LEY DE GLACIARES Y MINERÍA CONTAMINANTE
Ni cianuro, ni saqueo: un no rotundo a las políticas extractivas
Con la expectativa puesta en que el Senado apruebe el proyecto de ley de glaciares, girado con media sanción desde Diputados, las asambleas contra la minería contaminante siguen alertas y movilizadas en defensa del territorio, contra el saqueo y la contaminación.
Luego de dos años de debate y con un escandaloso veto presidencial favorable a las corporaciones en el pasado, las organizaciones que rechazan la minería a cielo abierto consideraron como un avance la media sanción lograda en la Cámara de Diputados el pasado 11 de agosto. Sin embargo, el panorama está lejos de ser auspicioso.
Como parte de una política de Estado impulsada por el PJ-FpV, desde la Secretaría de Minería de la Nación se apuesta a seguir profundizando la explotación minera en todo el territorio, de la mano de empresas trasnacionales con grandes proyectos contaminantes como estandartes excluyentes. De acuerdo a datos oficiales, la actividad dio un salto gigantesco desde el 2003. En ese momento, se contabilizaban en el país cuarenta proyectos mineros, con una producción de $4.080 millones, mientras que en el 2008 había más de cuatrocientos proyectos, con una producción de $16.650 millones. Es decir, el valor de la producción minera creció más de un 300% tan sólo en cinco años. Sin embargo, la expectativa del organismo oficial va más allá: se apunta a alcanzar los $25 mil millones en 2015.
Con la inestimable ayuda de las políticas activas del gobierno, las trasnacionales mineras continúan acumulando ganancias extraordinarias. El año pasado se ubicaron al tope de la lista de los grandes ganadores, con una rentabilidad del 28%. Esta cifra es cuatro veces mayor que el promedio del conjunto de las empresas. Con semejantes números se entiende la magnitud del debate legislativo, así como el lobby permanente de las empresas sobre políticos y comunicadores de todos los niveles.
La visita de Cristina al CEO de la Barrick, en su último viaje a Canadá, es sólo uno de los tantos encuentros entre directivos de las corporaciones y el poder político. Y los gobernadores del PJ-FpV son las principales espadas en defensa de esa rentabilidad extraordinaria, aunque no los únicos.
En Diputados, por ejemplo, el bloque del Pro hizo causa común con el gobierno intentando resistir el artículo sexto de la ley de glaciares, que prohíbe la explotación minera en el área de periglaciar, zona de alta montaña con suelos congelados que es definida como “reguladora del suelo hídrico”. De esta manera, se pretendía evitar lo que ambos bloques señalaban como “un límite al desarrollo minero”. Esta coincidencia pasó casi inadvertida para los medios oficialistas, siempre muy preocupados por advertir sobre los acuerdos parlamentarios entre derecha y centroizquierda –algunos efectivamente muy cuestionables- pero no tan rápidos para calificar las alianzas entre el gobierno y esa misma derecha.
Luego del avance en Diputados, ahora las miradas apuntan hacia los gobernadores. Ante el costo político que supondría frenar la ley, en los últimos días el gobierno nacional se apresuró a anunciar que no será vetada por el Ejecutivo, aunque advirtieron que la norma traería “complicaciones a las provincias”. Los caudillos provinciales intentarán ampararse en el “dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio", como señala el artículo 124 de la Constitución reformada tras el pacto de Olivos. Con ese objetivo, desde principios de julio vienen acordando acciones comunes los mandatarios de Salta, Juan Manuel Urtubey; de Jujuy, Walter Barrionuevo; de La Rioja, Luis Beder Herrera; de Mendoza, Celso Jaque; todos del FpV, comandados por José Luis Gioja, gobernador de San Juan. A este grupo se suma también el radical Eduardo Brizuela del Moral, de Catamarca. No son ajenos a estas conversaciones representantes de distritos patagónicos, como Río Negro y Neuquén. Distintos signos políticos para una coincidencia fundamental: privilegiar la alianza con las empresas mineras. En varias de estas provincias se están impulsando normativas “de protección de los glaciares” con miras a obstaculizar la aplicación de la ley nacional, confiando en que, ante un conflicto de normas, las Justicias provinciales acompañarán la posición del poder político y económico.
Mientras tanto, a pesar del clima de opresión que suelen imponer los caudillos locales, las organizaciones intentan afirmarse a nivel regional y fortalecer la articulación a nivel nacional. Un espacio paradigmático de articulación es la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) que celebró su 13º Encuentro entre el 13 y el 16 de agosto, en Santiago del Estero.
Por otro lado, el pasado martes 17 en Mendoza, la Coordinadora por el Agua y los Bienes Comunes aprovechó el aniversario de la muerte de San Martín para expresarse nuevamente contra la megaminería, en una actividad llamada “Ni ruta del cianuro ni ruta del saqueo”. Desde la Coordinadora explicaron que “como habitantes del desierto, los mendocinos sabemos que no nos sobra una sola gota de agua para desperdiciarla en minería de esta calaña”, contraponiendo el cruce de los Andes de 1817, “para liberar a Argentina, Chile y Perú del triste destino de ser colonias de una potencia extranjera”, con el reciente cruce encabezado por el gobernador Gioja, con la bandera de la Barrick acompañando a las de Chile y Argentina. “Así como la ruta que bordea el río Mendoza no puede ser la ruta del cianuro, la ruta de San Martín no es, ni va a ser nunca, la ruta del saqueo”, explicaron los asambleístas.
El viernes 20, en La Rioja, las asambleas realizaron una movilización titulada “Gran marcha por el agua y por la vida”, donde volvieron a manifestarse “por otro modelo productivo, por la vida de nuestros hijos y nietos y por un no rotundo a las políticas extractivas”. Pocos días antes, el 4 de agosto, Cristina Fernández y Néstor Kirchner habían sido escrachados en su visita a la capital provincial, motivo por el cual la presidente tuvo que suspender el discurso donde iba a homenajear a Enrique Angelelli. Finalmente, la distinción fue realizada por las propias asambleas, en un acto que recordó algunas de las palabras del obispo asesinado por la dictadura: “El antipueblo es la fuerza que responde a intereses extraños. Es el que entrega inescrupulosamente nuestro patrimonio, posibilitando una dependencia económica a favor de los intereses internacionales”.
Los márgenes de ganancia extraordinarios que ha vivenciado la minería en el período post-convertibilidad, bajo un régimen económico muy favorable, han implicado una expansión descomunal de la actividad. No obstante, en todo este tiempo las experiencias de organización del campo popular en torno a la defensa de los bienes comunes, también se han multiplicado y tienden a fortalecer los lazos de coordinación nacional ante una disputa de poder que ubica en la vereda de enfrente al capital transnacional e importantes sectores políticos del oficialismo y la oposición.
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