mercado interno; Argentina necesita el “autoabastecimiento”. De todos modos, Evo Morales viene intentando imponer gasolinazos desde hace dos años, con el argumento de que la diferenciación de precios, entre internos y externos, propicia el contrabando. La precondición de las “asociaciones” con la nueva YPF será proseguir con el naftazo -que los Kirchner ya habían puesto en marcha en beneficio de Repsol- y avanzar en un aumento sustancial del precio del gas en boca de pozo.
Los interventores han jurado que “no le pagarán a Repsol lo que pide”. Pero ocultan que ya se lo están pagando, al hacerse cargo de las deudas que el pulpo dejó abrochadas, y que alcanzarían los 9.000 millones de dólares. Acaba de revelarse una cláusula por la cual “en caso de que Repsol pierda el control mayoritario, sus acreedores podrán reclamar la totalidad de sus deudas sin esperar los plazos previstos” (Ambito, 24/3). Ni el director estatal en Repsol ni los nuevos interventores denunciaron estos acuerdos leoninos, que ahora deberá cargarse a la conducción estatal. Por este motivo, una calificadora de riesgo considera que YPF podría caer en cesación de pagos, a menos que el Estado argentino comience a ‘honrar’ esa deuda de inmediato. Los gobernadores, algunos de los cuales hacían lobby por Repsol hasta hace días, ahora reclaman al Estado el pago de las deudas en favor de proveedores. No nos equivocamos al decir que el “vaciamiento continúa”.
Menem y Macri
Está claro por qué Carlos Menem va a votar a favor de la ‘estatización parcial’. Por los mismos motivos, Macri aseguró que “no dará marcha atrás”, si llegara a gobernar en 2015. En oposición a esta reprivatización petrolera, planteamos la nacionalización sin compensación de toda la industria petrolera y de las privatizadas.
“La reprivatización ha comenzado” : PARTIDO OBRERO
Petroleo y Politica
El proyecto de ley de expropiación parcial de YPF es la punta del velo que oculta una situación política excepcional.
Cristina Kirchner usó la expresión “país inviable” cuando aludió a la bancarrota energética en que había quedado sumida la Argentina al cabo de diez años de política kirchnerista. El vaciamiento financiero de YPF por parte de Repsol es una fracción del vaciamiento generalizado, ejecutado por el conjunto de los monopolios petroleros que operan en el país. En una medida fundamental, es la consecuencia de la bancarrota capitalista mundial -la que ha impuesto una insaciable política de pago de dividendos para hacer frente al déficit financiero que sufren la mayor parte de las corporaciones y bancos de los principales países. Es sintomático -para dar solamente un ejemplo- que las acciones de Petrobras retrocedan cada vez que su directorio anuncia inversiones en los proyectos de aguas profundas. Muchas petroleras, además de abonar dividendos generosos, desarrollan una política de recompra de acciones de sus compañías, lo cual aumenta el plusvalor que obtienen los tenedores.
Recurso de emergencia
El proyecto en cuestión es, entonces, en primer lugar, un recurso de emergencia para una situación sin salida en el marco prevaleciente. El Estado interviene bajo la presión de una crisis extraordinaria, la que pone en juego el abastecimiento de energía de la nación. Interviene al operador principal -que es, al mismo tiempo, el más vulnerable en el mercado mundial de la industria. Los que piden el respeto a las disposiciones constitucionales (las que exigen el pago de una indemnización previa e incluso el resarcimiento de la totalidad de los accionistas de YPF), simplemente ignoran que el gobierno está operando en una situación de bancarrota: tanto del grupo de control de Repsol, compuesto por bancos y constructoras que sobreviven bajo la carpa de oxígeno del Banco Central Europeo y el Banco Central de España, como del propio Estado argentino, el cual registra un déficit fiscal en crecimiento, a pesar de que mete las manos en la Anses y el Banco Central, y que se financia, además, con el Banco Nación, mientras las provincias emiten empréstitos en el exterior a tasas de interés usurarias. Cualquiera sea el resarcimiento a los “expropiados”, YPF va a hacerse cargo de la deuda de 9 mil millones de dólares que dejó Repsol.
La intervención del Estado en YPF es, por lo tanto, una operación de arbitraje político, que debe enfrentar el desafío de proceder a una redistribución de cartas en la industria petrolera. Por eso se reúne a toda velocidad con los principales pulpos internacionales, para ofrecerles lo que para Repsol hubiera sido inocuo o inútil: una agenda de aumentos tarifarios para incitarlos a una mayor explotación de los pozos existentes y a un incremento de sus inversiones. La oficialista Página /12 (25/4) admite que ya le ofrecieron a los pulpos subirles el precio del gas extraído. Las joyas de la corona de este plan son los yacimientos de gas no convencional (en Chubut y Neuquén) y la exploración de la plataforma marítima. Es significativo, en lo que hace a este último caso, que las tentativas de licitación hayan venido fracasando desde que Alfonsín lanzó el “plan Houston” con los ‘sanos’ consejos de Rodolfo Terragno. La licitación del Atlántico sur habría modificado, en forma radical, la dependencia financiera internacional de Argentina y la relación de fuerzas dentro de la burguesía que opera en el mercado nacional. La necesidad de este arbitraje político ha sido comprendida por todo el ‘establishment’ internacional y nacional, el cual ahora se limita a reclamar una salida judicial de las indemnizaciones. El apoyo de Macri a la llamada “empresa mixta” es una expresión de esto. Un ingreso importante de capitales de China al mercado petrolero nacional sería intolerable para sus rivales y para Estados Unidos, si no está presente la mediación del Estado en el reparto de la torta energética. Los que saludan la “recuperación de la soberanía energética” han comprado una etiqueta: no han comprendido que el ‘soberano’ ha advertido el peligro para la gobernabilidad de sus propios latrocinios y confunden soberanía con arbitraje o, mejor, que la soberanía bajo el Estado burgués es un ejercicio de arbitraje, sin el cual es imposible la dominación política del capital.
Una tentativa que se repite
Los K llegan a este punto como consecuencia de un enorme desplome de su capacidad de gobierno. El derrumbe energético aparece a renglón seguido del derrumbe del transporte ferroviario, así como éste vino enseguida después del colapso de la capacidad de pago de los subsidios -lo que dio paso a los tarifazos e impuestazos, disfrazados luego de ‘sintonía fina’. Como ya ocurriera con la estatización de las AFJP y luego con el Banco Central (primero con el asunto de las reservas y luego con la reforma de la carta orgánica), el gobierno apela a recursos extraordinarios -políticos y financieros- para salvar al Estado de la bancarrota y a salvarse a sí mismo de un fin de mandato. En estas ocasiones impuso su política a la oposición, algo que no había ocurrido cuando fue la disputa por la resolución 125. La finalidad inmediata de la intervención en YPF es acceder a la facturación de la petrolera para pagar las importaciones de gas y fuel oil, así como los subsidios en el mercado interno.
Los gobiernos bonapartistas (donde el arbitraje es personal) encuentran su punto de apoyo allí donde se equilibran las fuerzas de las clases en pugna. Los capitalistas reclaman un tarifazo energético, pero temen la reacción de los trabajadores al impacto hiperinflacionario que provocaría; los K administran este impasse. Para reforzar su capacidad de arbitraje, el gobierno convoca a la “unidad nacional” -o sea a la colaboración entre las clases. Por eso atacó a los choferes de la Línea 60 en el discurso de anuncio de la ‘expropiación’, como también a los piquetes del Gran Buenos Aires, realizados por quienes fueron azotados por el temporal, o los que tienen lugar entre los petroleros de Chubut, en un discurso posterior. El arbitraje no opera por medio de la democracia, sino de la regimentación. El centroizquierda y la izquierda democratizante han acudido presurosos al llamado, sin desconocer que se trata de una operación de rescate político del gobierno y del Estado. El número de condicionamientos que ponen al apoyo al proyecto de ‘expropiación’ demuestra que son concientes de que estamos ante un fraude. Los convoca un instinto de supervivencia, porque no están dispuestos a construir una alternativa sobre el derrumbe de lo realmente existente. El apoyo al proyecto no tiene nada que ver con la independencia energética: es una capitulación ante una extorsión política. Hugo Chávez, quien ha usado este recurso en su país hasta el agotamiento, ha logrado por esa vía convertir a la izquierda revolucionaria de Venezuela en un cero a la izquierda.
Reforma constitucional
No es casual que en este marco de crisis se haya resucitado el tema de la reforma constitucional, inspirada por el juez supremo Zaffaroni. El asunto viene revestido con justificaciones como la incorporación de nuevos derechos civiles y hasta con recuperar cláusulas de la Constitución reaccionaria de 1949, luego de seis décadas de violación de sus disposiciones ‘soberanas’ -en especial por los gobiernos peronistas. La reacción clásica a una reforma, que presume una indisimulada intención re-reeleccionista, sobrevalora la capacidad de CFK para elevarse por encima del conflicto entre clases y partidos de aquí en más -o sea para hacer valer su arbitraje personal en condiciones de un severo desgaste de las bases económicas de su gobierno. La intervención a YPF (al mismo tiempo que reitera el bonapartismo oficial) es, precisamente por ese mismo motivo, una expresión de su agotamiento. Por eso, la variante re-reeleccionista podría ser sobrepasada por un pasaje hacia el parlamentarismo, el cual habilitaría gobiernos de coalición -como los que Néstor Kirchner intentó con su alianza con el radicalismo K y el ex vice Cobos. Sería un reconocimiento de que el bonapartismo está exhausto. El cambio ofrecería a CFK la posibilidad de postularse como jefa de gabinete de un gobierno -lo que sería una curiosidad para la tradición kirchnerista. Lo que todas estas elucubraciones de palacio parecen dejar fuera de sus cálculos es que un cambio de régimen difícilmente puede producirse por medios constitucionales -o sea sin pasar por el colapso efectivo del gobierno actual.
Desarrollo de la independencia política
Al negar cualquier apoyo político a la medida ‘expropiatoria’ que encubre la reprivatización, la izquierda revolucionaria señala su condición de alternativa política. Porque no alcanza con reclamar la “nacionalización ciento por ciento” si no se desarrolla, al mismo tiempo, una separación política neta del gobierno que va por una reprivatización. La cuestión es política -la consigna del “ciento por ciento” está vacía de contenido, por lo que es ‘funcional’ al engaño. Estamos ante un ‘clásico’ de los procesos de crisis: o el seguidismo al nacionalismo burgués o al progresista de turno, y la corresponsabilidad por el fracaso o la independencia política consecuente para desarrollar una alternativa de poder en la clase obrera, la que prepara la victoria.
El gobierno intenta zafar de su derrumbe postelectoral y de la amenaza de ‘inviabilidad’, que él mismo reconoce, con una medida que acentúa la crisis que pretende atenuar. Sin un tarifazo a plazo cierto, la reprivatización es también inviable: los acuerdos con los Exxon no están a la vuelta de la esquina. El vaciamiento de la ‘nueva YPF’ para pagar las facturas pendientes y evitar el tarifazo en el corto plazo acentuará la crisis energética. La cuestión es la gobernabilidad K y, en general, del Estado. El seguidismo a los nacionales y populares es un llamado a acompañar su destino político.
El debate en la izquierda sobre la cuestión YPF no tiene que ver con la energía, sino con la estrategia política.
Petróleo y política : Prensa Obrera 1219
El “modelo” Estenssoro
Un mes y medio antes de la expropiación a Repsol, Cristina Kirchner se despachó en el Congreso con un elogio que sorprendió a muchos. El beneficiario fue el fallecido José Estenssoro, presidente de YPF bajo el menemismo. Otros oficialistas vienen señalando, desde entonces, que el “modelo” del gobierno para la ‘nueva’ YPF es la gestión Estenssoro. Esas intenciones acaban de tener otra confirmación: nada menos que María Estenssoro, representante de Carrió en el Senado y principal propagandista de la gestión de su padre, resolvió abstenerse en la votación de la ley del gobierno. Es que, según ella, los objetivos son “nobles”, aunque no los “procedimientos”. La “nobleza” alude a la empresa mixta, que cotiza en Bolsa pero con un “Estado presente”. La Ley que expropia a Repsol promete para YPF un “gerenciamiento profesionalizado”, el mismo cliché con el que suele mistificarse la gestión de Estenssoro en la YPF de los ‘90. Más allá de su título profesional, “el ingeniero” era un empresario de la industria petrolera, que hasta logró adjudicaciones de áreas en favor de su empresa en aquellos años.
En el ranking de los peculados contra el país, la privatización de YPF que comandó Estenssoro compite con el préstamo de la Baring Brothers o con el pacto Roca-Runciman.
Menem-Cavallo fijaron el precio de la acción de YPF en un tope de veinte dólares, lo que implicó una valuación de la compañía de 7.000 millones. Pero de acuerdo con las reservas de hidrocarburos de la compañía, el precio de la compañía no bajaba de los 17.000. Prensa Obrera, en aquel momento, planteó: “Después de YPF, a Devoto” (PO Nº 695, 6/7/1993). De todos modos, la propia contabilización de las reservas era un fraude: a través de consultoras “amigas”, Estenssoro, que ya era presidente de YPF desde su conversión en sociedad anónima (1992), se las arregló para que esas reservas fueran subestimadas antes de la venta parcial de las acciones. Apenas meses después de la privatización, empezaron a “subir”. Como resultado de este proceso, el Estado retuvo el 20% de YPF y las provincias otro 12%, mientras que bancos y fondos de inversión locales e internacionales compraron el 46% de las acciones. En años posteriores, la parte privada del capital fue ampliando progresivamente su participación.
Bajo la gestión “profesionalizada” de Estenssoro, YPF despidió a 30.000 trabajadores y vendió a petroleras privadas sus refinerías de Salta y de San Lorenzo. Con esos recursos, se inició el avance internacional de la empresa mixta, cuyo paso más importante consistía en un entrelazamiento de intereses con la petrolera Maxxus, de Dallas. En su discurso del Congreso, Cristina Kirchner deslizó la sospecha de que la muerte de Estenssoro, en un accidente aéreo, fue el resultado de una lucha de intereses en torno de esa “asociación global”. En cualquier caso, está claro que el hombre avanzó con el desguace de YPF como petrolera nacional, para juntar fondos en favor de negocios internacionales. Cinco años después de esa privatización parcial, Repsol se quedaba con el 100% de la compañía.
Esta es la gestión que reivindican los ‘nacionales y populares’. Podrán argumentar que la YPF “K” preserva el 51% de las acciones para el Estado. Pero la posibilidad de que crezca la participación privada, por caso, con nuevas emisiones de acciones para la ampliación de su capital, no está exceptuada por la ley enviada al Congreso -sólo exige para ello una mayoría parlamentaria especial. Las versiones sobre el nuevo management ypefiano incluyen entre sus nombres a Oscar Vicente, el presidente de Perez Companc en los años de oro de las privatizaciones. O sea, un nuevo Estenssoro. Con estas perspectivas, se comprende por qué el arco de adhesiones parlamentarias ya se engulló a Menem y le está haciendo cosquillas a los compañeros de Carrió y Prat Gay.
:lol:
La cantidad de gente que tuvo este gobierno laburando en YPF hasta la expropiación es, como mínimo, caraduresca, como para que ahora se pongan a hablar de desinversión e irresponsabilidad, cuando hace no mucho CFK se reunía con los dueños y agradecía el empeño y la guita que ponía la empresa en el país. :lol:
Si estás al acecho esperando el momento de expropiar, no podés poner en alerta al empresario que será expropiado [MENTION=37273]mariano_isis[/MENTION];
Para todo hay una excusa disfrazada de estrategia. La autocrítica no muerde!
¿Autocrítica? Crítica hacia los hechos, no hacia las palabras. ¿Le caemos a la minería por el contrato firmado o por las palabras de Gioja? Importan los hechos
Los hechos son el saqueo de multinacionales extranjeras y el deterioro irrecuperable del medio ambiente.
Justo hoy mi viejo me comentó una frase de Perón, a colación de la compra de Cristóbal de C5N y las radios. “En el 45 no teníamos nada y ganamos, en el 55 teníamos todo y nos echaron”.
Justamente por eso estoy en contra de los contratos mineros, por los hechos, no por las declaraciones. Y estoy a favor de la expropiación del 51% de YPF por lo que significa concretamente, no por lo que se haya dicho
Estoy totalmente de acuerdo con la expropiación de YPF yo también, y si fuera una nacionalización, mejor todavía, solamente remarco las incoherencias, como oportunamente hacen los kirchneristas con Macri con el pasado oscuro de sus funcionarios.
Ah bueno…
Quiero que lea esta nota [MENTION=35813]Beatlemillonario[/MENTION]
Página/12 :: Economía :: Por qué no lo expropiaron a Eskenazi
ECONOMIA › RAZONES POR LAS CUALES EL GOBIERNO SOLO AVANZO SOBRE REPSOL EN YPF
Por qué no lo expropiaron a Eskenazi
La oposición sostiene que fue para “favorecer a los amigos”. En cambio, razones de orden político, práctico y hasta jurídico justifican la decisión oficial.
Por Raúl Dellatorre
Desde diversos sectores de la oposición partió el cuestionamiento hacia la forma de expropiación elegida por el gobierno nacional. ¿Por qué el 51 por ciento de acciones pertenecientes al grupo Repsol y no avanzar sobre las del Grupo Petersen? ¿Era una forma de “proteger a los amigos”, aludiendo a la familia Eskenazi? Hasta las autoridades de Repsol, con Antonio Brufau a la cabeza, utilizaron el argumento para hablar de “discriminación” en su contra respecto de otros accionistas. Algunos especialistas cercanos a la definición de la forma de expropiación sostienen lo contrario. “La fórmula de la expropiación está lejos de beneficiar al grupo Eskenazi”, sostienen, y lo fundamentan. Además, los hechos y los números demuestran que la familia Eskenazi no saldrá bien parada de la resolución del cambio de manos del control del capital de YPF. Para el Estado, en cambio, la opción elegida aparece –a la luz de no pocos analistas– como la más conveniente.
El análisis de “por qué las acciones de Repsol sí y las de Eskenazi no” podría partir de dos enfoques. Uno, desde la necesidad de tomar el control de la compañía y la solución más eficaz para lograrlo. Otro, desde la situación legal del accionista (y el paquete de acciones) a ser expropiado.
Desde el primer enfoque, es decir planteado por el objetivo de recuperar el control de YPF, la solución adoptada –según observadores ajenos al Gobierno– se resolvió con un sentido práctico y político. Si el grupo controlante, Repsol, fue además el responsable de la política de la empresa desde la privatización hasta ahora, con los resultados conocidos, era lógico (políticamente) ir sobre él. Si además ese grupo ostentaba la propiedad de más de la mitad del capital (57,5 por ciento), expropiar sólo el 51 por ciento de ese único accionista despejaba la operación (desde un punto de vista práctico) de los inconvenientes que podría haber generado avanzar sobre los activos de pequeños accionistas, fondos de inversión extranjeros, otros tenedores institucionales del país y del exterior, además del paquete en manos de Eskenazi, con las dificultades que se explican más adelante en esta misma nota. Es fácil de suponer los cuestionamientos judiciales que tal operación “masiva” hubiera provocado en los tribunales de Estados Unidos o con organismos bursátiles del país y el exterior. El “mano a mano” de la actual disputa con Repsol (y el gobierno español, podría agregarse incluso) es infinitamente más sencillo que aquella otra alternativa. Tanto en sentido práctico como político. La solución hallada resuelve el control del paquete accionario y –a través del decreto de intervención– el control inmediato de la gestión de YPF.
El segundo enfoque consiste en analizar la situación en que se encuentra el 25 por ciento del paquete en manos (¿en manos?) del grupo Eskenazi. Repasando el origen del ingreso de Eskenazi a YPF, cabría recordar que se concretó en dos operaciones: una primera compra del 14,9 por ciento del paquete a Repsol por un valor estipulado de 2235 millones de dólares, y una segunda compra de otro 10 por ciento (ya el año pasado) por valor de 1400 millones. En la primera operación, el grupo Eskenazi apenas aportó 100 millones de dólares, por el resto se asumió una deuda de 1018 millones de dólares con un pool de bancos (Crédit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas e Itaú) y un préstamo del propio vendedor del paquete, Repsol, por 1017 millones. Por la segunda operación, Eskenazi (o grupo Petersen) se endeudó por el total, repartido en 670 millones con otro pool de bancos (Itaú, Standard Bank, Credit Suisse, Santander y Citi) y 730 millones otra vez con Repsol.
De ese conjunto de deudas, Eskenazi apenas pagó con su participación en los dividendos de YPF de los últimos años aproximadamente 600 millones de dólares al primer pool de bancos, arrastrando a la fecha una deuda de 1170 millones de dólares con los bancos y 1747 millones con Repsol (esta última no acumula intereses). Las acciones de Eskenazi, como consecuencia de estas operaciones no saldadas, están caucionadas a favor de los bancos acreedores en un caso y puestas como garantía en el caso del acuerdo con Repsol en otro, a cuyas manos volverían en caso de no ser cancelado el préstamo. Es decir que, salvo por el estrecho margen correspondiente a los 100 millones de dólares aportados inicialmente y los 600 millones cancelados con posterioridad, Eskenazi no tiene disponibilidad sobre el 25 por ciento del paquete ni, en rigor, tan siquiera podría ser considerado “dueño de pleno derecho” de las acciones.
¿Qué habría pasado si el gobierno nacional hubiera decidido expropiar las acciones del grupo Petersen? En principio, no podría haber capturado acciones que en la práctica no están en manos del grupo, sino caucionadas por los bancos acreedores o atadas en garantía a favor de Repsol en otro. ¿Podría haber avanzado sobre ellas sin reparar en manos de quién están? De hacerlo, el Estado habría quedado prisionero de una controversia jurídica en cuanto a los derechos de cada parte, respecto de quién es el titular de las acciones y otras cuestiones que hubieran llevado, en definitiva, a un enredo todavía más complicado que el que se hubiera derivado de expropiar el 100 por ciento de las acciones, apuntado más arriba.
¿Cuál es la consecuencia para el grupo Petersen por la expropiación del 51 por ciento, respecto del resultante de haber sido incluido su paquete en la expropiación? La toma de control de YPF por el Estado implica que, de aquí en más, las utilidades se destinarán prioritariamente a reinversiones y no a la distribución de dividendos, con lo cual se le cancela el principal recurso (o el único) con el que contaba para pagar su deuda por la compra de las acciones. Según los observadores, no hay dudas de que terminará perdiendo las acciones. “Y parte de ellas terminarán en manos del Estado, o de YPF, con el que el grupo Eskenazi también arrastra deudas”, apuntó a este diario un destacado funcionario. Si, en cambio, el Estado hubiera expropiado sus acciones, le habría dado al grupo Petersen un argumento para discutir judicialmente si le hubiera correspondido hacerse cargo de los compromisos con los acreedores o si, por el contrario, éstos pasaban a manos del “nuevo dueño” del paquete.
“Lejos de beneficiarse, el grupo Eskenazi sale peor parado en la solución adoptada que en cualquier otra alternativa que hubiera elegido el Gobierno”, sostuvo, con sobrados fundamentos, un especialista en análisis de empresas. Paradójicamente, la “solución” planteada por algunos sectores de la oposición que denuncian “connivencia” del Gobierno con el grupo Eskenazi hubiera terminado siendo la más favorable para este último.
Estas aburrida Belen eh… :mrgreen: