Los buitres y la carroña negocian un acuerdo
Los 15.000 millones de dólares en litigio podrían transformarse en el doble por las tasas de interés usurarias que paga Argentina. La deuda ya supera los 250.000 millones de dólares y crece 15.000 millones cada año. Una nueva reestructuración de la deuda tendrá un costo enorme. Se impone repudiar esta deuda usuraria.
La garantía de pago a los fondos buitre ofrecida por el pool de bancos locales es cualquier cosa menos novedosa. Algo parecido habían ofrecido hace bastante tiempo los principales fondos que entraron en los canjes de 2005 y 2010. El raciocinio del planteo ha sido siempre el mismo: evitar que un defol derribe la cotización de los títulos en poder de la mayoría de los bancos y fondos especulativos.
Lo mismo se ha hecho con las compañías privatizadas que litigan contra Argentina en el Banco Mundial por la pesificación de tarifas de 2002: los litigios fueron comprados por los fondos que entraron en el canje con la intención de negociar una quita sobre el total de lo adeudado. En el diario El Cronista se plantearon varias propuestas de arreglo privado de la deuda con los buitres, que cambiaban unos acreedores por otros. La oferta de garantía es una prueba adicional de que una gran parte de la deuda se encuentra en poder de la burguesía nacional. En definitiva, es una prueba de que la deuda usuraria solamente la pagan los trabajadores, incluso en beneficio del empresariado de Argentina.
La garantía en cuestión no resuelve, sin embargo, el obstáculo de la famosa cláusula Rufo, la que obliga a dar a los que entraron en el canje las mejores condiciones que se ofrecen a los buitres. La operación a través de un consorcio de bancos sería una manifestación de mala fe de parte del gobierno argentino. La garantía tampoco asegura cuál sería al final el acuerdo de pago a los buitres, ya que se dice que el gobierno K quiere establecer alguna quita sobre esa deuda. Al vencimiento de la garantía, el gobierno debería pagar a los buitres una suma enorme. Se estima que el conjunto de litigios con quienes no entraron en los canjes suma 15.000 millones de dólares, pero se trata de un valor al contado. Si el gobierno pagara en los mismos términos que a Repsol, el monto podría llegar al doble. Ocurre que el pago en bonos, a una tasa del 8,9% de interés, cuando la que pagan los países emergentes no supera el 4%, equivale a un capital presente de cerca de 30.000 millones de dólares. No hay que olvidar que la deuda con los buitres se encuentra ajustada a la tasa de interés impuesta a Argentina en el megacanje de 2001 -la cual tiene un rango de entre el 10 y el 15% anual. El conjunto de estos datos ilustra, como pocos, el carácter usurario de la deuda externa, cuyo pago, ‘nacionales y populares’ consideran una honra a la Patria (con mayúscula). Si la garantía ofrecida por Jorge Brito, quien supo ser amo de Menem y de Kirchner, y ahora juega con Massa, tiene algún resultado, la bancarrota financiera de Argentina no hará más que acentuarse.
Estos ajetreos ocultan el dato de fondo: Argentina ya se encuentra en defol -es decir, que es insolvente y se está quedando sin efectivo.
La deuda pública ha superado los 250.000 millones de dólares y crece a razón de 15.000 millones de dólares cada año. Esta deuda no se está pagando sino mediante la emisión de nuevos bonos -no solamente al Banco Central, Nación o Anses-, sino también a Repsol, Club de París y privatizadas litigantes. La disponibilidad neta de reservas internacionales de Argentina no supera los 15.000 millones de dólares -y en baja. Equivale a los vencimientos de deuda del país hasta diciembre de 2015. Luego está la deuda interna que ocasiona el déficit fiscal al Tesoro y la deuda cuasi-fiscal (del Banco Central) con los bancos locales 200.000 millones de pesos). Esta situación explica que la deuda externa cotice, en muchos casos, a cerca de la mitad de su valor de emisión. En la prensa se puede leer que muchos fondos especulativos están comprando estos bonos desvalorizados con la expectativa de cobrar el monto total en caso de declaración de defol, porque este hecho desataría la llamada ‘aceleración’, que consiste en el reclamo del pago inmediato de toda la deuda a su valor nominal. Otros fondos han comprado seguros contra un defol de Argentina, para cobrarlos ante los bancos aseguradores apenas se declare el defol. En definitiva, todo esto conduciría a una nueva reestructuración del conjunto de la deuda Argentina, que tendría un precio enorme en materia de intereses, a cambio de un alargamiento de los plazos de pagos. O sea que mientras todo el mundo despotrica contra el defol, eso es precisamente lo que están buscando. La ‘comunidad internacional’, los ‘mercados’ y el ‘mundo’ -las grandes categorías de los charlatanes mediáticos- se encuentran empeñados en una lucha de buitres para despedazar al país y arruinar a los trabajadores.
En un caso de abuso ostensivo contra los ‘adultos mayores’ (los viejos, en lenguaje setentista), se ha desatado un ataque concentrado contra el juez Griesa, el cual contó, sin embargo, con el respaldo de la Cámara de Apelaciones y la Corte de Estados Unidos -donde también predominan los ‘adultos mayores’. Los acusan de perturbar las negociaciones de deuda, como si estas perturbaciones fueran de otro orden que el económico -o sea que la deuda es impagable. Al imponer, en términos alevosos, la jurisdicción neoyorquina, estos ‘magistrados’ han llevado al campo jurídico una situación financiera: el 80% de las transacciones internacionales se realiza en dólares, cuyo canje final es el Banco Central norteamericano. Es a partir de esto que Estados Unidos está imponiendo sanciones a bancos franceses, por violar embargos decididos por los norteamericanos -no por Francia-; o a oligarcas y empresas rusas, quienes todavía no cuentan con la adhesión de los Estados europeos; y, en definitiva, contra Gaza y contra Argentina. El imperialismo es una realidad tangible, y la lucha contra él debe ser mundial.
Un acuerdo con los buitres aumentaría en forma extraordinaria la deuda externa; un fracaso desataría las ‘aceleraciones’ y los pagos de seguros. En un caso como otro, el impacto inmediato sería la devaluación de la moneda, para eliminar el ‘cepo cambiario’ y restablecer el libre tránsito de capitales. Un funcionario de la consultora Poliarquía se animó a pronosticar la suba de un gobierno provisional en caso de ‘defol’ (Valor, 28/7). La crisis financiera desataría una crisis social y política.
Luego de medio siglo de asfixia provocada por la deuda externa, es claro que la única salida positiva para las masas y para un desarrollo de las fuerzas productivas correspondiente es el repudio de la deuda usuraria. Este repudio pondría fin a la confiscación del ahorro nacional (ganancias, intereses, rentas financieras y territoriales), que sale del país y retorna, en forma parcial y selectiva, bajo la forma de deuda pública y privada, y a la servidumbre nacional al capital financiero. En oposición a este régimen, es necesaria la nacionalización de la banca y del comercio exterior -bajo control de los trabajadores- y la apertura de las cuentas del gran capital. Sobre esta base se construirá un sistema de planificación nacional, orientado políticamente por un gobierno de trabajadores.
