Para los que dicen que “Brasil es un ejemplo de pais”…
Brasil: Los trabajadores reaccionan ante un ataque histórico
En la huelga de la Administración Pública Federal se concentran todas las contradicciones de la política brasileña. A principios de agosto, hasta los empleados de la Policía Federal votaron la huelga. La oferta de “reajustes” salariales de la presidenta Dilma Rousseff ni siquiera alcanza a cubrir las pérdidas de los años en que los salarios permanecieron congelados, sin hablar de la destrucción de la carrera administrativa. Una vez descontada la inflación, incluso usando tasas moderadas y optimistas, los incrementos medios propuestos por el gobierno hasta 2015 varían entre 0,36% y 5,52% negativo. La “economía de caja” del gobierno tiene la intención de apretar el salario federal al servicio de una política de subsidios al gran capital. No es sólo el pago de la deuda pública (que compromete alrededor del 50% del presupuesto nacional) sino también -entre otras cosas- el uso de la deuda pública para la transferencia directa de recursos a empresas privadas, subsidiadas por el BNDES (el Banco de Desarrollo), que recientemente celebró la asignación de 342 millones de reales a uno de los mayores conglomerados industriales del mundo; Volkswagen.
Desde 2008, el gobierno (entonces Lula) renunció a 26 mil millones de reales en impuestos a la industria automotriz. ¿El resultado? El envío, por parte de estas empresas, de casi 15 mil millones de reales al extranjero (utilidades y dividendos) y la ola de despidos que ahora se desarrolla en el sector automotriz. La crisis mundial no ha perdonado a Brasil: la producción industrial cayó durante tres meses consecutivos. También lo hizo la inversión por tres trimestres consecutivos, a pesar de los créditos a tasas de interés subvencionadas. Se ha configurado un panorama de recesión, a pesar del paquete de estímulo industrial, el cual asciende a la suma de 60 mil millones de reales.
La Ley de Directrices Presupuestarias (LDO) 2013 prioriza el superávit primario y no garantiza el aumento salarial de los trabajadores estatales más allá de lo negociado hasta el 31 de agosto. Sí proporciona la garantía del superávit primario para remunerar a los parásitos financieros (en 2012, la proporción del presupuesto de la Federación destinada a intereses y amortizaciones de la deuda ya supera el 47%) y crea todo tipo de obstáculos para la recuperación de la pérdidas salariales de los empleados públicos.
La deuda pública de Brasil supera ahora los 3,2 billones de reales (en valores de noviembre de 2011), o el 78% del PBI, y consume casi la mitad de los recursos de la Federación. Todo es bueno para pagarla, hasta que el impuesto sobre la renta de las personas físicas sea modificado con la excusa de la simplificación. Hubo cierre de puestos de trabajo en los grandes bancos, principalmente el Itaú y el Banco de Brasil. La rotación de la mano de obra sigue siendo alta en las instituciones financieras y se utiliza para contener la expansión de la masa salarial.
El ajuste al salario público y privado es, en este contexto, el primer paso para que “los trabajadores paguen la crisis”. El recorte salarial a los huelguistas de las universidades, por ejemplo, es una medida inconstitucional, porque viola el precepto de la autonomía universitaria. La respuesta de los empleados públicos (especialmente maestros y trabajadores de la educación) no se hizo esperar: en tiempo récord, fueron paralizadas 58 de las 59 universidades federales, además se organizaron marchas masivas y jornadas de lucha en Brasilia. Esto, a pesar de la fuerte actuación de un pseudo sindicalismo carnero (Proifes) favorecido y subvencionado por el gobierno (y la CUT) en las universidades. Los auditores fiscales emprendieron medidas de lucha en todo el país por un aumento salarial del 30%, por el que se llegó a paralizar el polo industrial de Manaos. Los maestros del Estado de Bahía ya completaron cuatro meses de huelga con asambleas multitudinarias. Entre los trabajadores del Ministerio de Salud (ex Inamps) y del Ministerio de Trabajo, la propuesta de huelga indefinida no fue aprobada, pero se está haciendo un día de paro por semana.
Los trabajadores del sector privado también comenzaron a reaccionar. Esto se pudo observar en el corte de la Via Dutra por los trabajadores de GM contra los despidos y el “banco de horas” (flexibilidad laboral). En San José, hay un proceso de reacción de los metalúrgicos, quienes realizaron una marcha de 2.500 trabajadores y dos paros de dos horas (se votó el “estado de huelga”), además de otras huelgas localizadas. Veremos ahora la entrada en escena de sectores fundamentales como los trabajadores de correos, petroleros, bancarios y metalúrgicos con sus campañas salariales en la segunda mitad del año. Después de más de veinte años sin hacer huelga, los trabajadores de la electricidad de todas las empresas del grupo Eletrobrás -Furnas, Chesf, Eletronorte, Eletrosul y otras diez empresas -que pararon desde 16 de julio. La decisión de la huelga fue tomada en asambleas celebradas en todo el país. Los trabajadores no aceptaron la contrapropuesta salarial de la empresa; reivindican un 10,73% (Eletrobrás ofreció sólo el 5,1%). Eletrobrás cuenta con unos 30.000 trabajadores, la huelga alcanza a 14 empresas, de las cuales ocho son generadoras de energía. Los petroleros (FUP) también discuten la posibilidad de una huelga.
La postura del gobierno de Dilma frente a la huelga nacional de los docentes y, más recientemente, de los técnicos y administrativos de las universidades federales, es que no sería un simple “conflicto laboral”, aunque la huelga posee un planteo preciso: la carrera, tabla salarial y condiciones de trabajo (más concursos y recursos para las instituciones). El 13 de julio, cuando la huelga de los profesores de las universidades federales estaba a punto de cumplir dos meses, finalmente el gobierno inició negociaciones y realizó una propuesta, la que fue rechazada por las asambleas de base. A partir de los datos de la VCI / Dieese de una proyección, el Andes estimó el ajuste salarial necesario en, al menos un 35%. Para la mayoría de los docentes, la propuesta del gobierno significará, en 2015, un salario real menor al recibido en el año 2000. La tendencia es a la huelga: en la ronda nacional de asambleas generales, realizada entre el 16 y el 20 de julio para evaluar la propuesta hecha por el gobierno, los maestros rechazaron la propuesta categóricamente -58 asambleas rechazaron la propuesta, la mayoría por unanimidad.
El gobierno ha establecido la agenda de un ataque histórico al trabajo, a través de las “nuevas reglas del INSS” (por medio de la destrucción de la previsión pública y el factor 85/95 en la jubilación, que se produce cuando la suma de la edad y el período de cotización es de 85 años para las mujeres y 95 años para los hombres; por no mencionar que, desde el establecimiento del “factor de seguridad”, le significó al gobierno una economía de ” 21 mil millones de reales, dinero robado a los trabajadores) y la “flexibilidad del mercado laboral” (adecuación de la legislación laboral a las necesidades del capital en crisis).
“La reforma de la previsión social, la flexibilización de las leyes laborales y las privatizaciones son temas de la vieja Agenda Perdida, la que fue elaborada por los economistas cuando la primera elección de Lula en el 2002″ -según un comentarista patronal- con el fin de “desobstruir las inversiones productivas y cuidar el crecimiento de la economía por el lado de la oferta”. ¿Qué quiere decir este enunciado enigmático?
Según Valor Econômico, “la presidenta Dilma Rousseff prepara, para después de las elecciones municipales, la negociación en el Congreso de dos reformas: la de previsión del INSS, a cambio del fin del factor de previsión social, y la que flexibiliza la legislación laboral, cuyo anteproyecto se encuentra en la Casa Civil, dará prioridad a lo que se negocia entre las partes sobre la legislación, ampliando la autonomía de las empresas y sindicatos. Se tomarían “medidas de concesión del servicio público al sector privado, reduciendo la carga de la factura eléctrica, la reforma del PIS/Cofins (impuestos a la importación) y la incorporación de más sectores en la reducción de impuestos de la nómina salarial”. Dilma haría el “trabajo sucio” que el gobierno de Lula dejó pendiente.
¿Por qué ahora? Por el impacto de la crisis mundial: sólo en el Estado de São Paulo, en las plantas de Sao José dos Campos y Sao Caetano do Sul, General Motors ya ha despedido, en quince meses a más de dos mil trabajadores (1.400 sólo en Sao José dos Campos). Entre otras cosas, la edad mínima de jubilación sería elevada (poniendo fin a la jubilación por contribución e instituyendo una edad mínima de 65 años para los hombres y de 60 para las mujeres), y la exención de cargas patronales, ya implementada, se sumaría una mayor facilidad para despedir y contratar precariamente -”contrato colectivo especial”. El gobierno propone el “Acuerdo Colectivo de Trabajo con Propósito Específico” (ACE), que regularía la creación de Comités Sindicales de Empresa (CSE), ignorando la legislación laboral y los propios sindicatos por categoría. Se trata de un ataque histórico a las conquistas de los trabajadores.
Hay una intensificación del proceso de criminalización de las luchas y organizaciones de los trabajadores, de la violencia contra los pobres, la cual se manifiesta en los asesinatos de decenas de jóvenes pobres y negros por la policía en la periferia de Sao Paulo, la represión violenta de las huelgas de los trabajadores de la construcción ( hay todavía obreros presos en Rondonia, debido a la huelga que tuvo lugar en Jirau en abril), la violencia del desalojo de Pinheirinho, amenazas de muerte contra dirigentes y activistas de movimientos populares de la ciudad y el campo. Frente a esto, hay también un crecimiento de las luchas populares, tanto en el campo como en la ciudad -como se expresó en la resistencia de Pinheirinho, en otras varias ocupaciones urbanas, en la lucha “quilombola” (como en el Quilombo de Rio dos Macacos, en Bahía).
La reacción obrera y sindical provocó que, sorprendentemente, “la Central Única de los Trabajadores (CUT) repudie vehementemente la publicación del Decreto 7777, que dispone la sustitución de los empleados públicos federales en huelga por empleados estatales y locales”, e incluso una fracción del PT, hasta ahora caracterizada por su obsecuencia, manifestó que “en el gobierno de Dilma los salarios fueron congelados en el primer año de gobierno y las actualizaciones por inflación se convirtieron en promesas hechas en cuotas y después del período de evaluación”, lo que es sólo una parte de la verdad (los salarios fueron congelados bastante antes). Ahora, el Sindicato de Metalúrgicos del ABC (CUT) envió al gobierno y al Congreso Nacional un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo y crea el Acuerdo Colectivo Especial, cuyo contenido esencial es “hacer prevalecer lo negociado sobre lo legislado” en las relaciones laborales. Ciertamente, la CUT no hace nada para unificar las luchas, mucho menos para organizar un plan de lucha de toda la clase trabajadora. Pero estas manifestaciones públicas anuncian una crisis en la base política histórica del gobierno del PT.
Está planteada la lucha por un frente sindical y político en defensa de la clase trabajadora, por la unificación de las huelgas y de las luchas de los sectores público y privado, y por la independencia de clase. Después de una década, la base política del gobierno está rajándose: sobre la base de la movilización y de los plenarios de base estaduales y nacionales, debemos proponer el frente único de las organizaciones obreras y populares, por un plan unificado de luchas para hacer que los capitalistas y no los trabajadores y la nación, paguen la crisis.